Protección contra Sociedad Gestora Colegio nombre reservado

Puerto Montt, doce de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

A Folio 1, el día 02 de noviembre de 2022, comparece el abogado PAOLO en representación de su hijo FERNANDO, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Sociedad Gestora Colegio nombre reservado, en adelante “Colegio nombre reservado” o “Colegio”, con domicilio en domicilio reservado, representada por su Rector, don nombre reservado, por los hechos que señala en su libelo.

Explica que los actos que impugna son las resoluciones dictadas en el marco del proceso sancionatorio efectuado por el Colegio nombre reservado, que dispusieron medidas disciplinarias en contra de su hijo, la primera de ellas notificada a su parte el 3 de octubre de 2022, que impuso a su hijo la sanción de expulsión inmediata, y la segunda informada por correo electrónico el 25 de octubre de 2022, que resolvía a la reposición deducida por su parte contra la primera resolución de dicho procedimiento sancionatorio, que dispuso el reintegro y cancelación de matrícula a partir del año 2023.

En cuanto a los hechos, señala que el 15 de septiembre de 2022 fue puesto en conocimiento de una situación grave que involucraría a su hijo, entre otros menores, citándolo junto a su señora e hijo a reunión el mismo día, a la cual asistieron la directora y psicóloga del ciclo correspondiente. Allí se indicó que su hijo desde su cuenta de Instagram había enviado mensajes a otro alumno del colegio con contenido sexual y ofensivo. Al relatar su hijo lo ocurrido, hizo referencia a mensajes enviados un día durante sus vacaciones de invierno, estando él en la capital con un grupo de amigos de su ex colegio, y el día 15 de septiembre Santiago le comentó a dos compañeros de colegio aquello, y éstos enviaron un nuevo mensaje al alumno destinatario, negando siempre haberlos enviado.

En relación al contenido de los mensajes, dice que estos se referían a rimas y frases con contenido sexual y de mal gusto, a ratos agresivo, inapropiado para niños de 14 años, pero que para efectos de esta acción no vienen al caso, ya que aduce que las razones para interponer esta acción dicen relación con las graves omisiones seguidas durante la investigación, las cuales afectaron de manera flagrante la garantía constitucional de su hijo de acceder a un racional y justo procedimiento, ya que de los antecedentes que obran en los autos no existen elementos que permitan sustentar la aplicación de expulsión o de no renovación de la matrícula.

Señala que su hijo lleva menos de dos años como alumno del colegio, con buena calificación de conducta, asistencia y buenas notas, habiendo recibido siempre del colegio excelentes referencias sobre él, Reclama que en la entrevista del día 15 de septiembre, la psicóloga indicó que los hechos eran constitutivos de delito, e interrogó a su hijo sobre si sabía o no la situación que estaba viviendo el menor afectado, siendo la única instancia en que se le oyó, con una primera opinión escéptica de lo que éste dijo y su arrepentimiento. Respecto del menor afectado, indica que por conversaciones con su madre tomó conocimiento que había sufrido episodios previos de bullying sin respuesta del Colegio, hasta la situación con su hijo, a quien castigaron por ser el más nuevo y sin redes de apoyo.

Alude a que, desde el primer momento, en el acta de reunión del Equipo de Convivencia NUM000 las entrevistadoras decidieron que su hijo era responsable, inculpándolo de todos los males padecidos por el menor afectado, obviando la presunción de inocencia a su respecto, y la situación que éste arrastraba desde hacía años.

En lo pertinente, reclama falta de motivación de la carta del día 3 de octubre de 2022, en la cual el director del Colegio informa la decisión del equipo directivo de aplicar la sanción más gravosa de expulsión inmediata. En ella, aduce, en ninguna parte se hace un desarrollo razonado acerca de los fundamentos por los cuales se ha decidido aplicar la sanción posible más extrema, limitándose a describir que en determinadas fechas se enviaron mensajes de alto contenido sexual y que eso vulneraría determinados artículos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, para complementar que en dicho proceso se entrevistó a los alumnos y familias, y también a Santiago, sin quedar claro a quiénes, lo que no permite a su parte tener conocimiento de si se efectuó una investigación intentando llegar a establecer lo ocurrido, o se dirigió sólo a robustecer la idea que se formaron la psicóloga y la Directora de Ciclo en la primera y única reunión con Santiago. Tampoco hay razonamiento de las atenuantes o agravantes aplicadas, lo que no permite discernir el raciocinio usado.

Agrega que además se les dio un exiguo plazo para reconsideración, la que, si bien fue fallada de manera más extensa, no permite tampoco conocer el razonamiento utilizado para llegar a la convicción. Y, al sustituir la medida de expulsión inmediata por la no renovación de matrícula, sin entregar detalles de por qué lo hizo, ello constituye una infracción grave a su derecho a un proceso racional y justo.

