Protección contra Sra

Foja: 139 Ciento Treinta y Nueve nombre reservado, catorce de agosto de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas seis comparece Iván Castillo Concha, abogado, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, en representación de don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, de su mismo domicilio, e interpone recurso de protección en contra de la Sra. Juez destinada de nombre reservado, doña nombre reservado y en contra del Fiscal nombre reservado Varas, don nombre reservado, por los hechos expuestos a continuación, que estima ilegales y arbitrarios los cuales causaron privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales de su representado.

Refiere en primer lugar que los recurridos participaron en una resolución de fecha 9 de julio de 2014 dictada en el Juzgado de nombre reservado, en la que atribuyen la condición de imputado al recurrente, sin que jamás haya sido notificado o se le haya dado a conocer de cualquier manera la existencia de una investigación penal en su contra. Esta situación habría contravenido la garantía constitucional de un debido proceso, contemplada en el art 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, según la cual "nadie puede ser condenado, sin ser oído previamente." Señala que dicha garantía se extiende también a la calidad de imputado en un proceso penal, puesto que según el artículo cuarto del Código Procesal Penal, ninguna persona será considerada como culpable o tratada como tal, en tanto no sea condenada por sentencia firme. Añade que el imputado, es el sujeto pasivo de la relación jurídico procesal penal, ya que respecto de él se sigue el proceso, hasta su terminación legal. Por tanto, el mínimo derecho que puede tener es ser oído previamente o al menos darle alguna noticia de la existencia de una investigación criminal en su contra.

En segundo término expresa que otro derecho esencial de toda persona es contar con la defensa de un profesional letrado, siendo ello también parte de la garantía constitucional del debido proceso. Infiere que en este caso, al parecer se pretendería cuestionar y coartar el desempeño profesional del recurrente, como abogado habilitado para el ejercido de la profesión, ya que el cuestionamiento a su desempeño estaría referido a su labor como asesor jurídico del municipio de Llanquihue, donde le correspondió confeccionar un proyecto de convenio de pago de un funcionario con el Alcalde, en que el empleado reconocía y se obligaba a pagar una suma de dinero, convenio que la Contraloría objetó, por falta de documentación sustentatoria auténtica. Señala que lo que se debe tener en cuenta es que el convenio lo firmó el Alcalde y el funcionario involucrado y por ende, la responsabilidad penal alcanzaría a quienes lo rubricaron, más no al abogado redactor del mismo.

Agrega que la Contraloría constató que faltaba dinero a la I. Municipalidad de Llanquihue, situación que comunicó al Alcalde y le ordenó regularizar esa situación anómala. Cuestión que así sucedió y que después se le informó al organismo contralor de ese convenio de pago, dándole a conocer que el responsable se comprometió a reintegrar los montos adeudados. Por tanto, no existiría delito alguno que deba ser investigado por el Ministerio Público.

Por tanto, refiere el abogado que, con la actuación de la jueza de garantía y del fiscal de marras, se está coartando en forma absolutamente ilegal y arbitraria el ejercicio de la profesión de abogado y el derecho a la defensa que les asiste a los funcionarios involucrados en supuestas situaciones irregulares, administrativamente.

En tercer lugar, el actuar ilegal y arbitrario de parte del fiscal se agravó una vez que hubo informado a la prensa y en particular a la radio Bio Bio y al diario El Llanquihue, de la diligencia que había realizado en su oficina, a la cual accedió voluntariamente el recurrente. En dicha entrevista se habría efectuado un montaje publicitario con el objeto de denigrarlo, afectando su honra de manera grave e irreparable, ya que públicamente lo hace responsable de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, en circunstancias que la investigación que realiza ni siquiera se ha efectuado audiencia de formalización en su contra.

Recalca que el recurrente es un abogado de más de 35 años de ejercicio profesional, que se desempeñó por más de 20 años en la Contraloría General y que fue Contralor Regional de Los Lagos, por cerca de 15 años, dedicándose posteriormente al ejercicio privado de la profesión de abogado, con una fama y trayectoria que la opinión pública conoce por ser intachable desde todo punto de vista.

