nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, seis de enero de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio 1 comparece nombre reservado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado únicamente para estos efectos en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, venezolana, soltera, empleada, de nombre reservado, venezolana, empleada, y de doña nombre reservado, venezolana, empleada, todas domiciliadas en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado, cedula de identidad nacional N° RUT reservado, específicamente por la omisión arbitraria e ilegal con relación al injustificado retraso en la aprobación de la permanencia definitiva de las afectadas previamente señaladas, acto que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Carta Fundamental.

En cuanto a los hechos plantea que las personas afectadas son un grupo de ciudadanas venezolanas residentes en Chile, país al que arribaron hace 4 años aproximadamente con el fin de asentarse dentro del plazo señalado en el N° 3 del artículo 129 del Decreto Supremo N° 597 de 19842, estas postularon a la permanencia definitiva debido a que cumplían con todos los requisitos necesarios para dicho beneficio. Todas las solicitudes fueron correctamente acogidas a trámite y fueron realizadas en las siguientes fechas:

• nombre reservado: 27 de mayo de 2021;

• nombre reservado: 17 de junio de 2021; y, • nombre reservado; 27 de diciembre de 2021.

No obstante, habiendo transcurrido más de un año en el caso de doña nombre reservado y nombre reservado, y casi un año en el caso de doña nombre reservado, desde que se realizaron dichas solicitudes, la recurrida no se ha pronunciado sobre éstas, prolongando de manera ilegal y arbitraria el plazo establecido en la ley 19.880 para la resolución de los procesos administrativos.

Expresa que a raíz de la demora de la recurrida en pronunciarse sobre el beneficio en cuestión las actoras se encuentran impedidas de renovar su cedula de identidad nacional, las cuales vencieron hace más de un año en todos los casos, así como también, se encuentran imposibilitadas de postular a créditos o préstamos bancarios u obtener otros beneficios por parte de instituciones financieras, pues la gran mayoría de estos requieren que el solicitante posea permanencia definitiva. De la misma manera, en el caso de que éstas deseen cambiar de trabajo, la mayoría de los empleadores requieren que el postulante tenga su residencia definitiva otorgada.

Estima infringido el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Previas citas legales y jurisprudenciales pide que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida a resolver la solicitud de permanencia definitiva de las afectadas, ya previamente individualizadas, en un plazo no mayor de 5 días hábiles o el que prudencialmente se fije desde que se encuentre ejecutoriado el fallo de la presente acción, todo con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de cédulas de identidad de las personas afectadas y en cuyo favor se recurre; 2. Certificados de Permanencia Definitiva en las que consta las fechas en que éstas fueron realizadas por cada uno de las afectadas; y, 3. Certificado de Egreso del apoderado, doña nombre reservado, emitido por la Universidad de Chile en la que se acredita su capacidad para comparecer en juicio.

A folio 3, se tuvo por interpuesto el recurso A folio 5, evacua informe el Servicio recurrido señalando respecto de doña nombre reservado, que ingresó al país por primera vez el 20 de junio de 2019, por paso fronterizo Carretera Chacalluta. El 7 de enero de 2020, la recurrente solicita ante la Gobernación Provincial de Llanquihue, el beneficio de visa primera vez temporaria profesional/técnico. El 7 de enero de 2020, la Gobernación Provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que mantuvo vigencia hasta el 7 de mayo de 2020. El 11 de mayo de 2020, mediante Resolución exenta N° 2495, la Gobernación Provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de visa temporaria, por el periodo de 1 año, la que mantuvo vigencia hasta el 27 de mayo de 2021. El 27 de mayo de 2021, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 25004081. El 5 de diciembre de 2021, mediante Resolución Exenta N° 21276690, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva. El 28 de febrero de 2022, mediante Resolución Exenta N° 22108543, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Respecto de doña nombre reservado, señala que ingresó al país por primera vez el 20 de junio de 2019, por paso fronterizo Carretera Chacalluta. El 7 de enero de 2020, la recurrente solicita ante la Gobernación Provincial de Llanquihue, el beneficio de visa primera vez temporaria profesional/técnico. El 7 de enero de 2020, la Gobernación Provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que mantuvo vigencia hasta el 7 de mayo de 2020. El 14 de mayo de 2020, mediante Resolución Exenta N° 2536, la Gobernación Provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de visa temporaria, por el periodo de 1 año, la que mantuvo vigencia hasta el 26 de mayo de 2021. El 17 de junio de 2021, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 25992742. El 13 de diciembre de 2021, mediante Resolución Exenta N° 21488218, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva. El 11 de marzo de 2022, mediante Resolución Exenta N° 22140425, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Respecto de nombre reservado, señala que ingresó al país por primera vez el 25 de agosto de 2017, por paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado. El 23 de noviembre de 2017, la recurrente solicita ante la Gobernación Provincial de Llanquihue, el beneficio de visa primera vez temporaria motivos laborales. El 23 de noviembre de 2017, la Gobernación Provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que mantuvo vigencia hasta el 23 de marzo de 2018. El 8 de marzo de 2018, mediante Resolución Exenta N° 1379, la Gobernación Provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de visa temporaria, por el periodo de 1 año, la que mantuvo vigencia hasta el 27 de marzo de 2019. El 26 de marzo de 2019, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de correo 3072824419280. El 15 de junio de 2020, mediante Resolución exenta N° 115538, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, rechaza solicitud de permanencia definitiva y otorga visación de residente temporario a la recurrente, por el periodo de 1 año, la que mantuvo vigencia hasta el 27 de diciembre de 2021. El 27 de diciembre de 2021, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 36690542. El 25 de febrero de 2022, mediante Resolución Exenta N° 22087135, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Afirma que la solicitud de permanencia definitiva de las actoras se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl. En virtud de lo anterior, mantienen una situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Indica que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Por otra parte, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dictan un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo Finalmente, señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña junto al informe los siguientes documentos: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Resolución exenta N° 21276690, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 5 de diciembre de 2021. 3. Resolución exenta N° 22108543, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 28 de febrero de 2022. 4. Resolución exenta N° 21488218, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 13 de diciembre de 2021. 5. Resolución exenta N° 22140425, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 11 de marzo de 2022. 6. Resolución exenta N° 22087135, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 25 de febrero de 2022.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que, motiva el presente recurso la afectación que las recurrentes dicen sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de las solicitudes de visa de permanencia definitiva.

Tercero: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.

Cuarto: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que las recurrentes efectuaron en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, lo que hicieron a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, no señalando la recurrida si falta, en específico, algún documento para proceder con el trámite.

Quinto: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Sexto: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

Séptimo: Que, la dilación del Servicio recurrido en el pronunciamiento sobre las aludidas solicitudes, resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud de los recurrentes, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones II.- Que, en consecuencia, se ordena a la recurrida resolver la solicitud de permanencia definitiva de las recurrentes, en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados desde que la presente sentencia quede firme.

Redacción a cargo del ministro suplente Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 4846-2022.