Protección contra sentencia definitiva de fecha 14 de noviembre del mismo año

Puerto Montt, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Ante esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 21 de noviembre de 2018 y en folio N°1, compareció el abogado don Fabián Quiroz Gutiérrez, con domicilio en domicilio reservado. Recurrió de queja contra el señor Juez Subrogante don Jorge Ibarrola Ávila del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, por las faltas o abusos graves cometidos en la sentencia definitiva dictada el 14 de noviembre de 2018 en proceso de tutela laboral caratulado: “nombre reservado/Corporación Municipal de Castro” – RIT T-13-2017; obrando por el denunciante don nombre reservado.

Reprochó, en primer lugar, la falta de imparcialidad del juzgador en la audiencia de juicio al admitir prueba nueva y la absolución de posiciones de quien hubo ostentado la representación de la denunciada en dichos autos, además de negarse a requerir juramento o promesa de decir verdad al respecto. En segundo lugar, el análisis incompleto y parcial de la prueba desahogada en la instancia con prescindencia del objeto del juicio. En tercer lugar, la reiteración de los mismos argumentos vertidos en el acto jurisdiccional anulado precedentemente.

La sentencia se dictó tras la invalidación dispuesta el 06 de abril de 2018 por esta Corte de Apelaciones en recurso de nulidad Rol Reforma Laboral-Ant N°273-2017, anulando la sentencia pronunciada el 04 de diciembre de 2017 en dichos autos y ordenando la retrotracción de la causa al estado previo a la realización de una nueva audiencia de juicio por juez no inhabilitado.

Pidió en definitiva que, acogiéndose el recurso de queja, se determine las medidas conducentes a remediar tal falta o abuso; en especial, se deje sin efecto la sentencia, se dicte aquélla ajustada a Derecho y se remita los antecedentes al Tribunal Pleno para la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes.

Acompañó copia de la sentencia y del certificado prescrito en el inciso cuarto del artículo 548 del Código Orgánico de Tribunales.

Con fecha 26 de noviembre de 2018 y en folio N°5, admitido a tramitación el recurso de queja, se ordenó informe al juez recurrido.

Con fecha 30 de noviembre de 2018 y en folio N°7, señor Juez Subrogante don Jorge Ibarrola Ávila del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro informó arguyendo la improcedencia del recurso de queja. Sostuvo haber ejercido jurisdicción en el ámbito de sus competencias, tanto durante la audiencia de juicio que antecedió, como en la sentencia definitiva que pronunció. Admitió la prueba nueva con base en la nulidad procesal dispuesta por esta Corte de Apelaciones en recurso de nulidad Rol Reforma Laboral-Ant N°273-2017; asimismo, la comparecencia de quien ostentaba la calidad de Alcaldesa Subrogante y desestimó la aplicación de la sanción procesal dispuesta en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, por constituir una facultad del juzgador.

Finalmente, sostuvo la originalidad del acto jurisdiccional tal cual constaría de su simple examen comparativo con la sentencia invalidada que precedió.

Acompañó los antecedentes pertinentes del proceso laboral respectivo.

Con fecha 03 de diciembre de 2018 y en folio N°8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de queja constituye un instrumento procesal extraordinario que persigue modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales pronunciadas con falta o abuso, destinado a corregir la arbitrariedad judicial mediante la imposición de medidas disciplinarias a los recurridos, ante la existencia de un perjuicio que afecte al recurrente, manifestado en aquella falta o abuso.

SEGUNDO: Que el recurso de autos reclama una multiplicidad de actos o situaciones que atribuye a falta o abuso, acaecidos durante la audiencia de juicio y al dictarse la sentencia.

Así, reclama que en dicha audiencia el juez permitió pruebas nuevas presentadas por el demandado, endilga múltiples reproches relativos a la prueba confesional de ambas partes; respecto de la testimonial, reprocha no haber permitido el interrogatorio contrastando a los testigos en base a sus declaraciones vertidas en el juicio anulado precedente.

