Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt

Puerto Montt,dieciséis de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 18 de marzo del presente año, comparece don nombre reservado, en representación de Caleta Bay Agua Dulce SpA, sociedad del giro acuícola, ambos domiciliados en esta comuna, y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, representada legalmente por el Jefe de Inspección Provincial, don nombre reservado, todos domiciliados en esta ciudad, en virtud de los antecedentes que expone.

Señala que es una sociedad cuyo principal objeto es la producción de salmónidos en agua dulce, para luego ser vendidos a empresas relacionadas o terceros para su engorda en el mar, operando en la actualidad 5 pisciculturas y centros de agua dulce.

Expone que el día 15 de julio de 2019, fue notificada mediante carta emitida por el Sindicato Trabajadores Caleta Bay Agua Dulce, que se había conformado el primer sindicato en la empresa.

Detalla que hasta el día 11 de marzo del año en curso, no se había iniciado ningún proceso de negociación entre las partes, y el sindicato no había dado noticia de que pretendía negociar colectivamente, de modo formal o informal. Ello dice, pese a haber mantenido reuniones periódicas y permanentes en los últimos 8 meses.

Relata que el día 11 de marzo del presente, la empresa, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 332 del Código del Trabajo, decidió establecer un periodo de 60 días en que no se puede iniciar negociación colectiva en la empresa, habiendo informado a los trabajadores mediante la publicación de avisos en diarios murales de las distintas pisciculturas como en la oficina central, y con la misma fecha, se informó a la Inspección del Trabajo de Puerto Montt de la declaración formulada por la empresa, acompañando copias de las publicaciones efectuadas a los trabajadores, antes de las 14:00 horas. Agrega que la información entregada por la empresa a los trabajadores y a la Inspección, establecía un periodo de 60 días continuos, desde el mismo día 11 de marzo hasta el 10 de mayo del presente año, circunstancia que se notificó también el mismo día 11 de marzo al sindicato de la empresa.

Relata que el día 12 de marzo, esto es, el día siguiente, la Inspección del Trabajo de Puerto Montt, en un acto arbitrario e ilegal, la notificó de un proyecto de contrato colectivo y la obligó a recibirlo.

Argumenta que dicha actuación de la Inspección del Trabajo es ilegal, pues se contrapone con el artículo 332 del código laboral, pues habiéndole informado el ejercicio de dicho derecho, hizo caso omiso del mismo, y le notificó de un proyecto de contrato colectivo, omitiendo de igual forma los requisitos establecidos por la Dirección del Trabajo en su página web, en particular, la circunstancia que la declaración de la empresa fue realizada con anterioridad a la presentación del proyecto de contrato colectivo, pues este último fue presentado por el sindicato a la Inspección del Trabajo el mismo día 11 de marzo a las 17:00 horas, según da cuenta el timbre de dicha autoridad en la carta conductora mediante la cual el sindicato acompañó su proyecto. A mayor abundamiento, dice que el actuar de la recurrida, contradice numerosa jurisprudencia administrativa en este sentido, y cita dictámenes al respecto.

Alega que la recurrida ha incurrido en varios actos ilegales y arbitrarios, al haber notificado un proyecto de contrato colectivo, y por tanto, dio inicio a un proceso de negociación colectiva actuando en contravención a dictámenes de la Dirección del Trabajo, pues lo hizo posterior a la declaración efectuada por el empleador y en pleno conocimiento de la misma; y contravino asimismo el artículo 332 del Código del Trabajo. En cuanto a la arbitrariedad, dice que no existe sustento racional que justifique iniciar un proceso de negociación colectiva en un periodo que no es apto para aquello.

Estima vulnerada la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, pues se le exige negociar colectivamente en un periodo en que no se puede dar inicio a dicho proceso, sin justificación racional ni sustento normativo; e igualmente estima infringido el derecho de propiedad, sobre una cosa incorporal, que sería el derecho a contar con un periodo de tiempo que no esté obligada a iniciar un proceso de negociación colectiva. Finalmente, alega vulneración al artículo 19 N°3 inciso cuarto, sin precisar en qué consistiría tal vulneración.

Pide, sea acogido en todas sus partes, declarando que se deja sin efecto la notificación del proyecto de contrato colectivo efectuado por dicho organismo público con fecha 12 de marzo de 2020, sin perjuicio de que se adopten las demás medidas que se estimen procedentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas a la contraria.

Acompaña a su recurso, copia de la comunicación efectuada a la recurrida el día 11 de marzo de 2020, con publicaciones efectuadas a los trabajadores, y copia de la notificación efectuada por la Inspección a su respecto el día 12 de marzo de 2020.

