nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de doña nombre reservado, Conservadora de Bienes Raíces de Hualaihué, domiciliada en domicilio reservado, indicando que está última, asumiendo funciones de jueza, ha perturbado sus derechos. Así, sostiene que la recurrida decidió rechazar subinscripción e inscripción de dos escrituras públicas de cesión de derechos que se han efectuado al hijo del actor, nombre reservado, por el mismo recurrente y hermanas del adquiriente, pasando así a aumentar su participación en su calidad de comunero con otras personas de un predio ubicado en sector de Rolecha, Punta Nao, comuna de Hualaihué, afectando con ello el derecho a salud y propiedad de las partes.

Afecta el derecho a salud al obligar a concurrir al recurrente nuevamente a una Notaria en período de cuarentena en base a una exigencia ajena al derecho de las reglas legales que rigen el contrato de cesión de derechos, entregando información ambigua en relación si era suficiente una simple carta privada. En este sentido, refiere a un correo electrónico enviado por la recurrida quién, ante la solicitud de inscripción de las referidas escrituras, señala que “falta carta que diga que fundado en las disposiciones de los artículos 688 y 1344 del C.C., por este instrumento dejo constancia que en mi condición de cesionario de acciones y derechos sobre el bien raíz, quedo sujeto a las resoluciones de la partición de la comunidad.”

Sostiene el actor que, de forma posterior, cambia de criterio en razón de estimar que éste, en conversación telefónica no estaba dispuesto a modificar al gusto de la recurrida el requerimiento, sea mediante una carta o una escritura pública. Así, salir a una notaría significa un evidente riesgo a la salud y vida de toda persona en época de cuarentena y hacer una exigencia fuera de la norma y rechazar una inscripción mediante una calificación que no le corresponde a ella realizar, se convierte en un acto ilegal y arbitrario dado que ni el Código Civil ni el Reglamento del Conservador disponen norma en ese sentido.

Por su parte, afecta el derecho del artículo 19 N°3 inciso quinto -de la Carta Magna- toda vez que, la decisión de la recurrida es en base a una competencia que no tiene, constituyéndose así en una comisión especial para juzgar eficacia de un instrumento público con exigencias improcedentes. Finalmente, afecta su derecho del artículo 19 N°24 -de la Carta Magna-, esto es, el derecho de propiedad, dado que debe incurrir nuevamente en gastos innecesarios con los eventuales perjuicios por impedir una cesión de derechos o venta del todo en el intertanto. De este modo, solicita tener por interpuesto el recurso de protección y en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en la exigencia de extender una escritura pública de rectificación y/o complementación de otra escritura de cesión de derechos, acogerlo y declarar que la recurrida debe inscribir las escrituras que acompañó y subinscribir al margen de la inscripción matriz las cesiones de derecho, junto con condenarla en costas.

Acompaña a su presentación escrituras de cesión de derechos que se remitieron a su parte por medio de firma electrónica del Notario de Puerto Varas y correos de la recurrida referidos en el cuerpo principal de su libelo.

A folio 3, se declara admisible el recurso de protección, y se solicita informe a la recurrida en base a la presentación efectuada, bajo apercibimiento de prescindirse del mismo.

A folio 6, evacúa informe nombre reservado, Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Hualaihué, quién indica que se realizaron dos solicitudes por doña nombre reservado, ambas del 28 de diciembre del 2020, asignándose así orden de trabajo N°1919 y N°1924. La primera, corresponde a una cesión de derechos repertorio N°3690-2020 de la Notaria de Puerto Varas de don nombre reservado, en que los comparecientes son doña nombre reservado como cedente y don nombre reservado, como representante de la cedente doña nombre reservado y como representante también del cesionario don nombre reservado, la cual fue una orden válida y se asignó cotización, lo cual no ha podido ser ingresada formalmente por el no pago de los derechos.

En relación con la segunda orden, la que corresponde a Cesión de Derechos Repertorio N°3689-2020, de la Notaría de Puerto Varas de don nombre reservado, en la que los comparecientes son don nombre reservado, por sí como cedente y en representación de don nombre reservado, como cesionario, siendo solo en este caso lo solicitado por la recurrente, lo cual es efectivo en las cesiones de derechos hereditarios, cuestión que no era en el caso, razón por la cual solicitó a doña nombre reservado comunicarse por vía telefónica para explicar situación y dejar sin efecto el mencionado rechazo, quién le indico que se comunicará con el actor.

Así, en llamada telefónica sostenida por las partes, y para el caso de la orden N°1919 se le indicó que en el caso de cesiones en que se adjudicaban el cien por ciento de los derechos, era conveniente poner una cláusula de dominio exclusivo y requerir el Conservador cancelar la inscripción anterior para que no quedaran las dos inscripciones vigentes, ya que el Conservador no puede cancelar de oficio, todo lo anterior en conformidad a las normas del Reglamento Conservatorio; y en el caso de la orden N°1924, fue imposible hablar dado el trato descortés y agresivo con su persona. Indica que, al día de hoy, dichas ordenes no se han dado curso por no pago de los respectivos derechos y que en caso alguno pretende arrogarse funciones de juez, manteniendo siempre un buen trato con los clientes y en caso alguno se le solicitó concurrir a una notaría para realizar una modificación de la escritura de compraventa.

Indica como normas concurrentes para este caso lo señalado en el artículo 90 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, en relación con el artículo 18 del mismo cuerpo normativo ante reclamos de negativa de inscripción, por lo que solicita, en mérito de lo expuesto, tener por evacuado el informe que ha sido requerido en el oficio de la referencia, y en definitiva, rechazar o desestimar el recurso de protección de autos en todas sus partes. Acompaña a su presentación los correos electrónicos de las órdenes de trabajo N°1919 y 1924.

A folio 7, no se hace lugar a la orden de no innovar solicitada, y encontrándose la causa en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

A folio 11, se agregan estos antecedentes en la tabla extraordinaria del día miércoles 24 de marzo de 2021, en lugar preferente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como se ha venido sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, resulta determinante precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que éste lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional.

Sobre la arbitrariedad del mismo, cabe entender que un acto es tal en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho, es decir, cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso o movido por el favoritismo o la odiosidad.

TERCERO: Que, advertido entonces que, el actuar alegado como arbitrario o ilegal se debió a una confusión según el propio relato de la recurrida, respecto de las dos órdenes de trabajo solicitadas para su oficio, indicando que, al día de hoy, no se ha dado curso a las mismas solamente por no haber pagado el recurrente los respectivos derechos asociados a la inscripción solicitada, hacen perder oportunidad al presente recurso en atención a su finalidad y naturaleza cautelar de urgencia.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, y ante una eventual negativa del Conservador a la inscripción de alguna actuación que le correspondan realizar en mérito de su oficio, las causales de la misma deberán ser consignadas en el respectivo certificado de rehusamiento, existiendo un procedimiento regulado en el propio Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, el cual indica que ello debe tramitarse y conocerse ante el Juez de primera instancia del lugar donde se encuentre el mismo, no siendo por tanto, el recurso de protección la vía idónea para reclamar ante la negativa del Conservador de Bienes Raíces a efectuar la inscripción o subinscripción de aquellos instrumentos que la ley establece.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: se rechaza, sin costas la acción interpuesta a folio 1 por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, Conservadora de Bienes Raíces de Hualaihué.

Redacción a cargo de Abogado Integrante Sr. Cristian Oyarzo Vera, no firma el Fiscal Judicial subrogante don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 40-2021