Protección contra Corporación Colegio Germania

Puerto Montt, uno de abril de dos mil veintiuno.

Visto:

A folio Nº1, comparecen nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado;nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado, e interponen acción constitucional de protección en contra de la Corporación Colegio Germania, representada por su presidente nombre reservado; y de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., también AFC Chile S.A., por estimar que aquellas ha incurrido en una actuación que califican como ilegal o arbitraria, consistente en haberse acogido sin fundamento y de manera injustificada a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº21.227, “Que faculta el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728, en circunstancias excepcionales” y que en síntesis se traduce en la suspensión de los contratos de trabajo por acto de autoridad, la que fue aceptada por la recurrida AFC Chile S.A., vulnerándose así las garantías de que son titulares, consagradas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen que son trabajadores del Colegio Germania del Verbo Divino y que, durante el año 2020, además de tener que adaptar sus formas de trabajo a la realidad educativa en contexto de la contingencia sanitaria, a pesar de la mayor carga que ello implicaba, aceptaron de buena fe una rebaja en sus remuneraciones en diversos porcentajes y que se extendió por toda la anualidad.

Agrega que el 30 de diciembre de 2020 cesaron las actividades y en reunión con el rector del establecimiento se les manifestó que comenzaban su feriado legal hasta el 23 de febrero del presente año, para el comienzo del año lectivo 2021.

No obstante ello, el 19 de enero recién pasado, se les comunicó mediante un correo del contador del colegio que aquel había postulado a la Ley de Protección del Empleo por el periodo del 12 de enero al 21 de febrero del año en curso, lo que en la práctica implicaba que sus remuneraciones correspondientes serían pagadas por la recurrida Administradora del Fondo de Cesantía, con cargo a sus propias cuentas gestionadas por ella.

Por otra parte, esta última recurrida les informó telefónicamente que el colegio había postulado a los beneficios derivados de la norma en referencia, acogiéndose a lo previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 21.227, esto es, a la suspensión del empleo por acto de autoridad, la que no requiere de su anuencia y siendo ella aceptada por la Administradora.

Cita el texto del precepto indicado y lo resuelto en dictamen Nº 032/001 de la Dirección del Trabajo, en cuanto a que los requisitos de procedencia son la existencia de medidas sanitarias dispuestas por la autoridad; y que ellas hayan implicado la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país e impedido en forma total la prestación de los servicios contratados.

Explica que el 13 de enero de 2021 se publicó la resolución exenta Nº 23 de 11 del mismo mes y año, dictada por el Ministerio de Salud y que impuso la medida de cuarentena a la comuna de Puerto Varas, a partir de las 05:00 del día 14 de enero. Sin embargo, ello no implica en ningún caso la paralización de las actividades educacionales ya que ellas se encontraban suspendidas en razón del feriado legal anual y aun cuando ello no fuera así, tampoco la cuarentena implica la imposibilidad de prestar sus servicios, dando como ejemplo lo acaecido durante el periodo en que la ciudad de Puerto Montt se encontraba bajo la misma medida de autoridad y las clases se impartieron igualmente en los establecimientos de dicha comuna.

Adiciona que el inciso segundo del artículo 1º en referencia exige para acceder a la prestación cuestionada que se dicte una resolución del subsecretario de hacienda y del trabajo, previa visación de la Dirección de Presupuestos, que de cuenta de los efectos de la declaración de autoridad y las actividades o establecimientos efectuados de la paralización de aquellas. Así, en la especie se dictó la resolución Nº 88 de 6 de abril del 2020 que refiere en su Nº 4 que se suspenden presencialmente las clases en jardines infantiles y colegios del país “pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación”, sin que a la fecha se haya dictado otra resolución con análogos fines.

Concluye señalando que el acto además de ilegal – al contravenir el artículo 67 del Código del Trabajo – es arbitrario, por cuanto se aplicó la medida en referencia sólo a algunos trabajadores del colegio, sin otorgar justificación alguna al respecto y tampoco resulta razonable que se solicitara dos días antes de la vigencia de la cuarentena y hasta el 21 de febrero de 2021, en circunstancias que dicha medida se decretó con carácter indefinido.