Por otro lado, reclama que la decisión de expulsión inmediata fue adoptada por el Equipo de Convivencia el día 27 de septiembre, con anterioridad a oír la versión de su hijo, dejando la ratificación pendiente para el Director, siendo inoficiosas sus declaraciones, pues le pidieron que acompañara su declaración “Mirando su actuar” el día 30 de septiembre. Tampoco, reclama, se les informó en la reunión del día 15 de septiembre que comenzaba un proceso contra su hijo, sólo se habló exiguamente de una investigación, sin informarles la posibilidad de aportar pruebas, conocer diligencias, etc. Recién, dice, el día posterior a su expulsión, el 4 de octubre, e informando que presentaría reconsideración, fue recibido por el Rector del colegio, lo que resulta del todo extemporáneo y además no se acompañó acta de dicha reunión al expediente para ser tenida a la vista al momento de resolver la reconsideración.

Asimismo, reclama que su parte sólo tuvo acceso parcial al expediente, sin poder revisar declaraciones de otros alumnos involucrados.

En tercer lugar, aduce que el Colegio en un documento denominado “Mirando mi actuar”, el día 26 de septiembre le pidió a su hijo que respondiera determinadas preguntas, precedidas de una auto inculpación o declaración de haber enviado los mensajes y un video. Ello, dice, demuestra que tenían ya una convicción formada de su culpabilidad, y sólo lo hicieron para salvar sus responsabilidades, vulnerando así su derecho a ser oído previo a la toma de determinación de una sanción.

En cuarto lugar, reclama la inexistencia de tiempo de reflexión y amenazas hacia su hijo en la entrevista del día 15 de septiembre, pues en aquella la Directora y psicóloga se formaron una primera opinión respecto de su arrepentimiento, que fue condenada luego, según se lee del acta del Equipo de Convivencia NUM000, donde se afirma que aquellas indicaron que se le vio tranquilo, sin muestras de estar afectado, preocupado por salvar la situación inculpando al afectado, y que su lenguaje corporal no se condecía con su discurso de estar arrepentido. No quedó además reflejado, dice, el tono amedrentador usado por la psicóloga, que evidentemente explica, dejó estupefacto a su hijo que estaba en shock. Dice que, si bien solicitó los antecedentes profesionales de la psicóloga, le fueron negados, señalando que era improcedente.

En quinto lugar, reclama que la sanción de suspensión indefinida era improcedente pues el día 22 de septiembre se le informó por la Directora de Ciclo que era por la gravedad de los hechos, para luego en el acta de reunión de equipo directivo del día 27 de septiembre, que da cuenta de las razones para aplicar la sanción de suspensión inmediata e indefinida, se señala que fue por su actitud de los días 21 y 22 de septiembre, donde habría emitido comentarios bajando el perfil a la situación y haciendo ver a sus compañeros que no tendría consecuencias para él. Ello, sin tener en consideración la edad y madurez del menor, sin haberse entrevistado con él ni consultado la veracidad de sus dichos, y en el evento de ser efectivos, haber indagados las razones de ello.

Dice que al aplicar la sanción no se respetaron las garantías del debido proceso, derecho a ser oído, y además el reglamento escolar no contempla aplicar medidas de protección durante la investigación, salvo en los casos que ellas se fundaran en el resguardo del afectado, pero en este caso el menor a quien se pretendía proteger no asistía al colegio desde hacía más de un mes (sin retornar a clases a la fecha), por lo que era en definitiva una sanción y no una medida de resguardo de otro alumno.

Sin perjuicio, dice, que dicha medida después fue dejada sin efecto, la suspensión duró 33 días corridos, y al dejarse sin efecto y aplicarse la no renovación de matrícula para el 2023, implica una vulneración del non bis in ídem.

Como sexta alegación, reclama que el Directorio que resolvió la reconsideración por resolución de 25 de octubre, fue suscrito por sólo 2 directores, sin hacer mención a los fundamentos de otros miembros, pese a que según página web del colegio aquel tiene al menos 3 miembros. Ello es grave, reclama, porque le impide saber si sesionaron en sala legalmente constituida, o si hubo prevenciones, votos de minoría, o si la decisión fue unánime o sólo se estampó el parecer de las 2 personas que suscriben.

Como séptima cuestión, indica que la resolución que resolvió la reconsideración y aplicó una sanción, incumplió lo dispuesto en el propio RICE en el numeral 4, que se refiere a los supuestos que hacen aplicable la sanción de no renovación de matrícula, no encontrándose su hijo en ninguno de ellos, por lo que de haber aplicado las atenuantes correctamente, reclama que debió haber sido sancionado con la medida de firma de compromiso y declaración de matrícula condicional, por ser la más próxima en gravedad y que no establece requisitos específicos para su aplicación.

