AGRICOLA LLANQUIHUE SOCIEDAD ANÓNIMA. con nombre reservado

nombre reservado, seis de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 compareció el abogado Alfonso Anfossi Bresciani, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de Agrícola Llanquihue S.A., RUT NºRUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Los Lagos, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de nombre reservado, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad N°RUT reservado y de nombre reservado, comerciante, cédula nacional de identidad N°N°RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, Región de Los Lagos, debido al acto arbitrario e ilegal ejercido en su contra que vulnera su garantía del artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Fundamental.

Expuso que la sociedad agrícola es propietaria de un bien raíz agrícola ubicado en el sector de Nueva Braunau, Llanquihue, Región de Los Lagos, inscrito a fojas 1628v número 2851 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, correspondiente al año 2009, en adelante también denominado como el “Lote A”. Además, es propietaria de otro bien raíz agrícola denominado “La Vega” ubicado en la localidad de Pichilaguna, Llanquihue, Región de Los Lagos, inscrito a fojas 1629 número 2852 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, correspondiente al año 2009, en adelante también denominado como “La Vega”.

Agregó que nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado, son propietarios, los dos primeros y usufructuaria la última, del inmueble “Lote B cuatro”, de una superficie de 7,4 hectáreas, de la Subdivisión del Lote B, ubicado en el sector denominado Nueva Braunau, Llanquihue, Región de Los Lagos, inscrito a fojas 156 número 221 y a fojas 3155 número 4209, ambos del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, correspondiente al año 2017 y 2021, respectivamente, y a fojas 3455v número 2215 del Registro de Hipoteca del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, correspondiente al año 2021, en adelante también denominado como el “Lote B4”.

Indicó que dentro de sus lotes desarrolla actividades agrícolas y ganaderas, dando trabajo a más de 35 personas. En el Lote A se encuentran las oficinas administrativas, los establos donde se encuentran parte del ganado equino y vacuno, la maquinaria necesaria para las actividades agrícolas, así como bodegas de almacenamiento de alimento para el ganado, mientras que en “La Vega” se encuentra parte del ganado vacuno, siembras de trigo que se utilizan para alimentar al ganado, junto con bodegas de almacenaje de alimento para la temporada de invierno.

Refirió que el tránsito entre ambos predios se lleva a cabo de manera permanente (generalmente entre los días lunes y sábado) hace más de 40 años, por medio de un camino interior, que atraviesa por cerca de 500 metros el Lote B4 de los recurridos.

Señaló que desde 2020 los recurridos comenzaron con una serie de amenazas de cierre del camino, con la finalidad de impedir el tránsito por dicho camino, a pesar de que ellos, para ingresar al inmueble de su propiedad, transitan por un camino interno que atraviesa el Lote A, tránsito que, a pesar de amenazas y de no existir constituida servidumbre alguna ni ningún otro derecho, nunca ha sido impedido. Ante las amenazas, explicó que se les dijo a los recurridos que el camino es usado hace décadas y que es esencial para el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, por lo que un eventual cierre del camino constituye un acto de autotutela y una variación unilateral del estado de las cosas.

En ese contexto, el 17 de marzo del año en curso, trabajadores de la sociedad recurrente, informaron que al dirigirse a realizar sus labores diarias desde el Lote A hacia La Vega, se percataron que los recurridos instalaron un portón, que cerró el acceso al camino en aquella parte que atraviesa el Lote B4.

Para dar cuenta de esta modificación unilateral, acompañó el atestado notarial, de fecha 4 de abril de 2025, emitido por el Notario Público de Puerto Varas, nombre reservado, donde se contienen fotografías obtenidas en su presencia, tanto con fecha 29 de octubre de 2020 y posteriormente el 28 de marzo del presente año, por lo que expresó que queda de manifiesto la modificación unilateral por parte de los recurridos de la situación de hecho que existía en el lugar.

