Protección contra Directora del Colegio nombre reservado

Puerto Montt, diecisiete de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A Folio 1, el día 09 de enero del año en curso, comparece don nombre reservado en representación de su hija nombre reservado, ambos domiciliados en esta comuna, quien recurre de protección en contra de la Directora del Colegio nombre reservado, doña nombre reservado, por la expulsión de su hija dispuesta por resolución de 22 de diciembre de 2025, que rechazó su petición de reconsideración de dicha medida.

Señala que su hija era alumna regular de octavo básico del colegio, alumna destacada con promedio de notas superior a 6,2 y deportista de alto compromiso, seleccionada de karate, sin ninguna sanción anterior, suspensiones ni condicionalidades, manteniendo una trayectoria escolar positiva y un grupo de pares estable.

Explica que los hechos que motivaron el procedimiento disciplinario se originaron por mensajes de ciberacoso hacia una compañera nombre reservado. Sin embargo, reclama que la resolución recurrida ignora que este acto ocurrió en un contexto de dos años de hostigamiento previo por parte de la afectada hacia su hija, incluyendo constantes amenazas de suicidio que generaron en nombre reservado una saturación emocional y estrés postraumático.

Refiere que el día 11 de diciembre se notificó la expulsión de nombre reservado, y solicitaron reconsideración basado en su irreprochable conducta anterior, su arrepentimiento genuino y el compromiso de tratamiento psicológico, pero se rechazó aquello y se aplicó la ley Aula Segura.

Alega que el acto impugnado es arbitrario, porque carece de una debida ponderación de los antecedentes, ya que se aplicó la expulsión ante el primer hecho de esta naturaleza en que participa la alumna, ignorando que el Reglamento Interno permite medidas formativas y proporcionales para estudiantes sin precedentes conductuales; y es ilegal, porque infringe los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir todo proceso disciplinario escolar, ignora el informe psicológico que recomienda su continuidad como alumna para su proceso reparatorio y de aprendizaje, y tampoco consideró que la afectada no tenía acceso directo a las redes sociales de nombre reservado al momento de los hechos, lo que reduciría la inmediatez del impacto de su conducta en la convivencia escolar diaria.

Estima vulnerado el derecho al debido proceso, porque la resolución confirmatoria no analizó las pruebas de descargo ni las circunstancias mitigantes (excelente rendimiento y conducta previa), limitándose a una aplicación automática de la Ley 21.128; el derecho a la educación, porque la priva de continuar su trayectoria académica y deportiva justo al inicio de su enseñanza media, sin considerar otras medidas menos gravosas para una menor de 14 años; y el derecho a la igualdad ante la ley, al establecer una diferencia arbitraria al aplicar la sanción máxima a una alumna con antecedentes impecables, en comparación a otros casos donde se han preferido medidas formativas o cambios de curso para situaciones de similar o mayor gravedad.

Por lo dicho, solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la expulsión de nombre reservado, ordenando su reincorporación inmediata o, en subsidio, la aplicación de una medida proporcional que garantice su derecho a la educación, con costas.

Acompaña: 1. Certificado psicológico de fecha 09.12.2025. 2. Resolución que aplica expulsión de fecha 11.12.2025. 3. Resolución que rechaza reconsideración de fecha 22.12.2025. 4. Reglamento del Colegio.

A Folio 4, se declara admisible el recurso, solicitando informe al recurrido.

A Folio 16, el día 07 de marzo en curso, informa el recurso el abogado Daniel Loncón Barría, por la Corporación Educacional nombre reservado, sostenedor del colegio recurrido.

Señala que el día 25 de noviembre de 2025 la apoderada de la estudiante nombre reservado, compañera de curso, informó a Convivencia Escolar que nombre reservado habría efectuado manifestaciones de odio en su contra, consistentes en las siguientes expresiones: “Igual, a nadie le importaría si se va”, “Ya mátate, nombre reservado klia”, “Si se mata, mejora el mundo”, “¿Por qué no se puede matar ya?”, “Le haría un favor al mundo si se matara, tbh”, “De igual forma ya lo intentó”, “Ya cállate, nombre reservado klia, a nadie le importa que estés con esa w… de Scar”

Detalla que al día siguiente se instruyó procedimiento disciplinario contra la alumna nombre reservado, consignando expresamente las normas transgredidas, constitutivas de las faltas descritas en el artículo 33 N°11 del estatuto de convivencia, que califica como conductas gravísimas: “i. Atentar gravemente contra la integridad psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa, mediante expresiones o actos manifiestamente crueles que vulneren la dignidad por motivos de sexo, color de piel, apariencia, ideología, religión, rendimiento, estado de salud, situación socioeconómica u otra condición personal o social; y ii.