En cuarto término agrega que la acción de incautación efectuada en la oficina del recurrente fue de tan envergadura que él debió cerrar la oficina y ausentarse del lugar, puesto que los teléfonos no dejaban de sonar, debido a la alarma pública que generó en la ciudadanía y en todas las personas que conocen el estudio jurídico nombre reservado, ya que simplemente, fue y ha sido imposible, continuar prestando los servicios profesionales de abogado. Además, en dicha diligencia se incautó documentación necesaria para trabajar. Con este actuar, que se estima ilegal y arbitrario se conculcó también el derecho de propiedad del afectado, para seguir desempeñándose como abogado independiente que ejerce liberalmente su profesión y su libertad de trabajo con su protección respectiva, ya que se ha visto impedido para trabajar.

Por consiguiente solicita tener por interpuesta acción de protección en contra de doña nombre reservado, Juez destinada de nombre reservado y en contra de don nombre reservado, Fiscal nombre reservado Varas, acogerla a tramitación y acoger la presente acción cautelar, dejando sin efecto, la expresión "imputado" que se contiene en la resolución de 9 de julio de 2014, del Juzgado de nombre reservado, en la causa RIT 791-2013, por ser contraria a derecho.

Solicita además que se ordene al Fiscal nombre reservado abstenerse de efectuar cualquier comentario o declaración en los medios de comunicación, referente a cualquier detalle de la investigación que realiza sobre el recurrente, hasta que no exista una sentencia de término en la causa respectiva.

Y también solicita que se adopten todas las demás medidas necesarias para resguardar las garantías constitucionales del debido proceso, del derecho a la honra, de la libertad de trabajo y del derecho de propiedad para desempeñarse libremente como abogado, como también para cautelar en forma adecuada el ejercido de la profesión de abogado, que se contienen en el artículo 19, N° 3, 4,16 y 24 de la Carta Fundamental, todo esto, con costas.

Que, a fojas 1 y siguientes, se acompañan por el recurrente artículos de prensa y publicaciones de la radio Bío Bio.

A fojas 31, con fecha 21 de julio de 2014 informa la jueza destinada de nombre reservado, doña nombre reservado, señalando que en el Juzgado de nombre reservado, se ingresó la causa Ruc N° 1201259761-2, Rit 791-2013, por malversación de caudales públicos, falsificación o uso malicioso de instrumento privado, negociación incompatibles, lavado de dinero y celebración de contrato simulado, respecto de hechos acaecidos en la Ilustre Municipalidad de Llanquihue. La causa se inició por denuncia presentada ante dicho tribunal el 24 de septiembre de 2012 por dos particulares y sustentada en un informe de Contraloría Regional de Los Lagos y que fue remitida a la Fiscalía nombre reservado Varas con fecha 25 de septiembre de 2012.

Expone que, con fecha 06 de julio del presente, el Fiscal nombre reservado solicita al tribunal autorización para la siguiente diligencia: "autorización judicial de entrada y registro, en horario diurno, del inmueble correspondiente al imputado nombre reservado y sus dependencias, ubicado en domicilio reservado, nombre reservado, a fin de obtener incautación de documentos, antecedentes y registros de carácter tributario, financiero, administrativo y legal, o de cualquier otro tipo, relacionados con el "convenio de pago" celebrado el día 24 de julio de 2014, y su contratación por parte del municipio, que son objeto de la investigación, la correspondencia o correos electrónicos remitidos con ocasión de dichas operaciones, todo lo anterior ya sea que se encuentre en soporte material, digital, electrónico, informático o de cualquiera otro tipo, con sus respectivos continentes (computadores, etc), lo anterior con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario. Para el caso de acceder a la diligencia solicitada, ésta será practicada en horario diurno por personal de la Policía de Investigaciones con la asistencia del personal especializado del Cybercrimen de ser necesario, y disponer que el oficio correspondientes sea entregado a este Fiscal, a fin de coordinar personalmente su diligenciamiento." Añade que la solicitud de diligencia efectuada por la fiscalía, nace de la investigación iniciada en el marco de la que ya se expuso en el presente informe, dando cuenta que de las diligencias realizadas, se deriva una investigación paralela, respecto de don nombre reservado, en su calidad de autor del delito de prevaricación de abogado.