Lo anterior vulnera las garantías de interdicción de la arbitrariedad y de propiedad sobre las remuneraciones no percibidas íntegramente, por lo que pide se acoja la acción y se ordene dejar sin efecto el acto impugnado o lo que la Corte estime necesario para el restablecimiento del imperio del derecho, solicitando expresamente que no sea condenado en costas su empleador.

Acompaña comunicación recibida sobre la adopción de la medida reprochada, resoluciones citadas en el recurso y captura de pantalla de consulta de estado de pacto de suspensión laboral.

A folio Nº 5, con fecha 28 de enero del año en curso, se declaró admisible el recurso y se decretó orden de no innovar en el sentido de suspender los efectos del acto denunciado, en lo concerniente a la suspensión laboral.

A folio Nº 14, se denuncia incumplimiento de la orden de no innovar respecto de las remuneraciones del mes de enero del año en curso.

A folio Nº 15, se pide informe del cumplimiento de la orden referida.

A folio Nº 17, se evacúa informe por la recurrida AFC Chile S.A., señalando en síntesis que el artículo 2º de la Ley Nº 21.227 pone de cargo del empleador solicitar la prestación reprochada; y que por su parte, el Oficio Ordinario Nº 7063, de fecha 8 de abril de 2020, dictado por la Superintendencia de Pensiones, dispone que la información mínima que ha de ser provista por el empleador es la fecha de suspensión del empleo y la nómica de trabajadores sujetos a suspensión de la relación laboral, cuestión que fue cumplida por el Colegio y que por tanto, la actuación de la informante no es ilegal ni arbitraria ya que se ciñó al examen formal de los antecedentes que se le remitieron, consistente en la referida nómina y una declaración jurada sobre la suspensión de funciones; añadiendo finalmente que desde la fecha en que se le notificó la orden de no innovar suspendió el pago del beneficio señalado, respecto de los trabajadores recurrentes.

A folio Nº 18, se evacúa informe por la recurrida Corporación Colegio Germania y alega en primer lugar que los recurrentes no tienen un derecho indubitado porque la errada aplicación de la Ley que se reclama, debe discutirse en sede ordinaria de lato conocimiento.

Acto seguido, alega que el asunto excede el ámbito de la acción deducida porque requiere que esta Corte interprete la Ley Nº 21.227 y califique jurídicamente los actos denunciados, lo que a su parecer no es posible, sino en sede de lato conocimiento.

Luego expone latamente lo que denomina antecedentes de contexto, para luego reconocer el contenido de la Resolución Nº 88 de Hacienda, pero luego dice que si bien se autorizan los servicios educacionales por vía remota, los actores no están desempeñando esas funciones a la fecha del informe y que no están en los supuestos de excepción de la paralización de servicios de educación. Finalmente, señala que como se decretó cuarentena para la comuna de Puerto Varas, es legítimo que en su calidad de empleador haya postulado a los recurrentes a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo y que postuló a todos los trabajadores afiliados a AFC, para luego reconocer que excluyó a algunos porque hacen “turnos éticos” para preparación de proceso de matrícula y nuevo año escolar.

A continuación reitera los argumentos ya vertidos para señalar que no hay vulneración de derechos fundamentales y luego que no hay ilegalidad o arbitrariedad y concluye manifestando que el recurso carece de oportunidad porque el Colegio ya pagó las remuneraciones de los 11 primeros días de enero y la AFC se encuentra en proceso de pago de las remuneraciones del 12 de enero al 12 de febrero del año en curso, sin hacer mención a la orden de no innovar decretada en estos antecedentes.

En el otrosí de la misma presentación cumple con informar acerca del cumplimiento de la orden de no innovar señalando que a su parecer aquella carece de oportunidad reiterando el argumento señalado al final de su informe.

En el segundo otrosí pidió dejar sin efecto la orden de no innovar, lo que fue denegado por resolución de folio Nº 21.

A folio Nº 20, los recurrentes emiten observaciones en torno a la falta de fundamento plausible de la recurrida para sustraerse del cumplimiento de la orden de no innovar y cuestiona parte de sus dichos contenidos en el informe, en el mismo sentido expuesto en el recurso.

A folio Nº 22, los recurrentes piden que se ordene dar estricto cumplimiento de la orden de no innovar a la recurrida Corporación Colegio Germania.

A folio Nº 23, se accedió a lo solicitado, ordenando se pague íntegramente las remuneraciones de enero de 2021, bajo apercibimiento de las sanciones contempladas en el Acta Nº 94-2015.

