CORPORACION MUNICIPAL DALCAHUE EDUCACIÓN Y SALUD con nombre reservado

Puerto Montt, nueve de mayo de dos mil diecinueve.

Visto:

A folio Nº 1, con fecha 10 de marzo del año en curso, comparece el abogado Marcos Velásquez, a favor de la Corporación Municipal de Educación y Servicios nombre reservado, domiciliado en dicha comuna, e interpone acción constitucional de protección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de nombre reservado, en su calidad de Inspectora Provincial del Trabajo nombre reservado, domiciliada en la ciudad de Castro, por estimar que la recurrida ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Nº021 de 2019, que rechazó un recurso de reconsideración administrativo de la multa de 40 UTM impuestas por Resolución Nº1.666/18/37, lo que redunda en una vulneración a las garantías fundamentales de que es titular, consagradas en el artículo 19 Nº 2, Nº 3 inciso quinto y Nº 24, de la Norma Suprema, instando por que se acoja el recurso en los términos que se ha solicitado.

Funda lo anterior en que el día 08 de febrero del presente año se le notificó mediante la unidad de partes a la recurrente, la Resolución impugnada que confirmó una sanción por haber incumplido una cláusula tácita del contrato habido con la trabajadora nombre reservado, consistente en la entrega de más de dos balones de gas durante el año.

Arguye que la actuación de la recurrida al confirmar la resolución primigenia, decanta un error de hecho y derecho por cuanto pretende aplicar la teoría de la cláusula tácita propia del derecho laboral individual, con fuente en el Código del Trabajo, a una funcionaria regida por el Estatuto especial contenido en la Ley de Atención Primaria de Salud la que, a mayor abundamiento tiene un reenvío en lo no regulado en ella al Estatuto de Funcionarios Municipales.

Por ello, estima que la entidad fiscalizadora se ha extralimitado en sus funciones al aplicar normas que no resulta aplicables en la especie, contraviniendo el principio de legalidad del actuar de los órganos del Estado, consagrado en el artículo 7º de la Constitución Política de la República.

Lo anterior, deviene en una afectación de la garantía de interdicción de la arbitrariedad en los actos de la Administración, toda vez que la resolución carece de fundamento al aplicar normas que no son atingentes al caso concreto; agregando que por lo mismo se habría constituido en una comisión especial, proscrita por la garantía de acceso al juez natural; lesionando así el derecho de propiedad al radicar en el patrimonio de la actora una obligación indemnizatoria infundada.

Pide se deje sin efecto la resolución recurrida y la multa confirmada por ella, por ser ilegal y arbitraria.

Acompaña copia de la Resolución recurrida y de un ordinario de la Dirección del Trabajo sobre aplicación del Estatuto de Funcionarios Municipales como norma supletoria al Estatuto de Atención Primaria de Salud.

A folio Nº 4, se declaró admisible el recurso.

A folio Nº 10, se evacúa informe por la recurrida, quien alega en primer lugar la extemporaneidad del recurso ya que la resolución atacada fue depositada en Correos para su notificación con fecha uno de febrero del año en curso, entendiéndose notificada con fecha 07 de febrero de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, por lo que el plazo para recurrir de protección vencía el 09 de marzo y la acción fue presentada el día 10 del mismo mes.

En subsidio alega la improcedencia de la acción de protección como sustituto procesal por cuanto la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que para estos fines existen las acciones especiales de los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo, que son de aplicación preferente.

Así lo ha resuelto además esta Corte en autos Rol 517-2018, confirmado por la Excelentísima Corte Suprema; también en autos Rol 1947-2018 de este mismo origen; en la causa Rol 16.984-2014, 29.350-2014 y 17.582-2014, todos del Máximo Tribunal.

