Protección contra Tesorería General de la República

Puerto Montt, veintisiete de junio de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio N° 1, con fecha 24 de marzo de 2023, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, pensionada, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra de la Tesorería General de la República, por los siguientes hechos.

Comenta que el día 15 de marzo de 2023, llegó a su domicilio un funcionario de la Tesorería General de la República, con un listado de deudores, indicando que adeuda $5.265.898. Por tal motivo, se acerca a la Tesorería General, con el objeto de verificar la información y ver la posibilidad de realizar un convenio de pago por contribuciones impagas para evitar que su propiedad sea embargada.

Se encuentra angustiada por esta situación, es una persona que tiene 82 años y con problemas de salud. En ese sentido, se dirigió al Servicio de Impuestos Internos, y le indicaron que no califica para ningún beneficio o exención de pago de contribuciones, precisamente su propiedad tiene plusvalía del sector, y aumentó el valor económico en los últimos años.

El día 21 de marzo de 2023, concurre a dependencias de la recurrida, donde le indican que puede realizar un convenio de pago pero bajo sus condiciones, pagando 18 cuotas la primera por la suma de $1.395.513, y las restantes por un monto de $454.799. Agrega que quiere pagar la deuda, pero que no puede solventar ese monto atendiendo que su pensión no supera los $400.000.

En ese tenor, indica que se encuentran vulneradas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por tanto pide, se le otorgue un convenio de pago de acuerdo a sus capacidades económicas atendido su estado de salud, edad y situación económica.

Acompaña a su presentación: 1) Nómina de deudores, recibida el 15 de enero de 2023. 2) Certificado de bienes raíces 2023. 3) Convenio emitido por la recurrida. 4) Liquidación de pago del año 2020. 5) Certificado y exámenes que se han realizado.

A folio 3 se declaró admisible el recurso de protección y se pidió informe a las recurridas.

A folio 7, la recurrida a través del Director Regional don Franklin Vildosola Saavedra evacua informe, refiere que la Tesorería General de la República es el encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Que en virtud del artículo 2 y siguientes del D.F.L. 1 de 1994 sobre el Estatuto Orgánico del Servicios de Tesorerías, en relación con el artículo 192 y siguientes del Código Tributario, efectivamente existe propuestas de Convenios y Condonaciones para deudores de contribuciones que se encuentre en circunstancias especiales como casos sociales o adulto mayor como sería el caso de la recurrente.

De la documentación acompañada por la recurrente, se vislumbran diversas opciones de convenio de pago, pero no obedecen a aquellas solicitudes de carácter especial referidas precedentemente, las que se deben realizar mediante una presentación ante el Servicio, en las que no existe registro que la recurrente haya hecho aún uso de ese derecho ante la Tesorería.

Agrega que, si la recurrente cumple con los requisitos, no hay impedimento en acceder al convenio que estima conveniente la requirente, siempre y cuando efectivamente realice la presentación respectiva.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías.

Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho que la Tesorería General de la República incluyó a la recurrente en un listado de deudores, indicando que adeuda $5.265.898 por concepto de contribuciones de su propiedad, y que según sus condiciones personales, puede pagar la deuda pero realizando un convenio de pago que se ajuste a las cuotas que ella podría ejecutar.

Tercero: Que, informando el recurrido, señala que si bien de la documentación que acompaña doña nombre reservado, se vislumbran diversas opciones de convenio de pago ofrecidas por este servicio, éstas no obedecen a aquellas solicitudes de convenio de carácter especial, pues en virtud del artículo 2 y siguientes del D.F.L. 1 de 1994 sobre el Estatuto Orgánico del Servicios de Tesorerías, en relación con el artículo 192 y siguientes del Código Tributario, efectivamente existen propuestas de Convenios y Condonaciones para deudores de contribuciones que se encuentre en circunstancias especiales como casos sociales o adulto mayor como sería la recurrente.

Agrega que el Servicio no tiene impedimento si es que la recurrente cumple con los requisitos respectivos, acceder al convenio que estime conveniente la requirente, siempre y cuando efectivamente realice la presentación respectiva especial, ya que no consta en sus registros aquello.

Cuarto: Que, es necesario tener presente lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de fecha 26 de octubre de 1994 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del estatuto orgánico del Servicio de Tesorerías, que en su artículo 1 refiere que “El Servicio de Tesorerías dependerá del Ministerio de Hacienda, y estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.”

Así las cosas, el artículo 2 la referida normativa, señala que “El Servicio de Tesorerías tendrá las siguientes funciones:

1.- Recaudar los tributos y demás entradas fiscales, y las de otros servicios públicos, como asimismo, conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores a cargo del Servicio;

2.- Efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de:

a.- Los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones;

Quinto: Que, de los antecedentes allegados al proceso y expuesto por las partes, es posible advertir que la recurrente sí realizó una solicitud de convenio de pago a la Tesorería, según da cuenta documento de fecha 21 de marzo del año en curso acompañado a folio 1, donde consta la efectividad de alternativa de negociación, indicando el convenio de pago modalidades de cuotas, pero en términos comunes.

Sexto: Que en presentación realizada a esta Corte por la recurrente con fecha 21 de abril último, ésta señala a propósito del informe de Tesorería, que cuando acudió a dependencias del Servicio, le pidió a la funcionaria que la oriente y solo le dijo que podía realizar ese convenio, sin mencionarle que existía un convenio especial para adulto mayor.

Séptimo: Que, como indica la recurrida, el artículo 2 y siguientes del D.F.L. 1 de 1994 sobre el Estatuto Orgánico del Servicios de Tesorerías, en relación con el artículo 192 y siguientes del Código Tributario, señala que efectivamente existe propuestas de Convenios y Condonaciones para deudores de contribuciones que se encuentre en circunstancias especiales como casos sociales o adulto mayor como sería el caso de la recurrente.

Octavo: Que, de lo expuesto se colige que la recurrida, teniendo las facultades para suscribir convenios de pago especiales con ciertos deudores morosos, podría eventualmente condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora, mediante parámetros que no le fueron aplicados a la recurrente, no habiéndose tomado en consideración ciertos aspectos especiales como ser una persona de avanzada edad, más de 80 años, pensionada, con enfermedades. Ello porque en las dependencias del Servicio no fue informada que debía presentar esta solicitud especial de propuesta de Convenios y Condonaciones para deudores de contribuciones que se encuentren en circunstancias especiales.

En ese orden de cosas, la falta de información y el actuar de la recurrida, afecta el derecho de propiedad de la recurrente garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y no se aviene con lo que establece la Convención Interamericana sobre Protección de las Personas Mayores, ratificada por el Estado de Chile, que en el artículo primero refiere “El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.”

Noveno: Que, por lo razonado, el recurso de protección será acogido, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, se acoge, sin costas, la acción cautelar deducida por doña nombre reservado en contra de la Tesorería Regional de Puerto Montt, debiendo ésta última recibir todos los antecedentes que sean presentados por la recurrente y requeridos a la vez por el Servicio, para efectos de evaluarse una nueva opción de convenio de pago, tomando en consideración las circunstancias especiales de la actora.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en la presente causa, por encontrarse con permiso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Protección Rol N° 403-2023.-