SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRUPO DE EMPRESAS FRASAL con DIRECCION DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, diecinueve de octubre de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1 compareció la abogada Marcela Andrea Sánchez Valencia quien, actuando en favor del Sindicato de Trabajadores del Grupo de EMpresas Frasal, interpuso acción cautelar de protección en contra de la Naviera Frasal, la Dirección del Trabajo y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), en tanto estima que la primera recurrida ha incurrido en conductas que vulneran sus derechos fundamentales, al impedir a los trabajadores trabajar tranquilos, sin temor a consecuencias fatales y sin poner en riesgo la integridad de sus labores diarias, mientras que a la Dirección del Trabajo y a Directemar les reprocha una omisión en sus deberes de fiscalización, tanto en lo que respecta a la normativa laboral que regula los descansos de los trabajadores, como en lo que se refiere al cumplimiento de obligaciones de seguridad de parte de la empresa respecto de los trabajadores embarcados. Considerando que tales conductas importan una afectación de sus derechos fundamentales, garantizados en los numerales 1, 2, 3, 6 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política.

Explica la actora que en el mes de octubre del año 2021 se publicó la Ley 21.376 la que adecuó el Código del Trabajo al Convenio sobre el trabajo marítimo de la Organización Internacional del Trabajo. En lo pertinente, ello importó un nuevo texto para el artículo 116 del Código del Trabajo, que dentro de la jornada laboral de 56 horas semanales prevista por el artículo 106 del Código del Trabajo, dispuso un descanso mínimo para estos los trabajadores que no puede ser inferior a 10 horas, dentro de cada periodo de 24 horas.

En dicho orden de cosas señala que el Sindicato pidió a la empresa Frasal dar cumplimiento a dicha obligación laboral, teniendo reuniones con jefaturas de la empresa durante el mes de mayo del año en curso, proponiendo la empresa el pago de un bono que fue rechazado por constituir ello una respuesta ante la fatiga y necesidad de descanso de los trabajadores.

Agrega que días después fueron citados por la Inspección del trabajo junto con la empresa a un proceso de mediación que se cerró a principios del mes de julio sin acuerdo, reiterándose en aquel proceso por la empresa una oferta de bono, además de tratar de imponer un fraccionamiento de dicho descanso en un primer periodo de 8 horas, el que logró firmar con algunos trabajadores bajo la presión de no renovar sus contratos de trabajo.

Luego, conforme sostiene la persona recurrente, la empresa soslaya obligaciones de seguridad, disponiendo el embarque de mínimas dotaciones de tripulantes y prohibiendo a los trabajadores sindicalizados la realización de sus turnos de guardias, lo que constituye justamente una obligación de seguridad dispuesta por el Reglamento de Trabajo a Bordo en naves de la Marina Mercante Nacional, para con ello otorgar las horas de descanso solicitadas, alterándose por los capitanes de las Motonaves “Cahuel” y “don nombre reservado” las planillas de asistencia de los trabajadores. Este último punto lo relaciona además con el incumplimiento de la empresa en cuanto a implementar un sistema de planillas de asistencia digital, que impediría su adulteración, obligación dispuesta por Resolución Exenta 686 de la Dirección del Trabajo de 1 de julio de 2022. Siempre dentro de esta alegación, se indicó por el recurrente que los trabajadores han observado en la misma planilla que no se están cumpliendo las horas que ahí se indican, siendo amonestados por la empresa.

En cuanto a la Dirección del Trabajo sostiene que no han permitido el abuso de la empresa, no ejerciendo su función fiscalizadora, indicando que no acogen las denuncias interpuestas, cuando las acogen, se limitan a multar a la empresa, sin que ello importe un cambio en las prácticas de la primera recurrida.

En cuanto a Directemar, la recurrente le reprocha que otorga facilidades a la empresa en desmedro de la seguridad de los trabajadores, señalando a modo ejemplar que dispusieron la “para” comercial de la Motonave Cahuel hasta el 31 de agosto, autorizando una dotación de tres personas, los que no pueden ser relevados, quedando en guardia permanente.