A folio Nº25, se informa cumplimiento de la orden de no innovar al tenor de la resolución de folio Nº 23.

A folio Nº 29, los recurrentes hacen presente que la recurrida Colegio Germania obvía señalar que aquellos no cumplen funciones docentes durante enero y febrero por encontrarse con feriado legal; asimismo cuestiona el hecho que del tenor de los documentos acompañados al informe de dicha recurrida se desprende que tiene 131 trabajadores y sólo 46 fueron acogidos a la aplicación de la Ley Nº 21.227, lo que implica, contrario sensu, que 85 trabajadores cumplían turnos éticos entre enero y febrero, según lo manifestado en dicha presentación.

Finalmente, señalan que aquel informe refiere que la paralización total de labores, que es el requisito de procedencia del artículo 1º de la Ley Nº 21.227, no habría sido el motivo para acogerse a la prestación reclamada, sin señalar en consecuencia cuál es ese motivo.

Cita parcialmente informe de la comisión de trabajo del Senado sobre la ley en comento.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra la Corporación Colegio Germania y AFC Chile S.A., por cuanto la primera solicitó acogerse a la suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo, en virtud de lo previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 21.227, respecto de 46 profesores de su dependencia, entre los que se encuentran los recurrentes; y la segunda, por haber aceptado la solicitud.

La conducta antes descrita sería ilegal porque el mencionado establecimiento educacional no se encuentra en el supuesto de la norma referida como para haber impetrado válidamente la solicitud, lo que afecta consecuentemente la aceptación de la entidad de seguridad social; y vulnera las garantías de los artículos 19 Nº 2 y Nº 24, de que son titulares los actores.

Segundo: Que la recurrida AFC Chile, se limita a informar alegando que su actuación no puede calificarse como ilegal o arbitraria porque se limitó a un examen formal de los antecedentes que exige la norma en referencia, según lo instruido por la Superintendencia de Pensiones, entidad que la fiscaliza, agotándose allí su participación en la decisión reprochada.

Tercero: Que por su parte, la recurrida Corporación Colegio Germania alega inexistencia de derechos indubitados, que lo discutido requiere ser ventilado en sede de lato conocimiento y que excede la naturaleza cautelar de la acción deducida porque implica un ejercicio de interpretación legal; añadiendo en último término argumentos en pos de que sí se encontraba en el supuesto reglado en el artículo 1º de la Ley Nº 21.227 y que a su parecer el recurso y la orden de no innovar decretada ha perdido oportunidad.

Cuarto: Que, respecto de AFC Chile S.A., no se aprecia una actuación contraria a la Ley o arbitraria, desde que no está facultada para evaluar el mérito de la petición formulada por la otra recurrida, sino sólo la constatación de la información mínima que se requiere para proceder al pago del porcentaje correspondiente de las remuneraciones de los trabajadores afiliados al seguro de cesantía y que hayan sido incluidos unilateralmente por el empleador como sujetos de la suspensión temporal de los efectos del contrato por orden de autoridad, de modo que no existiendo reproche a su respecto, la acción será rechazada en lo que a ella se circunscribe.

Quinto: Que en cuanto a las alegaciones de improcedencia de la vía procesal escogida por los recurrentes, debiendo ocurrirse en sede de lato conocimiento por exceder la naturaleza eminentemente cautelar de la acción deducida, fundada en que la pretensión se funda en una interpretación normativa y que ello estaría vedado a esta magistratura en el marco de la acción de protección impetrada; ellas deberán ser desechadas por cuanto, la utilización de esta vía cautelar se ve justificada por la urgencia en la tutela requerida y su justificación subyace en la necesidad de brindar una protección diferenciada ante la vulneración de garantías fundamentales, con preeminencia a la lesión de otros derechos subjetivos de naturaleza común y, en último término, la constatación de la ilegalidad fundante de la procedencia de la tutela solicitada no es un asunto de lato conocimiento como señala la recurrida, sino que es el ejercicio de razonamiento que naturalmente debe realizar un órgano jurisdiccional para determinar la correcta aplicación del derecho y en caso que fuere pertinente, recurrir a sus facultades conservadoras para el restablecimiento del derecho.