Al presentar la solicitud de 06 de julio y complementos de fecha 07 y 08 de Julio, se acompañaron antecedentes que fundan la misma y que se contienen en la carpeta digital siagj, datos que sustentan su requerimiento. La solicitud se basa en que los documentos y antecedentes cuya incautación se pide por el Ministerio Público, se encontrarían en poder de nombre reservado, y que un requerimiento anticipado a éste puede frustrar o poner en peligro el éxito de la investigación.

Agrega la magistrado que, para resolver la petición y revisados los antecedentes acompañados, resolvió primero, que se acreditara la calidad de abogado de la Ilustre Municipalidad de Llanquihue del señor nombre reservado a la fecha de los hechos que se le imputan, lo que se realizó el 07 de julio del presente; y posterior a aquello que se aclarara el año del denominado "convenio de pago", lo que se materializó con fecha 08 de julio de 2014.

Señala que, a la petición del Fiscal, teniendo a la vista los antecedentes acompañados por éste y al tenor de lo dispuesto en los artículos 205, 207, 208, 212, 214, 216, 217, 220, 221, 236 del Código Procesal Penal, resolvió, con fecha 09 de julio de 2014, autorizar las diligencias solicitadas por el plazo de cinco días a contar de la fecha de la resolución, cumplido el cual se dispuso que quedaría sin efecto, debiendo ser devuelta al Tribunal. En la misma resolución se dispuso que la diligencia se debía llevar a cabo en horario diurno, por personal de la Policía de Investigaciones, con la asistencia del personal especializado del Cybercrimen de ser necesario.

A su vez, se ordenó entregar copia autorizada de la resolución al Fiscal solicitante, a fin de que éste coordine personalmente su diligenciamiento, el que se ordenó debía realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 205 y siguientes, 217, 218, 220, 221 del Código Procesal Penal, bajo directa responsabilidad del Fiscal solicitante, cuidando que las diligencias autorizadas causen el menor daño y molestias posibles a los afectados y ocupantes del domicilio señalado y evitando en la medida posible, entorpecer el desarrollo de la actividad profesional, debiendo obtener en el menor tiempo posible la información, permitiendo en su caso, y de ser solicitado por el imputado, obtener copia de los archivos o documentos que estime esenciales para su desempeño profesional próximo en el tiempo. Además, se dispuso que atendido el mérito de lo expuesto por el Fiscal y estimándose necesaria la diligencia en la forma solicitada para asegurar su éxito, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 236 del Código Procesal Penal, se lleve a efecto sin previa comunicación del afectado.

Expone la recurrida que, en lo que dice relación con la resolución dictada por ella, se autorizó la diligencia de entrada, registro e incautación, sólo en la medida que exista oposición del propietario o encargado del inmueble, y de lo que se lee del recurso de protección interpuesto, la diligencia se realizó en forma voluntaria por parte del encargado del inmueble, no siendo necesaria la resolución judicial.

Finalmente, y respecto de la utilización de la expresión "imputado" en la resolución, la magistrado, teniendo a la vista los antecedentes acompañados por el fiscal, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7 del Código Procesal Penal, se le atribuyó dicha calidad, toda vez que se acredita la existencia de diligencias de investigación, realizadas por el Ministerio Público, respecto del señor nombre reservado, en calidad de autor de delito de prevaricación de abogado. Lo anterior, es sin perjuicio de la diligencia solicitada y concedida a su respecto.

Adjunta al informe, copia de las presentaciones efectuadas por el Fiscal recurrido de fecha 06, 07 y 08 de julio, y los antecedentes acompañados, además de copia de la resolución de 09 de julio del presente.

A fojas 41 el recurrente acompaña copia de publicación de prensa consistente en columna escrita por el Fiscal Regional, Copia de demanda de cobro de pesos presentada ante el Juzgado de Letras de nombre reservado con fecha 3 de septiembre de 2012 en causa rol 1.662-2012 y copia de escrito en el cual se retira la referida demanda.

