nombre reservado con MUNICIPALIDAD PUERTO MONTT DPTO. DE RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES

nombre reservado, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, asistente social del Departamento de Educación Municipal de nombre reservado, con domicilio en esta ciudad, quién deduce acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, por los hechos que expone en su acción.

Señala que se desempeña como profesional asistente social bajo la modalidad Código del Trabajo, para el Departamento de Educación Municipal de nombre reservado, siendo afectado con fecha 27 de diciembre de 2021 por una investigación mediante decreto afecto N°12.190, el cual se inició por una supuesta inasistencia injustificada y la no atención adecuada de una apoderada del colegio donde presta servicios, contexto en el cual fue suspendido de sus funciones con fecha 24 de marzo del 2022.

Sostiene que desde dicha fecha solo se ha realizado en el procedimiento administrativo la declaración indagatoria de su parte, sin existir más diligencias a la fecha.

Indica que dicha dilación del procedimiento es injustificada, inexcusable y no ajustada a derecho, afectando tanto su integridad personal como profesional, particularmente con las funciones y procesos que lleva adelante en relación con su cargo que desempeña en el sector de Correntoso, siendo desproporcionada la medida adoptada por la recurrida de suspenderlo de sus funciones.

Refiere que no busca un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino respecto de la excesiva dilación en la tramitación del presente procedimiento administrativo en su contra, el cual resulta de baja complejidad y de un diligenciamiento rápido de las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de ellos.

Invoca como normas vulneradas lo indicado en la ley 18.883, particularmente en lo referido a los plazos de los sumarios administrativos y el procedimiento en términos generales del mismo. A su vez, sostiene que la suspensión de funciones de la que es objeto el recurrente, no resulta pertinente toda vez que su relación contractual está regida por el Código del Trabajo, tornándose ilegal.

Previas referencias a la jurisprudencia administrativa y el deber de celeridad de la administración pública en todas sus áreas, sostiene que han sido vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 N°1 y N°3 de la Constitución Política.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción, declarando como ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, en especial, con la demora excesiva en el presente procedimiento sancionatorio y la medida de suspensión de sus funciones, ordenando a la misma dar término a la brevedad el mismo, en un plazo no superior a cinco días.

A folio 4, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 10, consta informe evacuado por la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, invocando en primer término la extemporaneidad del presente recurso dado que la suspensión del mismo fue notificada el 24 de marzo del 2022 y la presentación de este recurso es de fecha 07 de octubre del 2022. A su vez, señala la falta de peticiones concretas en la presente acción.

Luego, sostiene la inexistencia de algún actuar ilegal o arbitrario de su parte, sosteniendo que por decreto afecto N°12.190 de 27 de diciembre de 2021 la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, ordena efectuar una breve investigación para determinar la eventual responsabilidad que le cabría al recurrente por los hechos denunciados por los ordinarios N°37 y 38 de 15 de noviembre de 2021, de parte de la Directora de la Escuela Rural de Correntoso, los ordinarios N°39 y 40 de fecha 09 de diciembre de 2021, de la misma Directora de la Escuela Rural de Correntoso.

Que, se constituyó la fiscalía administrativa, en pleno periodo de vacaciones del personal docente y no docente de los establecimientos educacionales, por lo que iniciado el mes de marzo de 2022 se realizaron una serie de diligencias relacionadas con lo informado por la directora del establecimiento, así como se tomó declaración al mismo inculpado, con fecha 24 de marzo de 2022, mismo día que se notificó la suspensión de sus funciones.

Señala que la investigación fue ampliada por decreto exento N°4.176 de fecha 07 de abril del 2022, esta vez por hechos denunciados mediante ordinario N°038 del Director del Liceo de Hombres de Puerto Montt, establecimiento educacional donde igualmente se desempeña el recurrente, notificado aquello al fiscal investigador con fecha 05 de mayo del 2022.

Señala que el estado actual del procedimiento disciplinario se encuentra en estado de finalización de las indagatorias, no habiéndose formulados cargos en virtud de lo anterior, no estando afinado por tanto el citado proceso.

