Protección contra DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y INMIGRACIÓN dependiente del Ministerio del Interio

Puerto Montt, cinco de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Que a folio N° 1 comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula nacional para extranjeros N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región Los Lagos, quien interpuso acción de protección de garantías constitucionales en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y INMIGRACIÓN dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado , Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago.

En cuanto a los hechos, indica que la recurrida ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal al no pronunciarse sobre su solicitud de permanencia definitiva presentada con fecha 16 de enero de 2021.

Refiere que ingresó al país en calidad de turista el 17 de julio de 2019. Luego, con fecha 13 de septiembre de 2019, se le otorga una visa profesional para permanecer en el país y poder desarrollar su proyecto de vida. Con fecha 16 de enero de 2021 solicitó su permanencia definitiva, la cual a la fecha no cuenta con la orden de pago para continuar su tramitación.

Expone que con fecha 7 de diciembre de 2021 recibe un correo electrónico del Servicio Nacional de Inmigraciones informándole que su solicitud se encuentra en evaluación. Posterior a ello, señala haber realizado 2 solicitudes para consultar por el estado de tramitación de su visa, recibiendo como respuesta que ésta aún se encuentra en evaluación.

La garantía constitucional que estima conculcada es la igualdad ante la ley consagrada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en dar respuesta a su postulación de residencia definitiva, pues desde su solicitud han transcurrido 1 año, 11 meses y 27 días sin que la autoridad se haya pronunciado, vulnerándose los principios administrativos de celeridad y economía procedimental.

Finaliza señalando que ha puesto a disposición de la autoridad todos los documentos que acreditan su situación migratoria regular en el territorio nacional.

Acompaña junto al recurso los siguientes documentos: 1. Copia de cédula nacional de extranjero. 2. Certificado de solicitud de residencia temporal y permanencia definitiva. 3. Resolución Exenta N° 21347956. 4. Siac Solución ORO99N0171355. 5. Oficio nombre reservado.6. Copia de Pasaporte. 7. Ampliación de solicitud de residencia definitiva en trámite.

Que a folio N° 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio N° 6 evacua informe el servicio recurrido, quien señala al efecto que consta que doña nombre reservado, de nacionalidad Venezolana, ingresó al país por primera vez con fecha 17 de julio de 2019, por paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, con visto de turismo otorgado por el Consulado General de Chile en Caracas, por el periodo de 90 días, el que se mantuvo vigente hasta el 15 de octubre de 2019.

Con fecha 13 de septiembre de 2019, la recurrente solicitó ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de visa primera vez temporaria profesional/técnico.

Con fecha 13 de septiembre de 2019, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorgó a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que se mantuvo vigente hasta el 13 de enero de 2020.

Con fecha 7 de enero de 2020, mediante Resolución exenta N° 130, de la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga visación de residente temporaria a la recurrente, por el periodo de 1 año, la que se mantuvo vigente hasta el 21 de enero de 2021.

Con fecha 16 de enero de 2021, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 13955314.

Con fecha 7 de diciembre de 2021, mediante Resolución exenta N° 21347956, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente que aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Afirma que la solicitud de permanencia definitiva del actor se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl. En virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Por otra parte, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo Finalmente, señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña junto al informe: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Oficio ordinario N° 67130, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de noviembre de 2022. 3. Resolución exenta N° 21347956, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de diciembre de 2021 Que encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de solicitud de visa permanencia definitiva de la recurrente.

TERCERO: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.

CUARTO: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que la recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, lo que hicieron a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, no señalando la recurrida si falta, en específico, algún documento para proceder con el trámite.

QUINTO: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

SÉPTIMO: Que, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud del recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y se ordena a la recurrida, que deberá dar celeridad al pronunciamiento definitivo de la solicitud del recurrente sobre visa de permanencia definitiva en el país, conforme al mérito de los antecedentes administrativos pertinentes, en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados desde la notificación de la presente sentencia.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en la presente causa, por encontrarse con permiso Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº51-2023.