Con fecha 27 de marzo, se concede orden de no innovar, y se suspenden los efectos de la presentación del proyecto de instrumento colectivo en el marco del proceso de negociación colectiva iniciado por el sindicato de la actora.

Evacuando informe la recurrida el día 2 de abril, solicita desde ya el rechazo del recurso.

Alega en primer lugar, que el recurso es improcedente y ha sido utilizado como un sustituto procesal por la recurrente, por cuanto el ordenamiento jurídico contempla expresamente una vía para reclamar de la notificación del proyecto de contrato colectivo realizado por un funcionario de la Inspección del Trabajo realizada en el marco de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 329 del código laboral, esto es, la reclamación ante el Juzgado de Letras del Trabajo, según disponen los artículo 391 y 420 letra a) del citado cuerpo legal, siendo aquella la vía idónea para promover la contienda de autos.

Precisa que el citado código contempla además una reclamación administrativa en los artículos 399 y 340, que permiten al empleador efectuar reclamaciones de legalidad respecto del proyecto si éste no se ajusta a las disposiciones del Código del Trabajo, las que puede ejercer al momento de formular su respuesta, y dentro de las cuales se contempla la alegación de haberse presentado el proyecto en periodo no apto para iniciar negociaciones, reclamación que dará lugar al procedimiento administrativo que describe el artículo 340, que igualmente contempla reclamo judicial a través del procedimiento establecido en el artículo 504 del Código del ramo.

Cita al efecto pronunciamientos que en ese sentido ha hecho esta Corte de Apelaciones en causas Rol 1947-2018 y Rol 517-2018, y pronunciamiento de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que en lo pertinente transcribe.

Finalmente, alega la improcedencia del recurso por cuanto no ha existido acto ilegal y arbitrario, que afecte las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, pues las actuaciones denunciadas se han efectuado en el marco de sus facultades. En este sentido, detalla que el día 11 de marzo de 2020 la Comisión Negociadora del Sindicato de Trabajadores de la empresa recurrente, comunicó a la Inspección del Trabajo de Puerto Varas, que su empleador se negó a recibir el proyecto de contrato colectivo, y solicitaron a dicha Inspección que lo notificara conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo. La presentación se recepcionó a las 16:30 horas en la oficina de gestión documental.

Relata que al día siguiente, el 12 de marzo, a las 09:45 un funcionario de dicha Inspección Comunal, solicita mediante correo electrónico dirigido al Inspector Provincial y recurrido, que se practique la notificación al empleador, porque su domicilio correspondía a su jurisdicción, y el mismo día responde el recurrido e instruye a un funcionario que realice la actuación requerida, lo que se cumple a las 11:00 del mismo día. Agrega que dicha actuación se enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 329 del Código del Trabajo.

Conforme a los hechos descritos, dice que la Inspección del Trabajo de Puerto Varas, que es la oficina en la que corresponde se radique la negociación colectiva entre las partes, recepcionó el día 11 de marzo la solicitud del Sindicato de notificar al empleador, desconociendo el ingreso de la presentación por parte de la empresa, pues la misma fue presentada en la oficina de Puerto Montt en la misma fecha. A su vez, el jefe de oficina de la Inspección Provincial, atendió el requerimiento de Puerto Varas con urgencia, conforme las instrucciones vigentes del servicio, sin advertir que en dependencias de la unidad de gestión documental constaba el ingreso de la empresa declarando periodo no apto para negociar, de modo que la notificación practicada supone una actuación que no ha sido caprichosa, y se entiende en el contexto que se describe, ante la simultaneidad de las presentaciones efectuadas por las partes.

Argumenta que cobra relevancia aquí, lo expuesto en el Dictamen N°5781/003, de 2016, que sobre la facultad consagrada en el artículo 332 inciso segundo, establece que si bien el legislador no ha fijado una oportunidad para realizar la declaración, se estima conveniente que en conformidad al principio de buena fe, ella sea efectuada con una anticipación razonable al período fijado, permitiendo así que los trabajadores conozcan con suficiente antelación el lapso durante el cual no podrán iniciar negociaciones colectivas. Lo que en el caso de marras no ocurrió, incidiendo en que el Sindicato y la Inspección del Trabajo ignoraran al momento del requerimiento y de la notificación que existía declaración de periodo no apto para negociar. Por otra parte, su actuación se ajusta a las instrucciones del Servicio sobre la materia contenidas en el Manual de Negociación Colectiva del Departamento de Relaciones Laborales (2017), que da carácter preferencial al trámite de notificación al empleador del proyecto, y ordena al funcionario asignado concurrir de manera inmediata a notificar al empleador.