Previas referencias al secreto de los procedimientos disciplinarios conforme lo indicado en la Ley N°18.883, y señalando que la suspensión de funciones se adoptó de acuerdo a lo indicado en el artículo 134 de la misma ley, no existiendo una dilación indebida del procedimiento ni tampoco una vulneración de las garantías constitucionales invocadas, solicita el rechazo de la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que pueda causar privación, perturbación o amenaza de dichas garantías constitucionales.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio SEGUNDO: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la demora en que ha incurrido la recurrida con ocasión de un procedimiento sancionatorio que la municipalidad recurrida lleva a cabo en su contra, habiéndose decretado la suspensión de sus funciones con ocasión de aquella, dilación que implica una afectación de las garantías constitucionales indicadas por la recurrente en su acción, en concreto, la garantía del artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, por cuanto la excesiva demora en la tramitación de esta breve investigación administrativa, con la suspensión de funciones decretada dentro de ella, atentaría contra su integridad física y síquica, y además, la garantía del N° 3 del referido artículo 19, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos principalmente causada por la excesiva demora en la tramitación de la referida investigación.

CUARTO: Que, en primer término, la recurrida sostiene la extemporaneidad de la presente acción en orden a las fechas en que se habría decretado la suspensión de funciones o el momento en que se inició el procedimiento disciplinario en contra del recurrente, alegaciones que serán desechadas desde ya toda vez que a la fecha, los hechos denunciados mantienen sus efectos respecto de la recurrente, los cuales son de carácter permanentes y continuos respecto de su persona y, por tanto, se renueva permanentemente el plazo para interponer esta acción constitucional establecido por el auto acordado pertinente sobre tramitación del Recurso de Protección dictado por la Excma. Corte Suprema.

Del mismo modo, se descartarán los argumentos esgrimidos en torno a una posible falta de peticiones concretas que adolecería la acción de protección en análisis, toda vez que de su simple lectura es posible apreciar la existencia de las mismas, como también de cuáles serían los hechos que vulnerarían las garantías fundamentales de la recurrente.

QUINTO: Que, respecto del fondo del asunto, cabe señalar que el actor se encuentra actualmente bajo un proceso disciplinario iniciado con fecha 27 de diciembre de 2021 mediante decreto exento N°12.190 el cual instruyó una breve investigación en su contra, ampliándose ésta con fecha 07 de abril del 2022 mediante el decreto exento N°4.176. A su vez, el recurrente se encuentra sujeto a la medida preventiva de suspensión de sus funciones desde el 24 de marzo del 2022, por el tiempo que dure la investigación, y que, en virtud de certificado acompañado por la recurrida, el procedimiento disciplinario se encuentra finalizando la etapa indagatoria pertinente.

SEXTO: Que, por su parte, si bien esta I. Corte no emitirá pronunciamiento alguno sobre el mérito de la investigación administrativa, toda vez que no existe aún alguna decisión adoptada por la autoridad recurrida, y por no ser la existencia de dicho procedimiento materia de controversia de acuerdo al mérito del libelo de autos, sin embargo, y en atención a las fechas señaladas de manera precedente, si se estima por parte de estos sentenciadores que ha existido una demora excesiva en la tramitación del citado procedimiento – iniciado el 27 de diciembre de 2021 y decretada la suspensión de funciones con fecha 24 de marzo recién pasado – procedimiento que reviste el carácter de “breve investigación”, sin que además, hasta el momento se hayan formulado cargos en contra del recurrente, todo lo cual amenaza y perturba las garantías constitucionales invocadas por el actor a su respecto, teniendo en consideración además, que la existencia de una medida de suspensión dictada en su contra, torna aún más gravosa la dilación constatada por estos sentenciadores.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, en opinión de estos sentenciadores, y sin emitir un pronunciamiento sobre el mérito o procedencia de la realización del procedimiento disciplinario incoado en contra del actor por las razones antedichas, si se ha constatado que ha existido una demora y dilación excesivas en la tramitación de dicha breve investigación administrativa, por lo que este Tribunal acogerá la presente acción solo en cuanto se ordenará a la recurrida a que, dé curso progresivo al mismo dentro del más breve plazo posible, tal como se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 números 1 y 3 y artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado.

II. Que, en consecuencia, se ordena a la recurrida dar curso progresivo al procedimiento disciplinario incoado en contra de la recurrente, debiendo la recurrida emitir las resoluciones que correspondan en derecho dentro del más breve plazo posible, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la investigación incoada en contra del actor.

Redacción a cargo del abogado integrante, don Javier Niklitschek Roa.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°4334-2022.