Protección contra Banco del Estado de Chile y Liquidadora de Seguros en Red Carvallo

Puerto Montt, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, por si, domiciliada en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra del Banco del Estado de Chile y Liquidadora de Seguros en Red Carvallo, por los hechos que expone en su acción.

Sostiene que desde el 14 de julio de 2023, se encuentra cesante, lo cual se certifica con sentencia ejecutoriada de sentencia que acompaña a estos efectos y que producto de lo anterior, se presenta ante el Banco Estado para activar un seguro de desempleo que mantiene por su crédito hipotecario, presentando toda la documentación pertinente a través de los canales dispuesto para ello. Frente a ello, la liquidadora recurrida rechaza su presentación al indicar la falta de documentación consistente en un avenimiento por término de conflicto, que la recurrente vuelve a ingresar en su oportunidad, acompañando un certificado de ejecutoria de sentencia respectiva, la que nuevamente es rechazada, lo que llevo a que la actora tuviera que repactar la deuda por concepto del crédito indicado debido a la negligencia señalada.

Afirma que el Banco del Estado actúa vulnerando sus garantías constitucionales al haber procedido con el cierre de los productos que mantenía con dicha entidad, con fecha 28 de marzo de 2024, reteniendo fondos que mantenía con ellos y actuando sin previa notificación de lo anterior.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene a la entidad bancaria a reincorporarla como cliente, con la mantención de todos sus productos y dineros que mantenía con aquella, ordenando dar curso, además, del seguro de desempleo que mantiene a su haber.

A folio 5, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 9, evacua informe Tomás Francisco De Brito Cruz, abogado, por el Banco del Estado de Chile, alegando la incompetencia de esta Corte, atendida la naturaleza del recurso deducido, por expresa regulación del artículo 543 del Código de Comercio, que establece un mecanismo de solución de conflictos que se traduce en un arbitraje forzoso para los litigios suscitados entre asegurado, asegurador o beneficiario, o la justicia ordinaria, conforme la cuantía de lo disputado, excluyendo de dicha regulación la competencia cautelar del recurso de protección.

Luego, alega la falta de legitimación pasiva del Banco del Estado, toda vez que no es dicha entidad la que ha gestionado la contratación del seguro que se cobra, sino que ha sido BancoEstado Corredores de Seguros S.A., persona jurídica distinta a la informante, siendo esta última la encargada de gestionar los trámites del seguro invocado, siendo la única calidad que mantiene con la actora de beneficiario. Agrega que el banco generalmente figurará como contratante en aquellos casos donde se realice una compraventa asociada a un mutuo hipotecario, pero como consecuencia de un mandato conferido a dichos efectos.

Sobre el fondo del asunto, indica que la recurrente contrato, por intermedio de BancoEstado Corredores de Seguros S.A. una póliza de seguro para la cobertura en caso de Desempleo vinculado al crédito hipotecario N°881257670, efectuando aquella, con fecha 20 de diciembre de 2023, un denuncio por la cobertura del mismo cumpliendo la corredora de seguros con su obligación de poner en conocimiento de la aseguradora el siniestro, siendo esta última, HDI seguros, quien resulta encargada de determinar el pago de la indemnización reclamada.

Indica que la actora no esgrime garantía constitucional alguna en su acción, no existiendo, además, acto ilegal o arbitrario por parte del Banco del Estado, toda vez que su participación ha sido como un intermediario en la contratación del seguro indicado. Advierte que, una vez recibido el denuncio respectivo, se remitieron los antecedentes a la Compañía de Seguros HDI S.A., quien asignó como liquidador a Segured Ltda., para que este proceda con el análisis correspondiente, la que con fecha 09 de abril de 2024, aprobó la indemnización con cargo al deducible establecido en la póliza, que corresponde al primer dividendo inmediatamente siguiente a la fecha de siniestro, cuyo pago es de cargo del asegurado. Con la misma fecha, dicho liquidador recomendó el pago de la indemnización reclamada equivalente a 6 cuotas del crédito en comento, despachando a su vez el Informe de Liquidación a la Compañía, momento en que esta última puede solicitar antecedentes adicionales al liquidador, rechazar el informe de liquidación o autorizar el pago de la indemnización propuesta.

