nombre reservado con CONSTRUCTORA CARELMAPU LTDA.

Puerto Montt, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, compareció doña nombre reservado, quien interpuso acción constitucional de protección en contra de Constructora Carelmapu Ltda., representada por don nombre reservado, en razón de hechos ocurridos el 28 de marzo de 2025, cuando personal de la recurrida procedió a destruir sin autorización el muro divisorio que separa la propiedad de la sucesión nombre reservado, de la que es heredera y dueña, del complejo habitacional construido por dicha empresa, con la finalidad de habilitar un pasaje privado existente dentro de la sucesión como pasaje público de tránsito, dividiendo así la propiedad y apropiándose de parte de ella para fines de acceso vecinal.

Detalló que en la ejecución de dichas labores, la recurrida destruyó gran parte de la muralla, dejó escombros dentro del inmueble de la actora y levantó un portón metálico que permite el ingreso libre de terceros a su predio. Estimó que aquello configura una intromisión ilegítima que altera la tranquilidad, limpieza y seguridad del lugar, exponiendo las viviendas de la sucesión al libre acceso de extraños y transformando la propiedad privada en un espacio público sin fundamento jurídico alguno.

Denunció que tales actuaciones constituyen actos arbitrarios e ilegales que afectan su integridad psíquica garantizada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, pues lo relatado le ha causado angustia, sensación de desprotección e inseguridad en su propia casa, afectando su estabilidad emocional y sus labores diarias, máxime tratándose de una persona de la tercera edad. Asimismo, alegó la vulneración del derecho a la vida privada contemplado en el artículo 19 N°4, al quedar sus viviendas sin cerco protector y expuestas a ilícitos, sufriendo la perturbación de su intimidad y tranquilidad con la irrupción de maquinaria pesada y el tránsito de extraños y el derecho de propiedad tutelado en el artículo 19 N°24, al privársele ilegítimamente de un atributo esencial del dominio como es el uso y goce exclusivo de su inmueble, obligándola a soportar gastos para defenderse y reparar los daños ocasionados.

Por otro lado, sostuvo que no se configura ningún supuesto legal que autorice a la recurrida a abrir un camino público sobre su predio, puesto que los residentes de los edificios construidos por Carelmapu ya disponen de acceso público por la calle Bellavista del sector Pelluco.

Solicitó que se ordene la paralización inmediata de las obras mediante orden de no innovar, se reconstruya el muro divisorio en el mismo lugar y características a costa de la recurrida, se elimine el portón metálico instalado y se prohíba cualquiera el ingreso o uso del pasaje interno de su propiedad.

Acompañó a su presentación: 1.- Inscripción de dominio de fojas 381 vta., N°509 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 1993. 2.- Inscripción de dominio a nombre de la sucesión nombre reservado (Sucesión nombre reservado) de fojas 1244 vta., N°1600 del Registro de Propiedad del Conservador de bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 1990. 3.- Plano de la propiedad archivado en el Conservador de Bienes Raíces, que muestra el loteo existente en la propiedad de la sucesión nombre reservado y el pasaje existente en esta propiedad. 4.- Minuta de deslindes archivada en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. 5.- Set de fotografías sobre los daños ocasionados.

A folio 5, se declaró admisible la acción, a excepción de la garantía contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de lo que se resuelva, en definitiva.

A folio 9, evacuó informe el abogado Carlos Antonio Zamora Carrasco, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo de la acción, con costas. En primer lugar, sostuvo que en la especie no existen actos u omisiones arbitrarias o ilegales imputables a su representada.

Expuso que la comunidad hereditaria de la sucesión nombre reservado fue subdividida hace más de treinta años, de modo que la recurrente carece de legitimación para alegar afectación de una propiedad que ya no existe como tal. Precisó que el espacio que la actora denomina “pasaje”, corresponde en realidad a la “calle a”, que según planos del Servicio de Impuestos Internos, del Conservador de Bienes Raíces y normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcción, constituye un espacio público incorporado al dominio nacional de uso público, por lo que no puede ser calificado como propiedad privada de la recurrente.

