Protección contra Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

Puerto Montt, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos, Ingreso Corte N° 40-2025- Protección, don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, y don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, por la empresa Aquagestión S.A., sociedad del giro laboratorios y certificaciones, nombre reservado°99.591.760-2; todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región de Los Lagos, dedujeron acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, nombre reservado°60.701.002-1, representado legalmente por su Directora Nacional, María Soledad Tapia Almonacid, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y Región de Valparaíso, por la dictación de la Resolución Exenta N°DN-02636/2024, de 25 de noviembre de 2024, la cual decretó la suspensión del recurrente del registro contemplado en el artículo 122 letra k) de la Ley General de Pesca y Acuicultura (en adelante LGPA), lo que, a su juicio, atenta contra las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2, N°21 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expusieron que Aquagestión es una sociedad dedicada a la realización de análisis y exámenes de laboratorio vinculados a inocuidad alimentaria, cromatografía, patología de peces y moluscos y medio ambiente, la cual se encuentra inscrita y acreditada como entidad registrada para la elaboración de instrumentos de evaluación ambiental y sanitaria en el registro a que se refiere el artículo 122 letra k) de la LGPA y su respectivo reglamento.

Refirieron que el 24 de enero del año 2024, funcionarios del Servicio Nacional de Pesca llevaron a cabo en dependencias del laboratorio de Aquagestión sede Puerto Varas, una inspección sanitaria en seguimiento a un caso vinculado al preinforme de ensayo Nº 45465 respecto del centro de cultivo Punta Lauca operado por Australis Mar S.A., en virtud del Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del Salmón. En ese contexto, los fiscalizadores levantaron un Informe Técnico de Incumplimiento, en el cual se consignó como observación supuestos retrasos en los tiempos de manejo del caso correspondiente al preinforme antes referido. En específico se consignó que la fecha de inicio del análisis fue el miércoles 17 de enero de 2024, que las muestras se terminaron de procesar el viernes 19 de enero de 2024 a las 15:00 horas, y que los resultados fueron entregados al organismo fiscalizador recién el lunes 22 de enero de 2024.

Señalaron que se inició un proceso administrativo sancionador, en donde se formuló descargos, por no reportar los resultados positivos del virus ISA de una manera inmediata, lo cual es un incumplimiento del artículo 6.2 de la Resolución Exenta N°1577 que estableció el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del Salmón, lo que, a su vez, generó un incumplimiento del artículo 29 letra e) del Decreto Supremo N°15 de 2011 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que contiene el “Reglamento de registro de personas acreditadas para elaborar los instrumentos de evaluación ambiental y sanitaria”.

Expusieron que el procedimiento administrativo concluyó con la dictación de la Resolución Exenta N°DN-02636/2024, de 25 de noviembre de 2024, la cual decretó la suspensión del laboratorio recurrente del registro del artículo 122 letra k) de la Ley General de Pesca y Acuicultura por el plazo de un año.

Argumentaron, en primer lugar, que el Servicio recurrido ha decidido suspender del Registro a Aquagestión en atención a una supuesta infracción consistente en la falta de notificación inmediata a la Autoridad, que no ha sido tal, exigiéndose al Laboratorio haber omitido una serie de verificaciones que eran requeridas por normas técnicas que la recurrida en momento alguno ha tenido en cuenta en su decisión.

Explicaron que, de acuerdo con los procesos internos y técnicos del laboratorio, es necesario realizar un procedimiento interno antes de obtener un resultado de laboratorio de diagnóstico del virus; procedimiento que evidentemente requiere de un tiempo de cumplimiento, y de una serie de pasos de análisis y verificaciones previas a su notificación al Servicio, todo lo cual se debe realizar en cumplimiento del artículo 25 letra f) del Reglamento del Registro que establece la obligación de “utilizar, en el desempeño de sus funciones, las metodologías establecidas en la normativa vigente”. Y, como indicaron en los descargos presentados en el procedimiento, esta verificación se hizo en el día hábil -es decir, laborable, donde por contrato y en último término por ley deben concurrir los funcionarios del Laboratorio a prestar servicios– inmediatamente siguiente.

Arguyeron que, en base a lo establecido en el artículo 33 inciso primero del Reglamento del Registro, la entidad certificadora debe procurar no entorpecer el ejercicio de las funciones del Servicio, por lo que si entregaban resultados que no se encontraban verificados, podían incurrir en un entorpecimiento del organismo recurrido.