A fojas 105, informa don nombre reservado, Fiscal Adjunto de la Fiscalía nombre reservado Varas, quien refiere lo siguiente:

Reafirma lo ya expuesto por la jueza en orden que la diligencia de entrada, registro e incautación, se desarrolla en el contexto de la investigación penal por delitos de malversación de caudales públicos, negociación incompatible, y otros causa RIT 791-2013, del Juzgado de nombre reservado.

Acto continuo narra la investigación efectuada por el Ministerio Público en contra de la I. Municipalidad de Llanquihue por los delitos antes mencionados:

Refiere en primer término que la investigación penal en comento, se inició por denuncia por delito de malversación de caudales públicos y está dirigida contra todos aquellos que resulten responsables. La denuncia se sustenta en el Informe Final N° 23/2012 de la Contraloría Regional de Los Lagos, sobre investigación especial y examen de cuentas sobre fondos por rendir entregados por la I. Municipalidad de Llanquihue. A dicha acción judicial se adicionó denuncia interpuesta por Fiscalizador de la Contraloría Regional de la Los Lagos y querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado. Conforme a lo indicado en el Informe, se estableció la sustracción de caudales públicos por parte del imputado nombre reservado, ex Jefe de Finanzas de la Municipalidad de Llanquihue, con ocasión del egreso de dineros mediante 29 decretos de pago para financiar los programas de empleo comunal o PMU, por un monto estimado en la suma de $38.011.472, dineros cuya rendición fue justificada por el imputado valiéndose al efecto de planillas de pago de remuneraciones y contratos de prestación de servicios falsos.

Añade que, con ocasión de la elaboración del Informe de Contraloría, el fiscalizador a cargo, remitió preinforme, dirigido al Sr. Alcalde de Llanquihue don nombre reservado, en el que se le observa como “gastos no acreditados" a estos 29 decretos de pago. Posteriormente, a fines de julio de 2012, para "subsanar" esta deficiencia y encubrir la sustracción, el imputado nombre reservado, junto al Alcalde del Municipio investigado, celebraron una transacción extrajudicial, a la que denominan "convenio de pago", el día 24 de julio de 2012 en una Notaría de la ciudad de nombre reservado, en la cual convienen, entre otras estipulaciones, que el Sr. nombre reservado se obliga a reintegrar la suma de $38.011.472, en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $791.905; que esta obligación de reintegro subsana íntegramente las observaciones realizadas por la Contraloría, sin que signifique para nombre reservado responsabilidad administrativa, civil o penal en los egresos objetados; que con el presente convenio, las partes se dan amplio, total y recíproco finiquito respecto de las obligaciones de pago y que las partes nada se adeudan, renunciando a cualquier acción civil, penal o administrativa, entre otras.

Continúa explicando que, de acuerdo a los antecedentes recopilados, en cuanto a la génesis de la suscripción del documento en comento señala que, con posterioridad a haberse recibido en el Municipio el preinforme de la Contraloría, fue citado por el Alcalde para que concurriera a la oficina del asesor jurídico del Municipio, el abogado nombre reservado, las que se encuentran ubicadas en domicilio reservado, nombre reservado, a fin de arreglar los temas relacionados a estos dineros vinculados a "gastos no acreditados", reunión que se desarrolló en la oficina del abogado y en la cual participaron varias personas, entre ellas el Alcalde y el abogado, entre otras. En ese entendido, fue que don nombre reservado, redactó en su computador el referido convenio de pago explicándole su objetivo a nombre reservado, esto es que se trataba de un documento que tenía por objeto encubrir la sustracción de los dineros, darle una apariencia de legalidad ante alguna investigación de la Fiscalía, que el Alcalde no tuviera inconvenientes para su reelección del año 2012, que se trataba de un acto que nunca tuvo como propósito el que se cumpliera ni surtiera efectos, ni menos que los dineros retornaran al Municipio. Para darle apariencia de seriedad al documento, se pagarían las dos primeras cuotas, las que, en los hechos, fueron pagadas con dineros suministrados por el propio Alcalde, desconociendo el origen de los mismos.

