nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, doce de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, ingeniera ambiental, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, domiciliado en domicilio reservado. Solicita que se acoja y se deje sin efecto lo ordenado en el Ordinario N° 0459, de 20 de marzo de 2024 en lo que refiere a su designación como Directora de Disposición Final del Relleno Sanitario La Laja y el impedimento de su acceso a dicho lugar de trabajo, conjuntamente con la adopción de las medidas pertinentes, con costas.

Sostiene que el 17 de octubre de 2013, se celebró entre la Municipalidad de Puerto Varas, y la empresa Interaseo Chile S.A., el contrato denominado “Construcción y Operación de Relleno Sanitario Provincial, comuna de Puerto Varas”, y durante su ejecución la empresa remitió una misiva formal al Director de Aseo y Ornato de la Municipalidad, de fecha 12 de marzo de 2024, donde se informaba que se había designado a la recurrente como Directora de Disposición Final del Relleno Sanitario La Laja, acompañándose sus antecedentes curriculares que dan cuenta de su amplio conocimiento y experiencia en manejo de operaciones de relleno.

Luego, añade que el 20 de marzo de 2024, la recurrida dictó el Ordinario N° 0459, dirigido a la empresa Interaseo Chile S.A., en donde informa que se objeta la designación de su persona en el cargo indicado, por un supuesto actuar negligente en el desempeño de sus tareas en la administración de la operación, y porque su presencia en el relleno era indeseable. Indica que aquello se sostiene en base a una imputación de procesos sancionatorios llevados por la Superintendencia del Medio Ambiente y un proceso penal promovido por la propia Municipalidad, en circunstancias que éstos no están dirigidos hacia su persona, que no ha existido una decisión sancionatoria en su contra y l una investigación desformalizada, en donde no mantiene la calidad de imputada y ante la existencia de un claro conflicto que mantiene el Alcalde de Puerto Varas con la empresa operadora del relleno, producto de su decisión de abrir un procedimiento administrativo destinado a poner término al contrato que los vincula, al alero del artículo 13 de la Ley N°19.886, en relación con la Ley N° 19.880.

Respecto de los procesos de fiscalización ambiental, señala que tuvieron por sujeto pasivo a la propia Municipalidad, y se encuentran con Programa de Cumplimiento, todos bajo el expediente sancionatorio ambiental D-257-2023 y que dan cuenta de las fiscalizaciones DFZ-[cuenta reservada]-X-RCA, DFZ-2022-1669-X-RCA y DFZ-2023-2177-X-RCA.

Sobre las resoluciones exentas invocadas por la recurrida, sostiene que aquellos tienen por sujeto pasivo a la propia Municipalidad, haciendo presente que las supuestas infracciones ambientales dicen relación con los procesos ya indicados.

Finalmente, en cuanto a las imputaciones penales, aquéllas dicen relación con una denuncia o querella que la propia Municipalidad promovió, y en los que la actora no posee la calidad de imputada, y aun en ese caso, operaría la presunción de inocencia en su favor.

Por su parte, afirma que la conducta de la recurrida resulta contraria al artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución Política, toda vez que ha imputado negligencias asociadas a procedimientos de fiscalización y expedientes sancionatorios aun cuando están vigentes, han sido dirigidos en contra de la propia Municipalidad, existiendo un programa de cumplimiento en curso; e imputando responsabilidad penal aun cuando no existe acto que conduzca a afirmar aquello, por lo que se ha irrogado facultades jurisdiccionales.

Luego, se indica como vulnerada la garantía del artículo 19 N°16 respecto de la libertad de trabajo y su protección, dado que se le impide actuar en el cargo indicado y desplegar su profesión, prohibiéndose incluso el ingreso al relleno, y aun cuando existieran fundamentos, aquellos no pueden importar una vulneración de garantías fundamentales.

A folio 7, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 14, evacua informe Anaís Baraona Mancilla, abogada en representación de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, dando cuenta que con fecha 17 de octubre de 2013, se suscribió un contrato de Construcción y Operación del Relleno Sanitario Provincial, comuna de Puerto Varas con la empresa Interaseo S.A., el cual tiene por objeto entregar una solución ambiental a largo plazo a la problemática de la disposición final sanitariamente adecuada de residuos sólidos domiciliarios, debiendo cumplir estrictamente con la resolución de calificación ambiental pertinente y las normas atingentes al caso.

