nombre reservado con BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Puerto Montt, veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, chileno, divorciado, comerciante, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Villa nombre reservado, Llanquihue, quién deduce acción de protección en contra del Banco de Crédito e Inversiones, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio, para estos efectos, en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de cerrar una cuenta de corriente a su nombre sin expresión de causa y de manera repentina, vulnerando con ello el articulo 19 N°24 de la Constitución Política.

Sostiene que ha sido cuenta correntista en diversas instituciones bancarias, entre ellas con la recurrida, manteniendo siempre una conducta intachable en sus comportamientos financieros, ejerciendo actividades comerciales de manera legal, principalmente en el rubro de la compraventa, figurando con diversos inicios de actividades informados ante el Servicio de Impuestos Internos.

Que durante el mes de enero del presente año, recibió una solicitud formal de la recurrida para que informara su estado financiero que respaldaran sus flujos actuales en la cuenta corriente que mantiene con dicho banco, luego que este observara una diferencia contable entre sus ingresos declarados y los flujos habidos en la cuenta indicada en el período comprendido entre el 04 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021, por la suma de $91.293.605. Dicha información fue remitida el 14 de febrero del 2022, consistente en las doce últimas declaraciones de IVA a excepción del balance del año 2020 por no corresponder al régimen que tributa, encontrándose plenamente respaldo el flujo señalado y que proviene de su fuente laboral.

Sin embargo, con fecha 07 de marzo del 2022, no pudo realizar un flujo de dinero que mantenía en la cuenta corriente del banco recurrido, el cual informo que aquella se encontraba bloqueada o eliminada del sistema sin profundizar en los motivos para ello ni siendo informado de manera oficial de alguna decisión en aquel sentido.

De este modo, se afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, al no efectuar contar con los dineros que mantenía en el banco recurrido, sosteniendo que su actuar es ilegal y arbitrario, al ser contrario con la normativa del Código Civil y del D.F.L N°3 del año 2021 y con un actuar unilateral sin justificación.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción, declarando que el actuar del Banco ha sido arbitrario e ilegal, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para poner fin a las arbitrariedades denunciadas y se disponga la restitución del derecho de recurrente como cuentacorrentista, ordenando la reapertura de la misma y de todos los servicios asociados a ella.

Acompaña a su presentación 1. Nota del Banco BCI, de fecha 27 de enero 2021; 2. Correo electrónico y últimas doce declaraciones mensuales y pagos simultáneos de impuestos. Formulario N°29; 3. Resumen año tributario; 4. Situación Tributaria asociada al recurrente, con indicación de actividades que desarrolla el recurrente.

A folio 3, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 8, consta notificación personal de la recurrida.

A folio 17, consta informe evacuado por Karen Rivera Anabalón por la recurrida Banco de Crédito e Inversiones, quién señala que con fecha 27 de enero del 2022, dicha parte remite carta a la recurrente solicitando diversa información financiera, fundado aquello en la recopilación actualizada de normas de la Comisión para el Mercado Financiero, consistente aquella en a) estados financieros al 31 de diciembre de 2020, b) balance 2020, y c) las 12 últimas declaraciones de IVA, todo con la finalidad de acreditar y respaldar sus actuales flujos de dinero en la cuenta corriente del actor, solicitándose a su vez la justificación de diferencia por $91.293.605.- por ingresos declarados y los flujos en su cuenta corriente en el periodo 04/01/2021 al 30/11/2021, indicándose en dicha misiva que en caso de no recibir estos antecedentes, el Banco se reservaba el derecho de evaluar la continuidad o término de la relación comercial con aquel.

Luego, con fecha 14 de febrero del 2022, mediante correo electrónico dirigido al agente de la oficina del banco recurrido, el actor envía solamente las últimas 12 declaraciones de IVA y la declaración de impuesto a la renta correspondiente al año 2020, sin cumplir con los otros dados solicitados por lo que se procede a realizar el cierre de su cuenta corriente con fecha 04 de marzo de 2022, previa remisión de carta con fecha 17 de febrero del 2022 donde se le informaba de dicha situación. En este sentido, los dineros que se encontraban en la cuenta corriente, hoy se encuentran en cuenta contable Nº [cuenta reservada] del Banco BCI Llanquihue a disposición del recurrente para su retiro, sin que exista una disposición por parte del Banco de dichos montos, manteniéndolos en custodia hasta el retiro efectivo por parte del propietario.

Sostiene en esta línea la extemporaneidad del presente recurso, toda vez que el envío de la carta con la comunicación de esta situación es de fecha 17 de febrero del 2022, donde se indicaba que aquello se haría efecto a los 15 días siguientes, razón por la cual el plazo para la interposición del presente recurso venció el 19 de marzo del 2022, indicando a su vez que las cartas provienen de Santiago, siendo en este caso incompetente esta Corte para el conocimiento de este asunto.

