nombre reservado con INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A

nombre reservado, cinco de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos.

A folio 1 comparece nombre reservado, comerciante, cédula de identidad número RUT reservado, representante legal de la Asociación Agrupación de Residenciales Hostales y nombre reservado, del giro de su denominación, rol único tributario número 65.117.121-0, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de Inmobiliaria del Pacifico S.A, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 79.802.720-4, representada legalmente por nombre reservado, ingeniero comercial, cedula de identidad número RUT reservado y por nombre reservado, administrador de empresas, cedula de identidad número RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado.

Expone que con la recurrida han celebrado varios contratos de arrendamiento, siendo el último contrato vigente el correspondiente al 1 de agosto de 2019 según el cual Inmobiliaria del Pacifico S.A, como concesionaria del terminal de Buses de nombre reservado, dio en arrendamiento a la recurrente el local comercial asignado con el número M-8, de una superficie de 3 metros cuadrados, ubicado en el primer piso del Terminal de Buses de nombre reservado. Señala que al suscribir el contrato se dejó constancia que también podía utilizar un stand móvil de no más de 1 metro cuadrado para captar pasajeros en el sector de boleterías, en una ubicación fija, determinada de común acuerdo. Precisa que el plazo del contrato era de 12 meses, renovables de manera tácita y automática por iguales periodos, a menos que alguna de las partes diese aviso por escrito mediante carta certificada con a lo menos 60 días de anticipación al domicilio señalado en el contrato.

Explica que durante los años 2020 y 2021 no se le cobró la renta debido a las restricciones sanitarias, pero que ya a fines de 2021 pudo reinstalar su stand. Agrega que, no obstante ello, comenzó a sufrir hostigamientos del administrador del terminal, quien a toda costa quería despojarlos del lugar, ya que en el terminal está emplazado el Hotel Ibis a quien desfavorecían mediante su competencia directa, pero se mantuvieron firmes. En tal sentido, precisa que en marzo de 2022 la recurrida le presentó una propuesta conforme a la cual sería cambiada de lugar y se le cobraría una renta superior, propuesta que no fue aceptada por su parte, por consiguiente -concluye- el contrato de 2019 seguía vigente.

Continúa relatando que siguieron asistiendo al terminal hasta el día 13 de agosto de este año fecha en que vieron que el stand estaba siendo retirado por funcionarios de la inmobiliaria mediante la fuerza o coacción. Argumenta que, de esta forma, se ha vulnerado la ley del contrato prevista en el artículo 1545 del Código Civil, se ha incumplido la obligación de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el uso de la cosa arrendada de acuerdo establecida en los artículos 1924 y 1932 del Código Civil y, asimismo, se ha vulnerado el artículo 1950 de dicho código, por no existir sentencia judicial que ponga término al contrato. Igualmente, alega una infracción a las formalidades y derechos que establecen los artículos 3, 4 de la Ley 18.101, enfatizando su carácter irrenunciable de acuerdo con el artículo 19 de dicho texto legal, tornándose ilegal la actuación de la recurrida, además, por no respetarse los parámetros que ella establece.

Sostiene que la conducta de la recurrida, consistente en el despojo de los muebles que guarnece el local comercial y en evitar que pueda ingresar al terminal de buses a realizar su actividad comercial, importa una actuación de facto constitutiva de un acto de autotutela, por el cual la recurrida se ha arrogado atribuciones por sı́ y ante sı́.

Luego de referirse a la perturbación o amenaza a su libertad a desarrollar cualquier actividad económica y a su derecho de propiedad sobre toda clase de bienes; pide se ordene a la recurrida la restitución del stand, que permita el ingreso a realizar sus actividades comerciales en el módulo M-8, ubicado en el primer piso del Terminal de Buses de nombre reservado y que se ordene a la recurrida a que se abstenga en el futuro de ejecutar esta clase de conductas, con costas. Acompaña 1. Los contratos de arrendamiento del uno de mayo de 2018 y del uno de agosto de 2019. 2. Recibos de dineros de fecha once de marzo de 2022 emitido por Inmobiliaria Del Pacifico S.A, que acredita el pago gastos operacionales. 3. Fotografías de fecha trece de agosto del año 2022 donde se aprecia el retiro del stand comercial. 4. Certificado de estatuto de Asociación, Agrupación de Residenciales, Hostales y nombre reservado donde consta la representante legal de nombre reservado. 5.- Rol Único Tributario del Servicio de Impuestos Internos de la recurrente.