Finalmente, hace presente que el día 12 de marzo la Inspección Comunal de Puerto Varas, recepcionó una denuncia por parte del Sindicato de Trabajadores de la recurrente en contra del empleador, por conductas que a su juicio constituirían prácticas antisindicales y desleales en la negociación colectiva, describiendo entre ellos que el día 11 de marzo, cuando se disponían a notificar el proyecto de contrato colectivo a su empleador, representado por nombre reservado y nombre reservado, éstos se negaron a ello, y en ese momento les informan que la empresa había declarado periodo no apto para negociar, circunstancias que ellos ignoraban porque no existía publicación alguna en los centros de trabajo, y que consultada telefónicamente la Inspección de Puerto Varas se confirma que no existía a esa fecha comunicación en tal sentido ingresada en dicha dependencia, proceso en actual tramitación en la Inspección Comunal, la cual decidió abstenerse de emitir pronunciamiento respecto a ese punto en la investigación administrativa, por encontrarse judicializada ya la situación descrita.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla de esta Primera Sala.

Y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que en la especie, el presente recurso de protección dice relación con el hecho de haberse notificado a la recurrente por la Inspección del Trabajo de Puerto Montt, el día 12 de marzo del año en curso, de un proyecto de contrato colectivo presentado por el sindicato de la empresa, y haberla obligado a recibirlo.

Arguye el actor que dicha actuación, por la que se le notificó el proyecto de contrato colectivo, adolece de ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto el día anterior, esto es el 11 de marzo, la empresa, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 332 del Código del Trabajo, decidió establecer un periodo de 60 días en que no se puede iniciar negociación colectiva en la empresa, habiendo informado a los trabajadores mediante la publicación de avisos en diarios murales de las distintas pisciculturas como en la oficina central, y con la misma fecha, se informó a la Inspección del Trabajo de Puerto Montt de la declaración formulada por la empresa, acompañando copias de las publicaciones efectuadas a los trabajadores, antes de las 14:00 horas.

TERCERO: Que la recurrida alega en lo pertinente, que el recurso es improcedente toda vez que el ordenamiento jurídico contempla expresamente una vía para reclamar de la notificación del proyecto de contrato colectivo realizado por un funcionario de la Inspección del Trabajo en el marco de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 329 del código laboral, esto es, la reclamación ante el Juzgado de Letras del Trabajo, según disponen los artículo 391 y 420 letra a) del citado cuerpo legal, siendo aquella la vía idónea para promover la contienda de autos.

Agrega que el citado código contempla además una reclamación administrativa en los artículos 399 y 340, que permiten al empleador efectuar reclamaciones de legalidad respecto del proyecto si éste no se ajusta a las disposiciones del Código del Trabajo, las que puede ejercer al momento de formular su respuesta, y dentro de las cuales se contempla la alegación de haberse presentado el proyecto en periodo no apto para iniciar negociaciones, reclamación que dará lugar al procedimiento administrativo que describe el artículo 340, que igualmente contempla reclamo judicial a través del procedimiento establecido en el artículo 504 del Código del ramo.

En segundo término, refiere que hubo simultaneidad en las presentaciones del sindicato y de la recurrente, ambos ingresaron sus peticiones el día 11 de marzo: el Sindicato en la Inspección Comunal de Puerto Varas, y la recurrente en la Inspección Provincial, y en esta última se ordenó a primera hora del día 12 de marzo notificar al empleador del proyecto presentado por el Sindicato en Puerto Varas, desconociendo que en la misma oficina había ingresado la petición del empleador el día anterior.

Finalmente, insta por el rechazo por cuanto no ha existido actuación ilegal y arbitraria de su parte, ya que las actuaciones desplegadas han sido efectuadas en el marco de sus atribuciones, y con la celeridad que le ordenan las directrices del propio Servicio.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción, referida a que ésta no es la vía idónea, cabe señalar que no es un hecho discutido que el día 11 de marzo del año en curso, el Sindicato de la empresa recurrente presentó una solicitud ante la Inspección Comunal de Puerto Varas, pidiendo se notificara al empleador y recurrente, del proyecto de contrato colectivo, fundado en que éste se habría negado a recibirlo el mismo día.