En octavo lugar, reclama infracciones en la tramitación del procedimiento fijado por el mismo colegio en el RICE, pues en la comunicación del Director de 3 de octubre de 2022, en su primer párrafo señala “Por medio de la presente, comunicamos a ustedes la decisión tomada por el Equipo Directivo del Colegio nombre reservado con fecha 28 de septiembre de 2022 en el marco de la investigación de la situación de convivencia escolar en la que se encuentra involucrado su hijo Santiago…” (Destacado es nuestro), para luego en el párrafo cuarto señalar: “La conducta en que incurrió Santiago se encuentra detallada en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio en el punto 5, letras a, b, d, f y g, siendo considerada una conducta constitutiva de violencia escolar.” (destacado es nuestro). Como primera cuestión, alega que cuesta comprender a que numeral 5 del reglamento se refiere, debido a que el Reglamento solo confiere ese número en los apartados V y VI, y el VI se refiere al reglamento de Educación Parvularia, en tanto que el V relativo a la buena convivencia escolar el número 5 llega hasta la letra e) no existiendo la “f” ni la “g”. Cuesta, dice, tratar de entender las normas por las cuales se sancionan, más aún, como si se tratara de confundir, la página 30 asigna el numeral IX a las normas relativas a la prevención y detección del abuso sexual (página 30) correspondiendo en realidad al numeral VII como bien señala el índice que no coincide con su propio texto.

Detalla que la conducta sancionada el propio colegio la considera una conducta como violencia escolar, debiendo aplicarse el numeral 4 del reglamento, el cual en su página 17 señala: “4. Procedimiento para la aplicación de sanciones frente a conductas constitutivas de Violencia Escolar” (V.5 según la numeración del índice), el cual establece en el numeral 18) que: “El Equipo de Convivencia del Ciclo deberá resolver si existen elementos suficientes para imponer una medida disciplinaria y/o reparatoria. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de Convivencia Escolar.”

El numeral 19) señala que: “En el caso de las conductas descritas en las letras f) a la h) precedentes, en la resolución deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, u otras que la autoridad competente determine.”

De esta resolución las partes tienen un plazo de 5 días para recurrir al Director del Colegio, quién dispondrá de 10 días para resolver, según consta en el numeral 20), lo cual en la especie no ocurrió debido a que fue precisamente el Director quién hizo suya la sanción estableciendo en su comunicación la existencia de un plazo de 5 días para solicitar la reconsideración al Directorio.

Precisa que la medida de no renovación de matrícula debía ser adoptada por el Equipo Directivo sin la participación del Director, siendo reclamable dentro de 5 días a éste, quien disponía de 10 días para responder, pero en este caso fue el propio Director quien aplica la medida diciendo que disponían de 5 días para reclamar ante el Directorio, lo cual no se cumplió. Agrega que el reglamento tampoco define quienes integran el Equipo Directivo, pero sí deja claro que ante la medida de no renovación de matrícula éste conoce sin la intervención del Director, por ser ante él la segunda instancia, pero en este caso se dejó la decisión a su ratificación, lo que era improcedente.

Luego, analizando el documento del Directorio que resolvió la reconsideración, que dice fue de 2 personas, reclama que, a pesar de la visión del Colegio, renunció a buscar instancias de reparación, considerando el ámbito punitivo como única y exclusiva vía de solución, pese a que su hijo y familia siempre insistieron en buscar instancias de contacto con el afectado y su familia para poder reparar el daño causado, lo que les fue impedido siempre.

Estima vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, pues existiendo normativa interna del colegio se aplicó de manera diversa al interior de la comunidad escolar, frente a años de pasividad del colegio frente a temas de maltrato escolar, sumado a los errores y faltas de claridad en su aplicación.

Además, dice se aplicó una medida al resolver la reposición que era improcedente, sin considerar el interés superior de su hijo.

Reclama asimismo transgresión al artículo 19 N°3, al vulnerarse el debido proceso en las aristas ya expuestas previamente, reclamando además que el RICE vigente es un documento inconexo y contradictorio, que dejan en indefensión al inculpado.

Estima de igual modo que se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre su matrícula, considerando además que en el mes de noviembre y de materializarse la sanción, no hay colegio donde postularlo en la zona.

Solicita se dejen sin efecto las resoluciones de 3 de octubre de 2022 del Equipo Directivo del colegio y de 25 de octubre, del Directorio del establecimiento, restableciendo el imperio del derecho.