Alegaron como vulnerados el artículo 19 N°2 en relación a la igualdad ante la ley y la no discriminación, el 19 N°22 en relación a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

En segundo lugar, explicaron que la sanción de suspensión de un año, que es la más severa regulada en el artículo que se estimó incumplido, infringió el principio de proporcionalidad que rige al ius puniendi estatal, por cuanto el retraso solo fue de 24 horas, o un día hábil, por lo que no se entiende cuál podría ser la sanción si la demora hubiese sido mayor. Además, alegaron que no hubo un entorpecimiento alguno al ejercicio de las funciones del Servicio, y por cuanto no se consideraron criterios tradicionalmente utilizados para determinar la cuantía de la sanción, como la ausencia de intencionalidad, la irreprochable conducta anterior, las seis medidas correctivas aplicadas a posteriori, la capacidad económica del infractor y la consideración de otro caso similar en que la sanción fue relevantemente inferior.

Como tercer argumento, esgrimieron que la resolución adolece de falta de fundamentación, lo cual infringe el artículo 11 inciso 2° y 41 de la Ley 19.880, todo en conexión con las dos argumentaciones referidas previamente, al no hacerse cargo de la ausencia de infracción y ausencia de análisis de proporcionalidad.

Agregaron, como cuarto argumento, que existió una aplicación retroactiva del Ordinario Nº DN-00975/2024, de 27 de febrero de 2024, del Jefe (S) del Departamento de Salud Animal de SERNAPESCA, por medio del cual se interpretó que el vocablo “inmediatamente” referido al plazo de reporte al Servicio, fue emitido “a modo de recordatorio a los laboratorios, y no a modo de instrucción”, lo cual indicaron que deja de manifiesto que el Servicio ha intentado justificar una manifiesta vulneración del principio de no retroactividad de los actos administrativos consagrado en el artículo 52 de la Ley 19.880.

Por último, como quinto argumento, explicaron que los trabajadores del Laboratorio éstos están sujetos a contratos de trabajo regidos íntegramente por el Código del Trabajo y afectos a una jornada laboral fija en los términos del artículo 22 inciso 1° de dicho cuerpo normativo. En tal sentido, el procedimiento de verificaciones internas que debía seguir al término de los análisis que tuvo lugar el viernes 19 de enero de 2024 a las 15:00 horas, fue retomado precisamente al día hábil siguiente, esto es, el lunes 22 de enero del 2024, y es por ello que el reporte al Servicio tuvo lugar a las 15:05 hrs. durante dicha jornada, todo lo cual se hizo en respeto de las jornadas laborales de los trabajadores, lo que no sólo obedece al debido cumplimiento de los contratos de trabajo celebrados con cada funcionario del Laboratorio, sino que además, a la observancia de normas de rango legal que en caso alguno pueden imponerse a otro tipo de normas de rango inferior.

