Protección contra Servicio de Impuestos Internos

nombre reservado, veinticinco de marzo de dos mil diez.

Vistos:

A fojas 1 comparece el abogado Sr. Juvenal Gómez Gómez, en representación de nombre reservado, comerciante, domiciliados en domicilio reservado, y en camino Parque Municipal s/n de la misma comuna, respectivamente. Refiere que deduce a favor de su representado, recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que el día 2 de febrero del presente año, éste fue notificado de una citación del servicio, firmada por el jefe de la Unidad de Castro, en la que se le manifestó que se probaría que las declaraciones de impuestos correspondientes a los períodos en que unas supuestas irregularidades ocurrieron, diciembre de 2002 a diciembre de 2005, son maliciosamente falsas y que operaba a su respecto la norma especial del inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario, y acompaña a la citación un legajo de 61 hojas con la especificación de cada una de las facturas supuestamente falsas, con indicación de sus fechas y objeciones.

Luego de indicar que el constituyente prevé la procedencia del recurso de protección tanto ante un anuncio de un mal futuro como ante la perturbación y privación del legítimo ejercicio de un derecho, cita los artículos 200 y 201 del Código Tributario, señalando que conforme a la doctrina y la jurisprudencia, para que pueda aplicarse el plazo de prescripción de 6 años, debe existir una sentencia que deje establecida la conducta dolosa del contribuyente, y en la especie, el procedimiento seguido en contra de su representado se ampara en un plazo indebidamente extendido a 6 años, de modo que debieron declararse prescritas las anomalías detectadas a su parte, o simplemente no notificarlo.

Sostiene que, en este caso, no existe un proceso infraccional que se tramite paralelamente con el de reclamo de liquidaciones, de modo que no se ha reprochado al contribuyente el no haber prestado declaración o que ésta sea maliciosamente falsa, y por consiguiente, no concurre ninguno de los supuestos excepcionales del inciso segundo del artículo 200 del Código ya citado, y agrega que conforme a las propias instrucciones impartidas por el Director del servicio recurrido, de 19 de octubre de 1993, debe dictarse una sentencia que aplique una sanción administrativa penal , para que quede establecida la conducta dolosa del contribuyente y pueda extenderse a 6 años el plazo de prescripción.

Habiéndose declarado admisible el recurso sólo respecto de las garantías constitucionales establecidas en los números 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el actor refiere afectada la primera de ellas, indicando que el trabajo es natural a las personas, que el Estado debe protegerlo y que en el caso de marras, este derecho se ve perturbado en los términos indicados respecto a la segunda de las garantías que se dice amagada, dado que se impediría a su representado seguir ejerciendo libremente su actividad económica, concretamente al no timbrarle los documentos mercantiles necesarios para ejercerla, sin perjuicio del gravamen económico que significaría el giro de los impuestos supuestamente adeudados, lo que se traduce en un atentado al tercer derecho invocado, por encontrarse amenazado su patrimonio.

Finaliza solicitando se acoja el presente recurso por haberse conculcado las garantías mencionadas en su contenido, se ordene a la recurrida cesar en su amenaza efectuada mediante citación No. 1 de 2 de febrero del año en curso mientras no se tramite un proceso judicial que determine el actuar doloso de su parte, y se declaren prescritos los cobros que la contraria pretende, con costas.

A fojas 142 informa doña nombre reservado, Jefe de la Unidad de Castro del Servicio de Impuestos Internos, quien sostiene que don nombre reservado fue notificado el 2 de febrero de este año de una citación de su Unidad, actuación que es resultado de una auditoría practicada a los libros contables, documentación tributaria y declaraciones de impuestos del contribuyente, que comprendió los períodos de diciembre de 2002 al mismo mes del año 2005, y cuyo resultado arrojó la determinación de diferencias de impuestos, por la indebida utilización de crédito fiscal y costos, al estar éstos respaldados con facturas falsas, tanto material como ideológicamente, dado que tales facturas consignaban operaciones inexistentes o ficticias, que no fueron realizadas por el titular de las mismas.

En cuanto a la extensión del plazo de prescripción a 6 años, indica que se justifica en la calificación de “maliciosamente falsas” de las declaraciones presentadas, de acuerdo al inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario.

Con relación al recurso, la recurrida sostiene que es inadmisible por adolecer de falta de idoneidad, puesto que la citación no es un acto administrativo que pueda ser impugnado en sede de protección dado que no reúne los requisitos de arbitrariedad ni ilegalidad capaz de vulnerar derechos de los contribuyentes, y por el contrario, sólo se trata de un acto que se enmarca dentro de las facultades de fiscalización que la ley otorga al servicio con la finalidad de que pueda cumplir con sus fines específicos, todo ello de acuerdo al inciso primero del artículo 6° del Código del ramo y artículo 1° de su Ley Orgánica.