Acompaña al recurso: 1.- Certificado de Nacimiento de FERNANDO. 2.- Reglamento Interno Convivencia Escolar Colegio nombre reservado. 3.- Expediente entregado por el Colegio al 4 de octubre. 4.- Autoincriminación Pauta mirando mi actuar. 5.- Nuevos antecedentes acompañados después de consultar al colegio por expediente. 6.- Resolución de Expulsión 3 de octubre. 7.- Correo Deduce Reconsideración. 8.- Reconsideración Expulsión. 9.- Carta alumnos y apoderados colegio nombre reservado 10.- Antecedentes escolares e informe psicológico FERNANDO 11.- Correo informa resolución de reconsideración. 12.- Resolución de Reconsideración.

A Folio 3, se declara admisible el recurso, solicitando informe al colegio recurrido, y se rechazó la orden de no innovar solicitada.

A Folio 11, informa el recurso la parte recurrida, representada por los abogados don Cristóbal Patricio Bonacic Midane y José Miguel Barahona Avendaño, señalando en lo pertinente los valores que inspiran la convivencia al interior del establecimiento escolar que se recogen en su RICE. Luego, en relación a los hechos del recurso, explican que con gran pesar para las autoridades del Colegio nombre reservado, se debió tomar la decisión de sancionar al alumno cuyo padre recurre por esta vía, como consecuencia de los hechos ocurridos los días 21 y 23 de julio, y 15 de septiembre de 2022, consistentes en el envío, desde su celular, de una serie de mensajes de alto contenido sexual a otro alumno del establecimiento, quien se encontraba en una grave y conocida situación de vulnerabilidad, constituyendo los mismos, según el Reglamento Interno, un acto de violencia escolar. En ese contexto, el día 3 de octubre de 2022 se informó al recurrente la imposición de la medida disciplinaria de expulsión inmediata adoptada por el Equipo Directivo dentro del contexto del protocolo que se inició por esos hechos. En el mismo expediente se le informó del plazo de 5 días para pedir reconsideración al Directorio, lo cual hizo y luego fue resuelto por los miembros de éste, conforme indica el mismo RICE, quienes modificaron la sanción inicialmente impuesta al reemplazarla por la no renovación de matrícula para el año 2023, permitiéndole finalizar el año escolar 2022.

Reclama que el recurrente busca controvertir las razones que se tuvieron en vista para imponer la medida disciplinaria, y revisar los hechos determinados en el procedimiento, lo que a su juicio es improcedente y ajeno a la naturaleza del recurso.

Previo a hacerse cargo de las alegaciones del actor, indica que la Circular N°482 de la Superintendencia de Educación, que establece las Instrucciones sobre los Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado; y en cuya virtud se entiende que un procedimiento es justo y racional en la medida que incluya las siguientes etapas: • Comunicación al estudiante de la falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende sancionar; • El derecho a ser escuchado; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable, y • Se garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida.

Todo aquello se cumplió, aduce, en el proceso que tuvo como acto terminal la imposición de la medida de no renovación de matrícula para el año 2023 del alumno FERNANDO.

En relación a la supuesta falta de motivación de la decisión adoptada el día 3 de octubre de 2022, en la cual se impuso la medida disciplinaria de expulsión inmediata, dice que ello no se alegó en la reconsideración, donde hace un exhaustivo análisis de los antecedentes recabados según protocolo, lo que probaría la inexistencia del vicio. Tampoco, dice, se reclama falta de fundamentación de la resolución que resolvió la reconsideración.

En relación a que la decisión de expulsión inmediata habría sido adoptada antes de oír la versión del alumno, y con su supuesta petición de inculpación, dice que es incompatible con su alegación en la reconsideración de que no se tuvo en cuenta su arrepentimiento al imponer la expulsión, pues de suyo implica que sí se le escuchó. Fue entrevistado el 15 de septiembre, con su padre abogado, y se le dio la posibilidad de realizar sus descargos.

De lo relativo a la supuesta inexistencia de tiempo para reflexión y amenazas durante la entrevista, dice que ello no guarda relación con supuesta infracción al debido proceso o normativa interna, sino una supuesta falta de idoneidad técnica de la psicóloga miembro del Equipo de Convivencia, que se funda en meras suspicacias de éste. Hace presente que fue seleccionada mediante un procedimiento riguroso, y no se exigen calificaciones o estudio especial para realizar dichas actuaciones.

En lo referido a la sanción improcedente de suspensión indefinida y non bis in ídem, dice que la adopción de la medida de suspensión indefinida, como medida de protección, respondió exclusivamente al cumplimiento de la obligación que impone el Reglamento Interno Escolar, en orden a garantizar la protección del afectado y de todos los involucrados mientras se desarrolle el respectivo proceso investigativo, la cual cobra mayor relevancia respecto de los menores que padecen de Trastorno Espectro Autista, como es el caso del alumno afectado. Por otro lado, dice que es natural que toda medida se extinga al terminar el procedimiento disciplinario, que fue lo que aconteció en este caso.