Manifestó que la apertura de un portón en dicha “calle a” obedece al beneficio comunitario de facilitar el tránsito de alrededor de 200 vecinos del condominio Plaza Pelluco I, reduciendo la distancia de acceso al transporte público, habiéndose adoptado medidas de seguridad para su uso controlado.

Comentó que no existen antecedentes médicos ni psicológicos que acrediten afectación a la integridad psíquica de la recurrente, derecho ya declarado inadmisible en autos, ni tampoco vulneración a su vida privada, puesto que las obras se realizaron en espacio público y no en su domicilio. Asimismo, indicó que las imágenes de escombros acompañadas no configuran violación constitucional alguna y que la empresa suspendió voluntariamente los trabajos mientras se resuelve el recurso, lo que da cuenta de un obrar de buena fe.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

SEGUNDO: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso, como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, la presente acción se dirige contra de la Constructora Carelmapu Ltda. respecto de la cual reclama que destruyó un muro divisorio que separa la propiedad de la sucesión nombre reservado - de la que sería heredera y dueña la recurrente - del complejo habitacional construido por dicha empresa, con la finalidad de habilitar un pasaje privado existente dentro de la sucesión como pasaje público de tránsito, dividiendo así la propiedad y apropiándose de parte de ella para fines de acceso vecinal.

Solicita que se reconstruya el muro divisorio en el mismo lugar y características a costas de la recurrida, se elimine el portón metálico instalado y se prohíba cualquiera el ingreso o uso del pasaje interno de su propiedad.

CUARTO: Que, la recurrida informó el recurso, señalando que la sucesión no existe hace más de 30 años, atendido a que se practicó el loteo del inmueble en cuestión. Asimismo, indicó que conforme a los planos del Servicio de Impuestos Internos y del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt Precisó el espacio que la actora denomina “pasaje”, corresponde en realidad a la “calle a”, la cual constituye un espacio público incorporado al dominio nacional de uso público, por lo que no puede ser calificado como propiedad privada de la recurrente.

QUINTO: Que, de lo expuesto por las partes, aparece que la actora reclama que las recurridas hubieran destruido un muro y habilitado un pasaje en un terreno que le pertenece, cuestión que la recurrida informante controvierte, señalando que aquél constituye un bien nacional de uso público.

SEXTO: Que, de los antecedentes que obran en la causa, consta que la recurrente acompañó a su acción copia autorizada de inscripción de fojas 1244 vta., N°1600 del Registro de Propiedad del Conservador de bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 1990, en la cuál se da cuenta que la sucesión de don nombre reservado procedió a subdividir el predio refundido en doce lotes que se individualizan a su vez en memoria explicativa, plano y permiso de subdivisión N°08 de 27 de agosto de 1990 aprobados por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Asimismo, se acompañó dicha memoria explicativa y plano, en el que se observa que entre los predios cruza la denominada “calle a”.

En ese contexto, es posible concluir que tal como alega la recurrida en la especie, se verificó la subdivisión del terreno y que el plano de aquello identifica la “calle a”, cuyo dominio sostiene la recurrente.

SÉPTIMO: En este contexto, resulta claro que en la especie la recurrente carece de un derecho indubitado que tutelar en esta sede constitucional extraordinaria, ya que justamente aquello se encuentra controvertido por los documentos que acompañó al recurso.

SÉPTIMO: Que, de este modo, al carecer del derecho indubitado que se pretende tutelar, no es posible determinar la ilegalidad o arbitrariedad de la conducta de la recurrida y por ende, tampoco es posible concluir que se han visto afectada sus garantías fundamentales.

Dichas cuestiones requieren en cualquier caso de un pronunciamiento de fondo en un procedimiento de lato conocimiento que excede a la naturaleza eminentemente cautelar de este proceso constitucional, sin perjuicio del ejercicio de las acciones ordinarias que estime procedentes la actora.

Por estas consideraciones y atendido lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Acta N° 94-2015, se declara:

I.- Que se rechaza la acción impetrada a folio N° 1, por doña nombre reservado, en contra de Constructora Carelmapu Ltda., II.- Que no se condena en costas a la recurrente, atendida la naturaleza de la acción ejercida.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°364-2025