Solicita, como medidas de restablecimiento del imperio del derecho, que esta Corte ordene a la Naviera Frasal el cabal cumplimiento de la normativa laboral y otorgue 10 horas legales de descanso a los trabajadores, que cese en su conducta de persecución y hostigamiento a los socios del Sindicato y se le instruya que debe disponer el embarque de la tripulación necesaria para el correcto y seguro funcionamiento de las naves. Por otra parte, respecto de Directemar y la Dirección del Trabajo, pide que se les ordene que deben cumplir con su obligación de supervigilancia a la empresa Frasal, en el cumplimiento de la legislación laboral vigente.

A folio 13 se evacuó informe por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, quien solicita el rechazo del recurso, previniendo que respecto de su parte la acción constitucional no desarrolla mayormente de qué forma ha afectado las garantías constitucionales que someramente el actor indica, afirmando en cualquier caso que sí han cumplido con las obligaciones que la Ley les encomienda, en particular la de la velar por la seguridad de la navegación y velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad de la naves en los puertos de la República, entre otras, todas indicadas en el artículo 3° de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

En cuanto a la fijación de una dotación mínima de seguridad para la nave de nombre “Cahuel” de la empresa Frasal, señala que dicha medida, dispuesta por la Capitanía de Puerto de Puerto Montt, se enmarca dentro de las facultades previstas por el artículo 3° del Reglamento para fijar dotaciones mínimas de seguridad, contenido el Decreto Supremo 031 de 14 de enero de 199, del Ministerio de Defensa Nacional, siendo dispuesta además en cumplimiento de los artículos 5, 8 y 16 del mismo cuerpo normativo. Agrega que la propia resolución del Capitán de Puerto indica que ésta en ningún modo exime al Armador de dar cabal cumplimiento a la normativa laboral vigente, en particular en lo que se refiere a la jornada de trabajo, días de descanso o turnos de los trabajadores.

En segundo término, a folio 16, informa la acción constitucional la Dirección del Trabajo, quien primeramente solicita se declare inadmisible el recurso en tanto no se precisa ni señala con claridad cuál es la arbitrariedad o falta de servicio que se le atribuye y la forma en la dicha conducta afecta sus derechos constitucionales. En segundo lugar pide se rechace la acción por no concurrir en la especie una conducta de su parte potencialmente vulneradora de derechos fundamentales tanto han ejercido la potestad de fiscalización prevista por la legislación laboral, encontrándose entre ellas la aplicación de la normativa prevista por ley 21.376 que adecuo el Código del Trabajo al Convenio sobre Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo. En dicho orden de cosas, explica que en general ha realizado un total de 71 fiscalizaciones en el curso del presente año, cursando multas en el 50% de los casos, siendo una de las materias revisadas e infraccionadas justamente el no otorgar el descanso mínimo previsto por el artículo 116 del Código del Trabajo.

En lo que se refiere a la empresa Frasal, indica que durante el año 2022 se realizaron 22 fiscalizaciones, en general derivadas por denuncias sindicales, cursando multas por infracción al artículo 116, con el mérito de los procesos de fiscalización de los días 10 y 14 de junio, sin perjuicio de otras infracciones constatadas en otros procesos de fiscalización principalmente por no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

En definitiva, concluye la Dirección del Trabajo que ha dado cumplimiento a su obligación legal de fiscalización, por lo que pide se rechace la acción constitucional interpuesta.

Por último, a folio 17, informó la empresa naviera Frasal, la que solicitó el rechazo de la acción por no precisarse a su respecto, en forma detallada, acción u omisión ilegal o arbitraria que pudiere afectar derechos fundamentales de la recurrente.

