nombre reservado con UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

Puerto Montt, ocho de agosto de dos mil veinticuatro Vistos:

A folio 1, comparece Mónica Andrea Alvarado Briceño, abogada, en representación de nombre reservado, Estudiante de Psicología, domiciliado en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de la Universidad San Sebastián, por los hechos que expone en su acción.

Señala que el recurrente es Licenciado de la carrera de Psicología y Bachiller en Comportamiento Humano de la institución recurrida y que el 08 de marzo de 2024 fue informado, mediante correo electrónico, de su eliminación de dicha casa de estudios, la cual se produce durante la realización del período de práctica profesional. Precisa que la eliminación del actor se produce por el rechazo a la solicitud de continuación de estudios por él presentada ante el Comité de Gracia de la carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián, sede Patagonia, Puerto Montt, la cual es originada por un primer rechazo efectuado por el Comité de la carrera de psicología de fecha 29 de enero de 2024.

Indica que la malla curricular del actor establece que el período de práctica profesional debe ser inscrito como una cátedra universitaria de pregrado más, a pesar de no serlo, pero solo para efectos administrativos, habiendo aprobadas todas las asignaturas del pregrado.

Refiere que su situación se ocasiona durante el desarrollo de su práctica profesional en un centro asignado por la misma casa de estudios durante el año 2023, quién presentó su renuncia habiendo transcurrido dos semanas, por razones de orden práctico al no contar con los elementos mínimos para realizar su trabajo, esto es, conexión a internet, computador de trabajo, y en condiciones de infraestructura inadecuadas, lo cual trató de subsanar en su oportunidad con computadores de la biblioteca, cuyo uso fue restringido a la presencia de un profesor para ello.

Luego, inició una segunda práctica previa aceptación de que el Comité de Carrera reprobara la práctica anterior, indicando un hecho de hostigamiento y maltrato laboral por parte de dos psicólogas del centro de práctica y por la directora del mismo establecimiento donde se desempeñó, consistentes en gritos, acusaciones infundadas de estar desocupado y acoso permanente, principalmente por razones en función de su sexo, el día 16 de octubre de 2023, fecha en la que se solicita por aquellas personas que no retorne al lugar. Ese mismo día asistió al Instituto Monteverde centro de salud mental del cual es paciente, a fin de solicitar una hora médica de urgencia psiquiátrica, habida consideración de encontrarse descompensado psíquicamente por lo ocurrido aquel día, ingresando a lista de espera para cuidados intensivos, lo que sucede finalmente el 13 de noviembre de 2023 en régimen de hospitalización cerrada, diagnosticándose un cuadro de crisis de ansiedad, la que fue debidamente documentada e informada a la recurrida en su oportunidad.

Que su tratamiento varió a uno ambulatorio el 07 de diciembre de 2023, esto es, con hospitalizaciones de día, extendiéndose las mismas hasta el 30 de enero de 2024. Aclara que con fecha 07 de diciembre de 2023 se llevó a cabo una reunión con el Comité de Carrera donde se le comunica la decisión de continuar con su proceso de práctica profesional en un nuevo centro, la que partiría en agosto de 2024, agregando que su práctica se encontraba suspendida por la licencia médica respectiva, pero que para efectos prácticos figuraba como reprobada.

Indica que el actor obtuvo el grado académico de Bachiller en Comportamiento Humano el 2 de enero de 2020 y el grado académico de Licenciado en Psicología el 20 de enero de 2023. Y con fecha 20 de enero de 2024, se le comunica a la madre del actor que el reglamento de las carreras de pregrado establece una causal de eliminación académica correspondiente a haber reprobado el 80% del conjunto de cursos inscritos en un año lectivo, debiendo solicitar su reincorporación a la casa de estudios, las que fueron rechazadas por causal de eliminación académica conforme el artículo 39 y siguientes del reglamento indicado.

Afirma que la recurrida carece de un reglamento orgánico para prácticas profesionales, tanto a nivel general, como a nivel de cada carrera en particular, existiendo únicamente guías e instrucciones sin sanción reglamentaria y la eliminación del actor se efectúa por la causal indicada a pesar de tener el grado de Bachiller y Licenciado.

Sostiene que el actuar de la recurrida resulta ilegal y arbitrario, toda vez que la aplicación del reglamento de la recurrida para estudiantes de pregrado no contiene causales de eliminación en el periodo de realización de una práctica profesional para optar a un título profesional de conformidad a la ley y al contrato celebrado entre las partes, aplicándose supletoriamente el reglamento de la casa de estudios para estudiantes de pregrado, a pesar de ser graduado, resultando aquella remisión como una decisión fundada en el mero capricho de la casa de estudios.