Incurrir en conductas de ciberacoso o ciberbullying a través de plataformas digitales, afectando la integridad de cualquier integrante de la comunidad educativa.”, y se dispuso su suspensión por 10 días como medida cautelar, dándole plazo para realizar descargos. Agrega que la estudiante, por medio de sus apoderados realizó sus descargos, reconociendo la efectividad del hecho atribuido, agregando que la afectada en reiteradas ocasiones la habría llamado para despedirse y manifestarle que atentaría contra su vida, y por ello incluso habrían contactado en varias oportunidades a los padres de nombre reservado.

Explica que además se señaló en los descargos que esa reiteración de comportamientos habría generado en nombre reservado un daño pasivo, que habría culminado con ese episodio de colapso emocional en que habría proferido esas expresiones, que por esa razón estarían justificadas. Agrega que los padres pidieron reconsiderar una sanción severa, destacando su profundo arrepentimiento y disposición a reparar el daño, pidiendo que el colegio intermediara para que nombre reservado ofreciera una carta con disculpas formales.

Indica luego, que el 11 de diciembre de 2025 la rectora del establecimiento confirmó los cargos formulados contra la estudiante, dando a conocer el derecho y plazo para pedir reconsideración y haciendo hincapié que el ofrecimiento de disculpas sería valorado en su mérito, y sólo si era aceptado por la afectada porque no alteraba ni suprimía la ejecución de la conducta. Agrega que presentaron reconsideración, con patrocinio de abogado, por los fundamentos ya referidos en el recurso, y señalando que el apoderado de nombre reservado, les habría remitido carta amenazante e intimidatoria para conseguir la expulsión de nombre reservado por sus vínculos con autoridades educacionales.

Precisa que el 22 de diciembre se notificó la resolución que rechazó la reconsideración, que se fundó en que el establecimiento tuvo debidamente a la vista los mensajes cuyo contenido motivó la instrucción del presente procedimiento, así como los antecedentes médicos relativos a la afección psiquiátrica diagnosticada a la estudiante nombre reservado. Asimismo, se consideraron las declaraciones obtenidas mediante entrevista a la estudiante nombre reservado, que confirmó la efectividad de los hechos.

Sostiene que las expresiones objeto de reproche fueron proferidas de manera deliberada por la estudiante, sin que se advierta la concurrencia de una afectación psicológica o psiquiátrica que haya disminuido su discernimiento, capacidad de juicio o de autodeterminación, resultando por tanto no suficientemente acreditada en los antecedentes acompañados por los apoderados un desconocimiento por parte de la estudiante acerca de la inconveniencia de su conducta, la que además fue reconocida ante sus padres; y además se hizo presente que conforme la Ley Aula Segura bastaba un solo hecho grave, sin que sea exigible una reiteración de conductas para aplicar el procedimiento. Agrega que el apoderado de nombre reservado. manifestó no encontrarse disponible para recibir disculpas, señalando expresamente que el daño ya se encontraba consumado; y respecto de la supuesta carta no se acreditó y no influyó en lo resuelto.

En relación a los fundamentos del recurso, alega además que de las expresiones proferidas por la alumna nombre reservado, es posible colegir claramente que su acción induce potencialmente al suicidio; y si bien reconocen que la alumna no registraba antecedentes disciplinarios previos conexos en relación a nombre reservado., reiteran que basta un hecho único y grave para aplicar la ley Aula Segura, considerando que además la conducta se encuentra prohibida por la Ley 21.128, por el Código Penal a la luz de lo descrito en el artículo 393 bis.

Reiteró que la decisión adoptada se ajusta a criterios de racionalidad, pertinencia y proporcionalidad, orientándose al resguardo de bienes jurídicos superiores, tales como la vida y la integridad psíquica de un miembro de la comunidad educativa, y la convivencia escolar, y detalla la normativa que sustenta la decisión adoptada. Agrega que, por lo mismo, no se vulneró ningún derecho fundamental de la actora: tuvo conocimiento de los cargos, pudo ejercer derecho a defensa, se respetó el deber de confidencialidad; que el solo hecho de tener un desempeño académico destacable no constituye una circunstancia que la exima de responsabilidad frente a la comisión de una conducta gravísima como es la inducción al suicidio con publicidad, actuando en definitiva el establecimiento dentro de sus facultades.

En igual sentido, asevera que el legislador ha facultado a los establecimientos para iniciar procesos disciplinarios ante la comisión de faltas por algún miembro de la comunidad escolar, de modo que cabe descartar la existencia de una supuesta comisión especial. En relación a la vulneración al derecho a la educación, destaca que conforme a lo dispuesto en la Ley N°21.128, que modifica el artículo 6°, letra d), del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, concluido el procedimiento de aula segura con expulsión del estudiante, es deber del Ministerio de Educación su reubicación, instancia cumplida con la remisión del expediente ante la Superintendencia de Educación, sin perjuicio del derecho preferente de los padres a elegir otro establecimiento.