Alegó como garantías vulneradas la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita del artículo19 N°21, y al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 Pidió que se acoja el recurso y que se deje sin efecto el acto recurrido o reduciendo, u ordenando reducir considerablemente el período de suspensión de un año del registro a que se refiere el artículo 122 letra k) de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Acompañó los siguientes medios probatorios: 1.- Resolución Exenta N° DN-02636/2024, de fecha 25 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional de Pesca, que aplica sanción de suspensión de registro en contra de Aquagestión. 2.- Informe Técnico de Cumplimiento de SERNAPESCA, de fecha 24 de enero de 2024, emitido por los funcionarios nombre reservado y nombre reservado. 3.- Ord. Nº DN-00975/2024 de 27 de febrero de 2024 del Jefe (s) del Departamento de Salud Animal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sr. nombre reservado. 4.- Descargos presentados al Servicio Nacional de Pesca en el procedimiento iniciado mediante la Resolución Exenta N° DN- 00793/2024 de este Servicio en contra de Aquagestión S.A. 5.- Copia de correo electrónico de fecha 7 de mayo de 2024 que da cuenta de la presentación de los descargos de Aquagestión. 6.- Presentación de Aquagestión mediante la cual acompañó nuevos antecedentes al procedimiento sancionatorio dando cuenta de la implementación y avance de las medidas correctivas llevadas. 7.- Correo electrónico de fecha 3 de septiembre que da cuenta de la remisión de la presentación de nuevos antecedentes remitidos por Aquagestión al procedimiento sancionatorio dando cuenta de la implementación y avance de medidas correctivas. 8.- Actualización del procedimiento general de la elaboración y emisión de informes QMSOP044876. 9.- Documentación de respaldo de capacitaciones a trabajadores de actualización de procedimiento general de la elaboración y emisión de informes QMSOP044876. 10.- Respaldo de medidas de reforzamiento al personal en relación con la obtención de resultados positivos según los programas oficiales PSEVC-ISA y PSE. 11.- Copia de directriz para retiros de jornada y comunicación a jefatura directa. 12.- Copia de matriz de riesgos del área actualizada. 13.- Registro de Actividades QMForm045090, con la formalización de la directriz al personal del laboratorio donde indica que para el análisis de enfermedad de alto riesgo no se debe efectuar otra muestra hasta interpretación de resultados para que en caso de ser positivo dar aviso dentro del mismo día. 14.- Registro de actividad de actualización del procedimiento QMSOP044876 el 25 de junio de 2024, con el fin de que el personal pertinente del Laboratorio de Patología de Puerto Varas tomara conocimiento de las nuevas pautas de procedimiento y los lineamientos entregados por SERNAPESCA en el Ordinario DN-00975/2024. Se acompaña registro de asistencia y toma de conocimiento de los participantes. 15.- Registro de asistencia de fecha 7 de agosto de 2024 referida a actividad realizada a personal del Laboratorio de Patología de Puerto Varas para una revisión de la aclaración del término “inmediatamente” dada por la autoridad mediante Ordinario DN-00975/2024, con la finalidad de que los participantes tomaran conocimiento de su aplicación en los procesos internos de la compañía. 16.- Copia de Curriculum Vitae de nombre reservado, ingeniero en biotecnología vegetal de la Universidad de Concepción, quien ocupa el cargo de Jefe Técnico a cargo del monitoreo de procesos internos e identificación y evaluación de posibles mejoras de Aquagestión. 17.- Resolución Exenta N° 531, de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Nacional del SERNAPESCA, por medio de la cual se impuso la sanción de suspensión del Registro por 3 meses, en contra de Laboratorio ETECMA EIRL Sede Puerto Montt. 18.- Norma Técnica Nº 2 de SERNAPESCA, del Programa Sanitario General Laboratorios de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Acuáticos, de junio de 2023. 19.- Norma Técnica Nº3 de SERNAPESCA, del Programa Sanitario General Laboratorios de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Acuáticos, mediante la cual se establecen Procedimientos para la validación y control de calidad de los métodos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizados para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en animales acuáticos, de noviembre de 2011.

Al evacuar el informe de rigor, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, resumió el marco normativo de este caso, en que el artículo 122 letra k) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, faculta al Servicio, en ejercicio de su función fiscalizadora, para llevar un Registro de personas naturales y jurídicas acreditadas para elaborar los instrumentos de evaluación sanitaria y ambiental, así como las certificaciones que trata dicho cuerpo legal o los Reglamentos dictados conforme a él, que establezca los requisitos que deberán cumplir aquellos que quieran inscribirse en el referido Registro, las normas relativas al cumplimiento, y las garantías que deberán rendir para su correspondiente inscripción.

Luego, expuso que por el Decreto Supremo N°15, se aprobó el Reglamento respectivo, comprendiendo diversas categorías, entre ellas los laboratorios de diagnóstico. El Servicio, inscribió en el referido Registro al laboratorio Aquagestión S.A., sede Puerto Varas, en la categoría de Laboratorio de Diagnóstico, efectuándose una la fiscalización el 24 de enero de 2024, evidenciándose el no haber reportado al Servicio el resultado positivo al virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), de manera inmediata, ya que el análisis del Laboratorio se dio entre los días miércoles 17 y viernes 19 de enero de 2024. En consecuencia, argumentó que el reporte al Servicio debió generarse el 19 de enero de 2024, cuando obtuvo el resultado con positividad a ISA y recién el día 22 de enero de la referida anualidad el laboratorio lo notificó.

Explicó que, luego de tramitar el correspondiente proceso administrativo, se dictó la resolución exenta N°DN-2636/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024, que aplicó la sanción de suspensión de 1 año de la actividad como Laboratorio de Diagnóstico, debido a que no utilizó en sus actividades las metodologías y procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Por su parte, con fecha 20 de diciembre de 2024, Aquagestión S.A., interpuso recurso de reposición ante la recurrida, con recurso jerárquico, en subsidio, para ante el Ministro de Economía, Fomento y Turismo en contra de la resolución exenta recurrida en estos autos de protección, siendo rechazada la reposición y encontrándose aun pendiente el recurso jerárquico, por lo que la vía administrativa aún no ha sido agotada, por lo que indicó que para la interposición de la acción constitucional, se debe agotar la vía administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo.

Expuso como argumentos de fondo para el rechazo del recurso de protección, que el artículo 86 de la Ley General de Pesca y Acuicultura indica que el Ministerio de Economía “dictará un reglamento que establecerá las medidas de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas, aislar su presencia en caso de que éstas ocurran, evitar su propagación y propender a su erradicación. El mismo reglamento determinará las patologías que se clasifican como de alto riesgo y las especies hidrobiológicas que constituyan plagas”.