Lo anterior contraviene lo dispuesto en el DFL N° 2/16 de diciembre de 2009 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370, particularmente en su artículo 64; la ley 21.091 sobre el derecho a la educación superior; normas sobre contrato del Código Civil; y las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 2, 3, 23 y 24, por las razones esgrimidas en su acción.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene la revocación de la resolución del Comité de Gracia de la carrera de psicología de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, sede Patagonia, que elimina académicamente al recurrente de dicha casa de estudios, ordenando retrotraer todo lo obrado y permitiendo al recurrente inscribir, por primera vez, la práctica profesional para optar al título de Psicólogo de dicha casa de estudios, con costas.

A folio 4, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 15, evacua informe Carlos Andrés Thieck León, abogado, en representación de la Universidad San Sebastián, alegando en primer término la extemporaneidad del presente recurso, afirmando que el acto verdaderamente impugnado en estos autos corresponde a la decisión de fecha 29 de enero de 2024 consistente en el rechazo de la continuación de estudios efectuado por el Comité de Carrera de Psicología de la recurrida, sede Patagonia, Puerto Montt, respecto de la cual el actor no deduce formalmente la apelación respectiva ante el Comité de Gracia sino que es una derivación directa efectuada por la propia directora de la Carrera, sin petición del estudiante, por lo que esta última, de fecha 08 de marzo de 2024, no puede ser considerada como el acto que fije la fecha de presentación del presente recurso, agregando que los hechos referidos a las prácticas datan del año 2023.

Continúa sosteniendo que el presente recurso no constituye la vía idónea para los efectos solicitados en esta causa, al no existir un derecho indubitado y preexistente del actor que importe acoger esta acción. Al efecto, indica que el Decreto de Rectoría N°88 de fecha 22 de diciembre de 2017, que establece el texto actualizado del Reglamento de Docencia de Pregrado dispone las causales de eliminación académica, existiendo además el Decreto de Rectoría N° 53 de fecha 24 de septiembre de 2023, que establece el Texto Refundido del Plan de Estudio 2012 de la carrera de Psicología, en cuyo artículo 19 se establecen las obligaciones para los estudiantes respectivos, regulándose en su artículo 17 el funcionamiento de las prácticas profesionales, normas que en la especie se han respetado, no existiendo actuar ilegal o arbitrario de la informante, al haberse agotado todos los procedimientos normativos correspondientes, respetándose la bilateralidad interna y la doble instancia.

Afirma que en cuanto a la utilización de la letra “P” (pendiente) en el cumplimiento de las exigencias de un curso o actividad, sin perjuicio de corresponder solo a una facultad, deber ser previamente calificada y debidamente acreditada por razones fundadas en fuerza mayor, lo que no es aplicable en la especie, máxime que no fue objeto de petición concreta al efecto y antes de las respectivas evaluaciones e inasistencias.

Indica que los hechos denunciados desbordan completamente la naturaleza y ámbito de competencia del recurso de protección, al no existir garantía indubitada respecto del actor mediante la adopción de las medidas señaladas, intentándose aquel reconocimiento mediante esta causa.

Sostiene la inexistencia de acto ilegal o arbitrario de la informante, toda vez que la reprobación de las prácticas profesionales del recurrente obedece única y exclusivamente a su responsabilidad, desempeño académico y disciplinario exhibido en los Centros donde las realizó, siendo informado el estudiante de todas las reprobaciones, las que han sido reconocidas expresamente por aquel. Se indica que los supuestos hechos de discriminación o acoso nunca fueron denunciados a la Universidad, no siendo verídico el relato de hechos de las supuestas deficiencias logísticas en cuanto a su primera práctica, señalándose, además, que, durante la segunda, efectuada en un recinto privado, el actor fue sorprendido jugando videojuegos, respondiendo de forma violenta y amenazante al ser instruido de lo improcedente de aquella conducta.

Solicita en definitiva el rechazo de la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncian como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la eliminación del recurrente de la casa de estudios recurrida para el período del año 2024, decisión adoptada por el Comité de Gracia de la Universidad San Sebastián, sede Patagonia, Puerto Montt de fecha 08 de marzo de 2024, la cual no consideró las razones y argumentos sostenidos por la actora en su oportunidad indicados en lo expositivo de este fallo, señalando además la falta de sanciones expresas en la reglamentación respectiva y, particularmente, en su calidad de graduado.