En relación a la actuación del Directorio del Colegio, hace presente que aquel, integrado por los Sres. nombre reservado, ANDRÉS y LIDIA, se reunió en sesión convocada para el efecto con fecha 18 de octubre, con la presencia de todos los directores quienes, de manera unánime, concurrieron a la decisión adoptada, la que, en lo concreto, implicó la adopción de la medida disciplinaria de no renovación de matrícula, según da cuenta acta de sesión. De igual forma, dice que en caso de tribunal colegiado puede adoptarse decisión si falta un integrante si hay unanimidad, cita el artículo 76 inciso final del Código Procesal Penal como ejemplo.

En cuanto a la resolución que resolvió la reconsideración, dice que el reproche es injustificado porque de la lectura del RICE se concluye que los supuestos que cita como base para la imposición de la no renovación de matrícula, operan sólo cuando es impuesta como primera sanción, y no como consecuencia de un recurso de reconsideración, que fue lo que ocurrió, y que se establece en el número 5. En cuanto a la inadecuada ponderación de atenuantes o que se aplique otra sanción, dice que escapa a la competencia de esta Corte por no ser una instancia.

Por su lado, en relación a las supuestas infracciones en la tramitación del procedimiento, precisa que ante la dificultad expresada por el recurrente para entender las disposiciones citadas en la comunicación del Director de 3 de octubre, luego de ello se modificó el orden de los artículos del RICE, de suerte que las conductas contenidas en el documento de 3 de octubre (Capítulo V. punto 5, letras a, b, d, f y g), corresponden hoy, sobre la base de la actual enumeración, a las contenidas en el Capítulo V, punto 4.1, números i, ii, iv, vi y vi.

Los números 7 y 8 del punto 4.- del Reglamento Interno, según el orden existente al mes de octubre, disponen que la medida de expulsión inmediata del establecimiento sólo podrá ser adoptada por el Equipo Directivo, cosa que ocurrió en este caso, como se explicita en la carta de fecha 3 de octubre, luego indican que la solicitud de reconsideración sobre la aplicación de una medida disciplinaria, deberá interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes al día en que se comunicó la decisión, pudiendo resolverla el Equipo Directivo, el Rector, o el Directorio, en su caso, que deben pronunciarse dentro de 10 días hábiles, lo que también ocurrió.

Concluye indicando que la sanción se aplicó según el protocolo, y si bien sólo se rebajó la sanción inicial a la no renovación de matrícula, ello no es contrario a la ley o carente de razonabilidad, no vulnerando ningún derecho del alumno, y en particular el de propiedad, pues existen valores superiores que llevaron a la sanción del alumno.

Acompaña al informe. 1.- Copia Resumen hoja de Trabajo. Requisitos del Reconocimiento Oficial 2022, Acta Folio NUM001. 2.- Copia Acta Sesión de Directorio de Sociedad Educacional Colegio nombre reservado, de fecha 18 de octubre de 2022.

A folio 20, previo a la vista de la causa, la recurrente acompaña documento denominado “Memorandum” N°350, de 13 de diciembre de 2022, suscrito por la Sra. nombre reservado, en su calidad de Encargada Regional de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación, Región de Los Lagos.

A folio 23, la recurrida acompaña Reglamento vigente a la época de ocurrencia de los hechos y capturas de pantalla de los mensajes enviados desde la cuenta de red social Instagram del estudiante FERNANDO, y que constituyen el motivo de la aplicación de la sanción que se impugna.

Encontrándose la causa en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción cautelar, dirigida a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, lo que supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos antes indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Tercero: Que se ha interpuesto el presente recurso, pues el recurrente alega un acto arbitrario e ilegal de parte del colegio recurrido, al haber comunicado el día 03 de octubre de 2022 la aplicación de sanción de expulsión inmediata, por actos de violencia escolar, respecto de su hijo estudiante del establecimiento, medida que luego fue modificada por resolución de 22 de octubre del mismo año, al resolver su solicitud de reconsideración, ordenando el reintegro y cancelación de matrícula para el año 2023.

