nombre reservado con TESORERÍA GENERALDE LA REPÚBLICA(GD)

Puerto Montt, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1, con fecha 20 de octubre del presente año, comparece el abogado Daniel Espinoza Chávez, a favor de nombre reservado, abogado; nombre reservado, contador auditor; nombre reservado, Ingeniero Comercial; y nombre reservado, todos domiciliados en la comuna de Santiago, y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra del Director Regional Tesorero y Juez Sustanciador de la Tesorería Regional de Los Lagos, don nombre reservado, en base a los hechos que relata en su libelo.

Refiere que en los autos administrativos sobre cobro de obligaciones tributarias caratulados "Fisco de Chile con nombre reservado", Rol 516-2008, que se siguen ante el juez recurrido, se persigue el cobro ejecutivo por supuesta deuda morosa de impuesto territorial ante la Tesorería Regional de Los Lagos, respecto de la propiedad rol 1440-194 de Puerto Varas, correspondiente a la parcela 32-b de Puerto Rosales, Puerto Varas, inmueble del cual son dueños los recurrentes. Agrega que, consta de los mismos autos, que con fecha 10 de marzo de 2009 se realizó una notificación en el terreno eriazo, sin moradores, correspondiente a la parcela 32-b de Puerto Rosales, en Puerto Varas, mediante la cual se dio inicio al procedimiento de cobro administrativo -por el Fisco de Chile- del Impuesto Territorial respecto de dicho inmueble, de 6 cuotas, todas con vencimiento en el mes de junio de 2007, por las siguientes sumas nominales: $72.027; $72.027; $83.632; $72.027; $72.027; y, $83.632.

Explica que, dado que las personas por quienes interpone este recurso de protección no habitan en el inmueble de parcela 32-b de Puerto Rosales, en Puerto Varas, pues se trata de un sitio eriazo, éstos no tomaron conocimiento en su oportunidad de la notificación practicada en dicho inmueble, por lo cual no opusieron excepciones en dicho procedimiento. Luego de la notificación de 10 de marzo de 2009 no existe en el proceso en que incide este recurso de protección, ninguna otra gestión tendiente a obtener el pago de las obligaciones que en él se cobran.

Detalla que mediante solicitud ante el Sr. Director Regional Tesorero y Juez Sustanciador de la Tesorería Regional de Los Lagos, contenida en el primer otrosí de la presentación efectuada ante dicha autoridad el día 16 de agosto de 2022, subsidiariamente a la solicitud de declarar abandonado dicho procedimiento, los recurrentes pidieron se declare la Prescripción Extintiva de las obligaciones tributarias que se cobran en dicho proceso administrativo, a virtud de lo dispuesto en el artículo 201 del Código Tributario, peticiones ambas, que fueron rechazadas por la autoridad recurrida, mediante resolución de fecha 12 de septiembre de 2022, notificada a los recurrentes mediante correo electrónico de fecha 20 de septiembre, actuaciones todas que constan del expediente administrativo que por el primer otrosí de este recurso de protección acompaña.

Precisa que la resolución del Tesorero recurrido, junto con rechazar la solicitud de declarar abandonado el procedimiento, rechaza también la petición de declarar la prescripción de la obligación tributaria que en el mencionado proceso administrativo se persigue. Agrega que, habiendo transcurrido más de 13 años desde la notificación y requerimiento de pago, cual fue la última gestión del Juez Sustanciador tendiente al cobro ejecutivo de las obligaciones, y existiendo bienes embargados por el solo ministerio de la ley, la Tesorería no cumplió lo ordenado en el inciso 4° del Artículo 179 del Código Tributario, esto es, no se produjo el requerimiento judicial ante la justicia ordinaria, cumpliéndose entonces el plazo de prescripción del artículo 201 del citado Código, en la hipótesis del numeral 2, por lo que entiende correspondía al no haber dado lugar al abandono, al menos declarar la prescripción solicitada en forma subsidiaria, lo que a su juicio hace carecer de eficacia el procedimiento de cobro de impuestos y afectando así las garantías constitucionales de los recurrentes.

