INVERSIONES Y LOGISTICA AZI SPA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

Puerto Montt, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Que a folio N° 1 comparece MARCELO A. MALDONADO HERNÁNDEZ, abogado en representación de INVERSIONES Y LOGÍSTICA AZI SpA., rol único tributario 76.801.166- 4, del giro comercial de su denominación, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de EQUIFAX, empresa jurídica, del giro comercial servicios de información comercial o banco de datos, rol único tributario 85.896.100-9 representada legalmente por don nombre reservado, o por quién la represente, ambos domiciliados en domicilio reservadoº.

En cuanto a los hechos expone que consta en correo electrónico de fecha 26 de octubre del año en curso, documento que se acompaña a esta presentación, que se le informó que la negociación de la venta del bosques del sector de Carelmapu de la comuna de Maullín no se realizará porque su representada mantiene una factura publicada en la base de datos de la recurrida, según se detalla del informe comercial que se acompaña al presente recurso.- Que con el objeto de constatar lo expuesto, concurrió a la oficina de Equifax ubicada en la ciudad de Puerto Montt, donde obtuvo el certificado emitido por la recurrida, en el cual Equifax informa que su representada adeuda la factura n° 777 con fecha de vencimiento 01 de julio del año 2022, por $37.263.368 a Servicios Financieros Progreso.- Sostiene que su representada no ha celebrado contrato de ninguna naturaleza con Servicios Financieros Progreso, empresa que solicitó a Equifax publicará la factura que se detalla en el informe comercial de su representada, que se acompaña a esta presentación.- Explica que la recurrida al recepcionar y publicar la Factura ya singularizada, transgredió lo previsto en el art. 19 Nº 23, 19 Nº 24, 19 Nº 4 de la Carta Fundamental.

Así las cosas, la recurrida al hacer público una relación contractual inexistente de la cual eventualmente eliminaría la factura ya singularizada, actuó con arbitrariedad e ilegalidad, toda vez que, no le consta a la recurrida - la causa- que originó eventualmente la factura, o si ésta es lícita o ilícita, prejuzgando un hecho que debe ser necesariamente discutido en Tribunales.

Previas citas legales pide se acoja el recurso y en definitiva ordenar que la recurrida elimine de su base de datos la información comercial de la factura singularizada en esta presentación, con costas.- Acompaña junto al recurso:

1.- Correo electrónico mediante el cual se comunicó el rechazo a la venta del bosque de eucaliptus por estar informada la factura de mi mandante en Equifax.- 2.- Informe comercial donde consta la publicación de la factura que motiva el presente recurso.- 3.- Mandato Judicial donde consta su personería para actuar en esta gestión.- Que a folio N° 3, se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio N°9 se evacua informe por la recurrida quien sostiene al efecto que es necesario hacer presente a que dentro del giro de su representada, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”). Esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema.

Los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración.

Todo lo anterior, consta en un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la información, el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume cada una de las partes contratantes. De esta manera, el aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. A mayor abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas.

Aún más, el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

No obstante lo ya señalado y en conocimiento de estos hechos recién con la interposición de la presente acción constitucional, Equifax solicitó los respaldos correspondientes al aportante de la morosidad ingresada en el Boletín Electrónico Dicom, Servicios Financieros Progreso S.A., siendo estos enviados dentro de los plazos establecidos para tal efecto. Analizados los mismos, se determinó que son suficientes, al menos formalmente, para mantener la publicación vigente.

El aportante envió copia de factura electrónica N° 777 por $ 37.263.368.-, Registro de aceptación o reclamo de un DTE donde se acredita que factura no fue rechazada dentro de plazo legal, por lo que se encuentra irrevocablemente aceptada y apta para su cesión y Certificado de Anotación en el Registro donde consta que la cesión de crédito se realizó el día 28 de abril de 2022, ambos documentos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos. Aportante además envió copia de abono realizado por la recurrente, por un monto de $5.061.109.-, documentos que se adjuntan.

Por lo anterior, el aportante efectuó la rectificación de la publicación, quedando el monto insoluto total de $32.202.259.- Tal como se puede acreditar en Informe Empresarial adjunto.

Adicionalmente el Aportante, en su correo de respuesta, indica que la factura aún se encuentra pendiente de pago, motivo por el cual Equifax, a solicitud del aportante, mantiene la publicación vigente.