Lo anterior, dice con infracción al propio Reglamento Interno y de Convivencia Escolar que rige la comunidad educativa, con vulneración de las normas mínimas del debido proceso, según lo reseñado extensamente en la parte expositiva del presente fallo.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y no controvertidos por la recurrida, se desprende que el día 3 de octubre de 2022 se informó al padre del recurrente la imposición de la medida disciplinaria de expulsión inmediata adoptada por el Equipo Directivo dentro del contexto del protocolo que se inició por esos hechos. En el mismo expediente se le informó del plazo de 5 días para pedir reconsideración al Directorio, medio de impugnación que ejerció y fue resuelto por los miembros de éste, conforme indica el mismo RICE, quienes modificaron la sanción inicialmente impuesta al reemplazarla por la no renovación de matrícula para el año 2023, permitiéndole finalizar el año escolar en curso a la época, esto es 2022.

Lo anterior es refrendado al evacuar el informe la recurrida, quien explica que se tomó dicha determinación a consecuencia de los hechos ocurridos los días 21 y 23 de julio y 15 de septiembre de 2022, consistentes en el envío, desde el celular del alumno recurrente, de una serie de mensajes de alto contenido sexual a otro alumno del establecimiento, quien se encontraba en una grave y conocida situación de vulnerabilidad, constituyendo los mismos, según el Reglamento Interno, un acto de violencia escolar.

Quinto: Que, corresponde en consecuencia determinar a la luz de los antecedentes aportados por las partes, si las medidas adoptadas por la recurrida son arbitrarias o ilegales, o en su caso, si se aplicaron dando cumplimiento tanto a lo establecido en la Ley Aula Segura como en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.

Sexto: Que, para la resolución del presente arbitrio es necesario citar el Preámbulo de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que señala: “Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".

En este mismo sentido, el mismo cuerpo normativo en su Artículo 2 N°2 dispone: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.”

Asimismo, el artículo 3 de la Ley General de Educación, establece que “el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”, y en su artículo 9, dispone que el propósito de la comunidad educativa “se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno.

Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley” y el artículo 10 letra a) establece que los alumnos y alumnas, tienen derecho “a no ser discriminados arbitrariamente, a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral” agregando que “de igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento”, y en su artículo 46 letra f) señala como uno de los requisitos a cumplir para que el Ministerio de Educación reconozca oficialmente a un establecimiento educacional, el “contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso que se contemplen sanciones.

Este reglamento no podrá contravenir la normativa vigente”.

Séptimo: Que, por su parte, el artículo 16 A de la Ley General de Educación señala que: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.

Asimismo, se debe considerar lo establecido en el artículo 6 letra d) del DFL N°2 del año 1998, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, el que establece un procedimiento para actos violentos que tengan como sanción la expulsión o cancelación de matrículas, cuando estos afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa. En lo atingente, dicha norma señala: “No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representadoa los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo…”

Agregado a lo anterior, y no menos importante, es tener en consideración la autonomía de los establecimientos educacionales, consagrada en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República: “11° La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, en concordancia con el artículo tercero de la Ley General de Educación que dispone: “El sistema [educacional] se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan”.

Octavo: Que, este marco normativo de carácter legal también se complementa con las disposiciones reglamentarias pertinentes que rigen la actividad interna del establecimiento educacional recurrido. En lo relacionado con el caso de marras, el reglamento interno vigente al año 2022 establece en el Párrafo 4. Procedimiento para la aplicación de sanciones frente a conductas constitutivas de Violencia Escolar, detallando que se consideran como aquellas: i.

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier miembro de la comunidad educativa. ii. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; iii. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa; iv. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.); v. Discriminar y/o excluir a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia; vi. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar o vulnerar la privacidad de un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través de mensajes privados, publicaciones de redes sociales, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; vii. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar o de privacidad ajena (con o sin consentimiento). viii.

Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.

En lo demás, el reglamento en el numeral 9) y siguientes del Punto 4., regula el procedimiento aplicable a la hora de establecer sanciones, como en este caso con las medidas de expulsión inmediata y cancelación de matrícula.

Lo anterior se complementa con lo indicado en el párrafo 3 relativo a los Procedimientos para la aplicación de sanciones frente a la transgresión de normas, destacando en el numeral 6) que: “La expulsión inmediata del establecimiento es una medida excepcional. Solamente se aplicará en caso de que la falta cometida por el afectado constituya un delito conforme a la legislación chilena, o lesione gravemente los derechos o la integridad física o psicológica de otro integrante de la comunidad educativa, o altere seriamente el normal funcionamiento del establecimiento. En estos casos, se evaluará la necesidad de realizar las denuncias a las autoridades correspondientes” (el destacado es nuestro). Noveno: Que, por otra parte, de la comunicación del día 3 de octubre de 2022, emanada del colegio recurrido, se lee que las medidas aplicadas al estudiante recurrente se fundan en: “Colegio tomó conocimiento de una serie de mensajes de alto contenido sexual enviados en tres fechas (21 y 23 de julio y 15 de septiembre del 2022) desde el celular de Santiago a un compañero de curso que se encuentra en una situación de vulnerabilidad de la que Santiago tenía conocimiento.