De la sentencia reprocha que sólo analiza la prueba que desfavorece al demandante, y especialmente haber declarado inválida una cláusula del contrato sin que se le hubiera pedido tal declaración. y el haber reiterado fundamentaciones de la sentencia previamente anulada.

TERCERO: Que el recurso de queja procede sólo en aquellos casos expresamente señalados por la ley, para corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones jurisdiccionales y cumpliendo los requisitos del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales.

La exigencia de faltas o abusos de carácter “grave” limita su procedencia, de manera que no toda infracción permita su interposición, pues debe existir cierta gravedad en la acción del juez o jueces, y dicha falta o abuso debe también influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Asimismo, es necesario que dicha falta o abuso emane de una sentencia definitiva, o interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible su prosecución, y siempre que aquellas no sean susceptibles de recurso alguno, sea ordinario o extraordinario y sin perjuicio de las facultades disciplinarias que la ley reserva a la Excma. Corte Suprema.

Así, y conforme a lo dispuesto en el artículo 548 del Código Orgánico de Tribunales, “El agraviado deberá interponer el recurso en el plazo fatal de cinco días hábiles, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución que motiva el recurso…”

CUARTO: Que, en la especie, existe un grupo de faltas o abusos que se reprochan al juzgador, y cuya ocurrencia se remontaría a la audiencia de juicio, al recibirse la prueba testimonial y confesional.

Sin embargo, las referidas resoluciones de sustanciación realizadas en tal audiencia, no tienen la naturaleza de sentencia definitiva o interlocutoria de primer grado, esto es de aquellas que pongan término al juicio o hagan imposible proseguirlo. Así, contra tales decisiones la parte recurrente tuvo acceso a otros recursos judiciales, especialmente el de reposición. Así, es el propio recurrente quien afirma el haberse subsanado una de esas supuestas falta o abusos, relativa a la prueba confesional, por medio de un recurso de reposición que promovió ante el propio juez recurrido, y que fue acogido.

Asimismo, dicha audiencia se verificó el día 25 de octubre de 2018, mientras que el recurso de marras fue interpuesto el 21 de noviembre de ese año. Así, además de la improcedencia del recurso en relación a la naturaleza de las resoluciones indicadas, éste resulta evidentemente extemporáneo, sin que esta Corte de Apelaciones tenga facultades para conocer ni enmendar, por medio de este arbitrio, las supuestas faltas o abusos que el recurrente sostiene habrían ocurrido en aquella ocasión.

Por último, no pasa desapercibido que, en su petitorio, el recurso de marras sólo alude a las faltas y abusos que se habrían cometido “en la dictación de la sentencia de fecha 14 de noviembre”, sin aludir a cualquiera de las faltas o abusos que se imputan haberse cometido en la mencionada audiencia.

Que, como consecuencia de lo anterior, sólo cabrá desechar el recurso en todo aquello que reprocha como faltas o abusos ocurridos durante la audiencia de juicio.

QUINTO: Que respecto de las faltas o abusos que el recurrente atribuye a la sentencia definitiva, para determinar si existe alguna falta o abuso deben ser analizadas cada una en su propio mérito, y por razones de orden se ordenan en las siguientes:

1.- Imputa un análisis parcial y sesgado de la prueba, sosteniendo que sólo analiza la que sirve para rechazar las demandas sin mencionar las que dan cuenta de lo contrario.

Sobre este punto los reproches consisten en:

a.- Que cada vez que la parte demandante intentó interrogar a los testigos en base a sus declaraciones planteadas en el juico que fue anulado, el tribunal rechazó tales preguntas razonando que tales declaraciones no existían para efectos del actual juicio.

b.- Que el juez en la sentencia transcribe de manera idéntica los razonamientos del fallo anulado, especialmente al pronunciarse sobre la validez de la cláusula 5ª del contrato de trabajo de 2016, excediendo el objeto del juicio;

c.- Critica la manera como la sentencia analiza la capacitación profesional del demandante;

d.- Cuestiona el análisis a la declaración confesional del actor en cuanto prestaba servicios en otras corporaciones, refiriendo una jornada de 44 horas en circunstancias que el contrato regula una jornada semanal de 22, distribuida en 3 días, y prestando además servicios para las municipalidades de Chonchi, Quinchao y Queilen.

e.- Acto seguido cuestiona la valoración efectuada a declaración de uno de los testigos, Sr. nombre reservado, en relación a lo previsto en la cláusula 5 del contrato de trabajo suscrito por el denunciante y la existencia o no de un sesgo político al prescindir de los servicios del actor.