A folio 3 se declaró admisible el recurso, se concedió orden de no innovar y se pidió informe a la recurrida.

A folio 14 Inmobiliaria del Pacífico S.A. evacua informe, negando la efectividad de haber ejercido actos de hostigamiento en contra de la recurrente, agregando no ver conexión entre ello y el recurso. Por otro lado, afirma que, al 9 de marzo de 2022, la recurrente le adeudaba la suma $2.475.893 y 47,6 UF más IVA ($1.657.316); razón por la que, con el objeto de conseguir el pago de las rentas adeudadas y la restitución del espacio llegó a un acuerdo con la actora para poner fin al contrato de arrendamiento, según el cual su parte haría un descuento del 32% de la deuda por concepto de rentas de arrendamiento, fijando $1.000.0000 y la posibilidad de llevarse su módulo y su stand. Continúa señalando que, de esta manera, la relación comercial terminaría mediante la suscripción de un finiquito suscrito ante Notario Público con fecha 1 de abril de 2022. Sin embargo, explica que pese a que la recurrente acudió a la Notaría, no fue autorizada su firma por no haber acreditado personería.

Argumenta que, como el contrato de arrendamiento es un contrato consensual inclusive cuando recae sobre bienes inmuebles, salvo excepción, dio por finiquitado el contrato. Sin perjuicio de seguir insistiendo que la recurrente firme el finiquito ante Notario Público, hasta que fue notificado del presente recurso de protección.

Por otro lado, hace presente que en marzo del presente año, la recurrente le remitió un correo electrónico por el cual le señaló que actualmente eran son solo 5 socias, por lo que se les hacía imposible reunir todos los dineros, ya que recién había reembolsado $1.000.000. Por tanto, afirma no entender lo que se pretende con esta acción de protección, ya que la recurrente deberá pagar las rentas adeudadas sin el descuento acordado, además, de la garantía impaga y las futuras rentas que se devenguen.

Finalmente, asegura no haber retenido bien alguno de la actora y que las personas que se ven en las fotografías acompañadas por la recurrente, en las que se ve el retiro del módulo en cuestión, no son funcionarios de la inmobiliaria, sino que fueron enviados por la actora, quien incluso luego vendió el módulo. Respecto del stand, afirma que también éste fue retirado por la actora, por lo que niega afectación a su derecho de propiedad. Asimismo, hace presente que tales hechos no sucedieron el 13 de agosto de 2022, sino que el 24 de junio y 27 de julio respectivamente.

Respecto de la afectación al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, igualmente niega su afectación, porque debido a los reiterados incumplimientos de la actora a sus obligaciones contractuales de común acuerdo se consensuó finiquitar dicha relación. Pide el rechazo de la acción de protección, con costas. Acompaña 1.- Contrato de Arrendamiento; 2.- Propuesta de Finiquito enviada por la recurrente con fecha 9 de marzo de 2022 a mi representada; 3.- Pantallazos de conversaciones por whatsapp entre las partes; 4.- Correo electrónico nombre reservado a sus Supervisores de fecha 24 de junio de 2022; 5.- Fotografías acompañadas al correo electrónico acompañado en el número anterior; 6.- Correo electrónico enviado por Stephanie a nombre reservado; 7.- Correo nombre reservado a Stephanie 9 de marzo de 2022; 8.- Cadena de Correos electrónicos; 9.- Cadena de Correos electrónicos; 10.- Envío de Personería de Stephanie a Stephanie para presentar en la Notaría de nombre reservado, de fecha 1 de abril de 2022; 11.- Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin Fines de Lucro enviada en el correo señalado en el número anterior.