Así, extraña particularmente a estos sentenciadores la línea argumental desplegada por la recurrida sobre el punto, ya que, si le estuviera vedada a esta magistratura interpretar la Ley y calificar jurídicamente la conducta de los sujetos pasivos de la acción constitucional de marras, procesos como éste se tornarían meros juicios de valor desconexos de fundamento y sustrato jurídico, lo que es inaceptable siendo la Corte un tribunal ordinario, de derecho y pesando sobre ella el rol constitucional de ejercer la labor jurisdiccional con apego estricto al principio de legalidad.

Sexto: Que en cuanto a la supuesta pérdida de oportunidad del recurso por haberse agotado sus fines con la orden de no innovar decretada, huelga relevar que, efectivamente aquella implica una tutela anticipada, pero es de carácter eminentemente provisional y por ende no reemplaza el valor de cosa juzgada formal que emana de la sentencia proteccional, siendo ésta última la que contiene la declaración definitiva en torno a la procedencia o no de estimar la pretensión procesal promovida por el sujeto activo.

Por otra parte, el principio de inexcusabilidad de origen constitucional que pesa sobre los tribunales de justicia implica necesariamente la emisión de un pronunciamiento sobre el asunto sometido válidamente a su conocimiento estando aquel dentro de la esfera de sus competencias, por lo que subsistiendo el acto objeto de la acción, el conflicto planteado ante esta magistratura requiere de dicho pronunciamiento, sea para mantener de manera permanente los efectos de la tutela anticipada o bien para revertir los efectos de aquella, según sea el contenido de la declaración adoptada en la sentencia definitiva.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, se debe tener en consideración que el artículo 1º de la Ley Nº 21.227, refiere en lo pertinente que: “En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes.

Para los efectos de acceder a la prestación señalada en el inciso anterior, el Subsecretario de Hacienda, deberá dictar una resolución fundada en la que señalará la zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero y, en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Dicha resolución deberá además ser suscrita por el Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de Presupuestos. Esta resolución estará vigente durante el mismo período de las medidas indicadas en el inciso anterior”.

Octavo: Que, de este modo, cabe analizar si en la especie concurren los requisitos para que la recurrida haya acogido al beneficio de suspensión de los efectos del contrato de trabajo a los recurrentes, basado en la existencia de un acto de autoridad de las características que se describen en dicha preceptiva, por ser ella la fuente de la ilegalidad en su actuar.

En ese sentido, el acto de autoridad invocado consiste en la declaración de cuarentena en la comuna de Puerto Varas, decretada por Resolución Exenta Nº 23, de 11 de enero de 2021, dictada por el Ministerio de Salud y que impuso dicha medida a partir de las 05:00 del día 14 de enero. Aquel, tiene la aptitud para implicar la paralización de actividades en la ciudad en que se encuentra el establecimiento para el que prestan funciones los recurrentes.

Luego, para determinar si dichas funciones se encuentran exceptuadas de dicha paralización, se debe estar a lo previsto en la Resolución Exenta Nº 88 de 2020, del Ministerio de Hacienda, que señala “las zonas o territorios afectados por acto o declaración de autoridad y las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades, para efectos de acceder a las prestaciones a que se refieren los artículos 1 y 2 de la ley n° 21.227” y que en lo pertinente dispone en su artículo segundo Nº8 que están exceptuadas de la paralización de actividades “Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales respecto de los asistentes de la educación y docentes que estén cumpliendo turnos éticos”.

No obstante, dicha determinación debe concordarse con el alcance general de la suspensión de funciones respecto de dichos establecimientos para todo el territorio nacional, que ha de primar por especialidad respecto de la regla transcrita y que se encuentra normada en las Resoluciones Exentas Nº 210, 212, 215 y 217, todas del Ministerio de Salud y que prohíbe “presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación”.