Continua con referencias al proceso de lixiviados y lo ordenado por los instrumentos ambientales pertinentes, dando cuenta de existir una multiplicidad de incumplimientos a la normativa ambiental e instrumentos reguladores a lo largo de la vigencia del contrato con Interaseo S.A., que se traducen en una deficiente operación del relleno y, por tanto, en incumplimiento graves a las obligaciones contractuales. Da cuenta de un procedimiento sancionatorio del año 2017, en donde se advirtieron, entre otros, un deficiente manejo y captación de lixiviados, situación reiterada en múltiples ocasiones por diversas autoridades, principalmente la autoridad sanitaria y la ambiental, aplicándose infracciones.

Luego, refiere que a lo largo de la operación del relleno sanitario por la citada empresa, se han identificado cuatro medidas urgentes y transitorias dispuestas por la superintendencia del ramo, en donde tres de ellas se identifica manejo deficiente de lixiviados y en una cuarta un manejo deficiente de emisiones de gases, constituyendo ambos aspectos los principales impactos ambientales del Proyecto, indicando que la última medida urgente y transitoria fue concluida recién en el año 2023.

Da cuenta en detalle del proceso sancionatorio llevado a cabo por la Superintendencia de Medio Ambiente en agosto de 2017, ordenándose nuevas medidas provisionales en junio de 2021 atendida las diversas denuncias recibidas en su oportunidad, cuestión que se reitera en julio de 2022 a raíz de incumplimientos constatados por fiscalizadores.

Finalmente, en octubre de 2023 la Superintendencia de Medio Ambiente ordena medida urgente y transitoria, nuevamente por reiteradas deficiencias operacionales del Relleno Sanitario. Agrega que en noviembre de 2023, dicha entidad inició un procedimiento sancionatorio en contra de la Municipalidad por infracciones a lo dispuesto en el artículo 35, letra a) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que sanciona el “incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental”.

Manifiesta que el Inspector Técnico del Contrato, ha constatado permanentemente falencias en la operación del Relleno Sanitario La Laja, mediante aplicación de multas y su correspondiente registro en el libro de obras, siendo todas también conocidas por la recurrente, puesto que su gran mayoría, al igual que las infracciones constatadas por los entes fiscalizadores ambientales y sanitarios, ocurren durante su gestión como Directora del Relleno Sanitario.

Lo anterior, se acredita con la fiscalización llevada a cabo el 02 de febrero de 2024, en horas de la noche, en donde se advierte la existencia de descarga ilegal de lixiviados, encontrándose en las dependencias las gerencias de la empresa Interaseo S.A., lo cual quedó registrado en acta de 06 de febrero de 2024 elaborada por el Inspector Técnico del Contrato y dejándose constancia en el libro de obras.

Este último evento inició una investigación penal mediante denuncia por eventual delito de contaminación de cuerpos de agua, la que se encuentra en curso con diligencias a cargo de la Brigada de Delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente y la Fiscalía Local de Puerto Varas, causa RUC 2400148924-7. Frente a ello, los imputados Christian Ñungo y doña nombre reservado dejan el Relleno Sanitario, volviendo a Colombia, y la recurrente vuelve a asumir la Dirección del Relleno sin notificar al Municipio de su designación como requieren las Bases Administrativas de la licitación respectiva. Añade que en el transcurso de la investigación, diversos testigos la han imputado como directamente responsable de delitos de contaminación de agua mientras estuvo a cargo del Relleno Sanitario, aportando antecedentes y medios probatorios que demuestran, fehacientemente, que durante los años en que la recurrida dirigió el Relleno Sanitario no sólo se incumplieron las cláusulas contractuales, los permisos sanitarios y ambientales, sino que también se ejecutaron descargas de lixiviados sin tratar al Estero Sin Nombre.

Hacen presente que el acto impugnado se torna absolutamente necesario atendida la necesidad de resguardar la investigación penal en curso, debiendo respetar la prohibición de ingreso a las instalaciones propiedad de la Municipalidad de Puerto Varas.