Luego, en cumplimiento de dicho mandato, se dictó el Decreto Supremo N°319 de 2001, que aprobó el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies hidrobiológicas, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el artículo 71 del mismo cuerpo legal, de los cuales es posible subsumir los hechos constatados por los fiscalizadores en la infracción y sanción establecida en la resolución sancionatoria.

Además, relevó la recurrida el rol que cumplen los Laboratorios de Diagnóstico y al efecto señaló que el procedimiento de inscripción está sujeto a una serie de requisitos, que son evaluados pormenorizadamente a fin de que personas jurídicas con credenciales y experiencia específica puedan ejercer esta función, persiguiendo la finalidad pública de conservar el patrimonio ambiental y sanitario de los recursos hidrobiológicos, del medio ambiente en que ellos habitan y de la industria.

Afirmó que en el mismo texto del recurso se reconocen los hechos por los que fueron sancionados, los cuales significaron una demora de 72 horas después del término de procesamiento de la muestra y no 24 horas como señaló el recurrente, en la entrega de los resultados.

Agregó que es incorrecto lo indicado por el recurrente en relación con que el reproche es sobre la falta de notificación del diagnóstico del virus, por cuanto lo reprochado es la falta de notificación de la sospecha de ocurrencia. Refirió que, en definitiva, la determinación oficial de la presencia del virus la hace el SERNAPESCA, por lo cual basta con la notificación inmediata de la sospecha, diagnóstico u ocurrencia del virus, y será el Servicio, como autoridad fiscalizadora quien determine oficialmente su presencia, y que es incorrecto que la entrega de los resultados sin verificación son un entorpecimiento para el Servicio, ya que lo que lo entorpece realmente es justamente la demora en la entrega de la información, lo cual impide que puedan aplicar las medidas para poder evitar su potencial propagación.

Concluyó que la decisión de la autoridad, en aplicar la suspensión correspondiente no fue antojadiza ni ilegal o arbitraria, por cuanto, el laboratorio de antemano, esto es el momento de su inscripción, conocía o debía conocer las normas y obligaciones a las cuales se encontraba adscrito, a fin de cumplir con este rol de garante del patrimonio sanitario encomendado por la ley.

Acompañó al recurso: 1.- Resolución Exenta N° DN-211/2025 de fecha 23 de enero de 2025 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que resolvió el recurso de reposición de Aquagestión S.A.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que un primer aspecto a destacar para resolver la acción deducida, es que el artículo 122 letra k) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, faculta al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en ejercicio de su función fiscalizadora, para llevar un Registro de personas naturales y jurídicas acreditadas para elaborar los instrumentos de evaluación sanitaria y ambiental, así como las certificaciones que trata dicho cuerpo legal o los Reglamentos dictados conforme a él, que establezca los requisitos que deberán cumplir aquellos que quieran inscribirse en el referido Registro, las normas relativas al cumplimiento, y las garantías que deberán rendir para su correspondiente inscripción.

Asimismo, de conformidad con el Decreto Supremo N°15, que aprobó el Reglamento respectivo para dar operatividad a la referida norma legal, establece diversas categorías, entre ellas los laboratorios de diagnóstico, disponiendo al efecto requisitos y procedimiento de inscripción, obligaciones y causales de eliminación y suspensión del referido Registro, previo proceso sancionatorio.

Por lo anterior, el Servicio Nacional de Pesca procedió a la inscripción de la recurrente, el laboratorio Aquagestión S.A., sede Puerto Varas, en la categoría de Laboratorio de Diagnóstico, correspondiendo, entonces, la fiscalización permanente de la recurrida.

Tercero: Que, por su parte, el artículo 86 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, expone que el Ministerio de Economía “dictará un reglamento que establecerá las medidas de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas, aislar su presencia en caso de que éstas ocurran, evitar su propagación y propender a su erradicación. El mismo reglamento determinará las patologías que se clasifican como de alto riesgo y las especies hidrobiológicas que constituyan plagas”.