Luego argumenta que no hay actuación ilegal o arbitraria por cuanto la resolución impugnada fue dictada en uso de las facultades que a dicha entidad le confieren los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo; que no se configura en la especie el error de hecho ni de derecho que denuncia, por cuanto el incumplimiento constatado por el fiscalizador, consistente en la no entrega de los beneficios libremente pactados en el contrato, se verificó por éste, que además goza de presunción de veracidad en su actuar.

Por lo anterior, no se verifica la conculcación de garantías que se denuncia, instando por el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Acompaña, resolución atacada y acta de notificación por carta certificada.

A folio Nº 11, encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

A folio Nº 12, la recurrente hace presente que el plazo para accionar debe contarse desde la fecha cierta de la notificación y no desde aquella ficta que presume el artículo 508 del Código del Trabajo y que los efectos son permanentes.

Acompaña al efecto copia del acta de notificación con timbre de recepción en oficina de partes de la actora el 08 de febrero de 2019 y copia de libro de recepción de documentos del mismo origen.

A folio Nº 14, se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé, impugnando la legalidad de la Resolución Nº 021, de 2019, que rechazó la reconsideración respecto de una resolución que le impuso a una multa a la recurrente, de 40 UTM, fundada en el incumplimiento de una cláusula tácita de la relación laboral que mantiene ésta con una funcionaria del servicio traspasado de salud de Dalcahue.

Funda lo anterior en que las funciones de la técnico que reclamó por el incumplimiento de una cláusula tácita, se encuentran regladas por el Estatuto de Atención Primaria de Salud, cuerpo normativo que refiere supletoriamente a las directrices del Estatuto de Funcionarios Municipales y no al Código del Trabajo.

Así las cosas, la recurrida se habría extralimitado en el ejercicio de sus facultades, haciendo una errónea aplicación de ley consistente en obviar el estatuto jurídico aplicable a la trabajadora, lo que la constituye en último término en una comisión especial, al actuar fuera del ámbito de sus competencias, de conformidad al principio de juridicidad y legalidad que informan su actuar.

Segundo: Que como una primera alegación de la recurrida, esta plantea la extemporaneidad de la acción por haber operado en la especie el plazo de notificación ficta contemplado en el artículo 508 del Código del Trabajo, esto es, por haber transcurrido el plazo de seis días desde el ingreso del acta de notificación al correo.

Dicha línea argumental deberá ser descartada por cuanto la referida presunción de notificación ha sido destruida por los antecedentes que incorporó la actora y porque, en cualquier caso, dicha forma de notificación se contempla a efectos de determinar con certeza los plazos para deducir las acciones especiales del Código del Trabajo y por ende no es aplicable para determinar el plazo de conocimiento del acto denunciado en esta sede cautelar extraordinaria.

Tercero: Que así también la recurrida citó fallos previos emanados de esta Corte en que se aplicó el criterio jurídico de estimar que las impugnaciones a resoluciones sancionatorias administrativas emanadas de la Inspección del Trabajo, tienen contemplada a su respecto acciones especiales consagradas en los artículo 503 y 512 del Código del ramo.

Huelga señalar a este respecto que el hecho que existan acciones o vías procesales especiales no obsta a la interposición del recurso de protección y que si en otras ocasiones se ha estimado que el fondo de la reclamación es una cuestión de apreciación de los hechos o de errónea interpretación del derecho, es dable estimar que se debe acudir a los remedios procesales de aplicación preferente, por la especialidad que presentan y porque el legislador al regular esos mecanismos de revisión ha establecido plazos más acotados que para la acción cautelar de marras, por lo que no es dable admitir que las partes puedan “optar” por los procedimientos cuyos requisitos de procesabilidad le sean más favorables en ausencia de una actividad tendiente a obtener el mismo resultado.

Sin embargo, es de suma importancia relevar el hecho que, cuando lo denunciado son ilegalidades o arbitrariedades que trasuntan una vulneración clara o apreciable de derechos fundamentales, esta magistratura no sólo está en condiciones de intervenir en uso de sus facultades conservadoras, sino que justamente, está en la obligación de actuar para asegurar el restablecimiento del imperio del derecho quebrantado.