En este punto el recurso imputa al juez el haber calificado de justificada y proporcional la medida de reestructuración, pese a que en su contestación la demanda no se habría hecho cargo de ello; y acto seguido, agrega el recurrente que de la prueba no quedó clara la justificación del despido, sino el motivo político que éste le atribuye en su denuncia.

f) Algo similar ocurre con los fundamentos relativos a la existencia o no de prestación de servicios sobre la base de una relación laboral sujeta al Código del Trabajo, cuestión que -afirma el actor- no fue refutada por la denunciada, discrepando del juez en cuanto a su estimación de no concurrir los índices de laboralidad como control de asistencia, cumplimiento de horario, de instrucciones y órdenes, permanencia en la sede del empleador, etc.

Aquí el actor cuestiona que se toma en cuenta documentos de los años 2003 a 2005, y no se valoran los de octubre de 2009 en adelante, en función directiva y no como asesor, concluyendo -estima erróneamente- que el convenio no implica relación de subordinación o dependencia.

Asimismo, expone luego su teoría del caso sobre los efectos de la falta de escrituración del contrato de trabajo y la presunción de su existencia en relación a funcionarios que prestan servicios para entidades edilicias.

g) Tras plantear la situación de otro trabajador de la denunciada que en situación semejante habría sido indemnizado al término del contrato, sostiene que existiría falta grave y abuso en la interpretación del contrato, en relación a su fecha de inicio, refiriéndose a su cláusula 5ª que reconoce su fecha de ingreso.

2.- Como nuevo capítulo de su reclamo, sostiene que la existencia de relación laboral no formaba parte de la controversia en el auto de prueba, y que sólo cabía demostrar si tal relación había existido entre los años 2002 y 2009.

Así, imputa al Sr. Juez haberse excedido de su competencia, al avocarse al conocimiento de los hechos respecto de un período en que no era pertinente, sustancial ni controvertido, lo que hace en razón de un fundamento de la contestación y sin observar el contenido de la audiencia preparatoria y el auto de prueba.

3.- Por último, reclama que la sentencia reitera o copia los fundamentos de la anteriormente dictada en el mismo proceso, y que había sido declarada nula.

Reprocha que omite analizar la misma prueba que el fallo anulado también había omitido; realiza el mismo análisis de aquella respecto del contrato de trabajo; que al analizar la prueba incurriría en iguales omisiones, analizando en forma sesgada la prueba del actor.

SEXTO: Que, en el mismo orden referido en la síntesis del considerando anterior, se procederá la pertinencia o no del recurso planteado, y en su caso la presencia o no, en la sentencia recurrida, de alguna falta o abusos graves que haga procedente el recurso de queja promovido por el actor:

1.- En cuanto a la imputación sobre análisis sesgado de la prueba:

El primer cuestionamiento de este grupo consiste en la negativa del juez respecto de aceptar que los testigos sean interrogados en confrontación a lo que habían declarado en el juicio anulado; fundamento que no podrá ser acogido por los motivos ya expuestos en el considerando Cuarto precedente, ya que no se trata de un vicio contenido en la sentencia recurrida sino en instancias previas que estaban sujetas a otra clase de recursos.

El segundo reclamo se dirige a la transcripción o reiteración de la sentencia respecto del fallo anulado, especialmente sobre la validez de la cláusula 5ª del contrato de trabajo de 2016, en que sostiene se habría excedido del objeto del juicio; este vicio además ha sido reclamado en un capítulo especial del mismo recurso, por lo que será analizado en el punto “3.-” de este considerando;

Los reclamos que se consignan en las letras “c” a “g” del considerando 4º precedente, constituyen un reproche a la manera como el tribunal ha ponderado las pruebas, en que el actor sostiene una posición diversa a la que forma la convicción del juez.