Reclamó vulneración a la garantía del artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, ya que los recurridos ejercieron un acto de autotutela, constituyéndose en una comisión especial que decidió, de manera arbitraria e ilegal, impedir el tránsito a través del camino que va desde el Lote A hacia La Vega, por medio de la instalación de un portón.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicitó que se acoja el recurso, se ordene a los recurridos el retiro del portón instalado y/o mantenerlo abierto sin obstáculos, así como abstenerse de llevar a cabo cualquier vía de hecho que importe alterar el libre tránsito a través camino, con costas.

A folio 4 se declaró admisible el recurso, se pidió informe a los recurridos y se otorgó orden de no innovar, en el sentido de que los recurridos deberán permitir el libre tránsito entre los predios del recurrente mientras se tramite el presente recurso.

A folio 15 evacuaron en conjunto el informe los recurridos, quienes expusieron que existe un error en la ubicación del portón y en la representación cartográfica acompañada por el requirente ya que se encuentra emplazado en el predio denominado Lote B3-B, según consta en la inscripción de dominio vigente en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, a fojas 207, número 266, del año 2023, cuya propietaria es doña nombre reservado, por lo que resulta jurídicamente improcedente atribuirles la instalación del portón en el Lote B4, como erróneamente lo afirma el requirente en su recurso.

Explicó que el croquis acompañado por el recurrente representa de forma inexacta los deslindes, las relaciones entre los predios involucrados y la ubicación del camino, situándolo equivocadamente en toda su extensión sobre el Lote B4. En este sentido corrigió que en base a los antecedentes catastrales y los planos de subdivisión vigentes, el trazado del camino en cuestión es el siguiente: inicia en el Lote B3-B, por el cual atraviesa una extensión aproximada de 90 metros; luego continúa por el Lote B4, correspondiente al inmueble de los recurridos, durante una extensión de 142 metros; posteriormente se adentra nuevamente en el Lote A, de propiedad de Agrícola Llanquihue S.A., y desde allí continúa hacia el predio denominado “La Vega”.

Destacó que el Lote B4 no colinda en ningún punto con el predio La Vega, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, por lo que arguyó que esta imprecisión topográfica y registral no solo debilita la verosimilitud del relato contenido en el recurso, sino que además demuestra una incorrecta identificación del inmueble supuestamente perturbador del derecho alegado, lo que socava gravemente la base fáctica de la acción intentada y debilita la procedencia del recurso de protección.

Luego, sin perjuicio de lo ya expuesto, refirió que el camino que se pretende restablecer atraviesa directamente la propiedad de los recurridos (Lote B4), afectando la vivienda, infraestructura y sus actividades productivas allí desarrolladas, por lo que la eventual acogida del recurso reactivaría el tránsito de maquinaria pesada, animales y vehículos sobre dicho predio, lo que —además de carecer de justificación legal— ha generado perjuicios materiales concretos y perturbaciones al uso legítimo del inmueble. Señala, además, que el portón, desde su instalación, siempre ha estado sin candado, nunca un candado cerrado o algo que implique algún bloqueo físico, permitiendo el paso de personas, animales y vehículos, por lo que no existe obstáculo material efectivo.

Argumentó que en el recurso no se ha hecho presente ni acreditado la existencia de una servidumbre de tránsito, a lo cual, además, agregó la expresa y reiterada oposición por parte de los recurridos al uso del camino, lo cual acredita con las comunicaciones escritas por correo electrónico, mensajes de WhatsApp y de forma presencial en reuniones sostenidas con el señor nombre reservado, gerente general de Agrícola Llanquihue S.A.; por lo que dice que no puede sostenerse que el uso del domicilio reservado años pueda constituir un derecho.

Acompañó a este respecto fotografías que evidencian el tránsito de maquinaria pesada vehículos particulares y piños de animales vacunos por el tramo del camino que atraviesa el Lote B4; imagen de efluentes de excrementos y aguas lluvias en el camino, provenientes de los corrales del recurrente.