Tampoco resulta discutido que el mismo día 11 de marzo, pero en la oficina de la Inspección Provincial de Puerto Montt, el recurrente comunica el ejercicio del derecho establecido en el inciso 2º del artículo 332 del Código del Trabajo, estableciendo un periodo no apto para iniciar negociación colectiva de 60 días corridos, desde el 11 de marzo de 2020 al 10 de mayo de 2020, adjuntando a su presentación fotografías de las publicaciones en los diarios murales de las faenas donde se desempeñan sus trabajadores.

Luego, el día 12 de marzo de 2020 siendo las 11:00 horas, un funcionario de la Inspección Provincial notifica al empleador y recurrente del proyecto de contrato colectivo depositado por el Sindicato de Trabajadores de la empresa.

QUINTO: Que, respecto de la última actuación, la recurrente alega que la recurrida ha obrado de manera ilegal y arbitraria, al haber notificado un proyecto de contrato colectivo y, por tanto, dar inicio a un proceso de negociación colectiva, en contravención a los dictámenes de la Dirección del Trabajo, al realizarlo de manera posterior a la declaración efectuada por el empleador y estando en pleno conocimiento de la misma; contraviniendo asimismo el artículo 332 del Código del Trabajo, al permitir el inicio de un proceso de negociación colectiva no obstante estar en conocimiento, al momento de notificar el proyecto y al momento de recibir el mismo por parte del Sindicato, que ese día se encontraba dentro de un periodo declarado como no apto para iniciar dicho proceso.

SÉXTO: Que, en este sentido, no resulta procedente que en esta sede la Corte dilucide la oportunidad, y la legalidad o no de la notificación que se objeta por la recurrente, desde que la acción intentada es una cautelar destinada, únicamente, a tomar las providencias inmediatas necesarias frente a un acto que vulnera o amenaza derechos fundamentales y no a hacer declaración de derechos.

Que, para ello existen las vías ordinarias, en las que las partes pueden discutir el asunto y aportar las pruebas que estimen pertinentes; en la especie, el artículo 399 del Código del Trabajo prevé un procedimiento judicial para conocer de las cuestiones que se susciten durante la negociación colectiva, y a su vez, el artículo 339 permite al empleador formular reclamaciones respecto al proyecto de contrato colectivo, en este caso en cuanto a la oportunidad o legalidad de notificación del mismo, en su correspondiente respuesta, sujetándose a su vez al procedimiento contemplado en el artículo 340 del Código del Ramo.

SEPTIMO: Que, lo antes dicho, sitúa al recurrente frente a la procedencia como vía idónea de reclamo, a los procedimientos antes referidos, ya que al acudir a una vía cautelar extraordinaria como ésta, requiere de la existencia de un derecho indubitado que se vea fehacientemente conculcado por el actuar denunciado, cuestión que no se vislumbra desde que el natural y propio ejercicio de las funciones de la recurrida la obliga a actuar con la mayor celeridad posible, a efectos de cumplir lo ordenado en el artículo 329 inciso segundo del Código del Trabajo, y notificar al empleador del proyecto de contrato colectivo presentado por el Sindicato.

Por otra parte, no es posible obviar que la exigencia que hace el artículo 332 del Código del ramo al empleador, en orden a comunicar por medios idóneos a la Inspección del Trabajo y a sus trabajadores, la circunstancia de haber fijado un periodo donde no negociará colectivamente, implica que debe hacerlo con una anticipación razonable al período fijado, no solo como una exigencia de buena fe, sino también para permitir que éstos tomen conocimiento de su determinación.

OCTAVO: Que de esta suerte, se puede colegir que la recurrida solo ha dado cumplimiento al mandato legal de notificar el proyecto de contrato colectivo al recurrente, a solicitud del sindicato de la empresa.

Con todo, lo anterior no significa que la Inspección no pueda haberse equivocado al efectuar dicha notificación, lo cual podrá ser impugnado ante el juez de Letras del Trabajo, quien será el encargado de resolver ese aspecto de fondo, o bien, podrá ser discutido por el recurrente conforme al procedimiento administrativo que prevé el artículo 400 del Código del Trabajo.

NOVENO: Que, en consecuencia, nada hay en la actuación de la Inspección del Trabajo recurrida que la haga merecedora del reproche de ilegalidad o arbitrariedad de que ha sido objeto, sin perjuicio del derecho del recurrente, en cuanto afectado por su actuación, a impugnar el acto administrativo en la sede ordinaria prevista al efecto.

DÉCIMO: Que, por todo lo expuesto precedentemente, el recurso será desestimado.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Caleta Bay Agua Dulce SpA, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, por no concurrir en la especie los requisitos de procedencia de la acción.

II.- Que, no se condena en costas al recurrente por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº452-2020