Tales cuestionamientos no se refieren a una falta o abuso, sino una respuesta a las conclusiones mediante las cuales el tribunal valoró los antecedentes del proceso y alcanza su convicción respecto de la ausencia de un vínculo laboral previo al año 2016.

Que la presente vía no permite cuestionar la manera como el tribunal aprecia la prueba, para cuyos efectos la ley concede otro mecanismo recursivo, como es el recurso de nulidad. La imposibilidad de plantear tal recurso, por haberse acogido otro con anterioridad y dado lo previsto en el artículo 482 inciso final del Código de Trabajo, no permite adecuar el recurso de queja como instrumento sustitutivo de aquel otro recurso procesal, pues ambos tienen identidad, naturaleza y casuales diversas, encontrándose circunscrito el de queja, a una conducta del juez que implique falta o abuso grave, y no a meras discrepancias que sostenga una de las partes en relación a los fundamentos de la sentencia que se impugna.

2.- En cuanto a que el juicio se encontraba limitado a determinar la existencia o no de vínculo laboral entre los años 2005 a 2009, y que el tribunal habría excedido su competencia al extender dicha discusión respecto del período posterior, es posible constatar que:

2.1.- En su informe al presente recurso, el juez recurrido sostiene que la demandante también rindió prueba sobre esta materia, incorporando un documento que en definitiva le resultó adverso, sobre una capacitación efectuada por el actor los días 3 y 4 de septiembre del año 2015, en el que se describe como “asesor externo” de la demandada.

2.2.- En la contestación a la demanda se afirma que el actor comenzó a prestar servicios -bajo modalidad de honorarios- desde el año 2002, lo que se extendió hasta el año 2016, pasando desde entonces a constituir una relación laboral a que se le puso término el 15 de febrero de 2017.

2.3.- Que en el audio de la audiencia preparatoria del juicio, el tribunal no asentó algún hecho no controvertido. En cambio, rechaza los que una de las partes propuso como tales. Al fijar los puntos controvertidos manifestó que se discute la existencia de una relación laboral desde marzo de 2002 hasta el año 2009, lo que no fue reclamado por las partes pese a que la demanda plantea que la relación laboral estuvo vigente hasta febrero de 2017, y que la contestación la reconoce sólo desde el año 2016.

2.4.- Que ambas partes rindieron sin dificultad ni controversia sus pruebas relacionadas a la vinculación entre actor y denunciada con posterioridad al año 2009, las que el tribunal aceptó. Sólo para efectos de la mayor claridad se expresan a continuación los razonamientos medulares:

En su considerando 15º la sentencia descarta la relación laboral desde marzo de 2002 a enero de 2009, por no ser posible determinar la existencia de jornada de trabajo, control de ella, obediencia de instrucciones superiores, demostrándose la prestación de servicios sin manifestaciones propias de un vínculo laboral.

Y acto seguido en sus considerandos 16º y siguientes, analiza la existencia o no del vínculo, entre el 1 de febrero de 2009 y 31 de mayo de 2016, dada la presencia de pruebas contradictorias sobre este punto.

Así, y aun cuando la cláusula 5 del contrato de trabajo expresa que “Para todos los efectos legales se deja constancia que el funcionario ingresa a prestar servicios a esta Corporación con fecha 01 de febrero de 2009”, la sentencia indica que se hace necesario que en la audiencia de juicio ambas partes dirigieron sus argumentos a la eficacia de dicha cláusula.

Con dicho análisis, sostiene que dicha cláusula no resulta clara pues no expresa las funciones que cumplía el actor en esa fecha, su jornada ni a qué suma debiera corresponder su remuneración o contraprestación. Efectuando un análisis del contrato, aplica las reglas de interpretación del Código Civil, revisa los índices de laboralidad y los informes evacuados por el denunciante en que su desempeño se describe como “asesor externo” y “honorarios asesoría”, así como su ficha o registro de funcionario, en que consta su ingreso el 1º de junio de 2016, documento que fue reconocido por el demandante en su contenido y firma, en prueba confesional.