A raíz de lo anterior, el Equipo de Convivencia Escolar del curso inició una investigación de los hechos recogiendo los relatos de los alumnos involucrados y de Santiago. También se entrevistó a sus familias, para asegurar que todas las partes fueran escuchadas. Finalizada la investigación por parte del Equipo de Convivencia Escolar, este consideró los antecedentes reunidos, sus atenuantes y agravantes.

La conducta en la que incurrió Santiago se encuentra detallada en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio en el punto 5, letras a, b, d, f y g, siendo considerada una conducta constitutiva de violencia escolar.

En razón de lo anterior, El Equipo Directivo decidió aplicar a Santiago la medida disciplinaria de expulsión inmediata del Colegio nombre reservado, toda vez que los hechos denunciados afectan gravemente la integridad psicológica de otro integrante de nuestra Comunidad Educativa y han afectado su asistencia al Colegio. Cabe destacar que, para la decisión de la aplicación de la medida disciplinaria se consideraron como atenuantes el no tener registro previo de anotaciones por situaciones similares a la actual y reconocer su responsabilidad en los hechos, colaborando con su testimonio.

También se tuvieron presentes los siguientes agravantes: la naturaleza, intensidad y extensión del daño causado: la sugerencia intencionada de quién fuera el receptor de los mensaje y que el alumno afectado no ha vuelto al Colegio después de esta situación, la repetición de la conducta, la edad, etapa del desarrollo y madurez de las partes involucradas, la pluralidad y grado de responsabilidad de Santiago, el carácter vejatorio y humillante del maltrato, el abuso de una posición superior: Santiago tenía conocimiento de la situación de vulnerabilidad del alumno afectado y se hace parte de una conducta de vulneración y la conciencia de la discapacidad o indefensión del afectado.

También el exhibir a terceros los mensajes enviados, jactándose de ellos y burlándose del afectado.

Si bien Santiago ha cooperado reconociendo su falta y aportando su testimonio, no mostró empatía con el alumno afectado, trató de involucrarlo como autor de conductas similares con otro alumno y comentó frente a otros compañeros que con esto no tendría sanción.”

Luego, al resolver la solicitud de reconsideración en la resolución del día 25 de octubre de 2022, se indican las gestiones y diligencias efectuadas, y se señala como uno de sus fundamentos: “…no podemos soslayar que el primer mensaje fue enviado estando el alumno FERNANDO en la ciudad de Santiago, en compañía de ex compañeros de colegio, resultando natural preguntarse por las motivaciones que tendrían éstos para enviar ese tipo de mensajes al alumno FERNANDO, a pesar de no conocerlo. De igual manera, el recurrente admite que el alumno FERNANDO había “prestado su cuenta de Instagram”. Entonces tenemos que FERNANDO: Facilitó su cuenta de Instagram, primero, y luego presenció el envío de los mensajes de fecha 21 y 23 de julio por parte de ex compañeros de colegio, surgiendo el nombre del destinatario del propio sancionado; Comentó lo ocurrido el 21 y 23 de julio a dos compañeros del Colegio, para acto seguido permitir el uso por parte de éstos de su cuenta de Instagram, a partir de la cual también se enviaron mensajes ofensivos el día 15 de septiembre.”.

En la misma resolución además se lee, como fundamento para resolver la reconsideración, en relación al cumplimiento de las etapas dispuestas en el propio Reglamento: “…todas, que se cumplieron, siendo prueba de ello el arrepentimiento alegado como circunstancia atenuante, lo cual no habría sido posible de no haber sido oído Santiago, ni menos informado sobre los hechos objeto del proceso sancionatorio. De igual forma, y más a allá que el recurrente pueda discrepar de las razones esgrimidas para imponer la medida disciplinaria de expulsión inmediata, lo cierto es que, tanto la resolución comunicada el día 3 de octubre, como la presente, contienen los claros fundamentos que las motivan.…”

Décimo: Que, a fin de determinar entonces la legalidad y razonabilidad de la medida impuesta, ha de tenerse en consideración entonces que la adopción de la medida de expulsión inmediata, y luego la de cancelación de matrícula al recurrente, debe ceñirse a lo dispuesto en la Ley Aula Segura, así como también con el procedimiento previsto en el Reglamento Interno del establecimiento educacional, que señala los protocolos que deben seguir para la adopción de las sanciones allí descritas, normas latamente transcritas en los considerandos precedentes.

