SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES ECO-SUR S.A. con SERVICIO DE SALUD CHILOE HOSPITAL DE CASTRO

Puerto Montt, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, en representación de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Eco-Sur S.A., quien interponen acción constitucional de protección en contra del SERVICIO DE SALUD CHILOÉ y del HOSPITAL DE CASTRO, por los hechos que expone en su acción.

La parte recurrente funda su acción constitucional en la supuesta vulneración de las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En su escrito, el recurrente sostiene que, mediante la dictación de las Resoluciones Exentas Nº13.047 y 191, ambas emanadas de la Directora del Servicio de Salud, y la Resolución Exenta Nº330, dictada por el Director (S) del Hospital de Castro, se habría procedido a la invalidación de un proceso de adjudicación administrativa previamente perfeccionado, así como del contrato administrativo derivado de dicha adjudicación, suscrito con su representada. Estas actuaciones, en concepto del actor, habrían sido ejecutadas con infracción de los principios básicos del procedimiento administrativo, afectando derechos adquiridos y ejecutándose al margen de la competencia legal de los funcionarios involucrados.

Sostiene el recurrente, como eje central de su reclamo, que la Resolución Exenta Nº13.047, de fecha 13 de diciembre de 2024, dictada por la Directora del Servicio de Salud de Chiloé, resolvió acoger un recurso de apelación formulado por un tercero oferente no adjudicado, retrotrayendo el procedimiento licitatorio y disponiendo la invalidación del acto de adjudicación contenido en la Resolución Exenta Nº14.065 del Hospital de Castro.

Según alega, dicha resolución se adoptó sin apertura formal de un procedimiento de invalidación, sin audiencia previa del interesado, ni posibilidad de formular alegaciones, configurándose una trasgresión al principio de contradicción, a la imparcialidad decisional y al principio de legalidad contemplados en los artículos 10, 11, 12 y 53 de la Ley Nº19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Afirma que la Directora actuó sin atribuciones, en abierta contravención al artículo 35 del DFL Nº1/2006 del Ministerio de Salud, que prohíbe a los Directores de Servicios de Salud interferir en las decisiones de los Establecimientos de Autogestión en Red, como lo es el Hospital de Castro, respecto del cual su Director tiene la administración superior y el control de sus decisiones.

Asimismo, refiere que la Resolución Exenta Nº191, dictada con fecha 7 de enero de 2025, por la misma autoridad, ratificó y mantuvo la decisión invalidatoria anterior, instruyendo de manera directa al Hospital para que, dentro del plazo de tercero día, pusiera término a toda relación contractual con su representada, omitiendo por completo las observaciones y descargos formalmente presentados por ésta en fecha 23 de diciembre de 2024. Con ello, se habría consolidado una vulneración manifiesta al principio del debido proceso, al derecho de audiencia, y a la necesaria motivación y racionalidad exigida para los actos administrativos que alteran situaciones jurídicas consolidadas.

Finalmente, en cuanto a la Resolución Exenta Nº330, dictada el 9 de enero de 2025 por el Director (S) del Hospital de Castro, se hace ver que ella habría dejado sin efecto la adjudicación ya perfeccionada y el contrato administrativo suscrito con fecha 2 de diciembre de 2024, aprobado mediante Resolución Exenta Nº14.975, afectando gravemente, a juicio del recurrente, la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima y el derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales derivados del contrato, ejecutado parcial y legalmente hasta esa fecha. Tales actos habrían sido fundados en instrucciones jerárquicas ilegales, lo que convierte su contenido en contrario a derecho.

En virtud de lo expuesto, sostiene que los actos administrativos impugnados adolecen de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, constituyendo la actuación de las recurridas una forma de "comisión especial" prohibida expresamente por el numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y vulnerando, además, la garantía de igualdad ante la ley (Nº2) y el derecho de propiedad (Nº24), toda vez que habría sido despojada de los efectos de un contrato válidamente celebrado, sin intervención judicial ni procedimiento contradictorio alguno, en un contexto que califica de ilegítimo.

Por todo lo anterior, solicita que se acoja el presente recurso de protección, se declaren nulas y sin efecto las resoluciones administrativas cuestionadas, y se ordene a la autoridad restablecer el imperio del derecho, en los términos previstos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

A folio 4, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso, solicitando informe a las recurridas.