Afirma que el seguro funciona respecto a un comportamiento regular de la deuda, es decir, mientras el siniestro se encuentra en proceso de liquidación, se debe seguir cancelando las cuotas adeudadas y continuar con la responsabilidad de pago adquirida con la Entidad Bancaria.

Luego, indica que la única cuenta que actualmente se encuentra cerrada es la N°[cuenta reservada] de la actora, por múltiples fraudes reclamados por la recurrente y que obligaron al Banco a actuar en dicho modo, lo que se colige que todas las demás cuentas de la recurrente se encuentran vigentes y operativas, esto es, cuenta RUT habilitada para el cobro del beneficio estatal, bolsillo familiar electrónico en los comercios alimenticios establecidos para su uso con la tarjeta, cuentas de ahorro vivienda.

Finalmente, indica que no existe garantía conculcada en estos autos, y no siendo la presente vía la idónea para el análisis de los hechos denunciados, solicita el rechazo de la acción, con costas.

A folio 15, consta informe evacuado por Macarena Paz Pozo Salcedo, abogada por la BANCOESTADO Corredores De Seguros S.A., solicitando el rechazo de la acción al haberse despachado informe de liquidación a Compañía de Seguros HDI S.A., previo informe de liquidación de fecha 9 de abril de 2024, donde se aprobó la indemnización con cargo al deducible establecido en la póliza, que corresponde al primer dividendo inmediatamente siguiente a la fecha de siniestro, cuyo pago es de cargo del asegurado, recomendándose el pago de la indemnización reclamada equivalente a 6 cuotas del crédito en comento.

Alega la incompetencia de esta Corte para la resolución del conflicto denunciado, por las mismas razones dadas por el Banco del Estado, al existir regulación expresa al respecto en el artículo 543 de la ley 20.667.

Continúa con la falta de legitimación pasiva de la informante, toda vez que de las normas que invoca, a la corredora le están vedadas las materias y actividades propias de las compañías de seguros, no siendo aquella la obligada al pago en estos autos.

Finalmente, sostiene el rechazo de la presente acción al no existir un derecho indubitado, solicitando en definitiva su desestimación, con costas.

A folio 19, consta informe evacuado por Luis Javier Sandoval Olivares, abogado en representación de HDI Seguros S.A., indicando que la presente vía no resulta ser la idónea para la resolución del conflicto denunciado, por las mismas razones dadas por las otras recurridas, al existir norma expresa que regula la situación en comento, a saber, el artículo 543 del Código de Comercio, citando diversa jurisprudencia a dichos efectos.

Sobre el fondo del asunto, indica que la actora era asegurada de la informante por medio de una Póliza de Desempleo a fin de cubrir cuotas de deudas vigentes con Banco Estado, en razón de un crédito hipotecario adquirido por la asegurada, en caso de concurrir cesantía involuntaria de ésta. Así, la póliza respectiva señala cuales son los casos en que se aplica la cobertura respectiva, cuestión que ocurre cuando se produce en circunstancias no imputables a la culpa del empleado deudor. Para estos efectos, se entiende que el despido no es Imputable a la culpa del empleado deudor, cuando tenga por causa u origen alguna de las siguientes causales:

* en el caso de deudores empleados: cuando la cesantía sea consecuencia de:

A) artículo 159 n°1, del código del trabajo, mutuo acuerdo de las partes, con Indemnización.

B) artículo 159 n°6, del código del trabajo, caso fortuito o fuerza mayor.

C) artículo 161 inciso primero del código del trabajo, necesidades de la empresa.

D) artículo 163 bis del código del trabajo, en caso que el empleador fuere sometido a un Procedimiento concursal de liquidación.”