En cuanto al fondo, explica que efectivamente la Ley 21.376 modificó el Código del Trabajo, estableciéndose en su artículo 116 un descanso para los trabajadores de 10 horas, dentro de cada periodo de 24 horas, con posibilidad de agruparse en dos periodos, en la medida que exista acuerdo del trabajador, uno de los cuales no puede ser inferior a 8 horas ininterrumpidas; acuerdo al que se ha llegado con trabajadores no sindicalizados. En relación con los trabajadores sindicalizados, afirma el recurrido haber cumplido con la Ley, otorgando el descanso mínimo previsto en la legislación, aun cuando no exista un sistema de registro en operación.

Agrega, además, que la Ley introdujo un nuevo inciso al artículo 115 el que ordenó a la Dirección del Trabajo, establecer un sistema especial de control de las horas de trabajo y descanso (...), además de un mecanismo por el cual los trabajadores pueden presentar sus quejas y reclamos sobre estas materias, debiendo poner a disposición de los trabajadores medios electrónicos para la presentación de tales reclamos y quejas. Dicha obligación se cumplió por la Dirección del Trabajo sólo el 1 de julio del año en curso, mediante la dictación de la Resolución Exenta 686. Sin embargo, señala que dicha resolución -en cuyo mérito se le cursaron multas- era imposible de cumplir en la medida que existe un impedimento técnico y de disponibilidad de empresas que puedan brindar dicho servicio. En dicho orden de cosas, señala que dicha resolución es arbitraria e ilegal, por lo que interpuso acción de protección en tramitación ante esta Corte, (Rol 4042-2022)

Por otra parte, indica que el mismo sindicato, durante el 2021, interpuso acción que se tramitó en el Juzgado del Trabajo de esta ciudad (S-3-2021) en la que alegó infracción al derecho a integridad psíquica, discriminación y afectación al derecho a sindicalización, demanda que fue rechazada por sentencia de 22 de agosto del año en curso.

Por último, argumenta que no existe afectación de derechos fundamentales de la parte recurrente, puntualizando que ni el propio recurrente indica en forma detallada de qué manera de ha afectado la integridad física o mental de los socios del sindicato o la libertad de sindicalización.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el Sindicato recurrente sostiene que sus derechos fundamentales se ven afectados por la conducta omisiva tanto de la Dirección del Trabajo como de la Dirección General del Territorio Marítimo de la Marina Mercante, a quienes reprocha la no realización de sus deberes de fiscalización, tanto en lo que respecta las normas laborales actualmente vigentes en materia de descanso y control de asistencia del personal que trabaja embarcado o “gente de mar”, para la primera, como en lo que dice relación con la obligación de brindar seguridad en la navegación y en el cumplimiento de las medidas de seguridad en los Puertos, permitiendo el embarco de dotaciones mínimas.

Cuarto: Que la Dirección del Trabajo ha acreditado con el mérito de la documentación que se acompaña que ha realizado diversas fiscalizaciones a la empresa recurrida Naviera Frasal, las que justamente inciden en la forma de ejecución de la actual normativa laboral para las personas que trabajan embarcadas, reconocida positivamente en el derecho interno con ocasión de la adecuación del Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo de 2006, ratificado por Chile y cuyo cumplimiento se dispuso por decreto n° 11 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 22 de febrero de 2019. En particular, se estableció que la Dirección del Trabajo realizó durante el año 2022 cerca de 22 fiscalizaciones, principalmente derivadas por denuncias sindicales, donde se observó incumplimiento de las reglas de descanso de los trabajadores, a la razón de lo establecido por el artículo 116, además de no llevar el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, en la forma señalada por la Resolución Exenta 686 de la misma Dirección, dictada por expreso mandato del artículo 115 del Código del Trabajo.