A folio 13, consta informe evacuado por la parte recurrida, Hospital de Castro, quien solicita el rechazo integral del recurso de protección constitucional deducido en su contra. Al efecto, comienza por señalar que la acción constitucional ha sido dirigida por la sociedad recurrente, Inmobiliaria e Inversiones ECO-SUR S.A., en contra del Servicio de Salud Chiloé y del Hospital de Castro, acusando una supuesta vulneración a las garantías consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el Hospital de Castro, en el marco de sus competencias, llevó a cabo un procedimiento de licitación pública identificado con el ID 1514-170-LQ24, destinado a la contratación del suministro de resonancias magnéticas para pacientes hospitalizados y de urgencia, debido a que la institución no cuenta con el equipamiento necesario para la prestación de dicho servicio. A resultas de dicho proceso, mediante Resolución N°14.065/2024 se adjudicaron diversos ítems al proveedor hoy recurrente, suscribiéndose posteriormente el contrato correspondiente, aprobado por Resolución N°14.975/2024.

Sin embargo, con posterioridad a dicha adjudicación, el oferente no adjudicado, Centro Médico Archipiélago, interpuso una reclamación administrativa fundando que el proveedor adjudicado no habría acreditado debidamente el inicio de actividades. Esta impugnación fue rechazada en primera instancia por el Hospital, toda vez que, al momento de la apertura electrónica de las ofertas, se verificó que la documentación presentada por el adjudicatario consignaba de manera precisa la fecha de inicio de actividades, la que coincidió plenamente con los registros oficiales del Servicio de Impuestos Internos (SII), sin presentarse inconsistencia alguna. Por lo tanto, en dicho momento no se constató irregularidad que impidiera la adjudicación.

No obstante, la Dirección del Servicio de Salud Chiloé, en ejercicio de sus facultades jerárquicas, resolvió acoger la reclamación formulada por el oferente excluido, ordenando al Hospital de Castro invalidar la adjudicación y proceder conforme al artículo 53 de la Ley Nº19.880, lo que motivó la notificación del proveedor originalmente adjudicado y la dictación del correspondiente acto invalidatorio. La representación del Hospital enfatiza que tal determinación no fue adoptada por iniciativa propia, sino en cumplimiento de una instrucción directa y obligatoria de su superior jerárquico, cuya decisión también ha sido recurrida por la actora en autos.

Concluye así que el Hospital de Castro ha obrado dentro de los límites de la legalidad, tanto al adjudicar originalmente la licitación conforme a los antecedentes que se tuvieron a la vista en su oportunidad, como al proceder a su invalidación en estricto cumplimiento de la orden emanada de su superior jerárquico, sin que exista acción ni omisión arbitraria o ilegal que le sea imputable. Por ende, solicita el rechazo total del recurso, con expresa condena en costas.

A folio 14, consta informe de la recurrida, Servicio de Salud Chiloé, quien solicita el rechazo integral de la acción constitucional deducida, con expresa condena en costas, fundado en argumentos que permiten descartar la concurrencia de los presupuestos de procedencia de la acción.

En primer lugar, se argumenta que la acción de protección tiene un carácter cautelar, lo que ha sido sostenido reiteradamente por la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema, siendo procedente únicamente frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen derechos fundamentales con protección expresa en el artículo 20 de la Constitución.

En el caso sub lite, se sostiene que el actuar del Servicio de Salud Chiloé no adolece de tales vicios, por cuanto se enmarca dentro del ejercicio de una potestad legal prevista en los artículos 53 y siguientes de la Ley N°19.880, en virtud de la cual dicha entidad procedió a invalidar un acto administrativo emitido por el Hospital de Castro, establecimiento desconcentrado jerárquicamente subordinado al Servicio de Salud.

Dicha invalidación fue solicitada mediante recurso presentado en tiempo y forma por un oferente afectado, a saber, el Centro Médico Archipiélago, y fue materializada mediante Resolución Exenta N°13047 de fecha 13 de diciembre de 2024, por estimarse que la adjudicación efectuada por el Hospital no se ajustó a derecho.

La parte recurrida descarta la afectación de derechos fundamentales, sosteniendo que se otorgó audiencia a los interesados y se notificó válidamente la decisión administrativa, cumpliéndose con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa (Dictámenes N°E22265/2020) y judicial (CS Rol 39.586-2020).

Así, no existiría vulneración a la igualdad ante la ley, al principio de juridicidad, ni al derecho de propiedad del recurrente, toda vez que este no contaría con un derecho indubitado, dado que el acto de adjudicación fue oportunamente impugnado y posteriormente invalidado conforme a derecho.