Cuarto: Que, de esta forma, en el caso sub lite se ha denunciado que el actuar de la recurrida al imponer la sanción administrativa y luego, al desechar la impugnación de ésta en sede de reconsideración, ha asentado una conducta que es contraria al principio de legalidad que pesa sobre ella en tanto órgano del Estado, que se encuentra consagrado en el artículo 7º de la Constitución Política de la República:

En este sentido, si bien la ley le reconoce a los organismos fiscalizadores en materia laboral la posibilidad de interpretar la ley sectorial a efectos de determinar la concurrencia de eventuales conductas infraccionales que deban ser castigadas en el ámbito de su competencia, es justamente esta competencia la que se ve acotada o restringida por la naturaleza jurídica del estatuto legal aplicable a la relación laboral entre los sujetos de la fiscalización.

Y es que, en efecto, el marco competencial que rige la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo no opera de la misma medida al ejercer el control de los actos o hechos constatados en el marco de una relación laboral de derecho privado, regulada en el Código del Trabajo; y otra que se halle regida por un estatuto de derecho público como es el caso del Estatuto de Atención Primaria de Salud, o aquel que opera de manera supletoria a éste, como es el Estatuto de Funcionarios Municipales.

Lo dicho, por cuanto la regulación especial de los estatutos funcionarios que rigen las relaciones derivadas del ejercicio de las respectivas funciones por parte de los funcionarios vinculados a un organismo del Estado, emana de la especial naturaleza de la función pública por una parte; y por la otra, por el hecho de ser una de las partes una persona jurídica regida por el derecho público y por ende, que ha de acogerse en su conducta apreciable por las normas de orden público y con especial apego al principio de legalidad.

Quinto: Que corolario de lo señalado precedentemente, es que al razonar la recurrida en torno a la existencia de una cláusula tácita derivada de la conducta precedente de las partes en la relación laboral, no puede sino desprenderse la invocación a conceptos jurídicos indeterminados propios de los constructos jurisprudenciales que constituyen la base del derecho común laboral, pero no es dable extender aquel razonamiento a una relación estatutaria funcionarial por cuanto el órgano recurrido carece de competencias para ello.

De esta suerte, es sólo un tribunal de justicia el que puede por vía de aplicación, pero sobre todo de integración legal en ejercicio de los criterios de interpretación que sirven de natural fundamento a las sentencias, el que eventualmente puede extender el alcance de los principios propios del derecho común laboral de índole privatista a las relaciones estatutarias reguladas por el derecho público, pero en caso alguno es dable aceptar que el órgano recurrido pueda avocarse dichas facultades de interpretación e integración legal, en tanto ello escapa de su natural esfera competencial.

Sexto: Que con el mérito de lo precedentemente expuesto, estos sentenciadores estiman que la conducta denunciada adolece de un vicio de legalidad que tiene la aptitud suficiente para vulnerar de manera arbitraria la garantía constitucional de que es titular la actora, consagrada en el artículo 19 Nº 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, por lo que la acción deducida deberá ser acogida como se dirá en lo resolutivo, adoptando al efecto las medidas que se indicarán.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se acoge, la acción interpuesta a folio Nº1, por estimar que en la especie la recurrida ha incurrido en la conducta ilegal que se ha acreditado precedentemente y que de ello deriva una conculcación arbitraria en el ejercicio de los derechos fundamentales de la denunciante.

II.- Que en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Nº021 de 2019, de la Inspección Provincial del Trabajo, en la parte que rechaza la reconsideración de multa y se ordena a su vez dejar sin efecto la resolución Nº1.666/18/37, por haber sido dictada aquella extralimitándose la denunciada en sus funciones.

III.- Que no se condena en costas a la parte recurrida, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Redacción a cargo del Presidente, Sr. nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº355-2019.