nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, trece de diciembre de dos mil veintidós VISTOS:

A folio 1, comparece Pablo Javier Cancino Valenzuela, abogado, quién deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria sobre la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva efectuada con fecha 26 de mayo de 2021, afectando con ello la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

Indica que la recurrente efectuó la solicitud antedicha en la fecha previamente consignada a través de los canales dispuesto para ello, sin recibir al día de hoy respuesta alguna sobre la misma, provocando una serie de perjuicios en contra de la recurrente por el trámite demorado.

Señala que aquel actuar afecta el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política y normas y principios establecidos en la ley 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo, tales como el de celeridad, impulso de oficio y eficacia.

Indica que el presente recurso está dentro de plazo mientras se mantenga la situación omisiva por parte de la Administración, por cuanto la única actuación que podría dar una fecha cierta para el cómputo del plazo para la presentación de este recurso es, precisamente, la resolución administrativa de la recurrida que no se ha dictado.

Por lo anterior, solicita que se acoja la presente acción, ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 3, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 5, evacua informe el Servicio Nacional de Migraciones, quién señala que el recurrente ingresó al país con 10 de noviembre de 2018, por paso fronterizo Chacalluta.

Con fecha 25 de enero de 2019, el recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de visa por primera vez temporaria sujeta a contrato.

Con fecha 25 de enero de 2019, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorgó al recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el plazo de 4 meses, la que mantuvo vigencia hasta el 25 de mayo de 2019.

Con fecha 23 de abril de 2019, mediante Resolución exenta N° 3139, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga visa de residente temporal sujeta a contrato a la recurrente, por el período de 1 año, la que mantuvo vigencia hasta el 1 de julio de 2020.

Con fecha 11 de junio de 2020, el recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de prórroga de visa sujeta a contrato.

Con fecha 31 de marzo de 2021, mediante Resolución exenta N° 636, la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de prórroga de visa sujeta a contrato, por el periodo de 1 año, la que mantuvo vigencia hasta el 1 de julio de 2021.

Con fecha 26 de mayo de 2021, el recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 24943173.

Con fecha 7 de diciembre de 2021, mediante Resolución exenta N° 21343898, el Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Con fecha 8 de marzo de 2022, mediante Resolución exenta N° 22129484, el Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Indica en este sentido que el artículo 41 del Decreto Ley N°1.094 de 1975 define el concepto de permanencia definitiva, el cual se reproduce en varios cuerpos legales; que en cuanto al tiempo de tramitación, se señala que el artículo 27 de la ley 19.880 los plazos del procedimiento administrativo podrán ser mayores en cuanto exista un caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal una pandemia de carácter mundial; y que estando en tramitación la solicitud de la extranjera se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional de conformidad a lo señalado en el artículo 157 del reglamento de la ley de extranjería, considerando de ese modo la autoridad administrativa que no existe alguna vulneración perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sostiene a su vez que la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración es la figura del silencio administrativo, el cual no ha sido ejercido en este caso a través de la certificación respectiva ante el Servicio recurrido.

Previas citas legales y jurisprudenciales, indica que el actuar de la administración no ha vulnerado garantía constitucional alguna mediante alguna acción ilegal o arbitraria al respecto, solicitando en definitiva tanto el rechazo de la acción deducida en esta causa como la de una eventual condena en costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que del mérito de los antecedentes acompañados, se concluye por estos sentenciadores que la recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, tanto en las fechas previamente indicadas y a través de los canales destinados a tal efecto, sin obtener al día de hoy respuesta por la recurrida respecto de aquella petición, aun cuando la autoridad migratoria señaló que con fecha 22 de diciembre del 2021 habría tenido por desistida la petición efectuada por la actora, toda vez que no consta en estos autos que dicha resolución exenta, N°21511444, haya sido debidamente notificada a esta última.

Con todo, tampoco resulta proporcional el plazo que se habría entregado a la misma para subsanar la falta de antecedentes señalada por la recurrida, teniendo especialmente presente el tiempo de tramitación de la presente solicitud, no estimándose adecuado el mismo en mérito de la excesiva dilación en la que ha incurrido la autoridad migratoria en este caso.

Cuarto: En este sentido, ha resultado acreditado que la recurrida ha dilatado la decisión de la solicitud de permanencia definitiva excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, no existiendo un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga los motivos para acceder o denegar la solicitud de los recurrentes. De este modo, se ha producido una excesiva demora en la tramitación de la solicitud afectando así la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad respecto del plazo de resolución de solicitudes de otros casos.

Quinto: A su vez, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N°19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Sexto: Por lo anterior, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo los plazos señalados por la ley citados precedentemente en este fallo.

Del mismo modo, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud de los recurrentes, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y acta sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se declara:

I. Que se acoge, sin costas la acción interpuesta por Pablo Javier Cancino Valenzuela en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

II. En consecuencia, ordenándose a la recurrida, en consecuencia, a dar celeridad a la tramitación de la solicitud de visa de permanencia definitiva de la recurrente, el que no podrá exceder en ningún caso de los sesenta días.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Ministra (S), doña Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, quien estuvo por rechazar la presente acción toda vez que en el escenario descrito de manera precedente, la solicitud del recurrente se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en la tramitación –la que lleva menos de un año- ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento, no existiendo en la actualidad un acto u omisión que pueda tildarse de arbitrario o ilegal y que afecte el derecho de igualdad del actor por cuanto se trata de un procedimiento administrativo que se encuentra en tramitación.

A mayor abundamiento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° N°25 de la Ley N°21.325 en relación con el artículo 45 del Decreto N°296, que establece el reglamento de la Ley de Extranjería, la recurrente mantiene una permanencia regular en el país mientras se mantenga en curso el procedimiento señalado precedentemente.

Redacción a cargo de la Ministra (S), Isabel Margarita Zúñiga Alvayay.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°4456-2022.