Undécimo: Que, de lo expuesto por la parte recurrida en su informe, y en especial el contenido y fundamento de las resoluciones de fechas 03 y 25 de octubre de 2022, y los documentos acompañados por la propia parte recurrente, se advierte del Registro de Entrevista del día 15 de septiembre de 2022, que el recurrente y su hijo tomaron cabal conocimiento de los hechos denunciados por el menor FERNANDO, y en dicha instancia el adolescente cuenta su versión de lo sucedido, reconociendo haber participado en el envío de mensajes a éste desde su cuenta de Instagram en un viaje a Santiago, que éste habría solicitado que pararan y no lo hicieron, y que luego en dependencias del Colegio recurrido, mostró dichos mensajes de alto contenido sexual a algunos compañeros, y le habrían enviado más mensajes desde su misma cuenta. Reconoce además estar consciente de la situación de FERNANDO, y que podría tener efectos psicológicos en él.” Asimismo, el día 29 de septiembre, el padre del recurrente, remite como antecedente al Colegio el documento denominado “Mirando mi actuar”, en el cual señala que no escribió ni participó de ninguna forma en el envío de los mensajes desde su cuenta de Instagram, pero que habría hablado de FERNANDO a sus amigos de Santiago, que habría facilitado su teléfono para el envío y no habría impedido aquello, e incluso se reía cuando fueron enviados.

Luego, de lo anterior se desprende que se comunicó al alumno y su apoderado los hechos denunciados, y fue oído previo a la decisión de adoptar la medida de expulsión inmediata, la que contiene los fundamentos ya latamente reseñados previamente.

Que, por otra parte, aquella fue dispuesta en virtud de los graves hechos cometidos, no sólo por constituir eventualmente un delito conforme a la legislación chilena, sino además por lesionar gravemente los derechos o la integridad física o psicológica de otro integrante de la comunidad educativa, en este caso el menor FERNANDO, conforme permite el mismo reglamento.

También consta de los antecedentes acompañados que se presentó solicitud de reconsideración, que da cuenta del conocimiento de los hechos por el recurrente; y aquella fue resuelta dentro del plazo por el Directorio del Colegio, de manera fundada y comunicada debidamente, rebajando la sanción a aquella de cancelación de matrícula, de una entidad inferior a la antes dispuesta, según se lee del documento del día 25 de octubre de 2022, de todo lo cual se desprende que el alumno y sus apoderados ejercieron debidamente y de manera oportuna los derechos consagrados en el propio Reglamento y en la Ley Aula Segura.

Duodécimo: Que, a la luz de lo expuesto en los considerandos que anteceden, las medidas adoptadas por el Colegio recurrido, que se fundan en los graves hechos denunciados, que provocaron daño a la integridad psíquica de otro alumno y que, en consecuencia, afectaron gravemente la convivencia escolar, (llevando incluso a que el menor FERNANDO abandonara el establecimiento educacional, lo que el propio actor reconoce), fueron adoptadas por los órganos competente y en los casos y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno, no advirtiendo vicios de legalidad o arbitrariedad en el obrar del colegio recurrido.

Decimotercero: Que, cabe además hacer especial mención a la gravedad y tenor de alto contenido sexual de los mensajes remitidos desde la cuenta de Instagram del alumno recurrente, al menor FERNANDO, del cual el padre del recurrente reconoce estaban todos en conocimiento en el colegio de su especial situación de vulnerabilidad y episodios previos de bullying, que se arrastraba desde hacía años, y la actuación correcta del establecimiento en ese sentido, resguardando el interés superior y los derechos consagrados en favor de FERNANDO en la Convención de los Derechos del Niño, y que deben ser ponderados por estos sentenciadores, a fin de resguardar, al menos en parte, los derechos que a éste le asisten en calidad de adolescente y alumno del colegio recurrido.

Decimocuarto: Que, reconociendo además la gravedad de la conducta y los hechos, que es admitida por el propio alumno al prestar declaración (aun cuando luego pretende justificar aquella), las medidas de expulsión inmediata, y su modificación luego a aquella de cancelación de matrícula adoptada por el establecimiento recurrido, aunque drástica, dista de ser ilegal o arbitraria, esto es, contraria a la ley o a la razón y aparecen como proporcionales a la gravedad de la conducta imputada y el reconocimiento de aquella, y sus efectos en el alumno FERNANDO.

En esas circunstancias, habiendo sido adoptada la decisión por los órganos competentes y en los casos y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno, y siendo proporcional a la falta cometida, la acción de protección no puede prosperar, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 Nº 2, y 20 de la Constitución Política del Estado, Convención Sobre Derechos del Niño y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a Folio 1 por el abogado PAOLO en representación de su hijo FERNANDO, en contra de la Sociedad Gestora Colegio nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial (S) Cristian Rojas Collao.

Rol N° 4899-2022.