Conforme los antecedentes reunidos, el "convenio de pago", es un documento cuya naturaleza corresponde a una transacción extrajudicial por montos que superan las 400 UTM., suscrita por el Alcalde, excediéndose en sus facultades legales. Refiere el fiscal que, en su ideación y redacción participó directamente el abogado recurrente. Estos actos referidos revisten caracteres del delito de prevaricación de abogado, toda vez que habría actuado maliciosamente en su calidad de abogado contra los intereses de su cliente, Ilustre Municipalidad de Llanquihue, sin perjuicio de la participación que le pueda asistir en el delito de malversación de caudales públicos investigado.

Añade que estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Juzgado de nombre reservado, para solicitar con fecha 6 de julio de 2014 la autorización ya referida en la que incide el presente recurso. En la solicitud se expresa la necesidad de efectuar la diligencia sin previo aviso, conforme el artículo 236 del Código Procesal Penal señalando que "La diligencia es indispensable para acreditar o descartar la existencia de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación de abogado que se investigan y la participación de personas determinadas en los mismos. Los antecedentes antes señalados se encuentran en poder del imputado nombre reservado y un requerimiento anticipado realizado a su persona puede frustrar o poner en peligro el éxito de la diligencia, por lo que resulta imperioso proceder sin previo aviso ni comunicación del afectado, sin perjuicio de que pueda presenciar la diligencia una vez que ésta esté en curso." Con fecha 9 de julio se accede a la solicitud de la Fiscalía y se autoriza la diligencia , la cual se concretó en horas de la mañana del día 10 de julio del año en curso.

En segundo lugar, en cuanto a la procedencia de la presente acción constitucional en contra del acto recurrido señala lo siguiente:

La diligencia cuestionada por el recurrente de autos, proviene de una resolución emitida por un Tribunal de la República en el contexto de un proceso penal reglado, por lo que no es esta acción constitucional la vía adecuada para su impugnación, toda vez que la decisión y la realización de la diligencia se ha adoptado y ejecutado, respectivamente, bajo el imperio del Derecho. Así lo ha estimado la Excelentísima Corte Suprema en diversos pronunciamientos sobre recursos de protección sometidos a su conocimiento, y cita jurisprudencia al efecto Agrega que el acto no es ilegal. La diligencia se ajustó a las normas legales contenidas en el Código Procesal Penal que regulan la entrada, registro e incautación de especies, en especial, artículos 217, 218. 220, 221 y 236 del texto aludido, éste último en relación al artículo 83 inciso 3° de la Constitución y en su ejecución, a los artículos 212 y 214 del Código Procesal Penal. La diligencia fue dirigida y supervisada en persona por el Fiscal que informa, y su práctica, encomendada a personal de la BRIDEC de la Policía de Investigaciones de Chile.

Añade que, a mayor abundamiento, la diligencia fue presenciada en todo momento por la encargada de la oficina, doña nombre reservado y el abogado Iván Castillo Concha, exhibiéndoles y entregándoles copia de la resolución que autoriza la diligencia quienes además firmaron el acta confeccionada al efecto.

Precisa que se incautaron únicamente los archivos digitales y documentos pertinentes a los hechos investigados de propiedad del recurrente. El Sr. nombre reservado no se encontraba presente al momento de la diligencia y se informó al recurrido que estaba fuera de la ciudad. No obstante, el fiscal indica que tomó contacto telefónico con él, informándole de la diligencia, asimismo, se le consultó fecha de regreso a la ciudad para que compareciera en la investigación, señalando ignorar y no tener certeza de fecha de regreso, quedando en informar su llegada a nombre reservado para coordinar su citación a prestar declaración en la investigación.

Añade el recurrido que el acto no es arbitrario, ya que tiene por justificación y fundamento las referencias recopiladas durante el transcurso de la investigación antes narrada. A continuación cita doctrina respecto del alcance de los términos ilegalidad y arbitrariedad que habilitan la acción constitucional que se informa y señala que la decisión de solicitar y luego la de conceder la diligencia que hoy se cuestiona, se ajusta a los estándares de razonabilidad aplicados y aplicables a cualquier caso de similar naturaleza, no habiéndose considerado en la decisión fiscal y jurisdiccional circunstancia alguna de carácter subjetiva que implicara un trato diferente indiciario de capricho o irracionalidad.