Es por tales motivos que el sentenciador concluye que la cláusula 5ª del contrato resulta contraria al principio sobre primacía de la realidad, y en cambio la prueba sólo le permite reconocer un vínculo laboral desde el 1º de junio de 2016.

Cabe agregar que debido a los múltiples cuestionamientos que el recurso plantea contra la sentencia, en relación a su apreciación de la confesional requerida por la demandada, se procede a oír dicha declaración, de la que se aprecia que el denunciante reconoce que prestaba para la demandada servicios, a honorarios y sin contrato, emitiendo boletas hasta el 31 de mayo de 2016; y que al 1 de junio de ese año se escrituró el contrato, estampando en él como fecha de ingreso el 1º de febrero de 2009, sólo porque era esa la fecha en que inició sus funciones el Secretario General Municipal. Y luego reconoce también -minuto 14 del audio- que otorgó y firmó su ficha personal en que señala como su fecha de ingreso el mes de junio del año 2016.

Es en base a estas circunstancias que la cláusula 5ª del contrato fue desatendida por el sentenciador, por no ser coincidente con otras pruebas y especialmente la manera como advirtió el juez que las partes ejecutaron el contrato; sin que ello pueda constituir una falta o abuso.

3.- Por último, cuestiona el recurso la existencia de reiteraciones respecto de la sentencia anteriormente anulada por esta Corte, sin indicar explícitamente los considerandos o aspectos que se reclaman.

Con todo, tratándose de un mismo juicio resulta razonable que ciertas argumentaciones de uno y otro juez coincidan o presenten similitudes, lo que no resulta susceptible de reproche alguno. Por lo anterior, y tratándose de un reproche planteado en términos genéricos, se analizará exclusivamente si la sentencia reitera alguno de los razonamientos por los cuales esta Corte dispuso anular la anterior y realizar nuevamente el juicio, que consistían en:

3.1.- La falta de análisis de toda la prueba rendida.

3.2.- Que la sentencia anulada dio por confesa a la demandada, sin señalar el hecho preciso sobre el que recayó dicha sanción ni el documento respecto del cual se ha hecho efectivo el apercibimiento.

3.3.- Que, tras concluir que la relación laboral existió entre el 1 de junio de 2016 y el 15 de febrero de 2017, no contenía en su parte dispositiva una resolución clara respecto de la manera como debía calcularse las indemnizaciones y recargos, dejando sin resolver el asunto controvertido.

Que el recurso de queja deducido contra la nueva sentencia, no contiene los reclamos por los cuales se anuló la sentencia anterior, y no se advierte reiteración de alguno de los errores o vicios que motivaron dicha anulación; motivo por el cual el reclamo que ahora se analiza tampoco tiene asidero.

SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo expuesto y analizado precedentemente, se concluye que el juzgador en la sentencia recurrida ha realizado una justificada valoración de las pruebas rendidas, y formó su convicción de rechazar la demanda sobre tutela de derechos fundamentales, y acoger parcialmente la acción subsidiaria de despido injustificado.

Que el tribunal justifica sus decisiones en la forma como exige el artículo 456 del Código del Trabajo, sin que se aprecie de ello alguna falta o abuso; por lo que, aun cuando el recurrente tilde tales decisiones como inadecuadas o incorrectas en vista de las legítimas pretensiones y convicciones que estime asistirle, no contienen falta o abuso ni denotan capricho o arbitrariedad, por lo que no tendrá cabida el recurso de queja promovido.

En razón de los motivos precedentes, lo dispuesto en las disposiciones legales citadas, los artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de queja, se resuelve:

I.- Que se rechaza el recurso de queja promovido por la parte denunciante con fecha 21 de noviembre de 2018, en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de noviembre del mismo año, pronunciada por el Sr. Juez no inhabilitado del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, don nombre reservado.

II.- No se condena en costas a la parte recurrente, por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar.

Redacción del señor nombre reservado don nombre reservado.

Regístrese y devuélvase.

Rol Laboral – Cobranza N°357-2018.