Finalmente, se sostiene que la Dirección del Servicio de Salud no constituye una comisión especial, sino que ejerce competencias legales reconocidas en la normativa orgánica del sector salud, lo que excluye la configuración de los supuestos exigidos por el artículo 19 N 3 inciso 5º de la Carta Fundamental.

Por tanto, la parte recurrida estima que no se configura en autos acto u omisión ilegal ni arbitraria que justifique la procedencia del presente recurso.

A folio 16, se traen los autos en relación.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que, la parte recurrente impugna la legalidad de las Resoluciones Exentas Nº13.047 y Nº191, ambas emitidas por la Directora del Servicio, y de la Resolución Exenta Nº330 dictada por el Director (S) del Hospital, mediante las cuales se dejó sin efecto una adjudicación previamente perfeccionada y el contrato administrativo correspondiente, celebrado con su representada en el contexto de una licitación pública.

Sostiene que tales decisiones se adoptaron sin previa instrucción de un procedimiento invalidatorio, sin otorgar audiencia al interesado ni permitir el ejercicio del derecho a la defensa, vulnerando de manera directa los principios de contradicción, imparcialidad y legalidad que rigen el procedimiento administrativo, conforme a lo previsto en los artículos 10, 11 y 53 de la Ley Nº19.880.

El recurrente destaca que la Directora del Servicio de Salud actuó ultra vires, excediendo sus competencias legales, al revocar actos administrativos dictados por el Director del Hospital de Castro, institución que reviste el estatuto de Establecimiento de Autogestión en Red conforme al artículo 35 del DFL Nº1/2006 del Ministerio de Salud, el cual establece, de forma expresa, la prohibición de injerencia por parte del órgano superior en las decisiones adoptadas por la dirección del establecimiento.

A su vez, denuncia que la confirmación de tales actos por parte del Hospital, mediante la Resolución Exenta Nº330, se basó exclusivamente en las instrucciones jerárquicas recibidas, prescindiendo de una revisión sustantiva y autónoma de la validez del contrato suscrito con su representada, contrariando la presunción de legalidad y ejecutoriedad de los actos administrativos y afectando gravemente la seguridad jurídica.

En tal contexto, el actor sostiene que las decisiones recurridas constituyen actos administrativos viciados de nulidad por infringir principios estructurales del ordenamiento público administrativo, configurando además una actuación que califica como "comisión especial" proscrita por el inciso cuarto del numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Asimismo, estima que se ha producido una privación ilegítima del derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales derivados del contrato legalmente perfeccionado, sin procedimiento ni pronunciamiento jurisdiccional alguno.

CUARTO: La parte recurrida, Hospital de Castro, informa que convocó a licitación pública identificada con el ID 1514-170-LQ24, relativa a la provisión de exámenes de resonancia magnética para usuarios hospitalizados y de urgencia. A través de Resolución N°14.065/2024, se adjudicaron diversos ítems al proveedor que actualmente recurre, contrato aprobado mediante Resolución N°14.975/2024. Posteriormente, el oferente no favorecido, Centro Médico Archipiélago, formuló impugnación administrativa fundada en una supuesta omisión en la acreditación del inicio de actividades del adjudicatario. Tras efectuar la revisión de los antecedentes tributarios respectivos, el Hospital desestimó dicha objeción por haberse verificado la correspondencia exacta entre la documentación presentada y los registros del Servicio de Impuestos Internos.

No obstante lo anterior, la Dirección del Servicio de Salud Chiloé, haciendo uso de su competencia jerárquica, acogió el reclamo y ordenó la invalidación del proceso adjudicatorio, conforme al artículo 53 de la Ley N°19.880. El Hospital, en cumplimiento de lo resuelto por su superior jerárquico, ejecutó el acto invalidatorio. Se hace presente que dicha decisión emana de la autoridad recurrida en autos, y no constituye una determinación autónoma del Hospital.

De lo expuesto se colige que la actuación del Hospital se ha ceñido estrictamente a derecho, tanto en la etapa de adjudicación como en la ejecución del mandato jerárquico, no verificándose actuación ilegal o arbitraria imputable al mismo.

QUINTO: La parte recurrida, Servicio de Salud Chiloé, sostiene que el acto administrativo impugnado, esto es, la Resolución Exenta N°13047 de 13 de diciembre de 2024, mediante la cual se invalidó la adjudicación contenida en la Resolución Exenta N°14065 del Hospital de Castro, fue dictado en ejercicio legítimo de la potestad invalidatoria consagrada en los artículos 53 y siguientes de la Ley N°19.880. Esta actuación tuvo lugar en respuesta a un recurso interpuesto por un oferente disconforme, el Centro Médico Archipiélago, quien cuestionó la legalidad del proceso licitatorio.