Por otro lado, el Banco se encuentra facultado para poner término unilateral de la cuenta corriente del actor, de acuerdo a la incorporación de los contratos existentes entre las partes y por la instrucción expresa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actual Comisión para el Mercado Financiero contenida en la norma 2-2 , punto 10.

A su vez, la ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, en conjunto con la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica exigen un comportamiento activo y previsor a los bancos e instituciones financieras que los obliga a actuar en forma preventiva, evitando que puedan ocurrir las conductas en ellas referidas y sancionadas. Así las cosas, la solicitud de información fue hecha en base a dichas obligaciones y directrices emanadas por las autoridades pertinentes, tal como la circular 3435 de la Superintendencia del ramo, la cual no fue evacuada por el actor, lo cual tampoco se contrapone con la normativa protectora del derecho del consumidor.

Previas citas jurisprudenciales sobre la inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario, solicita que se rechace la presente acción, con costas.

Acompaña a su presentación, 1. Carta de fecha 17 de febrero de 2021 enviada por el Banco al recurrente, informando el término de los productos bancarios: 2. Carta de fecha 27 de enero de 2022, requirieron información por parte del banco al cliente: 3. Contrato planes personas servicios bancarios BCI, disponible en el sitio web del Banco de Crédito e Inversiones.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio SEGUNDO: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario por la recurrente es la decisión unilateral de la recurrida de cerrar sus productos bancarios que mantenía con aquella, sin información oportuna ni mayores explicaciones respecto a las razones que motivaron dicho actuar.

CUARTO: De los antecedentes acompañados por las partes, es posible señalar que con fecha 27 de enero del 2022, el Banco BCI le solicitó a la recurrente la remisión de sus antecedentes financieros que respaldaren sus actuales flujos que mantenía en su cuenta con dicha institución, en particular, sus estados financieros al 31 de diciembre del 2020, balance del año 2020 y las 12 últimas declaraciones de impuesto al valor agregado, en virtud de lo dispuesto en el capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de normas de la Comisión para el Mercado Financiero; que con fecha 14 de febrero del 2022 la recurrente remite las declaraciones de IVA y de impuesto a la renta para el año 2020, sin acompañar los otros antecedentes solicitados; y que con fecha 17 de febrero del 2022, la recurrida comunicó su decisión de término anticipado al contrato de cuenta corriente que mantenía con la actora y de todos los productos asociados a dicha cuenta, como consecuencia de no haber acreditado suficientemente el origen de fondos depositados en aquella.

QUINTO: En este sentido, se desechará la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida, ya que si bien la decisión de término unilateral de la relación contractual entre las partes es de fecha 17 de febrero del 2022, dicho actuar ha mantenido sus consecuencias al día de hoy, siendo un acto representativo de aquello el hecho de que el actor no haya podido sacar fondos el día 07 de marzo del 2022, cuestión que lleva por tanto a pronunciarse por esta Corte respecto del fondo del asunto denunciado en esta acción.

SEXTO: De acuerdo a los hechos acreditados precedentemente, la recurrida, en cumplimiento con las obligaciones que emanan de las leyes 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y la 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de cierto tipo de delitos, solicitó a la actora un conjunto de antecedentes para justificar los flujos bancarios que aparecían en su cuenta corriente, cuestión que aquella no cumplió en la forma requerida por la entidad bancaria. Luego, y al no cumplirse con dicho requerimiento de información, la decisión de término unilateral del Banco, contemplada en las condiciones generales y operacionales del contrato suscrito entre las partes con fecha 04 de diciembre del año 1995, particularmente en su numeral 10, no figura como arbitraria toda vez que aquella se efectúo en base al propio actuar de la recurrente, quién no logró demostrar lo solicitado en su oportunidad por la recurrida ni acompañó la documentación solicitada de manera íntegra.

SÉPTIMO: Así las cosas, tampoco se advierte por estos sentenciadores un actuar ilegal en lo obrado por la recurrida, toda vez que la solicitud de información y término de la relación contractual se encuentra ajustada a las normas invocadas por su parte y señaladas de manera previa, sin perjuicio de no advertirse si la institución bancaria cumplió con su obligación de informar sobre operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero de acuerdo con lo indicado en el artículo 3 de la ley 19.913, cuestión que deberá subsanar conforme al mérito de los antecedentes y en cumplimiento de sus deberes legales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I- Que se rechaza la acción interpuesta por nombre reservado en contra del Banco de Crédito e Inversiones.

Redacción a cargo del Ministro Titular, don Jorge B. Pizarro Astudillo.

No firma el Ministro don Jorge Pizarro Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°425-2022.