Afirma que una vez que el liquidador procedió con su informe respectivo, dando cuenta de proceder con la cobertura respectiva, se determinó por la informante una indemnización correspondiente con el cuadro que indica, siendo pagadas todas las cuotas cubiertas al Banco Estado a fin de cubrir lo que correspondía al crédito hipotecario a la actora, por lo cual la presente acción carece de oportunidad, solicitando en definitiva tener por evacuado el informe solicitado.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la demora en la tramitación del seguro de desempleo que mantiene contratado la recurrente con la aseguradora HDI Seguros, el cual fue mediado en su suscripción por Bancoestado Corredores De Seguros S.A, cuestión que derivó en la repactación de la deuda por un crédito hipotecario que aquella mantiene con el Banco Estado, como además, en el cierre unilateral por parte de este último de una cuenta bancaria que poseía al respecto.

Cuarto: Que en cuanto a la alegación de incompetencia sostenida por las recurrentes en sus respectivos informes, esta Corte estima la improcedencia de lo alegado al respecto, por cuanto en el presente recurso se han mencionado hechos que importan una eventual vulneración de garantías fundamentales, cuestión que hace procedente su revisión en el fondo del asunto aun cuando la recurrente no haya hecho mención respecto de las garantías en concreto, ello en atención al carácter eminentemente desformalizado de esta acción.

Quinto: Luego, y respecto a lo alegado en cuanto a la procedencia del pago del seguro de desempleo contratado por la actora con la compañía de seguros HDI, y conforme el tenor del informe acompañado en estos autos se aprecia una pérdida de oportunidad en las alegaciones vertidas al respecto, por cuanto se ha procedido con su pago a la entidad financiera respectiva conforme los documentos acompañados por dicha parte a folio 19. Por ello, el recurso de protección será rechazado en esta parte, como a su vez, las alegaciones de falta de legitimación pasiva esgrimidas por el Banco Estado y por Bancoestado Corredores De Seguros S.A., al haber perdido oportunidad aquellas por las razones previamente dadas.

Sexto: Por su parte, y en lo que dice relación con el cierre de cuentas por parte del Banco Estado de manera unilateral, reteniendo fondos de propiedad de la recurrente sin dar explicación alguna para ello, cabe destacar que la entidad bancaria esgrime la efectividad de haber procedido con el cierre de la cuenta N°[cuenta reservada], sin que precise la naturaleza de la misma y señalado, posteriormente, que aquella estaría bloqueada conforme a fraudes que habrían sido denunciados por la propia actora en su oportunidad sobre fondos contenidos en la misma. Sin embargo, la explicación del Banco Estado sobre lo anterior resulta ser confusa, dado que habla, a la vez, de un cierre y de un bloqueo sobre aquella cuenta, omitiendo información acerca de los fondos que pudieran existir y el destino de ellos, cuestión alegada por la actora en sus diversas presentaciones, quién da cuenta de existir desvíos de aquellos y la imposibilidad de disponer de aquellos a su voluntad, no logrando explicar el motivo de lo anterior.

Séptimo: Que en ese orden de ideas, dicha conducta importa una vulneración del derecho de propiedad de la actora sobre sus fondos conforme lo establece el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, como además, un actuar discriminatorio que vulnera el artículo 19 N°2 de la carta fundamental al haber cerrado o bloqueado la cuenta que se indica, sin que se explicite la real situación sobre la cuenta N°[cuenta reservada], cuestiones que importan un actuar ilegal y arbitrario por parte del Banco Estado y la conculcación de los derechos señalados previamente, razón por la cual se acogerá en este punto, la acción deducida en estos autos, en los términos a indicarse en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge únicamente la acción interpuesta por nombre reservado en contra del Banco del Estado de Chile, ordenándose a la entidad bancaria desbloquear la cuenta señalada de forma previa, con las medidas de seguridad que corresponda, o en su caso, la reapertura de una cuenta de similar naturaleza a la N°[cuenta reservada], debiendo liberar los fondos, de forma inmediata, que se encuentren retenidos en la misma, rechazándose en lo demás el presente recurso.

Redacción a cargo del Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 496-2024.