Se argumenta que la Dirección del Servicio de Salud Chiloé actuó como órgano jerárquicamente competente, conforme a la estructura desconcentrada del sistema sanitario público, descartándose la existencia de una comisión especial prohibida por el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Carta Fundamental.

Asimismo, se sostiene que se otorgaron las debidas garantías del procedimiento, incluyendo el emplazamiento y la posibilidad de presentar descargos, conforme lo exigen la jurisprudencia del máximo tribunal (Rol CS N°39.586-2020) y los dictámenes de la Contraloría General de la República (Dictamen E22265/2020).

En cuanto a las garantías invocadas, se niega la afectación del principio de igualdad ante la ley, del principio de juridicidad y del derecho de propiedad, toda vez que no concurre en el patrimonio del recurrente un derecho indubitado, siendo la adjudicación un acto aún sometido a control de juridicidad.

Finalmente subraya que admitir la suscripción del contrato en tales condiciones implicaría validar un procedimiento viciado, en contravención a los principios rectores del derecho administrativo.

SEXTO: Que del examen de los antecedentes que obran en autos, se constata que la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Eco-Sur S.A., parte recurrente, fue adjudicataria del proceso licitatorio convocado por el Hospital de Castro bajo el ID N°1514-170-LQ24, para la provisión de exámenes de resonancia magnética destinados a pacientes hospitalizados o en situación de urgencia. Esta adjudicación fue formalizada mediante Resolución Exenta N°14.065 de fecha 20 de noviembre de 2024, posteriormente perfeccionada con la suscripción del correspondiente contrato el 2 de diciembre del mismo año, y aprobada mediante Resolución Exenta N°14.975 de 6 de diciembre de 2024.

No obstante lo anterior, dicho vínculo contractual fue despojado de efectos por tres actos administrativos posteriores: las Resoluciones Exentas N°13.047 de 13 de diciembre de 2024 y N°191 de 7 de enero de 2025, emanadas del Servicio de Salud de Chiloé, y la Resolución Exenta N°330 de 9 de enero de 2025, dictada por el mismo Hospital de Castro. Dichas resoluciones ordenan la invalidación de la adjudicación y del contrato derivado de ésta, disponiendo la retroacción del procedimiento licitatorio a su etapa de evaluación.

Sin embargo, del análisis de los antecedentes no emerge la existencia de un procedimiento formal de invalidación sustanciado conforme a los requisitos que exige el ordenamiento jurídico vigente, en particular el previsto en el artículo 53 de la Ley N°19.880, que exige, como condición de procedencia insoslayable, la audiencia previa del interesado. La omisión de este requisito esencial del procedimiento no constituye un mero vicio formal, sino una infracción sustantiva al principio de contradictoriedad previsto en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo.

En efecto, la privación del ejercicio efectivo del derecho a defensa y a ser oído en sede administrativa frente a actos que revocan una situación jurídica consolidada por un contrato administrativa y previamente ejecutado, implica una afectación ilegítima del derecho de propiedad y una negación del debido proceso en sede administrativa.

SÉPTIMO: Que, en el marco del análisis de la legalidad del actuar administrativo, se impone reconocer que la invalidación del contrato administrativo celebrado entre el Hospital de Castro y la recurrente fue dispuesta sin haberse observado el principio de contradictoriedad procedimental, el cual constituye un pilar esencial del debido proceso administrativo conforme lo establece el artículo 10 de la Ley N°19.880. En efecto, la autoridad administrativa procedió a dictar actos terminales —esto es, las Resoluciones Exentas N°13.047, N°191 y N°330— sin otorgar previamente a la parte afectada la posibilidad real y efectiva de ejercer su derecho a defensa, a ser oída y a aportar antecedentes, lo que transforma dicho proceder en radicalmente ilegítimo.

La omisión de la audiencia previa del interesado no constituye una mera irregularidad formal, sino una infracción sustantiva que afecta la validez misma del procedimiento de invalidación, al privar a la persona natural o jurídica afectada del ejercicio de sus derechos fundamentales en sede administrativa.

En este sentido cabe observar que el debido proceso no se agota en la esfera jurisdiccional, sino que constituye un estándar mínimo que debe ser respetado en toda actuación estatal que afecte derechos subjetivos, particularmente cuando se trate de actuaciones revocatorias de situaciones jurídicas consolidadas.

