SALMOVAC SERVICIOS ACUICOLAS LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, diez de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos:

Comparece don José Alfredo Ffrench-Davis Salvadores, abogado, en representación convencional de Salmovac Servicios Acuícolas Ltda., recurriendo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt representada legalmente por doña nombre reservado, a fin se declare ilegal o arbitraria el actuar de la recurrida, y se adopten las medidas que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo con costas.

Refiere que con fecha 15 de marzo de 2017, el recurrido fue notificado personalmente de resolución N°303, dictada por nombre reservado, en su calidad de Inspectora Provincial del Trabajo de Puerto Montt, en virtud de la cual se rechaza la reconsideración administrativa deducida por esta parte, en contra de Resolución de multa N°7400/16/65, que impone a esta parte una multa de 40 UTM. Esta última resolución, le fue notificada con fecha 13 de enero de 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Trabajo, presentándose la reconsideración de multa el 17 de febrero del presente año, no obstante ello la resolución N°303, estima que la reconsideración de multa no fue presentada dentro del plazo legal de treinta días corridos, contados desde la fecha de su notificación.

Como se ha señalado la resolución de multa fue notificada el 13 de enero de 2017, por tanto, el plazo de 30 de días hábiles a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar la correspondiente reconsideración administrativa, vencía el 24 de febrero del presente año, por lo que esta parte se encontraba absolutamente dentro de plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrida en un acto arbitrario e ilegal, que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, resolvió por medio del Ordinario N°303 de fecha 8 de marzo de 2017, en contra del cual se recurre, declarar inadmisible por extemporánea la referida reconsideración, señalando que no se presentó dentro del plazo de 30 días corridos desde su notificación.

Conforme lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, el plazo en él señalado es de días hábiles y no corridos, y dentro de los hábiles no se cuentan los sábados, domingos y festivos, como arbitrariamente resolvió la recurrida.

Lo anterior encuentra su fundamento en que tratándose en la especie de una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, existe una norma especial que lo regula, que es la Ley 19.880 la que en su artículo 25 prescribe al regular los plazo administrativos, que éstos son de días hábiles, entendiendo que no lo son los sábado, domingos y festivos, por lo que tratándose de normas supletorias y ante el silencio del Código del Trabajo, debe entenderse que los plazos de los artículo 508 y 512 del Código del Trabajo son de días hábiles.

Este criterio por lo demás ha sido confirmado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Acompaña al recurso, Ord. N°303, Acta de notificación del mismo, resolución de Multa N°7400/16/65 y acta de notificación conforme al artículo 508 Código del trabajo.

Con fecha 28 de abril de 2017 informa la recurrida, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, señalando en primer término que el recurso es improcedente atendida la naturaleza extraordinaria y excepcional del mismo, ya que la cuestión debatida radica en una interpretación acerca de la naturaleza del plazo para solicitar la reconsideración administrativa, respecto de una resolución que lo condena a una multa cursada por la recurrida, por tanto no es ésta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el Ord. N°303 de fecha 08 de marzo de 2017, ya que la presente acción constitucional no es un instrumento de control de la legalidad de los actos de la administración, sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución Política de la República, en caso que se hubiera actuado de manera arbitraria o ilegal, que no es el caso, ya que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicables, actividad inherente a la administración, considerando además que conforme al artículo 504 del Código del Trabajo el recurrente tiene otras vías para reclamar del Ord. 303, como ya lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema.

Se alega en segundo término la improcedencia del recurso, ya que el actuar de la Inspección de Trabajo, es legal y racional amparado tanto en las facultades establecidas en el artículo 511 y 512 del código ya mencionado, considerando además que del estudio de las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a plazos, se advierte, que por regla general cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, por tanto, como en el artículo 512 no se hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Así las cosas y desprendiéndose del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la ley 19.880, que se refiere a una materia en especial. Sosteniendo esta posición la propia jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, quien ha señalado en reiterados dictámenes que si existe norma específica que regula la materia concreta, se prefiere ésta, antes que la Ley de Procedimiento, por tener esta última carácter supletorio. Es así como en atención al Dictamen N°64.985 de la Contraloría General de la República, de fecha 20 de noviembre de 2009, este Servicio deja sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular N°88 de fecha 5 de julio de 2001, hecha por la Circular N°96 de 23.09.2009, en la aparte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles, dictando al efecto la Circular N°73, retomando la interpretación que históricamente había sostenido este Servicio respecto de la naturaleza del plazo para reconsiderar, y por ello no fue posible por parte de la Inspectora del Trabajo, admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de la empresa recurrente, pues no cumplió con el requisito de presentar su solicitud dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación. Este criterio también es compartido por los Tribunales de justicia, citando diversos fallos al efecto.

Conforme lo expuesto finalmente alega la improcedencia del recurso por no existir acto arbitrario o ilegal, que vulnere las garantías del recurrente. Acompaña al recurso copia de Circular N°73, de Dictamen N°64.985 y N°17.344 de la Contraloría General de la República.

Con fecha 02 de mayo de 2017 se trajeron autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía José Alfredo Ffrench-Davis Salvadores, abogado, en representación convencional de Salmovac Servicios Acuícolas Ltda., en contra la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, invocando la ilegalidad y arbitrariedad del el Ordinario N°303 de fecha 8 de marzo de 2017, en virtud del cual se rechazó su solicitud de reconsideración de la multa, en razón de los fundamentos que latamente se han señalado en lo expositivo.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y, que como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que, respecto del primer asunto, para determinar la pretendida ilegalidad y arbitrariedad del acto en cuestión es indispensable analizar la naturaleza jurídica del artículo 512 del Código del Trabajo.

QUINTO: Que, en este sentido, y tal como lo ha resuelto esta Corte precedentemente, es dable concluir que la norma antes señalada establece un plazo de días hábiles y no corridos, tal como lo sostiene el recurrente, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, pues habiéndose presentado el recurso en una estadio de tramitación administrativo debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, primando esta modalidad por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, razonamiento que por lo demás ha vertido la Excma. Corte Suprema sobre el punto que es materia de estos autos en causa rol 21.532-2014.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, puede afirmarse que la conclusión contraria no es sostenible mediante la interpretación sistemática realizada por el Servicio recurrido, pues de la lectura de las normas citadas se aprecia que cuando el legislador ha querido precisar la naturaleza de un plazo lo ha hecho expresamente, sea éste de días hábiles o corridos, por lo que no existiendo tal precisión en la norma en cuestión ha de entenderse la existencia de un vacío, el que debe ser llenado mediante la aplicación de normas generales, debiendo darse preeminencia en tal función a aquella contenida en la ley 19.880 al regular precisamente la relación entre particulares y el Estado.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, al no haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880 la recurrida ha incurrido en un acto ilegal, al privar al recurrente de un recurso, lo que debe ser corregido mediante esta vía.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por José Alfredo Ffrench-Davis Salvadores, abogado, en representación convencional de Salmovac Servicios Acuícolas Ltda., en contra la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt.

II. Que, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución contenida en el Ordinario N° 303 de 08 de marzo de 2017, ordenándose someter a tramitación la reconsideración de la multa impuesta a la recurrida.

III. Que no se condena en costas la recurrida por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Rol N°499-2017