En cuanto a la afectación de garantías constitucionales, el recurrente de autos estima conculcada la garantía fundamental del debido proceso a su respecto, sosteniendo para ello que no tuvo conocimiento previo de una investigación en su contra. Al respecto, precisa que conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección ampara el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma regla menciona, abarcando ciertamente la del artículo 19 N° 3, pero sólo en lo que se refiere a su actual inciso quinto. Por tanto refiere el fiscal que se ha ejercido la acción sobre una hipótesis no contemplada por la carta fundamental.

En lo que atañe a la conculcación de protección a la honra, precisa el recurrido que las publicaciones a que aludidas no fueron originadas, ni mucho menos propiciadas por él, muy por el contrario, sólo después de la diligencia fue contactado por la prensa local para referirse al hecho, solicitud a la que dicho funcionario público no puede sustraerse sin vulnerar el principio de transparencia de la institución y el de publicidad de la actuaciones. Fue así como consultado por algunos medios de comunicación acerca de la efectividad de la diligencia, se entregó información básica acerca del hecho de haberse verificado, sucintamente sus motivos y resultados, sin proporcionar detalles de la misma ni de la investigación. Agrega que no aparece en los documentos acompañados que el recurrido efectuara declaraciones que excedan la justa mención a antecedentes genéricos de cualquier investigación penal en curso que genere interés comunicacional.

Respecto a la libertad de trabajo y su protección, se sostiene por el recurrente que la actuación del fiscal ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, al pretender cuestionar y coartar su desempeño profesional como abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, específicamente, su labor como asesor jurídico del Municipio de Llanquihue. Ante esta aseveración señala que su actuación causa el agravio a la garantía constitucional en los términos expuestos por el recurrente, toda vez que la diligencia de entrada y registro a fin obtener los archivos del documento denominado "convenio de pago", es posterior a la generación del mismo, y por ende no ha podido coartar el desempeño profesional pasado del Sr. nombre reservado.

En cuanto a que la actuación del suscrito implica un cuestionamiento al desempeño profesional del recurrente, precisa que la diligencia efectuada a instancias de la Fiscalía fue en aras de investigar justamente un delito especial con sujeto calificado, cual es la prevaricación de abogado, previsto y sancionado en el artículo 231 del Código Penal, por lo que sus actuaciones no pueden considerarse atentatorias a su garantía de libertad de trabajo, que como todo desempeño de oficio, profesión o empleo, encuentra su límite en la licitud y la adecuación a las normas del ordenamiento jurídico, el cual a su vez, ha establecido modelos punitivos especiales dirigidos a normar la actividad profesional y laboral, no sólo de abogados, sino también de otros miembros de los Tribunales de Justicia ( artículos 223 y siguientes del Código Penal); profesionales de la salud ( artículos 313 a) y 313 b) del Código Penal), funcionarios públicos (artículos 148 y siguientes; y artículo 233 y siguientes del Código Penal).

En lo referido al derecho de propiedad, señala el fiscal en su informe que la postura doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria, afirma que "lo que se ampara es la titularidad del derecho, esto es la existencia de la institución de la propiedad privada sobre bienes incorporales entendida como régimen jurídico que permita resguardar la titularidad de dichos derechos y no la posición o situaciones que afectan la contingencia del cumplimiento. Por tanto, la actuación recurrida no ha podido tampoco afectar esta garantía constitucional en los términos en que se encuentra amparada por la acción constitucional, toda vez que el recurrente continúa en el ejercicio de su profesión y ostenta regularme su título de abogado.