Arguyó que el uso abusivo e intensivo del camino ha provocado consecuencias materiales, estructurales y económicas graves, afectando tanto la infraestructura del inmueble como el normal desarrollo de las actividades productivas lícitas que allí se ejecutan, ya que se ha provocado un deterioro evidente en la vivienda ubicada en domicilio reservado metros del camino en su tramo más próximo, además del daño estructural en la muralla de contención colindante, actualmente inclinada y en riesgo inminente de derrumbe.

Por su parte, dijo que el constante paso de vehículos pesados y maquinaria agrícola ha afectado severamente las actividades económicas desarrolladas en el predio, en particular el servicio de hospedaje turístico, vinculado al entorno natural y la tranquilidad del sector, y la apicultura, las que se han visto comprometidas por la emisión excesiva de polvo, el ruido persistente y las vibraciones, deteriorando la experiencia del visitante, afectando la percepción del paisaje por parte de los turistas, y alterando el comportamiento de las colmenas, con impacto directo en la salud de las abejas y la producción apícola.

Acompañó a este efecto registros fotográficos de los perjuicios estructurales y funcionales causados por el uso intensivo del camino, Informe del Servicio de Impuestos Internos (SII), que acredita las actividades económicas realizadas en el lote B4 y Patente municipal vigente otorgada por la Ilustre Municipalidad correspondiente, que habilita legalmente el funcionamiento del servicio de hospedaje turístico en el inmueble.

Por último, expuso que el predio denominado “La Vega” no se encuentra en situación de enclavamiento, ya que posee un acceso alternativo plenamente utilizable a través de los predios denominados Fundo San Carlos Dos y Fundo San Carlos. Ambos figuran inscritos a nombre de nombre reservado Hermanos Sociedad Anónima en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, según consta en las inscripciones de fojas 1341, número 2051, año 2014, y fojas 1342, número 2052, año 2014, respectivamente.

Así, expresó que la empresa Agrícola Llanquihue S.A., titular del predio “La Vega”, comparte estructura societaria y operativa con nombre reservado Hermanos Sociedad Anónima, y ambos predios forman parte de una unidad productiva integrada destinada a la engorda de bovinos y cultivos de maíz para alimentación animal.

Agregó que el camino alternativo es plenamente funcional, cuenta con acceso operativo dentro de la misma unidad productiva, y ha sido utilizado regularmente para otras faenas, lo que demuestra su viabilidad práctica y técnica, por lo que concluyó que no se configura el supuesto de predio enclavado exigido por el artículo 847 del Código Civil para constituir una servidumbre legal de tránsito. En consecuencia, explicó que cualquier pretensión en ese sentido debe ser rechazada por carecer de sustento jurídico, técnico y fáctico.

Concluyó que no se configura acto ilegal ni arbitrario alguno, pidió que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas. Además, solicitó se tomen medidas accesorias tendientes a resguardar sus derechos, como la orden de cierre definitivo del acceso a través del Lote B4, la indemnización de perjuicios por los daños causados a su vivienda, a la muralla de contención y al predio en general y el lucro cesante derivado de la afectación a las actividades económicas lícitas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en estos autos la recurrente deduce recurso de protección en contra de los recurridos por el acto que califica como ilegal y arbitrario consistente en la instalación de un portón que impide el libre tránsito desde su predio signado como Lote BA, hacia La Vega, por aquella parte del camino interior que atraviesa el Lote B4 de propiedad de los recurridos, señalando que éstos han modificado unilateralmente el statu quo por cuanto dicha vía ha sido usada los últimos 40 años por ellos para el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, sin impedimentos.

A su turno la recurrida sostiene que el recurso incurre en un error fáctico relevante al emplazar el portón objeto de la controversia en un predio distinto al que realmente corresponde, asegurando que el portón al que se hace referencia se encuentra emplazado en el predio denominado Lote B3-B cuya propietaria es doña nombre reservado, por lo que resulta improcedente atribuirle la instalación del portón en el Lote B4 como erróneamente se afirma en el recurso. Agrega que esta imprecisión topográfica no sólo debilita la verosimilitud del relato contenido en el recurso, sino que, además, demuestra una incorrecta identificación del inmueble supuestamente perturbador del derecho alegado.