Cuarto: Por su parte, la institución recurrida afirma que no ha incurrido en actuar ilegal o arbitrario alguno, por cuanto la decisión de eliminación académica se debe exclusivamente a los antecedentes presentados por el recurrente respecto a sus prácticas profesionales, conforme los procedimientos establecidos en los instrumentos normativos internos de la Universidad, sanción establecida, por lo demás, en aquellos cuerpos legales, no existiendo vulneración al debido proceso. Indica la inexistencia de garantía indubitada que se vea afectada con el obrar denunciado, no habiéndose agotado, además, las instancias de reconsideración contempladas en la normativa interna.

Agrega, además, la extemporaneidad de la presente acción, toda vez que la resolución realmente impugnada es la de fecha 29 de enero de 2024 consistente en el rechazo de la continuación de estudios efectuado por el Comité de Carrera de Psicología de la recurrida, sede Patagonia, Puerto Montt.

Quinto: Previo al análisis del fondo del asunto, y respecto a la alegación de extemporaneidad sostenida por la recurrida sobre la acción ejercida en su contra, cabe señalar que la misma se sustenta en la eliminación del recurrente de la casa de estudios ya individualizada, la que si bien fue acordada originalmente por el Comité de Carrera de Psicología de fecha 29 de enero de 2024, aquella es confirmada por el Comité de Gracia con fecha 08 de marzo de 2024, siendo este último acto el que deja firme la decisión impugnada. Luego, habiéndose interpuesto el recurso de protección con fecha 07 de abril del presente año, necesariamente se deberá rechazar la excepción señalada previamente, por cuanto la acción se encuentra interpuesta dentro del plazo establecido por el Acta 94-2015 de la Excma., Corte Suprema, debiendo esta Corte entrar a conocer el fondo del asunto en cuestión.

Sexto: De los antecedentes aportados por las partes a esta causa, es posible asentar que el recurrente realizó, en dos oportunidades, prácticas profesionales para la obtención del título profesional de psicólogo en la Universidad San Sebastián durante el año 2023, las que no fueron terminadas en los plazos y formas respectivas, procediéndose a dictar la decisión de eliminación de la carrera, por parte del Comité de Carrera de Psicología de fecha 29 de enero de 2024, decisión confirmada por el Comité de Gracia de fecha 08 de marzo de 2024.

Séptimo: Que los fundamentos otorgados por la resolución de fecha 29 de enero de 2024 dicen relación con el rechazo a la solicitud de reincorporación solicitada por el recurrente, toda vez que durante el año lectivo 2023 sólo realizó la práctica profesional, la cual fue reprobada por renuncia voluntaria en lo que dice relación con la del primer semestre, y por suspensión y enfermedad la del segundo semestre, considerando el Comité de Carrera las conductas y hechos expuestos por los respectivos centros en los que incurrió el actor en el desarrollo de las mismas, advirtiéndose riesgos con el trabajo con terceros, respuestas desajustadas y conductas agresivas, no existiendo una autocrítica y manifestación al cambio frente al encuadre realizado por los tutores en su oportunidad.

Octavo: Cabe tener presente que la ley 21.091 sobre Educación Superior, en su artículo primero, establece que “La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

Luego, el artículo segundo, en su letra a), establece el principio de autonomía universitaria, cuyo tenor es el siguiente “El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley. Asimismo, las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.”

Noveno: En este orden de ideas, y bajo el principio de autonomía universitaria, la Universidad San Sebastián cuenta con las facultades para dictar los instrumentos internos que regulen su actividad académica, siendo el único límite para ello el respecto a la ley chilena y el debido proceso. En tal sentido, la Excma., Corte Suprema, en causa Rol Corte N°250.671-2023 ha resuelto “Que, a mayor abundamiento, aun cuando la recurrida hubiere hecho uso de la facultad de conceder oportunidades adicionales, conforme se lo permite el reglamento ya citado, esta Corte ya ha razonado en otras oportunidades que las Universidades son organismos que gozan de Autonomía, la que se entiende como el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y que comprende la anatomía académica (potestad para decidir por sí misma la forma como se cumplen sus funciones de docencia, investigación y extensión y fijación de planes y programas de estudio), económica (facultad de disponer de sus recursos para satisfacer fines propios conforme estatutos y leyes) y administrativa (que le permite organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad a sus estatutos y las leyes).