Afirma que la Municipalidad de Puerto Varas tiene expresamente atribuciones para objetar al personal de la empresa, fundadamente y por escrito, según consigan el punto 5.5 de las Bases Administrativas, las que en el caso se ejerció fundadamente atendido a que el proceso sancionatorio en curso dice relación con cuatro medidas urgentes y transitorias interpuestas por la Superintendencia de Medio Ambiente, que no atendió ni subsanó, circunstancia que hoy tiene al Municipio como titular del proyecto en un sancionatorio ambiental y, especialmente, a que se han entregado antecedentes que dan cuenta de su participación en los episodios de contaminación señalados previamente.

Sostiene la inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario de su parte, resultando improcedente el ejercicio de la presente acción, solicitando en definitiva su rechazo, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Segundo: Que, la actora funda su acción en el hecho de que, a partir del Ordinario N° 0459, de 20 de marzo de 2024, se adoptó la decisión de impedirle actuar en el cargo Directora de Disposición Final del Relleno Sanitario La Laja, y además, prohibirle el ingreso al relleno, sin que existan fundamentos para aquello.

Tercero: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, se pueden establecer -en lo medular- los siguientes hechos:

a) Que el 17 de octubre de 2013, se celebró entre la Municipalidad de Puerto Varas, y la empresa Interaseo Chile S.A., el contrato denominado “Construcción y Operación de Relleno Sanitario Provincial, comuna de Puerto Varas”, por haberse adjudicado ésta última la licitación Pública ID 2852-51-LP13, formando parte integrante del mismo sus bases administrativas, técnicas y anexos.

b) Que con fecha 12 de marzo de 2024, la empresa remitió una misiva al Director de Aseo y Ornato de la Municipalidad, en que se informa la designación de la recurrente como Directora de Disposición Final del Relleno Sanitario La Laja, fundamentando aquello, entre otras razones, en que “(...) posee amplio conocimiento del manejo de la operación de relleno toda vez que fue titular del mismo cargo desde el mes de octubre de 2020 hasta junio 2023 (...)”.

c) Que el 20 de marzo de 2024, la Municipalidad dictó el Ordinario N°0459, dirigido a la empresa Interaseo Chile S.A., informando que objeta la designación de la actora en el cargo indicado, por los fundamentos allí vertidos, y que requiere que ésta se retire del relleno sanitario, por considerar su actuar como negligente en el desempeño de las tareas que le correspondieron en la administración de la operación, “y por considerar además su presencia como indeseable en el mismo atendido el contexto sancionatorio y penal vigente”.

Cuarto: Que, la primera alegación de la actora se dirige a que el acto recurrido, consistente en la objeción de su designación en el cargo de Directora de Disposición Final del Relleno Sanitario La Laja, se sostendría en una imputación de procesos sancionatorios llevados por la Superintendencia del Medio Ambiente y un proceso penal promovido por la Municipalidad, que no están dirigidos en su contra.

Dicha argumentación, desde ya, debe ser descartada, desde que, la resolución cuestionada por el ente edilicio se sujetó a lo previsto en las bases de licitación que fueron aceptadas por el adjudicatario, y que, por lo tanto, forman parte del marco regulatorio propio del contrato, y además, la misma empresa de la cual forma parte la recurrente no impugnó la resolución que objetó la respectiva designación.

Sobre el particular, las Bases Administrativas de la Licitación Pública Internacional de Construcción y Operación Relleno Sanitario Provincial Comuna de Puerto Varas, en el punto 5.5, titulado “libertad del titular para objetar”, dispone: “El titular tendrá libertad para objetar y requerir al Operador, fundamentadamente y por escrito, para que retire inmediatamente del Relleno o la Estación de Transferencia a cualquier persona aportada por el Operador, que a su juicio tenga o haya tenido mala conducta, sea incompetente o negligente en el correcto desempeño de las tareas que le hayan sido asignadas o cuya presencia en el Relleno o la Estación de Transferencia sea considerada de alguna manera indeseable, y no será autorizada de nuevo la presencia de dicha persona en las instalaciones mencionadas sin el consentimiento del Titular.