Luego de definir la naturaleza jurídica de la citación como una comunicación al contribuyente para que dentro de determinado plazo presente o rectifique una declaración o la amplíe o confirme, indica que constituye una oportunidad para subsanar omisiones o errores en los que pudiera haber incurrido o de presentar sus descargos, lo que precisamente hizo el Sr. nombre reservado el pasado 24 de febrero a través de su contador, pidiendo en concreto una ampliación del plazo para contestar la citación, petición que fue acogida.

Por su parte, la recurrida también hace presente que el actor tiene dos vías de impugnación de las liquidaciones y giros que puedan originarse de esta citación, en caso de que se mantenga la controversia con el órgano fiscalizador, la primera sustentada en la leyes 19.880 y 18.575, regulada por Circular No. 26 de 28 de abril de 2008 denominada Procedimiento de Revisión de la Actuación Fiscalizadora o RAF, a través de la que se corrigen vicios o errores manifiestos que puedan surgir en las liquidaciones, giros o resoluciones del servicio, procedimiento que no tiene forma de juicio y busca entregar eficiencia y rapidez a la resolución de los conflictos, y la segunda que se materializa a través del reclamo ante el Tribunal Tributario competente, conforme a los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, cuyos fallos pueden ser revisados por las Cortes de Apelaciones.

Luego, sostiene que la jurisprudencia ya ha fallado en el sentido de que la citación no constituye un acto apto para lesionar derechos de los contribuyentes (Corte de Apelaciones de Concepción, 14 de agosto de 2008; y Corte Suprema, 16 de junio de 1994).

Por su parte, sostiene que de la lectura del recurso surge que se solicita por su intermedio un pronunciamiento de esta Corte sobre una cuestión de fondo, lo que debe ser planteado en un juicio de lato conocimiento, esto es, la calificación de si determinadas declaraciones de impuestos son o no “maliciosamente falsas” en un período determinado, por lo cual se estableció que el plazo de prescripción aplicable era el de 6 años, no compartiendo en ese orden la interpretación del recurrente en el sentido de que dicho plazo sólo sería procedente si una sentencia previa declara la aplicación de una sanción administrativa penal, y así refiere lo ha resuelto la Corte Suprema señalando que corresponde tal calificación exclusivamente al Servicio de Impuestos Internos, con independencia de si se ha o no deducido querella criminal o se ha ejercido acción infraccional (Corte Suprema, 31 de mayo de 2004).

Por último, indica que el recurso no precisa la forma en que la citación vulneraría los derechos constitucionales de los números 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de argumentar que tal afectación no se ha producido y que el contribuyente puede desarrollar su actividad económica sin amenazas de ningún tipo.

Encontrándose en estado de ver, a fojas 154 se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Carta Fundamental faculta al que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, entre ellos, precisamente los invocados en el libelo del recurso, en cuyo caso ocurrirá por sí o por cualquiera a su nombre ante la respectiva Corte de Apelaciones, la que deberá de inmediato adoptar las providencias que juzgue necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, el acto que se impugna en este recurso es la Citación N° 1 de 2 de febrero del año en curso, mediante la que la Unidad de Castro del Servicio de Impuestos Internos solicita al contribuyente y recurrente de autos, que presente o rectifique determinadas declaraciones de impuestos, o las amplíe o confirme, puesto que de una auditoría practicada a su contabilidad, se han determinado diferencias de impuestos a raíz de la presentación de documentos falsos, sea material o ideológicamente, y en ese orden, tal como lo sostiene la parte recurrida, constituye una oportunidad para quien ha sido citado, sea para subsanar las omisiones o errores en los que pudiera haber incurrido o de presentar sus descargos respecto de las observaciones advertidas por el órgano fiscalizador, de modo que mal puede señalarse que este acto pueda afectar las garantías constitucionales que se dicen amagadas en el recurso.

Tercero: Que, por su parte, en cuanto a las alegaciones del actor fundadas en que el procedimiento de fiscalización seguido en su contra se funda en un plazo de prescripción indebidamente extendido a seis años, por no concurrir a su juicio los presupuestos del artículo 200 del Código Tributario, estos sentenciadores comparten las aseveraciones del informe en cuanto a que ésta no es la sede para discutir tal asunto, debiendo seguirse al respecto las vías ordinarias de impugnación en las que ambas partes puedan hacer valer sus alegaciones y rendir las probanzas que estimen procedentes, asegurando así el respecto al Principio de la Bilateralidad de la audiencia.

Cuarto: Que, por último, en cuanto a la negativa a timbrar documentos mercantiles a que se ha hecho referencia en el recurso, sin perjuicio de no aparecer como fundamento de su interposición, tampoco se acreditó por el recurrente la efectividad de dicha imputación, motivo por el cual no cabrá sino rechazar en todas sus partes la acción ejercida a fojas 1.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el interpuesto a fojas 1 por el Sr. Juvenal Gómez Gómez, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción de la Ministra doña Teresa Mora Torres.

Pronunciada por los Ministros Titulares doña Teresa Mora Torres y don nombre reservado y por la abogado integrante doña María Herna Oyarzún Miranda.

Rol N° 40-2010.