Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Puerto Montt, veinte de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 11 de marzo de 2020, compareció nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la que dictó la Resolución Exenta R-01-F-16603-2020 de fecha 28 de febrero de 2020 que mantuvo decisión anterior manifestada en Resolución Exenta R-001-UJU-75663-2019 de fecha 24 de diciembre de 2019, que aprobó y confirmó lo resuelto por COMPIN Subcomisión Llanquihue y Palena, que rechazó el pago del subsidio por incapacidad laboral de las licencias médicas N°2-59704122, emitida por 21 días a contar del 11 de julio de 2019 y hasta el 1 de agosto de 2019, y N°2-59643156 emitida por 30 días a contar del 1 de agosto de 2019 y hasta el 30 de agosto de 2019, por no acreditarse la calidad de trabajador dependiente, solicitando el actor se aprueben dichas licencias en los términos en las que fueron extendidas.

Según la documentación que acompaña el actor, consistente en la resolución de fecha 28 de febrero de 2020, la SUSESO estimó que, en la especie, el vínculo laboral entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo de las labores, no bastando la sola exhibición de documentos formales, como lo son el contrato de trabajo, liquidaciones de remuneraciones y planillas de pago de cotizaciones, más aun si ellos resultan dubitados en el proceso de fiscalización.

En las presentaciones que se hicieron durante la tramitación administrativa, y que acompaña, el actor relató que las licencias fueron emitidas por padecer de depresión, angustia y temores fóbicos, gatillados por sobrecarga laboral y su situación familiar y económica.

En relación con su vínculo laboral señaló, durante la tramitación administrativa, que su empleador es nombre reservado, reconociendo que la COMPIN no lo halló en el domicilio laboral cuando realizó una fiscalización, pero ello se debió a que su empleador se cambió de domicilio. Adjuntó en aquella oportunidad y, también en esta acción de protección, un certificado del contador del su empleador, fechado el día 15 de octubre de 2019, en la que señala que el actor presta servicios como Jefe de Operaciones en carácter permanente e indefinido (no señala fechas). Dicho documento, además, señala que el empleador cambió de domicilio en mayo de 2019. Además, se acompañó un contrato de trabajo que da cuenta de una relación laboral desde el 1 de noviembre de 2018 con nombre reservado, para prestar servicios como Jefe de Operaciones, con una remuneración de $2.136.617, y en el que se señala una relación laboral sin limitación de jornada laboral en función de lo establecido por el artículo 22 del Código del Trabajo.

A folio 8, informa la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), quien solicita, con respecto al presente recurso, en primer término, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea, por cuanto el pronunciamiento que su parte emitió mediante Resolución Exenta R-001-UJU-75663-2019 de fecha 24 de diciembre de 2019, confirmó lo previamente resuelto por la COMPIN en cuanto al rechazo de las licencias médicas señaladas, al no haberse acreditado la calidad de trabajador dependiente. Y que la Resolución Exenta R-01-F-16603-2020 de fecha 28 de febrero de 2020, sólo se limita a dar respuesta a una reconsideración administrativa, pero que el cómputo del plazo de 30 días corridos para recurrir de protección se debe contar desde el día 24 de diciembre de 2019.

En segundo término, alegó la improcedencia de la acción de protección en materia de seguridad social, al no estar amparada por la acción cautelar el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

Por último, en cuanto al fondo, señala que la COMPIN se pronunció rechazando el pago del subsidio por incapacidad laboral solicitado por el recurrente, dado que realizó fiscalización del vínculo laboral al domicilio informado en las licencias médicas el 20 de agosto de 2019, verificando que el domicilio corresponde a un domicilio habitacional particular, señalándose por el conserje del edificio de dicha dirección, que la persona que figura como empleadora se mudó hace dos años de dicha domicilio. Por ello, señala la recurrida, por Resolución Exenta R-001-UJU-75663-2019 de fecha 24 de diciembre de 2019, se desestimó la reclamación contra lo resuelto por la COMPIN, pues el actor no acreditó la calidad de trabajador dependiente que alegó. Respecto de esta decisión es que el actor solicitó, el pasado 26 de diciembre de 2019, su reconsideración o revisión administrativa, la que fue desestimada por la Resolución Exenta R-01-F-16603-2020 de fecha 28 de febrero de 2020, que por esta vía se impugna, dado que no señaló ni aportó nuevos antecedentes, en esta oportunidad, que permitan establecer la calidad de trabajador dependiente que invoca.