En este sentido cabe subrayar que la falta de audiencia previa en procedimientos de invalidación de actos administrativos firmes constituye una transgresión grave a las garantías del artículo 19 N°3 de la Constitución, en su dimensión procedimental, y que tal omisión conlleva la declaración de ilegalidad de los actos dictados, por contravenir el principio de legalidad y el derecho a un procedimiento racional y justo.

En consecuencia, la omisión del deber de oír previamente a la parte recurrente antes de dejar sin efecto un acto administrativo generador de derechos, configura una vulneración grave del orden constitucional y legal vigente, lo que torna procedente el acogimiento del presente recurso de protección, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida tutela de las garantías fundamentales comprometidas.

OCTAVO: Que, conforme a los antecedentes que constan en autos, resulta acreditado que la adjudicación efectuada a favor de la recurrente fue el resultado de un procedimiento licitatorio regular, llevado a cabo conforme a las bases previamente aprobadas mediante Resolución Exenta N°12.454 de fecha 15 de octubre de 2024, y ejecutado en cumplimiento de las normas que rigen los procesos de contratación administrativa.

El informe evacuado por el propio Hospital de Castro da cuenta de que la oferente adjudicada cumplió con los requisitos exigidos por las bases de licitación, en particular con la presentación del documento que acredita el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, circunstancia que fue verificada mediante cotejo directo con los registros oficiales de dicho organismo tributario. En ese sentido, el reclamo formulado por un tercero oferente, relativo a la supuesta falta de cumplimiento de dicho requisito, fue debidamente desestimado mediante Resolución Exenta N°14.674 de 29 de noviembre de 2024, en la que el Director (S) del Hospital descartó fundadamente la existencia de error alguno, reafirmando la legalidad y regularidad del proceso.

En consecuencia, resulta manifiesto que la decisión adoptada por el Servicio de Salud de Chiloé, al instruir la invalidación del contrato ya perfeccionado sobre la base de la misma objeción previamente desestimada por la autoridad competente, importa una inobservancia al principio de estabilidad y conservación de los actos administrativos, consagrado en el artículo 13 de la Ley N°19.880.

Tal decisión no solo desconoce el carácter vinculante de un acto administrativo firme, sino que también desnaturaliza el principio de coordinación entre órganos de la Administración del Estado, al revocar un acto dictado por una autoridad autónoma dentro de su ámbito de competencia legal, sin una motivación suficiente que acredite la existencia de un vicio sustantivo.

Esta conducta, al vulnerar los principios que informan el procedimiento administrativo, particularmente el de juridicidad, confianza legítima y buena fe, conlleva una afectación ilegítima a la esfera de derechos adquiridos por la recurrente, en especial al derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, razón por la cual se configura una actuación arbitraria e ilegal que refuerza la procedencia del acogimiento del presente recurso.

NOVENO: Que, en relación con la legitimidad del contrato celebrado entre la recurrente y el Hospital de Castro, cabe precisar que éste fue válidamente perfeccionado conforme a derecho, habiendo sido suscrito el día 2 de diciembre de 2024 y aprobado mediante acto administrativo posterior de fecha 6 de diciembre del mismo año.

Dicha convención produjo efectos jurídicos concretos, generando un vínculo obligatorio entre las partes y configurando una situación jurídica consolidada. A partir de dicho momento, la recurrente comenzó a ejecutar las prestaciones convenidas, realizando resonancias magnéticas conforme a lo mandatado por facultativos del establecimiento hospitalario, lo que da cuenta de un contrato en plena vigencia y ejecución, regido por el principio de fuerza obligatoria de los actos jurídicos válidamente celebrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil y con lo prescrito en los artículos 3 y 52 de la Ley N°19.880.

Desde esta perspectiva, debe destacarse que el acto invalidatorio dictado por la autoridad administrativa con posterioridad a la ejecución del contrato no sólo desconoce la juridicidad de una relación contractual en curso, sino que afecta el principio de irretroactividad consagrado expresamente en el artículo 52 de la citada ley, conforme al cual los efectos de la invalidación no pueden perjudicar derechos adquiridos de buena fe por terceros. En el caso de autos, la sociedad recurrente celebró y ejecutó el contrato confiando legítimamente en la regularidad del procedimiento licitatorio, habiendo desplegado medios materiales y personales orientados al cumplimiento cabal de sus obligaciones contractuales.