Cuarto: Que, son hechos no controvertidos, de conformidad a los antecedentes agregados, que el Lote A y el Lote “La Vega” son bienes raíces agrícolas de propiedad de la recurrente Sociedad Agrícola Llanquihue; y que los recurridos nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, son propietarios los dos primeros y usufructuaria la última, del inmueble Lote B4, todo lo cual ha sido refrendado por los certificados de dominio vigente acompañados al recurso.

Resulta, además, un hecho indiscutido la instalación del portón metálico durante el mes de marzo del presente año, en el camino que circula desde el predio denominado Lote A del recurrente, y que luego atraviesa el Lote B4 de los recurridos, lo cual ha quedado acreditado con las fotografías acompañadas en el atestado notarial.

Por último, tampoco es un hecho controvertido que el camino al que se ha hecho referencia era utilizado por los trabajadores de la Sociedad Agrícola Llanquihue para desplazarse en ejercicio de la actividad agrícola y ganadera que desarrollan, desplazando además maquinaria y ganado, con anterioridad a la instalación del portón en marzo de 2025.

Quinto: Que, sin embargo, tanto el recurrente como los recurridos discrepan en torno a la ubicación del portón al que se alude el recurso, sobre el trazado del camino en cuestión y respecto de la existencia de accesos alternativos.

Así, mientras el recurrente sostiene que el referido portón se encuentra instalado en el Lote B4 de propiedad de los recurridos, estos por su parte, afirman -en su informe- que el portón se encuentra ubicado en el Lote B3-B, de propiedad de una tercera persona que no ha sido emplazada a este proceso.

Luego, respecto del trazado del camino en cuestión, el recurrente sostiene que este inicia en el Lote A de su propiedad, atraviesa el Lote B4 de los recurridos y continúa en el Lote “La Vega”, ello de acuerdo al croquis que acompaña al recurso. Los recurridos por su parte plantean que el trazado es el siguiente: inicia en el Lote B3-B, luego continua por el Lote B4, posteriormente se adentra nuevamente en el Lote A y desde allí continúa hacia el predio denominado “La Vega”.

Por último, el recurrido plantea que al Lote “La Vega” se puede acceder por caminos ubicados en otros predios, que también serían propiedad del recurrente, aunque a través de otras estructuras societarias, mientras que el recurrente defiende que ese siempre ha sido la vía para poder acceder al denominado Lote “La Vega”.

Sexto: Que, conforme a los antecedentes, los hechos narrados por las partes, así como los datos recabados en los certificados de dominio, planos de subdivisión y croquis acompañados, el recurrente carece de un derecho indubitado e indiscutido que le permita impetrar la protección de la garantía que invoca, toda vez que aparece controvertida la ubicación del portón que impediría el libre tránsito al recurrente, el trazado del camino en cuestión, así como la existencia de accesos alternativos para acceder al mismo.

Cabe mencionar que del análisis de la documental allegada a la carpeta electrónica, ni en los planos de subdivisión, ni en las inscripciones registrales se da cuenta de la existencia del camino en donde se ha instalado el portón, el cual no es mencionado en los deslindes de las propiedades de los Lotes A, B3 O B4, ni ha quedado consignado en plano alguno que haya sido acompañado en estos autos.

Así las cosas, no siendo la presente una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados en esta sede, corresponde que las partes sometan la controversia al procedimiento declarativo que sea pertinente, oportunidad en la que podrán formular las alegaciones y excepciones que estimen conducentes, presentar la prueba necesaria al efecto, y presentar recursos si fuera el caso.

Séptimo: Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran hacer valer las partes ante quien corresponda.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por el abogado Alfonso Anfossi Bresciani, en representación de Agrícola Llanquihue S.A. en contra de nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, todos ya individualizados.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°428-2025.-