Como mínimo, se considerará que las causales enumeradas en el artículo 160 del Código del Trabajo son suficientes para exigir al Operador el retiro del personal involucrado.

Cualquier persona que, a solicitud del Titular, haya sido retirada del Relleno o la Estación de Transferencia deberá ser reemplazada en un plazo no superior a 15 días, si correspondiere.

Cuando el profesional cuyo reemplazo se ha solicitado es el profesional encargado de la operación, el incumplimiento injustificado del plazo establecido puede ser motivo para que el Titular ordene el término del contrato”

Quinto: Como es de advertir, a la recurrida se le confirieron expresamente atribuciones para objetar al personal de la empresa, fundadamente y por escrito, lo que ejecutó en dicho sentido, conforme a lo comunicado en el Ordinario 0459, de 20 de marzo pasado, objeto de la presente acción. Allí se aprecia que se informa pormenorizadamente las razones de la objeción en el siguiente sentido:

En el punto 1 del oficio objeto de la acción se indica que entre 2020 y 2023, en que la actora se desempeñó como directora, se constataron deficiencias por la autoridad ambiental en la operación mediante informes de fiscalización ambientales que detalla al efecto, y que se efectuaron en octubre de 2021, en que se evidencia frente de trabajo amplio y no acotado, afloramiento de líquidos lixiviados en taludes que sobrepasan las canaletas, sin inmediata evacuación, constatación por la SEREMI de Salud de afloramiento de lixiviados por canales perimetrales y deslizamientos de tierra, entre otros; en marzo de 2022, en que constan hallazgos de afloramiento de residuos en los taludes y bases de alveolo 1 por pérdida de cobertura, sin que se realice mantención; afloramiento de lixiviados en taludes y bases de alveolos sin haberse efectuado en forma inmediata su evacuación, mala operación del sistema de tratamiento de lixiviados, además de constatarse que el sistema de captación y tratamiento de biogás no funciona en su totalidad, inexistencia de plan de operación y diseño de evacuación de aguas lluvias dentro de los alveolos de disposición de residuos al interior del relleno, entre otros; y en septiembre de 2023 en que constan hallazgos de deficiente manejo de lixiviados, de aguas lluvias y de biogás, además de frente de trabajo que supera lo declarado en la “tabla II-6 Valores estimados celda diaria Relleno sanitario”.

Por su parte, en el punto 2 se indica que entre los mismos años en que la actora se desempeñó como directora se constataron por la autoridad ambiental deficiencias en la operación mediante resoluciones exentas que ordenan medidas provisionales pre-procedimentales, entre las que menciona resolución exenta N° 1435, que se origina por interposición de 55 denuncias ciudadanas por malos olores u olores a gas provenientes del relleno a partir de abril de 2021; resolución exenta N° 1127, que se origina por interposición de 50 denuncias ciudadanas por olor a biogás proveniente del relleno entre junio de 2021 y mayo de 2022, y resolución exenta N° 1749, que se origina por interposición de 49 denuncias ciudadanas por malos olores u olores a gas provenientes del relleno durante 2023.

Luego, en el punto 3 se señala que la superintendencia del medio Ambiente formula cargos graves y leves al municipio dando origen a un proceso sancionatorio Rol D-257-2023 que se encuentra en curso.

Posteriormente, en el punto 4 se alude a una investigación penal que se encuentra en curso por descarga de lixiviado crudo sin tratar al estero sin nombre, en que existirían evidencias de vertimiento de residuos líquidos reiterados y que devienen en una falta de confianza.

Finalmente, se indica que “(...) se objeta la designación de doña nombre reservado como Directora de Disposición Final del relleno Sanitario La Laja, y se requiere que se retire inmediatamente del relleno sanitario, por considerar fundadamente el Municipio su actuar como negligente en el desempeño de las tareas que le corresponden en la Administración de la Operación, y por considerar además su presencia como indeseable en el mismo atendido el contexto sancionatorio y penal vigente.”

