Protección contra Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt

Puerto Montt, doce de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS:

Que a fojas 35 comparece ante esta Corte el abogado Juvenal Gómez Gómez, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación de la Sociedad Reinaldo Ulloa e Hijos Ltda.; quien deduce recurso de protección en contra del Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, don nombre reservado, en atención a los antecedentes que, en lo pertinente, se exponen a continuación.

Afirma que el 9 de julio último, el recurrido condenó a su representada, en el marco de la causa RIT C-57-2014 de ingreso ante aquel tribunal, a pagar un incremento de un 70% sobre un saldo adeudado al demandante en esos autos, lo que corresponde a $29.670.274 más intereses y reajustes.

Precisa que contra dicha resolución se dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado por el recurrido el 11 de agosto de 2014, lo que motivó la impugnación por vía de apelación, recurso denegado por el tribunal de primera instancia, decisión confirmada por esta Corte al estimar, conociendo el asunto por recurso de hecho deducido por la demandada, que se trataba de una resolución inapelable, sin pronunciarse respecto del fondo.

Refiere que el incremento que se ha ordenado está basado en un avenimiento suscrito por quien califica como un “seudomandatario” de la demandada y recurrente, pues el 10 de marzo de 2014 presentó ante el tribunal mandato judicial donde la sociedad que representa le encarga asumir la defensa de sus derechos en dicha causa, lo que el tribunal tuvo presente a través de resolución de 11 de marzo último, mismo día en que se despachó correos electrónicos notificando tal resolución incluso al abogado anterior de su representada, don Roberto Alarcón, quien, a partir de ese momento, se encontraba en conocimiento de la nueva representación, sin que pueda alegar desconocimiento respecto de la revocación tácita de su mandato.

Agrega que, no obstante lo anterior, el 29 de marzo se presenta un avenimiento suscrito por el apoderado de la demandante y el abogado Roberto Alarcón en representación de la demandada quien, como se ha dicho, carecía de facultad para comparecer en representación de la Sociedad Reinaldo Ulloa e Hijos Ltda. Mediante resolución de 1 de abril de 2014 el tribunal tuvo por aprobado dicho avenimiento, resolución y actuación que fue objeto de una solicitud de nulidad procesal por parte de la hoy recurrente, pretensión incidental también rechazada por el tribunal de primera instancia el día 11 de agosto pasado.

Arguye que en el incumplimiento de la obligación cuyo monto se ha incrementado no es imputable a su representada, en primer lugar, por haber sido suscrito el acuerdo por una tercera persona que carecía de poder vigente para representarla, por la razones ya expuestas, y, en segundo orden, pues una vez enterada de la celebración de tal acto, la sociedad recurrente transfirió fondos suficientes para cubrir con el cumplimiento de la obligación a la “sociedad Peldehue”, de propiedad del abogado Roberto Alarcón, quién giró cheques para el pago con defectos formales que impidieron su cobro.

Estima que el abogado del trabajador demandante también incurrió en negligencia al aceptar cheques girados por un tercero que ya no era parte en el juicio, circunstancia que le era conocida, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 468 del Código del Trabajo, al referirse la norma a las “partes” o “litigantes” en el pleito, haciendo hincapié en que la posibilidad de incrementar el monto adeudado en un 70% es una facultad del juez de la causa y, revisada jurisprudencia al respecto, pudo constatar que en estos casos los tribunales no aplican tal incremento.

Expresa que de consolidarse la situación denunciada se atentaría contra la buena fe procesal estatuida en el artículo 430 del Código del Trabajo, pues los actos dolosos de un mandatario no pueden ser sancionados en el patrimonio de su mandante, lo que responde a un principio de derecho civil en cuanto a las normas del mandato, aplicables al derecho laboral por buen criterio de interpretación judicial.

Finaliza precisando que en la causa mencionada su representado ha consignado en la cuenta corriente del tribunal el total de lo determinado por la sentencia dictada por el recurrido, lo que demuestra la buena fe en su actuar; por lo que, estimando como amenazado, perturbado y vulnerado su derecho a la propiedad, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicita se tenga por interpuesto el recurso, se acoja y, en definitiva, se declare: a) que se ha conculcado la garantía constitucional previamente aludida; b) que se ordene al juez recurrido dejar sin efecto la resolución impugnada; y, c) que se condena al recurrido al pago de las costas del recurso.

Que a fojas 43 se tuvo por interpuesto el recurso y se ordenó informar al recurrido.

Que a fojas 45 informa el recurrido quien, en lo pertinente, junto con acompañar copia de lo obrado en la causa en que incide el recurso, corrobora su existencia, y el haberse dictado la resolución recurrida, la cual transcribe, afirmando el haber hecho uso de la facultad contemplada en el artículo 468 del Código del Trabajo, al no haberse verificado por la demandada el pago de las cuotas respectivas en las fechas pactadas en avenimiento presentado ante el tribunal el 1 de abril de 2014.

Agrega que si bien es efectivo que el 10 de marzo de 2014 el abogado Juvenal Gómez acompañó mandato judicial otorgado por la sociedad recurrente, lo cierto es que no existe en la carpeta judicial constancia de haberse revocado el patrocinio y poder conferido al abogado Roberto Alarcón Velásquez, motivo por el cual, en razón de lo dispuesto en el artículo 434 del Código del Trabajo, tal mandato debe entenderse como vigente por toda la prosecución del juicio de cobranza, “a menos que exista constancia en contrario”, lo que, insiste, no consta.