De lo anterior se desprende que la Autonomía Universitaria dota a los planteles de educación superior de un poder resolutivo en todo lo que se relaciona con el quehacer interno Universitario, tanto en el ámbito académico, económico como administrativo.”

Décimo: Así las cosas, el Decreto de Rectoría N° 88 de fecha 22 de diciembre de 2017, que establece el texto actualizado del Reglamento de Docencia de Pregrado figura como un instrumento válido en la especie, el cual establece, en su título XII las causales de eliminación académica de dicha casa de estudios.

En lo que importa para el presente caso, su artículo 40 indica que “incurrirán en causal de eliminación los estudiantes que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: 1) que hayan reprobado un mismo curso tres veces; 2) Que hayan reprobado más del 80% del conjunto de cursos inscritos en un año lectivo.”

Cabe advertir, además, que en su artículo 41, se establece un derecho de petición para solicitar permanencia en la casa de estudios en caso de incurrir en las causales de eliminación, que señala bajo el siguiente tenor “Los estudiantes en causal de eliminación, tendrán derecho a solicitar al Consejo de Carrera y/o Consejo de Facultad, su permanencia en la Universidad, hasta en dos oportunidades, dentro de los plazos establecidos en el Calendario Académico.”

Además, se logra advertir que la recurrida, mediante el Decreto de Rectoría N° 53 de fecha 24 de septiembre de 2023, que establece el Texto Refundido del Plan de Estudio 2012 de la carrera de Psicología, ha establecido las obligaciones que le asisten a los estudiantes de dicha carrera, encontrándose entre ellas el cumplimiento de prácticas profesionales en los términos indicados en sus artículos 17 y 19 transcritos en el informe respectivo.

En la especie, la regulación citada resulta plenamente aplicable al caso en concreto, toda vez que el recurrente mantiene su calidad de estudiante de pregrado aun cuando haya obtenido las licenciaturas que invoca, toda vez que en la actualidad se encontraba realizando las prácticas profesionales requeridas para obtener el título profesional de psicólogo, carrera que se enmarca como una de pregrado, conforme lo establece la citada regulación.

Undécimo: Luego, no es posible advertir la realización de algún acto u omisión ilegal o arbitraria en la que haya incurrido la Universidad San Sebastián, por cuanto la causal de eliminación a la que se ve expuesto el recurrente es provocada por las conductas y decisiones adoptadas por aquél al momento de cursar las prácticas profesionales referidas, tal como se logran advertir en las pautas de evaluación de desempeño, informe y resolución del Comité de Carrera acompañados en esta causa, que resultan contrarios a la guía práctica profesional y descripción de funciones y evaluación para la práctica profesional, área clínica, elaborada por dicha casa de estudios.

Así las cosas, no se logra advertir vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente en el presente recurso, por cuanto la decisión de no reincorporar al recurrente, ratificada por dos instancias previamente establecidas por la orgánica interna de la recurrida previo ejercicio de los recursos que le asistían a la actora, se ajustan al mérito de los antecedentes expuestos en la presente causa.

Lo anterior no resulta contradictorio con el hecho de que el recurrente se encuentre al día con los pagos efectuados en su oportunidad por concepto de matrículas y arancel, toda vez que aquella circunstancia resulta necesaria para que el estudiante pueda cumplir con los requisitos establecidos en la normativa interna para la obtención de los grados académicos y títulos profesionales que entrega la casa de estudios respectiva, pero en caso alguno se configura como un elemento que obligue a esta última a la entrega de dichas certificaciones, no configurándose con ello incumplimientos contractuales como lo ha sostenido la recurrente al invocar las normas del Derecho Civil, razones por las cuales la presente acción será desestimada en lo resolutivo de este fallo.

Duodécimo: Que lo razonado de manera precedente no restringe, por su parte, el derecho que le asiste al recurrente para solicitar una nueva reconsideración conforme lo establece el artículo 41 del Decreto de Rectoría N°88 de fecha 22 de diciembre de 2017 previamente transcrito, el cual se mantiene vigente dado que sólo se advierte el ejercicio de una de las dos oportunidades contempladas en dicha normativa, pudiendo, en consecuencia, aquella parte plantear sus argumentaciones ante la instancia universitaria que corresponda y dentro de los plazos establecido para ello.

Por lo anterior, y conforme lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar, la acción interpuesta por Mónica Andrea Alvarado Briceño en representación de nombre reservado en contra de la Universidad San Sebastián.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, quien concurrió a la vista y acuerdo, por encontrarse con permiso Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°500-2024.