Es por dichos motivos que solicita tener por evacuado el informe y acompaña junto a él los siguientes documentos: Copia de Pre informe N° 23/2012 de la Contraloría Regional de Los Lagos, de fecha 03 de julio de 2012; Copia de Of. N° 4310/68/06 de nombre reservado a nombre reservado, Contralor Regional; Copia de Informe Final N° 23/2012 de la Contraloría Regional de Los Lagos, de fecha 07 de agosto de 2012; Copia de mandato judicial de la I. Municipalidad de Llanquihue a nombre reservado; Copia de Escrito de solicitud de autorización judicial de diligencia de fecha 06 de julio de 2014; Copia de Resoluciones del Juzgado de Garantía en causa RUC 7-1201259761-2 RIT 791-2013, de fecha 07, 08 y 09 de julio de 2014; Copia de Escrito de cumple lo ordenado de fecha 07 y 08 de julio de 2014; Copia de acta de entrada y registro en lugares cerrados de fecha 10 de julio de 2014; Copia de Convenio de Pago entre nombre reservado con I. Municipalidad de Llanquihue; Of. N° 4193/64/09 confidencial de fecha 23 de julio de 2012; Copia de Carta de fecha 24 de julio de 2014, con cargo oficina de partes registro N° 4237 de 24/07/2012; Copia de Orden de ingreso N° 244328 de fecha 30/07/2012, y Copia decreto exento N° 89 de fecha 05 de enero de 2012.

A fojas 112 el recurrente acompañó copia del diario El Llanquihue de fecha 28 de Julio del año 2014.

A fojas 114, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción encaminada a amparar el ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que menciona y se encuentran contemplados en el artículo 19 del mismo cuerpo normativo, siendo el objetivo de dicha acción la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, amenace o perturbe ese atributo.

SEGUNDO: Que en el presente caso ha recurrido de protección don Iván Castillo Concha, en representación del abogado don nombre reservado y en contra de la Juez de nombre reservado doña nombre reservado y en contra del Fiscal Local de dicha ciudad don nombre reservado, haciendo presente que ambos recurridos participaron en una resolución en la que se atribuye la calidad de imputado al abogado señor nombre reservado, sin que éste haya sido notificado o se le haya dado a conocer la existencia de una investigación en su contra, lo que contraviene el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República. Agrega que la garantía antes mencionada se extiende al artículo 4 del Código Procesal Penal, precepto que dispone que ninguna persona será considerada como culpable o tratada como tal en tanto no sea condenada por sentencia firme.

TERCERO: Que hace presente el recurrente, además, que con lo actuado se ha atentado contra el derecho a defensa de su representado, pretendiéndose coartar su desempeño profesional al cuestionarse su labor como asesor jurídico de la Municipalidad de Llanquihue, con motivo de confeccionar un convenio de pago de un funcionario con el Alcalde para regularizar un faltante de dinero en dicho municipio constatado por la Contraloría Regional de Los Lagos.

CUARTO: Que añade el recurrente que el Fiscal informó a la prensa y radio de la diligencia de registro que practicó a las oficinas del abogado señor nombre reservado, lo que dio origen a que se le denigrara y se afectara su honra al hacerlo responsable de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, sin que ni siquiera se haya efectuado audiencia de formalización.

Hace presente que la acción de registro e incautación fue de tal envergadura que debió cerrar la oficina atendida la alarma pública que se generó, incautándose documentación necesaria para trabajar, conculcándose así el derecho de propiedad del afectado y su libertad de trabajo.

Solicita en definitiva que se elimine de la resolución dictada el 9 de julio de 2014, en los autos Rit 791-2013 del Juzgado de nombre reservado, la expresión “imputado”, que se ordene al Fiscal señor nombre reservado se abstenga de efectuar comentarios o declaraciones a los medios de comunicación respecto de detalles de la investigación que lleva a cabo en relación con el recurrente, hasta que no haya sentencia de término y por último que se adopten todas aquellas medidas necesarias para resguardar las garantías constitucionales del abogado nombre reservado contenidas en los Nºs 3, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con costas.

QUINTO: Que evacuados los informes de los recurridos y revisados los antecedentes que obran en el expediente, se ha logrado establecer que el origen de la acción cautelar deducida por el recurrente dice relación con la resolución de fecha 9 de julio de 2014, dictada por la Juez de nombre reservado doña nombre reservado, a solicitud del Fiscal Local de dicha ciudad don nombre reservado, por medio de la cual “se autoriza la entrada y registro, en horario diurno, del inmueble correspondiente al imputado nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, y sus dependencias, ubicado en domicilio reservado, nombre reservado, a fin de proceder a la incautación de documentos, antecedentes y registros de carácter administrativo y legal, relacionados con el denominado convenio de pago celebrado el día 24 de julio de 2012 y antecedentes de su contratación por parte del municipio de Llanquihue, que son objeto de la investigación, como asimismo la correspondencia o correos electrónicos remitidos con ocasión de dichas operaciones, todo lo anterior ya sea que se encuentre en soporte material, digital, electrónico, informático o de cualquiera otro tipo, con sus respectivos continentes (computadores) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Procesal Penal, con exclusión de aquellos que puedan estar comprendidos en el artículo 220 del mismo Código. Lo anterior, con el auxilio de la fuerza pública, sólo en caso de ser estrictamente necesario, de conformidad con las normas legales.