Finalmente, respecto a los certificados médicos acompañados, aduce que nada en ellos permite sostener que la conducta reprochada derive de una acción involuntaria o carente de control. Por el contrario, los hechos acreditados dan cuenta de un actuar consciente, intencional y deliberado, descartando la posibilidad de que se trate de una reacción impulsiva o automática propia de condiciones clínicas como el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o el Síndrome de Tourette, donde el control voluntario puede verse disminuido. Cita al efecto el fallo de esta misma Corte en Rol Protección 1488-2025, que sería una situación similar y fue rechazado.

Acompaña al informe: 1.- Entrevista con estudiante nombre reservado, de fecha 26 de noviembre de 2025. 2.- Resolución inicio de procedimiento Aula Segura de fecha 26 de noviembre de 2025. 3.- Carta descargos estudiante y apoderados de fecha 27 de noviembre de 2025. 4.- Resolución que resuelve los descargos de fecha 11 de diciembre de 2025. 5.- Escrito de reconsideración de fecha 18 de diciembre de 2025. 6.- Resolución que resuelve reconsideración de fecha 22 de diciembre de 2025. 7.- Informe psicológico de estudiante nombre reservado. de fecha 18 de octubre de 2025. 8.- Certificado de remisión expediente Aula Segura Superintendencia de Educación.

A Folio 22 el recurrido acompaña archivo PDF con publicaciones en redes sociales emitidas por la alumna recurrente, dirigido hacia nombre reservado.

Encontrándose la causa en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción cautelar, dirigida a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, lo que supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos antes indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Tercero: Que, la presente acción se dirige en contra de la Directora del Colegio nombre reservado, reprochando como arbitrario e ilegal la resolución de fecha 22 de diciembre de 2025, la cual rechaza la reconsideración y mantiene la medida disciplinaria de expulsión. Sostiene la recurrente que dicha sanción resulta desproporcionada, considerando que nombre reservado es una alumna destacada, con ausencia de sanciones previas, y que las acciones habrían ocurrido en un contexto de agotamiento emocional que se habría originado en un hostigamiento prolongado por más de dos años por parte de la estudiante afectada.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y no controvertidos por el actor, se desprende que el día 26 de noviembre de 2025 se informó a los apoderados de nombre reservado el inicio del procedimiento sancionatorio por Ley Aula Segura y la medida cautelar de suspensión por 10 días, por la falta cometida por la adolescente el día anterior, oportunidad en que realizó publicaciones en sus estados de WhatsApp, en los términos transcritos en lo expositivo del fallo.

Lo anterior es refrendado al evacuar informe por la recurrida, quien explica que se tomó dicha determinación a consecuencia de los hechos ocurridos, constituyendo los mismos una falta gravísima contemplada en el artículo 33 N°11 del Estatuto de Convivencia, y además un eventual ilícito penal de inducción al suicidio.

Quinto: Que, corresponde en consecuencia determinar a la luz de los antecedentes aportados por las partes, si las medidas adoptadas por la recurrida son arbitrarias o ilegales, o en su caso, se aplicaron dando cumplimiento tanto a lo establecido en la Ley Aula Segura como en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.

Sexto: Que, como primera cuestión, cabe descartar la ilegalidad en la aplicación de la sanción de cancelación de la matrícula impuesta a la alumna en favor de quien se recurre, pues aquella se contempla dentro de la autonomía que se reconoce a los colegios particulares, como es el caso del colegio nombre reservado, y en ejercicio de su libertad para llevar a cabo su proyecto educativo, el que toda la comunidad escolar reconoce y acepta al elegir el establecimiento en que educará a sus hijos.

Además, dicha sanción disciplinaria se encuentra establecida en el reglamento interno, y se respetó estrictamente el procedimiento establecido al momento de su aplicación: se oyeron descargos de la alumna involucrada, pudo ofrecer y rendir antecedentes, ejercer su derecho a defensa y presentar los recursos establecidos en la oportunidad respectiva.

Séptimo: Que, por otra parte, tampoco es posible tachar la sanción como arbitraria, pues la lectura de los fundamentos que la explican encuentra sustento en antecedentes objetivos, que aparecen expuestos y desarrollados, al punto de descartar una actuación por mera voluntad o sin justificación, considerando, además, que la cancelación de matrícula puede ser aplicada directamente por el Colegio, no obstante que el alumno no registre infracciones anteriores, cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad psicológica o física de algún miembro de la Comunidad Educativa, tal como ha ocurrido en el caso de autos.

Lo antes dicho resulta de especial relevancia, por cuanto la actora conocía de la afección psiquiátrica y/o psicológica que afectaba a la estudiante nombre reservado. que además era su compañera de curso, -e incluso de intentos de suicidio en que aquella habría incurrido-, pero aun así realizó las publicaciones denunciadas en sus redes sociales, de las que tomó conocimiento la alumna afectada, y le generaron una grave afectación emocional.

Octavo: Que, descartada la ilegalidad y arbitrariedad en el acto que dio origen a estos autos, el recurso será desestimado, como se dirá.

Por estos fundamentos y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en representación de su hija nombre reservado, en contra de la Directora del Colegio nombre reservado, doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Moisés Montiel Torres.

Rol N° 46-2026.-