Noveno: Que en consecuencia, como se viene señalando, de un análisis sistemático de las disposiciones normativas y reglamentarias sobre la materia, estos sentenciadores estiman que en la especie las actividades y funciones que prestan los recurrentes en el ámbito educativo no se encontraban expresamente prohibidas por el acto de autoridad que se invocó como fundamento, ya que ellas se podían prestar de manera remota aun en escenario de una cuarentena como la decretada por Resolución Exenta Nº 23, de 11 de enero de 2021, dictada por el Ministerio de Salud, de modo que es dable constatar la ilegalidad denunciada respecto de la recurrida al acoger a los actores al beneficio del artículo 1º de la Ley Nº 21.227, sin encontrarse facultada para ello en razón de no reunirse en su caso los requisitos que exige dicha preceptiva.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, la recurrida ha señalado que los actores no se encontraban prestando sus funciones al momento de suspenderse los efectos del contrato por hallarse haciendo uso de su feriado legal, lo que la situaría en el supuesto de hecho de la norma en comento y la habilitaría igualmente para su aplicación, cuestión que es controvertida por los recurrentes que denuncian en ello una vulneración a lo previsto en el artículo 67 del Código del Trabajo.

Sobre este particular, es dable entender que la suspensión de los efectos del contrato por acto de autoridad suspende entre otras la obligación del pago de remuneraciones de los trabajadores por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 67 del Código del Trabajo, solución análoga a la que ha establecido la Dirección del Trabajo en dictamen Nº 4436, de agosto de 2018, sobre la procedencia del feriado en los casos de suspensión temporal del contrato y sus efectos en razón de una huelga legal, a la luz de lo previsto en el artículo 355 del cuerpo normativo citado.

Sin embargo, menester es relevar que la ocasión para intentar acogerse al beneficio del artículo 1º de la Ley Nº 21.227 no resulta idónea ni necesaria para los fines perseguidos, ya que los trabajadores no se encontraban prestando sus funciones con motivo del uso de feriado legal, por lo que invocar la prohibición de actividades educativas por el acto de autoridad contenido en la Resolución Exenta Nº 23, de 11 de enero de 2021, dictada por el Ministerio de Salud carece de todo sentido racional, porque ya se encontraban aquellas suspendidas por otro motivo, regulado expresamente en la Ley, lo que hace que la conducta reprochada devenga igualmente en arbitraria, haciendo procedente acoger la acción en los términos que se indicará.

Undécimo: Que la actuación de la recurrida tiene la aptitud suficiente para vulnerar el derecho de propiedad de los recurrentes – garantido en el artículo 19 Nº 24 de la Norma Fundamental –, sobre sus remuneraciones, ya que la contraprestación dineraria se ve disminuida en razón del uso del seguro de cesantía y en último término importa ello un detrimento a los fondos que forman parte del patrimonio del trabajador por lo que no es posible considerarlos legalmente una remuneración en sentido estricto. Por otra parte, como se ha dicho, aquella afectación a la garantía fundamental de que son titulares los actores se deriva de una conducta ilegal y arbitraria como se asentara precedentemente.

Duodécimo: Que, de igual forma la ausencia de suficiente razonabilidad en la conducta desplegada por la recurrida, importa una infracción a la garantía de interdicción de la arbitrariedad – consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República –, en la forma que se expusiera en el basamento décimo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se acoge la acción interpuesta a folio Nº1, por los recurrentes individualizados en lo expositivo del fallo, en contra de la Corporación Colegio Germania, representada por su presidente nombre reservado; y de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

II.- Que, en consecuencia, se ordena a la recurrida Corporación Colegio Germania pagar íntegramente las remuneraciones de los actores que se devengaron en el periodo que media entre el 12 de enero y el 21 de febrero del año en curso, salvo que ya se hubiera hecho en cumplimiento de la orden de no innovar decretada a folio Nº 5, en cuyo caso, deberá estarse a lo obrado.

III.- Que del mismo modo y en coherencia con lo resuelto en el punto II, se ordena a la recurrida Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. cesar los pagos efectuados a los recurrentes con cargo a sus fondos y en caso que se hubiese hecho, deberá reintegrar esos montos, sin perjuicio del derecho de repetir contra los actores si éstos no devolvieran lo pagado dentro del plazo de 15 días de ejecutoriado el presente fallo.

IV.- Que no se condena en costas a las recurridas por haber tenido motivo plausible la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. y por haberse solicitado expresamente su eximición respecto de la Corporación Colegio Germania.

Atendido lo resuelto precedentemente, déjase sin efecto la orden de no innovar decretada en autos.

Redacción a cargo del abogado integrante, Sr. Mauricio Cárdenas García.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, quien concurrió a la vista y acuerdo por haber cesado su cometido funcionario.

Rol Protección Nº 43-2021