nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA,

Puerto Montt, quince de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio N°1, comparecen los abogados Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, a favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, nacido el 24 de septiembre de 1973, de actuales 48 años, e interpone acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada por nombre reservado, por cuanto aquel ha omitido ilegal y arbitrariamente un pronunciamiento acerca de la solicitud de permanencia definitiva impetrada por el actor con fecha 17 de noviembre de 2021, infringiendo así lo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 y vulnerando la garantía de que es titular, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Arguye que la afectación es de carácter permanente en tanto se mantenga la omisión reprochada, cita jurisprudencia sobre el punto y hace referencia a la consagración normativa del principio de celeridad y economía procesal que informa el actuar de los órganos públicos, por lo que pide se acoja la acción y se ordene a la recurrida pronunciarse inmediatamente acerca de la petición formulada por la recurrente, así como también se adopten todas las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas; y acompaña comprobante de solicitud de permanencia definitiva N°12483312, ingresada 17 de noviembre de 2021, copia de cédula de identidad, visa temporaria y contrato de arriendo del recurrente.

A folio N°6, con fecha 26 de julio de 2022, se declara admisible el presente recurso y se solicita informe al servicio recurrido, dentro de quinto día, de lo cual a folio N°9 con fecha 09 de agosto de 2022, se pide cuenta de dicho informe.

A folio N°11, la abogada Lony de La Guarda, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, como continuador legal de Servicio Nacional de Migraciones, evacúa dicho informe, primero haciendo un análisis de la situación migratoria del recurrente, consta que ingresó por primera vez al país con fecha 19 de marzo de 2019, en calidad de turista, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado. Con fecha 24 de junio del 2019, la Gobernación Provincial de Quillota otorgó al recurrente la autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses. Con fecha 07 de octubre de 2019, se le otorgó una visa temporaria por un año, hasta 27 de noviembre de 2020, y con fecha 23 de septiembre de 2020, el recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el beneficio del permiso de permanencia definitiva, código 5459475. Con fecha 16 de noviembre del 2021, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, notifica al recurrente de que debe subsanar su solicitud, por encontrarse incompleta, por lo cual con fecha 17 de noviembre de 2021, recurrente subsana su solicitud, otorgándole un nuevo código de solicitud N°12483312, la cual de acuerdo a Resolución Exenta N°21491709, de 14 de diciembre de 2021, se le informa que actualmente se encuentra en etapa de análisis avanzado.

Refiere el artículo 41 del DL 1094 y el artículo 125 de su Reglamento como marco jurídico de las solicitudes de permanencia definitiva; los artículos 38 y 45 de la Ley N°21.325 que dan cuenta que las solicitudes de permanencia definitiva otorgan un estatus regular a los extranjeros peticionarios, lo que les permite entrar y salir del territorio nacional, así como realizar actividades lícitas remuneradas; y dice que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, pues la norma no lo indica, ni establece una sanción de caducidad asociada en caso de incumplimiento del mismo, lo que a lo sumo constituiría en su opinión una manifestación de silencio en materia administrativa, de carácter negativo, cita jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel sobre el punto, además de indicar que se trata de un abuso de la vía judicial por la gran cantidad de acciones constitucionales que se deducen en este sentido, por lo que deben avocarse a contestar estos recursos, en vez de trabajar en las solicitudes de las demás personas migrantes, lo que le da un estatus privilegiado a las personas que accionan de protección para acelerar los plazos de tramitación de sus solicitudes. Insta por el rechazo en todas sus partes del presente recurso, por no existir acción u omisión arbitraria o ilegal que vulnere derechos de la recurrente y acompaña Circular N°12 de 24 de noviembre de 2021 y resolución que actualizó el procedimiento a su etapa actual.

A folio N°12, con fecha 12 de agosto de 2022, encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la presente acción se dirige contra el Servicio Nacional de Migraciones, arguyendo como acto u omisión vulneradora de los derechos del recurrente, el retraso evidente en la tramitación de su solicitud de permanencia definitiva, presentada con fecha 23 de septiembre de 2020, y subsanada con fecha 17 de noviembre de 2021, otorgándole un nuevo número de solicitud, de lo cual a la fecha habrían transcurrido alrededor de 10 meses, sin emitir un pronunciamiento, y casi dos años desde la presentación inicial del actor.

Cuarto: Que la recurrida, reconoce en su informe que el actor presenta su solicitud de permanencia definitiva en las fechas antes indicadas, pero además señala que la causa se encuentra en trámite, en etapa de análisis avanzado, desde certificación que acompaña de fecha 14 de diciembre de 2021.

Quinto: Que, en ese sentido, se puede establecer que la recurrida ha dilatado la decisión de la solicitud presentada por el actor excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, aun cuando en la especie se haya requerido al actor en su momento que complementará su solicitud, con fecha 16 de noviembre de 2021, lo cual hizo inmediatamente al día siguiente, otorgándose un nuevo número de solicitud, encontrándose aún en etapa de análisis avanzado.

Sexto: Que, de conformidad con lo expuesto, dada la larga tramitación de la solicitud, resulta necesario por una parte que el actor esté en conocimiento real de lo solicitado y, por la otra, exigir a la administración un pronunciamiento final sobre el asunto, pues de obrar de otro modo, la recurrida vulneraría con su omisión ilegal y arbitraria, la garantía de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitucióń Política de la Republica; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitacióń y Fallo del Recurso de Proteccióń de Garantías Constitucionales y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que, se acoge, sin costas, la acción interpuesta a folio N°1, por los abogados Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

II.- Que, en consecuencia, se ordena a la recurrida resolver, sea acogiendo o rechazando, la solicitud de permanencia definitiva en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados desde que quede ejecutoriada la sentencia.

Redacción a cargo del Ministro Titular don Jorge Pizarro Astudillo.

No firma el Ministro don Patricio Rondini Fernández-Dávila, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 3911-2022.