Sexto: Como se aprecia, la comunicación en cuestión se ha realizado por escrito, y está revestida de una abundante fundamentación acerca de la calidad en la gestión y operación del relleno sanitario por parte de la actora, es decir, en el desempeño de su cargo y funciones, calidad que trae consigo la asunción de asumir la responsabilidad por los resultados negativos del funcionamiento general del relleno, de manera independiente a responsabilidades en otros ámbitos que de allí pudieran derivar para su persona, y que no toca al municipio considerar al momento de hacer efectiva la cláusula en cuestión. O dicho de otra forma, no es necesario que, para hacer uso de la facultad de la recurrida, los procesos sancionatorios llevados por la Superintendencia del Medio Ambiente y penal promovido por la Municipalidad, estén dirigidos directamente en contra de la recurrente, desde que, su objetivo no dice relación con una atribución directa de responsabilidad en ambas áreas, las que corren por cuerdas totalmente distintas.

Séptimo: Que, por otra parte, a propósito de haberse hecho uso por parte de la recurrida de una facultad prevista en la bases administrativas, resulta útil recordar que el artículo 10 de la ley N° 19.886 dispone, en lo pertinente, que: “Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente”.

De esta forma, en el ámbito de la contratación pública la licitación es para la Administración y el adjudicatario lo que para los particulares es la ley del contrato en el ámbito del derecho privado, de manera que, habiéndose aprobado la licitación sin objeción alguna ni durante la participación en el proceso licitatorio ni en la adjudicación, toda alegación posterior, que ahora se hace, y que incluso no proviene del adjudicatario, no puede ser oída, menos aún si la decisión se encuentra suficientemente fundada, y tiene como antesala, entre otros antecedentes, deficiencias que constan en informes de fiscalización ambientales de la autoridad ambiental y de salud, múltiples denuncias ciudadanas por malos olores u olores a gas, el inicio de un proceso sancionatorio por cargos graves y leves formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente, y una investigación penal en curso por descarga de lixiviado crudo sin tratar al estero sin nombre, todo lo cual devienen en una fundada falta de confianza por un posible actuar negligente en el desempeño de la administración del relleno.

Octavo: Que como puede observarse, de lo antes razonado resulta que el debido proceso que echa en falta la actora no se ha visto infringido, pues el sustento para objetar la designación de la actora en el cargo por parte de la Municipalidad descansa en múltiples antecedentes de carácter objetivo, que deben analizarse conjuntamente con la circunstancia de que en este tipo de contratos hay un imperativo público que obedece a una finalidad de servicio comunal que está en juego, existiendo recursos públicos comprometidos, todo lo cual funciona o deben funcionar bajo principios de alta eficiencia.

Noveno: Que, acerca de la alegación de vulneración a la garantía del artículo 19 N°16 respecto de la libertad de trabajo y su protección de la actora, fundada en que se le habría impedido asumir el cargo y desplegar su profesión, prohibiéndose incluso el ingreso al relleno, ella será descartada al alero de la argumentación ya vertida relativa a una facultad del municipio prevista en las disposiciones que gobierna la relación entre la administración y la adjudicataria, cuyos efectos alcanzan, en este caso, a uno de los dependientes de esta última, sin perjuicio de los derechos que pudiere reclamar ante su empleador directo.

Décimo: Que, así, apreciados los antecedentes allegados al recurso conforme a las reglas de la sana crítica, no se vislumbra que la conducta de la recurrida pueda reputarse de ilegal o arbitraria, pues es el órgano recurrido donde se aloja la facultad de objetar al personal de la empresa Interaseo contemplada expresamente en las Bases Administrativas, por lo que su ejercicio dice relación con una determinación que se encuentra dentro de las facultades que se le confieren al alero de la normativa pertinente a operación del Relleno Sanitario Provincial en virtud de la licitación D 2852-51-LP13.

Además, la decisión no ha sido adoptada careciendo de fundamentos sino teniendo como base los incumplimientos atribuidos a la empresa de que forma parte la actora, lo que importa que las peticiones del recurrente mediante el presente vehículo, han devenido en carentes de plausibilidad, premisa de la cual se deduce la ausencia de una vulneración o perturbación al ejercicio legítimo de un derecho constitucionalmente amparado mediante esta acción cautelar, por lo que el presente recurso habrá de ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción interpuesta por nombre reservado en contra de nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 435-2024.