Por lo anterior, se desprende que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su representada, por cuanto Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, motivos por los cuales, el recurso de protección deberá ser rechazado, con costas.

Acompaña junto al informe los siguientes documentos:

- Copia de informe Equifax actualizado del recurrente.

- Copia de respaldos enviados por el Aportante Servicios Financieros Progreso S.A.

Que encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente los autos a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

TERCERO: Que, el caso de autos, el objetivo de la acción cautelar interpuesta dice relación con que la recurrida elimine de su base de datos la información comercial de la factura N° 777, de fecha de vencimiento 01 de julio del año 2022, por $37.263.368.- a Servicios Financieros Progreso S.A.

CUARTO: Que los recurridos señalan por su parte, que el ingreso de información para la publicación reclamada es de entera responsabilidad del aportante Servicios Financieros Progreso S.A., agregando además que la factura no fue rechazada dentro de plazo legal, por lo que se encontraba irrevocablemente aceptada y apta para su cesión, lo cual se verificó el día 28 de abril de 2022, todo ello acreditado por documentos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos. Incluso, señala que se envió copia de abono realizado por la recurrente, por un monto de $5.061.109.-, por lo cual el aportante efectuó la rectificación de la publicación, quedando el monto insoluto total de $32.202.259.- Finalmente indica la inaplicabilidad de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada a persona jurídica, por mandato expreso de la ley, como así también por lo señalado por la doctrina sobre la materia y la jurisprudencia al respecto.

QUINTO: Que de lo expuesto, tanto en el cuerpo del recurso interpuesto, como en el informe evacuado por el recurrido, es posible advertir que la discusión de fondo dice relación con haber aceptado la recurrida el publicar la factura antes referida a petición de la empresa Servicios Financieros Progreso S.A., sin que exista contrato de ninguna naturaleza con esta última, lo cual habría vulnerado las garantias de los numerales 23, 24 y N° 4 del artículo 19 de la Constitución Pólitica de la República.

SEXTO: Que la circunstancia anteriormente referida resulta relevante para la resolución de la presente acción, pues la recurrida tiene por giro comercial procesar información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”), no existiendo reproche que formular a este respecto, por cuanto la publicación de información de la recurrente no es de reponsabilidad de Equifax, sino que quien goza de la titularidad de la acrencia de que da cuenta un DTE, en el caso de autos la factura N° 777 de 01 de julio de 2022, más aun cuando la referida factura fue debidamente cedida de conformidad a la ley.

SÉPTIMO: Que de este modo, como lo ha sostenido de manera reiterada esta Corte, al no acreditarse por parte del recurrente la existencia de un derecho indiscutido y preexistente, de aquellos cuyo imperio esta ha de ser protegido por esta vía cautelar de urgencia, es fundamento suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada, en atención al hecho que no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, cuestión que como ya se ha referido no concurre en estos autos.

OCTAVO: Que por lo demás, respecto de la aplicación de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, esta misma Corte en Sentencia de 23 de abril de 2021, Rol N° 121-2021, resolvio que la referida ley “….. en el Título Preliminar, Disposiciones Generales, artículo 2 letra f) define para efectos de dicha ley, “datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, de manera que precisamente como deja de manifiesto esta ley, la regulación legal que establece la normativa acerca de la protección de datos de carácter personal, lo es en el marco de la garantía constitucional sobre protección a la vida privada, propia de las personas naturales, pues la legislación en análisis se refiere a un estatuto de protección a la vida privada. En igual sentido se ha resuelto por nuestra Excelentísima Corte Suprema en causal Rol N° 1209-2018 y Rol N° 33.292-2020”.

NOVENO: Que en conclusión, siendo el objeto de la acción de protección poner urgente remedio a la vulneración actual o potencial de un derecho fundamental, lo que la recurrente no ha acreditado, esta acción de cautela constitucional no puede prosperar, pues no aparece de los antecedentes, además, que la recurrida haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna respecto del actor, razones por las cuales el presente recurso sera desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don MARCELO A. MALDONADO HERNÁNDEZ, abogado, en representación de INVERSIONES Y LOGÍSTICA AZI SpA., en contra de Equifax.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Claudio Fernandez Melo.

Rol Corte N° 4690-2022.