Cita los artículos 2492, 2493, 2521 del Código Civil y artículos 200 y 201 del Código Tributario, y argumenta que después de más de 3 años sin actuación administrativa alguna, más de 13 años concretamente en la especie, carece de eficacia el procedimiento de cobro de impuestos iniciado en contra de los recurrentes, siendo estéril para el fin señalado, quedando vacío de contenido y sin fundamento jurídico que lo legitime, pues son manifiestas las vulneraciones a los principios de derecho administrativo que se producen con la dilación indebida e injustificada, y cita jurisprudencia atingente.

Argumenta que la actuación del Tesorero Regional vulnera las garantías constitucionales indicadas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su N° 3 incisos 4° y 5°, pues al perder su competencia al haber operado el decaimiento del acto administrativo erigiéndose en una comisión especial, y N° 24, este último sobre su derecho a un debido proceso y derecho de propiedad sobre sus bienes corporales y recursos económicos.

Alega en torno al plazo de presentación del recurso, que la resolución recurrida que deniega la prescripción y poner término al procedimiento fue dictada el día 12 de septiembre, y notificada a los recurrentes el día 20 por correo electrónico.

Solicita acoger el recurso, ordenando al recurrido dictar conforme al artículo 14 inciso final de la ley 19.880 en el expediente administrativo "Fisco de Chile con Deudores Morosos", Rol 516-2008, la resolución que lo declara terminado por desaparición de su objeto, en aplicación de la prescripción establecida en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, dejando a consecuencia de lo mismo sin efecto lo en ellos obrado, con expresa condena en costas.

Acompaña al recurso copia de la resolución recurrida y su notificación, y copia del expediente en que incide el recurso.

Solicitada orden de no innovar, fue ésta denegada.

Evacuando informe el recurrido, Juez Sustanciador Subrogante, pide el rechazo del recurso.

Reconoce que efectivamente los recurrentes mantienen una deuda con el fisco derivada de formularios 30, es decir, por impuestos territoriales emitidos por el Servicio de Impuestos Internos respecto de la propiedad rol 1440-194 de Puerto Varas en la que son titulares. A la fecha, la deuda con reajuste e intereses alcanza la cantidad de $ 3.224.900, actualmente se encuentra en proceso de cobro en el Expediente Administrativo Rol N° 516-2008 de la comuna de Puerto Varas. El 01 de agosto de 2008 se inició la ejecución en el expediente Rol 516-2008 despachándose mandamiento de ejecución y embargo en contra de la propiedad individualizada por deudas de formularios 30, notificándose y requiriéndose de pago el 20 de marzo de 2009, embargándose de pleno derecho el inmueble conforme el artículo 173 Código Tributario.

Aduce que el 7 de enero de 2020 el demandado solicitó copia del expediente de cobro, y se accedió a ello despachando carta certificada el 15 de enero del mismo año, solicitud que reiteró por sistema de la Tesorería y se envió respuesta el 11 de agosto del año en curso. El 16 de agosto el ejecutado deduce incidente de abandono y en un otrosí, en subsidio, opone excepción de prescripción, las que fueron rechazadas el día 12 de septiembre, declarando improcedente el abandono y por extemporáneo la excepción de prescripción, siendo notificada mediante correo electrónico con fecha 20 de septiembre del año en curso la resolución descrita.

Explica que el día 23 de septiembre del 2022 don nombre reservado, en su calidad de abogado por sí y en representación de los otros titulares de la propiedad ya referida, interpone recurso reposición y apelación en subsidio y en un otrosí, apelación directa respecto de la resolución descrita, la cual fue rechazada por el Juez Sustanciador y Director Regional Tesorero de Puerto Montt con fecha 29 de septiembre del 2022 siendo notificada por correo electrónico al demandado con fecha 30 de septiembre del año en curso. Que de lo anterior la ejecutada interpuso recurso de hecho con fecha 05 de octubre del 2022, ante esta Iltma. Corte de Apelaciones, la cual dio origen a la causa Civil rol 1081-2022, la que actualmente se encuentra en tramitación.

