nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós VISTOS Que a folio N° 1 comparece TOMÁS GUILLERMO MATHESON MUJICA, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, correo reservado, domiciliado en domicilio reservado, en nombre de don(ña) nombre reservado, trabajador, haitiano(a), pasaporte del mismo origen DL4284773, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interponer recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, RUT N°RUT reservado, servicio público, representado por su Director Nacional don Luis Thayer Correa, jefe de servicio del mismo servicio, se desconoce RUT, ambos domiciliados en domicilio reservado

En cuanto a los hechos sostiene que el actor ha tenido previamente visas que le permiten postular a la permanencia definitiva, hoy denominada residencia definitiva.

En razón de lo anterior y cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones, en ese entonces Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, la permanencia definitiva -actual residencia definitiva-. La solicitud lleva por número 15715092, según ampliación Folio 26276405 de 08 de julio de 2022, del referido Servicio.

El estado de beneficio migratorio lleva por fecha de envío 09 de diciembre de 2020 Indica que revisado en sistema el Estado de Solicitud de Beneficio Migratorio, le arroja un 51% de avance, encontrándose en estado de “Inicio-en trámite”, por lo que de continuar a esta velocidad y teniendo en consideración otras solicitudes, tendrá una respuesta recién en 2025 o 2026.

Que, la demora genera las preocupaciones propias de no tener un acto administrativo terminal que le permita tener la seguridad absoluta de su residencia, o le permita conocer el estado para postular nuevamente.

Estima infringidas las garantías del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República Previas citas legales y jurisprudenciales pide se acoja el recurso, ordenando dar curso progresivo a los autos administrativos tan rápido como sea posible, otorgando a la brevedad el acto administrativo terminal del proceso administrativo de residencia definitiva de don nombre reservado, ya individualizado, cesando las vulneraciones a sus garantías constitucionales.

Acompaña junto a su recurso los siguientes documentos: 1. Copia Pasaporte 2. Ampliación de Solicitud de Residencia Definitiva en Trámite 3. Solicitud de Beneficio Migratorio Que a folio Nº 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio Nº 8 se evacua informe por parte del recurrido quien señala al efecto que don nombre reservado, de nacionalidad Haitiana, ingresó por primera vez al país con fecha 2 de febrero de 2018, por paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado.

Con fecha 2 de mayo de 2018, el recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de regularización visa 2018.

Con fecha 29 de junio de 2018, el recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de visa primera vez sujeta a contrato.

Con fecha 29 de junio de 2018, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga al recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que mantuvo vigencia hasta el 29 de octubre de 2018.

Con fecha 7 de agosto de 2018, mediante Resolución exenta N° 1389, la Intendencia Regional de Los Lagos, informa al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la residencia irregular del recurrente y aplica sanción por haber infringido la normativa vigente, Ley N° 1094.

Con fecha 4 de octubre de 2018, mediante Resolución exenta N° 319404, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, regulariza permanencia en el país y otorga visación de residente temporario al recurrente, por el periodo de 1 año, la que mantuvo vigencia hasta el 10 de diciembre de 2019.

Con fecha 2 de diciembre de 2019, el recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de prórroga de visa temporaria.

Con fecha 9 de mayo de 2020, mediante Resolución exenta N° 2479, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga al recurrente la prórroga de visa temporaria en condición de Dependiente, por el periodo de 1 año, la que mantuvo vigencia hasta el 10 de diciembre de 2020.

Con fecha 6 de agosto de 2021, mediante Resolución exenta N° 575, la Delegación presidencial Regional de Los Lagos, ordena archivo de la solicitud de residencia N° 2251 del 29 de junio de 2018, debido a que el extranjero obtuvo visa del proceso de regularización extraordinaria del año 2018.

Con fecha 9 de diciembre de 2020, el recurrente solicita mediante IPS al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 15715092. Con fecha 6 de diciembre de 2021, mediante Resolución exenta N° 21296944, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente que aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Afirma que la solicitud de permanencia definitiva del actor se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl. En virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Por otra parte, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicta un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo Finalmente, señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña junto al informe los siguientes documentos: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Resolución exenta N° 21296944, del Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 6 de diciembre de 2021.

Que encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de solicitud de visa permanencia definitiva de los recurrentes.

TERCERO: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.

CUARTO: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que el recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, lo que hicieron a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, no señalando la recurrida si falta, en específico, algún documento para proceder con el trámite.

QUINTO: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

SÉPTIMO: Que, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre las mentadas solicitudes, resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud del recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y se ordena a la recurrida, que deberá dar celeridad al pronunciamiento definitivo de la solicitud de los recurrentes sobre visa de permanencia definitiva en el país, conforme al mérito de los antecedentes administrativos pertinentes, en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados desde la notificación de la presente sentencia.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Ministra (S), doña Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, quien estuvo por rechazar la presente acción toda vez que en el escenario descrito de manera precedente, la solicitud de permanencia definitiva del recurrente se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en la tramitación –la que lleva más de un año- ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento, no existiendo en la actualidad un acto u omisión que pueda tildarse de arbitrario o ilegal y que afecte el derecho de igualdad del actor por cuanto se trata de un procedimiento administrativo que se encuentra en tramitación.

A mayor abundamiento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 N°5 del Reglamento de Extranjería, el comprobante que se emite una vez que se hace la solicitud de permanencia definitiva acredita la residencia regular de la peticionaria en el territorio nacional. Con todo, nada impide que el recurrente pueda solicitar prórrogas de dicho documento, ingresando, tal como lo informa la recurrida con su clave única del Estado al portal destinado al efecto, por lo que la presente acción deberá ser desestimada.

No firma la Ministra (S) doña Isabel Zúñiga Alvayay, ello no obstante haber concurrido al acuerdo, en razón de haber cesado su designación.

Redacción del fallo y voto en contra de la Ministra (S) Isabel Zúñiga Alvayay.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 4612-2022