En cumplimiento de dicho mandato, el Decreto Supremo N°319 de 2001, que aprobó el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies hidrobiológicas, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señala, en su artículo 3° que: “Las enfermedades de alto riesgo se clasificarán en Lista 1, Lista 2 y Lista 3, por grupos de especies hidrobiológicas, considerando su virulencia, prevalencia, nivel de diseminación o impacto económico para el país…”

Asimismo, el artículo 71 del mismo cuerpo reglamentario dispone que: “Si en base a exámenes clínicos realizados en terreno o a los resultados de análisis de laboratorio, un laboratorio de diagnóstico, de referencia o cualquier laboratorio que realice análisis de enfermedades de especies hidrobiológicas, sospecha la ocurrencia o realiza el diagnóstico de una enfermedad de alto riesgo, clasificada en lista 1 o en lista 2 con programa sanitario específico de control o de patologías de etiología desconocida o no diagnosticadas anteriormente en el país, deberá notificar al Servicio inmediatamente y aplicar las medidas que este último indique.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes incorporados por las partes, fue posible establecer que con fecha 24 de enero de 2024, en el contexto de del Programa Sanitario Especifico de Vigilancia y Control ISA, contenido en la Resolución Exenta N°1577 de 2011, el Servicio Nacional de Pesca procedió a efectuar una fiscalización a la recurrida, detectando que esta incumplió la obligación de reportar el resultado positivo al virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), de manera inmediata, habiéndose constatado que se efectuó un análisis del Laboratorio entre los días miércoles 17 y viernes 19 de enero de 2024, por lo que, haciendo aplicación de los preceptos aplicables, el reporte a la recurrida debió generarse con fecha 19 de enero de 2024, esto es, cuando la recurrente obtuvo el resultado con positividad a ISA, procediendo a su notificación en forma posterior, esto es el día 22 de enero de dicho año.

Quinto: Que en virtud de los hechos referidos ut supra, la recurrida, con fecha 25 de noviembre de 2024, dictó la resolución exenta N°DN-2636/2024 que aplicó a la recurrente la sanción de suspensión de un año de la actividad como Laboratorio de Diagnóstico, debido a que no utilizó en sus actividades las metodologías y procedimientos establecidos en la normativa vigente, referente a la notificación inmediata.

Lo anterior, tiene su sustento en la Resolución Exenta N°1577 de 2011, que estableció el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del Salmón, señalando, en su numeral 6.2., que: “En caso que un laboratorio de diagnóstico sospeche la ocurrencia o realice el diagnóstico del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón, en base a exámenes clínicos o resultados de laboratorio, tanto en el marco de los programas oficiales, por requerimiento de las empresas de cultivo o por otro motivo, encontrándose o no registrado por SERNAPESCA para realizar la determinación oficial, deberá notificar al Servicio de manera inmediata.”.

En efecto, la resolución que establece la clasificación de enfermedades de Alto Riesgo establece que la enfermedad del Virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) corresponde a la Lista 2, por lo que ante una sospecha de ocurrencia, deben ser notificadas de inmediato al servicio.

Sexto: Que, por tanto, sobre la base a las normas expuestas, en conjunto con establecido en el artículo 6.2 de la Resolución Exenta N°1577 de 2011, que estableció el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del Salmón y el artículo 29 letra e) del Decreto Supremo N°15 de 2011 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que contiene el “Reglamento de registro de personas acreditadas para elaborar los instrumentos de evaluación ambiental y sanitaria”, es posible concluir que la recurrida no cometió acto ilegal o arbitrario alguno al subsumir los hechos constatados en la infracción y sanción establecida en la resolución sancionatoria, la que, por de lo demás, se encuentra debidamente motivada, al dar razones justificativas de los aspectos esenciales de los hechos constatados y su calificación.

Por lo demás, en la misma acción constitucional la recurrente reconoce los hechos por los que fue sancionada, los cuales significaron una demora de 72 horas después del término de procesamiento de la muestra en la entrega de los resultados, efectuando, incluso, medidas correctivas posteriores, lo que implica un reconocimiento tácito de la infracción.

Séptimo: Que, por lo antes razonado, la decisión de la autoridad, consistente en la aplicación de la sanción de suspensión referida, no constituyó un acto ilegal o arbitrario, razones suficientes para desestimar la acción constitucional interpuesta, máxime si, en la actualidad, la recurrente dedujo recurso de reposición ante el Servicio Nacional de Pesca, conjuntamente con el correspondiente recurso jerárquico, en subsidio, para ante el Ministro de Economía, Fomento y Turismo en contra de la resolución recurrida, encontrándose pendiente de resolver este último, no encontrándose agotada la vía administrativa, por lo que indicó que para la interposición de la acción constitucional, se debe agotar la vía administrativa, lo que resulta de relevancia, atendido lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo.

Octavo: Que, sobre la base de las razones justificativas expuestas, la acción constitucional de protección deducida carece de asidero jurídico para prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y acta sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, por la empresa Aquagestión S.A., en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el señor Fiscal Judicial Danilo Báez Reyes.

Rol Protección N°40-2025.-