Encontrándose la causa en estado, a folio 9 con fecha 27 de marzo de 2020 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Acción Constitucional de protección ha sido establecida en nuestro ordenamiento jurídico como un recurso de carácter extraordinario, en favor de todo aquel que por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el propio Legislador Fundamental se ha encargado de precisar, cuando del mérito de los antecedentes se constate que se ha verificado el acto u omisión que menoscabe el legítimo ejercicio de alguno de los derechos protegidos por la vía de esta acción, debiendo en tal caso adoptarse las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que, en la especie, se impugna por el recurrente la Resolución Exenta R-01-F-16603-2020 de fecha 28 de febrero de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que se pronuncia rechazando una solicitud de reconsideración administrativa o de revisión, manteniendo así inalterable, su pronunciamiento anterior contenido en la Resolución Exenta R-001-UJU-75663-2019 de fecha 24 de diciembre de 2019, la cual, a su vez, confirmó lo resuelto en su oportunidad por la COMPIN de la Subcomisión Llanquihue-Palena, en cuanto rechaza el pago del subsidio por incapacidad laboral respecto de dos licencias médicas presentadas por el actor, por no haberse acreditado relación laboral.

TERCERO: Que, la primera cuestión que debe resolverse es acerca de la extemporaneidad alegada por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Al respecto, debe dejarse establecido que el plazo para interponer esta acción debe contarse desde que se dicte la última de las decisiones administrativas que se pronuncian sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, esto es, luego de ejercer todas las instancias de reclamo por el administrado y se emite el acto terminal que pone fin al proceso de reclamo en sede administrativa y el administrado toma conocimiento de dicho acto terminal.

CUARTO: Que, de esta forma se advierte, desde ya, que el recurso es extemporáneo, pues el acto administrativo que fija la decisión del órgano administrativo y agota la vía administrativa, es el manifestado mediante Resolución Exenta R-001-UJU-75663-2019 de fecha 24 de diciembre de 2019. Fue dicha Resolución la que aprobó y confirmó lo resuelto por COMPIN Subcomisión Llanquihue y Palena, en cuanto rechazó el pago del subsidio por incapacidad laboral de las licencias médicas N°2-59704122 y N°2-59643156, por no acreditarse la calidad de trabajador dependiente, solicitando el actor se aprueben las licencias en los términos en los que fueron extendidas; mientras que el acto que reprocha el actor, sólo se limita a pronunciarse sobre una decisión ya manifestada por el órgano de la administración, sin que se alleguen nuevos antecedentes que permitan variar lo resuelto o que se pueda generar un nuevo análisis de los antecedentes.

QUINTO: Que habiendo el actor interpuesto la acción constitucional tan sólo el día 11 de marzo de 2020, el término de 30 días corridos para su interposición, previsto por el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se encuentra con creces vencido, no siendo la solicitud de reconsideración o revisión útil para el cómputo de un nuevo plazo, razón suficiente para rechazarlo por extemporáneo.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo razonado en el considerando anterior, y de la documentación acompañada, en especial aquélla que se allegó por la recurrida y que dice relación con las piezas de la tramitación administrativa, se advierte una anomalía en las cotizaciones previsionales del actor, figurando un empleador diferente, esto es, la Subsecretaría de Salud Pública; en contradicción al empleador que debiese haber tenido según el contrato de trabajo que presentó, como asimismo, de la declaración escrita del contador de su empleador; figurando, además, sin cotizaciones desde el mes de julio de 2019. A ello, cabe agregar, que la excusa presentada, referente a un permiso sin goce de remuneraciones, posee dos versiones encontradas en los antecedentes y que se contradicen entre sí. En efecto, por un lado, se afirma que el permiso se extendió desde el 1 de junio y luego se afirma que el actor trabajó al menos 4 días de aquel mes. Se agrega a esta circunstancia, el hecho que la oficina del empleador no existía en el lugar donde se indicaba en la licencia médica, conforme a la constatación y fiscalización efectuada por la COMPIN, existiendo nuevamente una versión que no se condice con los documentos ni con lo señalado por el conserje de aquel edificio en el domicilio señalado, quien afirmó que la persona buscada dejó el lugar hacía ya dos años.

SEPTIMO: Que, de este modo se advierte que la decisión de la SUSESO, en cuanto resolvió mantener el criterio de la COMPIN y no pagar el subsidio por incapacidad laboral temporal, por estimar no acreditada la calidad de trabajador dependiente que alegó el actor, posee correlato en los antecedentes, encontrándose debidamente fundada en el respectivo acto administrativo, criterio bajo el cual no cabe sino rechazar la presente acción.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Se previene que el Ministro don Jorge Pizarro Astudillo concurre a la decisión de rechazar esta acción cautelar de protección sólo en atención a las consideraciones sexta y séptima.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Cristian Oyarzo Vera.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección 409-2020