Precisa que, a mayor abundamiento, no puede entenderse como revocado tácitamente el patrocinio y poder conferido al abogado Roberto Alarcón, pues las transferencias hechas por la sociedad recurrente a aquella que pertenece al referido letrado, fueron realizadas el 31 de marzo y 30 de abril de 2014, en ambos casos con posterioridad a la fecha de presentación del mandato judicial referido por el abogado Gómez, lo que deja en evidencia que el primero siguió actuando en función del interés de la actora.

Que a fojas 63 se hizo parte, en contra del recurso, el abogado Francisco Raúl Oliva Camadro, en representación del demandante en la causa en que incide la presenta acción.

Que a fojas 68, encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía don Juvenal Gómez Gómez, en representación de la Sociedad Reinaldo Ulloa e Hijos Ltda., en contra del Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, don nombre reservado, al haber, el recurrido, aplicado un incremento de un 70% sobre el monto adeudado en causa RIT C-57-2014, hoy en etapa de cumplimiento, conducta que estima como ilegal y arbitraria al fundarse en un avenimiento celebrado por un letrado que carecía de poder para representar a la actora, y por no concurrir los requisitos que el artículo 468 del Código del Trabajo prescribe para la procedencia de tal sanción, por los motivos y argumentos ya narrados en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que el primer vicio de ilegalidad invocado por el recurrente consiste en la improcedencia de la sanción impugnada, por haberse suscrito el avenimiento en que se funda la deuda por quién carecía de poder para representar a la demandante, al haber sido revocado tácitamente el mandato que le había sido conferido.

QUINTO: Que, tal como lo ha hecho presente el recurrido en su informe, el Libro V del Código del Trabajo contiene reglas procesales especiales, dentro de las cuales resulta atingente destacar aquella contenida en el artículo 434 de dicho cuerpo normativo, la que prescribe: “El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en contrario”.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados durante la tramitación de la presente acción constitucional, se ha podido constatar que en la causa en cuestión la demandada omitió toda constancia a una eventual revocación del patrocinio y poder conferido originalmente al abogado Roberto Alarcón Velásquez, motivo por el cual debe concluirse que éste se encontraba formalmente facultado para comparecer y, a su nombre, suscribir el avenimiento cuyas obligaciones adeudadas han sido incrementadas.

SÉPTIMO: Que, en segundo orden, el recurrente aduce que la sanción impuesta resulta ilegal y arbitraria por haberse utilizado una facultad que le ley confiere al juez, en contra de lo uniformemente resuelto por la jurisprudencia, sin precisar el tribunal, la causa o la fecha de las resoluciones que fundan su alegación.

OCTAVO: Que, de cualquier modo, tal argumento deberá ser rechazado pues, tal como lo ha afirmado el propio actor, el juez recurrido, en ejercicio de su cargo, ha hecho uso de una atribución conferida por la ley mediante resolución fundada, hecho que malamente puede ser calificado como ilegal o arbitrario, como se pretende a través de esta acción.

NOVENO: Que, finalmente, el actor alude que la sociedad que representa trasfirió los fondos necesarios para el pago a una sociedad que sería “de propiedad” del abogado Roberto Alarcón Velásquez, quien giró cheques para el pago, sin que tales documentos hayan podido ser cobrados por defectos formales atribuibles al girador, por lo que tal conducta dolosa del mandatario no podría ser motivo de sanción para el mandante, de acuerdo a los principios generales del derecho civil.

DÉCIMO: Que, en este orden de ideas, es dable destacar que tanto la sanción impugnada por esta vía, como el procedimiento de cobranza laboral en sí, tiene por finalidad cautelar los intereses del trabajador ganancioso en sede laboral, por lo que cualquier controversia entre mandante y mandatario no puede ser invocada como argumento para justificar un incumplimiento para con el acreedor, sin perjuicio de las acciones o derechos que, internamente, puedan ser ejercidas por quien pretenda incumplido el contrato de mandato, no siendo, por lo demás, ésta la vía para obtener una declaración en tal sentido.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia de una conducta que pueda ser calificada como ilegal o arbitraria, es que la presente acción constitucional deberá ser rechaza, de la forma como se dirá en lo resolutivo.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y haciéndose cargo estos sentenciadores de la alegación de extemporaneidad planteada por el abogado Raúl Oliva en estrados, cabe precisar que, si bien la resolución impugnada data de 9 de julio último, lo cierto es que su suerte procesal quedó consolidada recién el 3 de octubre pasado, oportunidad en que fue rechazado, por esta Corte, el recurso de hecho presentado por el recurrente en contra de la resolución que denegó recurso de apelación en contra de la resolución que rechazó la nulidad procesal del acto denunciado, motivo por el cual la acción constitucional debe entenderse como interpuesta dentro del plazo que el Auto Acordado sobre su tramitación confiere.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 35 por don Juvenal Gómez Gómez, en representación de la Sociedad Reinaldo Ulloa e Hijos Ltda., en contra del Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, don nombre reservado.

II. Que se condena en costas al recurrente al haber sido totalmente vencido.

Se previene que el abogado integrante don Mauricio Cárdenas García concurre a lo resuelto, salvo en cuanto a la condena en costas, al estimar que el actor ha tenido motivos plausibles para litigar.

Redactó el fallo el Presidente don nombre reservado, y la prevención su autor.

Rol N°494-2014 Resuelto por la Primera Sala, integrada por el Presidente don nombre reservado, la Ministra Suplente doña Ivonne Avendaño Gómez y el Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García. Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.

Puerto Montt, doce de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que precede.