De esta forma, la actuación de las autoridades recurridas, al dejar sin efecto dicho contrato en sede administrativa sin que se haya acreditado la concurrencia de un vicio esencial, ni se haya indemnizado a la contratista por los perjuicios derivados de la supresión unilateral del vínculo, configura un acto que vulnera el principio de seguridad jurídica y el derecho de propiedad garantizado constitucionalmente.

En consecuencia, resulta procedente acoger la acción de protección en cuanto las resoluciones impugnadas privan ilegítimamente a la recurrente del goce pacífico y libre de los derechos derivados de un acto administrativo firme y plenamente ejecutado.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, la conducta administrativa impugnada incurre en una confusión entre el incumplimiento de bases contractuales —eventualmente susceptible de ser reclamado en sede jurisdiccional ordinaria conforme a los mecanismos de resolución de controversias contractuales— y la ilegalidad que habilita el ejercicio de la potestad invalidatoria en sede administrativa, según lo previsto en el artículo 53 de la Ley N°19.880. En efecto, el supuesto reproche dirigido contra la recurrente —esto es, no haber acreditado correctamente el inicio de actividades— fue no solo desestimado mediante resolución fundada por el propio Hospital, sino que, además, de haberse querido sostener que ello implicaba un incumplimiento de requisitos esenciales, la vía procedente no era la contemplada en el citado artículo 53.

Así, la pretendida infracción contractual no se encuentra comprendida dentro de las causales que permiten a la Administración invalidar, prácticamente de oficio, un acto administrativo, máxime si éste ha producido efectos jurídicos y se encuentra en fase de ejecución. Esta distinción exige cautela en el ejercicio de potestades invalidatorias, particularmente cuando éstas se ejercen en perjuicio de derechos adquiridos por actos administrativos firmes y ejecutoriados, sin procedimiento previo ni fundamento legal suficiente.

La confusión conceptual entre incumplimiento contractual e ilegalidad constituye, en este caso, una desviación de poder que convierte la actuación administrativa en arbitraria e ilegítima, toda vez que no existe base legal que habilite a la Administración para imponer unilateralmente sanciones, dejar sin efecto contratos o anular adjudicaciones con efectos retroactivos fuera del procedimiento y las causales previstas por la ley.

En consecuencia, al haberse vulnerado tanto el principio de legalidad como el debido proceso, esta Corte estima que concurre una afectación directa al derecho de propiedad y al principio de seguridad jurídica de la recurrente, lo que justifica el acogimiento del presente recurso de protección.

DÉCIMO PRIMERO: Que, finalmente, cabe relevar que la actuación de las autoridades recurridas ha producido una afectación concreta y actual al derecho de propiedad de la parte recurrente, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

En efecto, la adjudicación de un proceso licitatorio válidamente tramitado y perfeccionado mediante contrato aprobado administrativamente, genera a favor del adjudicatario un derecho subjetivo de carácter patrimonial, consistente en la expectativa legítima de ejecutar el contrato conforme a sus cláusulas y percibir la correspondiente retribución económica. Tal derecho ha sido injustificadamente frustrado mediante la dictación de resoluciones que, sin observar las exigencias legales mínimas, han privado a la recurrente de los efectos jurídicos derivados de su adjudicación y del contrato suscrito.

A este respecto, cabe señalar que la revocación de actos administrativos que crean derechos no puede producirse sino mediando una causal legal específica, previo procedimiento que respete el debido proceso, y con respeto irrestricto a la garantía del derecho de propiedad. La supresión de un acto administrativo generador de derechos —como lo es la adjudicación consolidada de una licitación pública— por vía de autotutela administrativa, vulnera no solo el principio de legalidad, sino también el de no confiscatoriedad, al impedir el goce legítimo de los beneficios económicos derivados de un contrato perfeccionado.

En estas condiciones, estos sentenciadores estiman que concurren todos los presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Constitución para acoger la acción de protección deducida, debiendo dejarse sin efecto las Resoluciones Exentas Números: 13.047, 191 y 330, y restablecerse el imperio del derecho mediante la mantención de la adjudicación y del contrato celebrado válidamente, con pleno respeto a las garantías constitucionales de la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción interpuesta por nombre reservado, en representación de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Eco-Sur S.A., en contra del SERVICIO DE SALUD CHILOÉ y del HOSPITAL DE CASTRO. Dejándose sin efecto las Resoluciones Exentas: N°13.047, de fecha 13 de diciembre de 2024, N°191, de fecha 7 de enero de 2025, ambas del Servicio de Salud Chiloé; y N°330, de fecha 9 de enero de 2025, del Hospital de Castro.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

No firma el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°39-2025.