A folio 17 se trajeron los autos en relación.

A folio 24 se dispuso la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

A folio 25 la recurrida acompaña: 1.- Declaración Jurada de don nombre reservado, otorgada ante el Notario Público de Puerto Montt don nombre reservado, con fecha 14 de noviembre de 2022; y 2.- Atestado Notarial levantado por el Notario Público de Puerto Montt don nombre reservado, con fecha 14 de noviembre de 2022.

Con lo relacionado y considerando:

Primero. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo. Que, la actora alega haber suscrito un contrato de arrendamiento con el recurrido respecto del local comercial asignado con el número M-8, de una superficie de 3 metros cuadrados ubicado en el primer piso del Terminal de Buses de nombre reservado, así como de un stand de 1 metro cuadrado. En tal contexto, aduce que el 23 de agosto del año en curso vio como el stand era retirado por personal de la recurrida en un ejercicio de autotutela que conculca su derecho a desarrollar cualquier actividad económica y su derecho de propiedad.

Tercero. Que, el recurrido asegura haber acordado el finiquito de la relación contractual que lo ligaba con la actora y por ello, asegura que fue la propia recurrente quien retiró el módulo y el stand objeto del contrato de arrendamiento, de modo que no ha conculcado sus garantías constitucionales.

Cuarto. Que, con el mérito de los antecedentes de la causa, se tiene por acreditado que con fecha 1 de abril de 2019 Inmobiliaria del Pacífico S.A. -en su calidad de concesionaria del Terminal de Buses de nombre reservado- dio en arrendamiento a la Asociación Agrupación de Residenciales Hostales y nombre reservado el local comercial singularizado con el número M-8, que tiene una superficie aproximada de 3 metros cuadrado, ubicado en el primer piso del Terminal de Buses de nombre reservado. Asimismo, consta que las partes pactaron que la arrendataria pudiese utilizar un stand móvil de no más de 1 metro cuadrado para captar pasajeros en el sector de boleterías.

Quinto. Que, por el contrario, de los antecedentes de la causa no se infiere la existencia del hecho ilegal y arbitrario que haya servido de basamento a este arbitrio. En efecto, de manera lata, la recurrida ha efectuado diversas alegaciones durante la tramitación de esta causa negando la efectividad del retiro -tanto del módulo como del stand de los que se servía la actora- para lo cual ha allegado diversas cadenas de correos electrónicos, conversaciones por mensajería whatsapp, certificaciones notariales de audios remitidos por medio de la aplicación indicada y una declaración jurada del jefe comercial del Terminal de Buses de nombre reservado; los que no solo refutan las aseveraciones de la actora, sino que permiten formar convicción en el sentido de que no existió la autotutela denunciada, sino que fue la propia actora quien acordó con la recurrida el retiro, tanto del módulo como del stand en cuestión, lo que además se concretó en fechas diversas de aquéllas aseveradas en el escrito de interposición del recurso.

Sexto. Que, como se viene explicando, aún cuando la actora obtuvo una orden de no innovar, el examen acabado de todos los antecedentes allegados al procedimiento, no solo no permite tener por acreditadas las alegaciones de la actora, sino que dan cuenta que los hechos no ocurrieron en absoluto en la forma expuesta por ella, lo que unido a lo expuesto en estrados por el recurrido, han formado la convicción en estos sentenciadores del rechazo de este arbitrio, y, además, debido a la ausencia de alegatos de la recurrente y al derrotero de la tramitación de este procedimiento, se justifica la imposición de costas a la parte vencida, todo ello en los términos que se declararán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.-. Que se rechaza, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, como representante legal de la Asociación Agrupación de Residenciales Hostales y nombre reservado en contra de Inmobiliaria del Pacifico S.A.

II.- Que, se condena en costas a la recurrente por haber sido totalmente vencida, regulándose las costas personales en la cuantía de 1 Ingreso Mínimo Remuneracional.

III.- Que, se deja sin efecto la orden de no innovar dispuesta a folio 3.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Javier Niklitschek Roa.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Rol Protección Nº4203-2022