La presente autorización se concede por el plazo de 5 días a contar de esta fecha, cumplido el cual quedará sin efecto, debiendo ser devuelta al Tribunal.

Las diligencias se llevarán a cabo en horario diurno, por personal de la PDI con la asistencia del personal especializado del Cybercrimen de ser necesario. Entréguese copia autorizada al Fiscal solicitante, a fin de coordinar personalmente su diligenciamiento y deberán realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 205 y siguientes, 217, 218, 220, 221 del Código Procesal Penal, bajo directa responsabilidad del Fiscal solicitante, cuidando que las diligencias autorizadas causen el menor daño y molestias posibles a los afectados y ocupantes del domicilio señalado y evitando en la medida posible entorpecer el desarrollo de la actividad profesional, debiendo obtener en el menor tiempo posible la información, permitiendo en su caso, y de ser solicitado por el imputado, obtener copia de los archivos o documentos que estime esenciales para su desempeño profesional próximo en el tiempo.”

SEXTO: Que a la luz de lo señalado precedentemente resulta evidente que la materia en análisis, por su naturaleza, es ajena a la acción de protección planteada, toda vez que según el mérito de autos, el acto que se estima ilegal y arbitrario corresponde al cumplimiento de una decisión jurisdiccional dictada por un juez competente, con las providencias y resguardos necesarios, recaída en un procedimiento penal que se tramita en el tribunal de nombre reservado, cuestión que no es revisable por esta vía, siendo lo pertinente intentar los remedios procesales que sean conducentes y no utilizar la acción de protección como un recurso de dicha índole. El asunto ya está sometido a los tribunales y por lo tanto bajo el imperio y regulación del derecho, tal como lo ha manifestado la Excma. Corte Suprema en causa rol 9021-2014.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de estimar estos sentenciadores que lo dicho en la motivación precedente resulta suficiente para desestimar el recurso de protección deducido en estos antecedentes, preciso resulta dejar establecido los siguientes hechos: a) que todas las actuaciones cuestionadas por el recurrente calificadas como ilegales o arbitrarias se realizaron conforme a las normas del Código Procesal Penal, en especial las previstas en los artículos 205 y siguientes, 217, 218, 220 y 221 y en el marco de competencia de los recurridos; b) que conforme al artículo 7 del Código Procesal Penal la calidad de imputado se tiene desde la primera actuación del procedimiento dirigida en contra de una persona; c) que la incautación realizada en las oficinas del recurrente no lo ha privado de la propiedad de las especies afectadas, ni del ejercicio de la profesión de abogado, d) que no se ha limitado el derecho a defensa del recurrente y e) que el fiscal del Ministerio Público fue contactado por los medios de comunicación y solo les ha dado información básica del asunto que investiga.

OCTAVO: Que así las cosas y tal como se ha reflexionado, no se advierte por parte de los recurridos que hayan incurrido en actos arbitrarios o ilegales que hayan privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se reclaman vulnerados o conculcados por el recurrente. Al contrario, los denunciados por éste han ajustado su conducta a los dictados por la ley y cumpliendo en su ejercicio con todas las exigencias que ella misma formula y demás resguardos necesarios.

NOVENO: Que en consecuencia y atendido todo lo expuesto anteriormente la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 Nºs 3, 4, 16 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 6 por don nombre reservado, en representación del abogado don nombre reservado, en contra de la Juez de nombre reservado doña nombre reservado y del Fiscal Local de dicha ciudad don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Rol 396-2014 prot.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros don Jorge Ebensperger Brito y don Leopoldo Vera Muñoz y el Abogado integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.

nombre reservado, catorce de agosto de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que precede.