En dicho orden de cosas, no se advierte por esta Corte que respecto de la Dirección del Trabajo la acción pueda prosperar, pues más allá del resultado de cada proceso de fiscalización, lo cierto es que la Dirección del Trabajo no ha incumplido el deber de fiscalización contenido en el artículo 1 letra a) la propia Ley Orgánica del Servicio, además de lo señalado por los artículo 503 y siguientes del Código del Trabajo.

Quinto: Que en lo que dice relación con la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, lleva la razón ésta última en cuanto refiere que la acción constitucional no es particularmente clara en atribuirle conductas omisivas concretas y determinadas, más allá de lo señalado en particular respecto de la embarcación de nombre “Cahuel” y la determinación de la dotación mínima de seguridad de aquella nave.

Con todo, resulta claro que el objeto de fiscalización de la administración puede ser diferenciado en relación con las atribuciones y competencias que cada servicio posee. En la especie, si bien Directemar tiene una obligación de fiscalización vinculada a garantizar la seguridad en la navegación, ello no significa para el administrado que pueda soslayar las reglas que la propia legislación, en este caso, laboral, le exige; no estando dentro del ámbito de competencias de Directemar una fiscalización de dicho orden.

Ahora, vinculando esta aseveración a la fijación de una dotación mínima de seguridad para la nave “Cahuel”, ello en ningún caso significaba que la empresa pudiere desatender las obligaciones que la legislación laboral le exige, como por lo demás la propia resolución que se dictó al efecto por la Capitanía de Puerto de Puerto Montt señala expresamente.

En tal orden de cosas, no se advierte por estos sentenciadores que Directemar haya incurrido en conductas omisivas relacionadas con su objeto de fiscalización, por lo que la acción tampoco prosperará a su respecto.

Sexto: Que el Sindicato recurrente interpone además la acción constitucional en contra de la Naviera Frasal en tanto sostiene que esta incurre en conductas que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores, sean sindicalizados o no, poniendo en riesgo su seguridad al no brindar a los trabajadores el tiempo total de descanso que establece el artículo 116 del Código del Trabajo, sin perjuicio además de no implementar los métodos de verificación de la jornada del trabajo que ordena el artículo 115 del mismo cuerpo legal y que se materializan en el cumplimiento de la Resolución Exenta N°686 dictada por la Dirección del Trabajo.

Séptimo: Que como se afirmó en las consideraciones que anteceden para acoger la acción cautelar de protección se requiere la existencia de un acto vulnerador o amenazante de derechos fundamentales respecto del cual esta Corte se encuentre en posición de brindar una tutela judicial efectiva. En la especie, aun cuando se denuncia por esta vía la infracción de normativa laboral por parte de la empresa frasal, se ha podido advertir que la administración del Estado, a través de los organismos respectivos, y bajo la reglas previstas por los artículo 503 y siguientes del Código del Trabajo, ha ejercido su potestad fiscalizadora, la que se ha materializado, en algunos casos, en la imposición de multas para la recurrida Naviera Frasal quien, por lo demás, desde luego cuenta con la facultad legal para discutir su aplicación en la sede correspondiente.

Octavo: Que de conformidad con lo expuesto, los asuntos denunciados en el presente arbitrio ya se encuentran sometidos al imperio del derecho, en tanto la Dirección del Trabajo no ha omitido su función fiscalizadora, no encontrándose esta Corte, en esta sede de cautela especial, en situación procesal de disponer una cautela en los términos señalados por la actora en su libelo, por lo que la acción constitucional, en cuanto se dirige en contra de la empresa Frasal será igualmente desestimada. Ello, no obstante las otras acciones que la actora pudiere deducir por los hechos que motivan este recurso ante el tribunal competente, tanto en general, como en cuanto pudieren afectar la libertad sindical, sin perjuicio de las ya interpuestas y que se pudieren encontrar pendientes.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el Sindicato de Trabajadores del Grupo de Empresas Frasal en contra de Naviera Frasal, la Dirección del Trabajo y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

Redacción a cargo del Ministro don Jorge Pizarro Astudillo Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección 4057-2022