Estima que el recurso de protección es inadmisible, pues actualmente en el proceso de cobro existe un recurso de hecho pendiente de resolver, y además es improcedente porque el legislador estableció un procedimiento ejecutivo regulado en el Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia, artículos 168 y siguientes de dicho cuerpo normativo, con competencia al Tesorero que actúa como Juez Sustanciador, resultando que el expediente administrativo Rol N°516-2008 se encuentra sometido al procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero contemplado en el Título V, Libro III del Código Tributario, procedimiento que establece las acciones, excepciones, alegaciones y defensas que pueden oponer los deudores demandados y serán, en último término, los Tribunales Ordinarios de Justicia quienes se pronunciarán sobre las excepciones deducidas y ordenarán seguir adelante o no con la ejecución.

Asimismo, aduce que existen recursos e instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar el conflicto, previstas en varias disposiciones del procedimiento de cobro, entre ellas, se pueden mencionar: a) El artículo 177 inciso 3° del Código Tributario señala expresamente que el Tesorero Provincial en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, dictará las resoluciones que procedan para corregir los errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro; b) El artículo 190 del Código Tributario señala que las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Provincial con informe del Abogado Provincial el que será obligatorio para aquel; c) El inciso 2° del referido artículo 190 y el artículo 2° del Código Tributario hacen aplicable a este procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero, las normas contenidas en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, en lo no previsto por este Código y en lo que fuere compatible con el carácter administrativo de este procedimiento; d) La oposición a la ejecución del artículo 176 del Código Tributario; e) No obstante ser restringido el número de excepciones en los juicios ejecutivos tributarios, conforme lo establece el artículo 177 del mismo cuerpo legal, las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil quedan siempre reservadas al ejecutado para el juicio ordinario correspondiente; y por último el artículo 193, de acuerdo con el cual los contribuyentes podrán reclamar ante el Abogado Provincial de las faltas o abusos cometidas en la tramitación del procedimiento.

En consecuencia, reclama, resulta improcedente atacar por la vía de esta acción constitucional incidencias que pudiesen ocurrir en el cobro ejecutivo por formularios girados y vigentes del Servicio de Impuestos Internos, y cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

Por otra parte, y en cuanto al fondo del recurso de igual forma estima que debe ser desestimado, porque el Juicio Ejecutivo de Obligaciones Tributarias, es de orden jurisdiccional por lo que esta no constituye la vía idónea para impugnarlo, no es solo un procedimiento administrativo, en el cual aún existen pendiente de ejercer otras vías jurisdiccionales para defender los derechos que la propia ley le concede, y además indica que el petitorio del recurso no se condice con lo expuesto en el cuerpo de su recurso.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente en tabla.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho que el recurrido, durante la tramitación administrativa de cobro de impuestos, junto con rechazar la solicitud de declarar abandonado el procedimiento, rechaza también la petición de declarar la prescripción de la obligación tributaria que en el mencionado proceso administrativo se persigue, en perjuicio de los recurrentes.

La parte recurrente estima que aquello vulnera el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su N° 3 incisos 4° y 5°, pues al perder su competencia al haber operado el decaimiento del acto administrativo el recurrido se ha erigido en una comisión especial, y N° 24, sobre su derecho a un debido proceso y derecho de propiedad sobre sus bienes corporales y recursos económicos.

Pide, ordenar al recurrido dictar conforme al artículo 14 inciso final de la ley 19.880 en el expediente administrativo "Fisco de Chile con Deudores Morosos", Rol 516-2008, la resolución que lo declara terminado por desaparición de su objeto, en aplicación de la prescripción establecida en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, dejando a consecuencia de lo mismo sin efecto lo en ellos obrado, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que por su parte, evacuando el informe solicitado, el recurrido señala en lo pertinente, que en el expediente administrativo "Fisco de Chile con Deudores Morosos", Rol 516-2008, el día 12 de septiembre del año en curso, se dictó resolución que rechazó el abandono incoado, y la solicitud de prescripción extintiva de los recurrentes.

Que el día 23 de septiembre del 2022 don nombre reservado, en su calidad de abogado por sí y en representación de los otros titulares de la propiedad, interpone recurso de reposición y apelación en subsidio y en un otrosí, apelación directa respecto de la resolución descrita, la cual fue rechazada por el Juez Sustanciador y Director Regional Tesorero de Puerto Montt con fecha 29 de septiembre del 2022.

Que de lo anterior la ejecutada y recurrente interpuso recurso de hecho con fecha 05 de octubre del 2022, ante esta Iltma. Corte de Apelaciones, la cual dio origen a la causa Civil Rol 1081-2022, la que actualmente se encuentra en tramitación.

Estima que no ha incurrido en ninguna vulneración de derechos respecto de la recurrente, siendo del todo improcedente la acción de protección, pues el legislador estableció un procedimiento ejecutivo regulado en el Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia, artículos 168 y siguientes de dicho cuerpo normativo, y además aduce que existen recursos e instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar el conflicto, previstas en varias disposiciones del procedimiento de cobro, las cuales detalla.

CUARTO: Que de lo expuesto, y conforme ha resuelto la Excma. Corte Suprema, a modo ejemplar en autos Rol 7.980-2018, aparece que el conocimiento del asunto sustantivo que sirve de fundamento a la acción constitucional se encuentra radicado en esta Iltma. Corte de Apelaciones, en el marco de la causa Civil Rol 1081-2022, sobre recurso de hecho, por lo que la materia en examen está sometida al procedimiento judicial correspondiente, que otorga a las partes las máximas garantías y mecanismos de impugnación para que puedan hacer valer sus pretensiones y derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso.

QUINTO: Que, en este sentido, conforme se puede apreciar de la revisión de la causa Rol 1081-2022, el día 5 de octubre del año en curso ingresó recurso de hecho por la parte recurrente de estos autos, contra la resolución dictada por el Sr. Director Regional Tesorero y Juez Sustanciador de la Tesorería Regional de Los Lagos en autos Rol 516-2008, con fecha 29 de septiembre de 2022, que denegó los recursos de apelación deducidos por su parte en contra de la resolución de fecha 12 de septiembre de 2022, que proveyendo el incidente sobre abandono del procedimiento promovido por este contribuyente en dichos autos, lo rechazó de plano.

Luego, se declaró admisible, se solicitó informe al Juez Sustanciados recurrido, y el día 23 de noviembre del año en curso se dictó el decreto autos en relación.

SEXTO: Que, de lo expuesto precedentemente, y del libelo de la actora, debe tenerse en consideración que lo atacado por esta vía son resoluciones del Juez Sustanciador dictadas en la fase administrativa del procedimiento de cobro, efectuadas en un proceso legalmente tramitado, lo cual supone que las mismas están sometidas a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectados por ellas, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación, como hizo la actora precisamente al interponer el recurso de hecho referido precedentemente.

SÉPTIMO: Que, desde este punto de vista, no aparece lógico ni acertado que por esta vía constitucional de protección se adopten decisiones de índole jurisdiccional, que supongan la modificación de aquellas que han tomado los tribunales a quienes se les ha requerido su intervención, en procesos legalmente tramitados, siéndola vía proteccional una de emergencia.

OCTAVO: Que, de esta forma, tratándose de actuaciones y resoluciones dictadas por el Juez Sustanciador, y encontrándose la situación controvertida actualmente bajo el imperio del derecho, sumado a la circunstancia que la recurrente ha deducido recurso de hecho, cuestión que en definitiva permitió que pasara a la fase judicial del cobro, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza, razón por la que no puede prosperar.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Daniel Espinoza Chávez, a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra del Director Regional Tesorero y Juez Sustanciador de la Tesorería Regional de Los Lagos, don nombre reservado.

II.- Que, no se condenará en costas a la recurrente, atendida la naturaleza jurídica de la acción deducida.

Redacción del Fiscal Judicial (S) Sr. nombre reservado.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 4534-2022.