nombre reservado con SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI

Puerto Montt, tres de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO:

Ante esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 08 de marzo de 2018 y en folio N°1, compareció el abogado don Diego Belmar Ojeda por nombre reservado, matrón, con domicilio en domicilio reservado. Recurrió de protección contra el SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Sostuvo la afectación ilegal y arbitraria de sus garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y Nº24 de la Constitución Política de la República, ocasionada mediante resolución exenta N°J/0153 de 16 de enero de 2019 que aplicó inmotivada y desproporcionadamente su destitución a consecuencia del sumario administrativo substanciado en su contra en virtud de resolución exenta N°J/4591 de 12 de diciembre de 2017, atribuyéndosele transgresión grave al principio de probidad administrativa por embriaguez y acoso sexual el día 03 de octubre de 2017; no obstante, haberse establecido una responsabilidad administrativa de menor entidad atendida su irreprochable conducta anterior, su colaboración con la investigación y el alcoholismo depresivo padecido en ese entonces. Peticionó reposición de la antedicha resolución; rechazándose mediante resolución exenta N°J/0431 de 05 de febrero de 2019. Refirió haberse desempeñado desde el 01 de marzo de 2005 como profesional a contrata en grado 17º en el Hospital de Palena, ejerciendo los cargos de jefe del programa de salud de la mujer y jefe de movilización de dicho recinto, registrando varias anotaciones de mérito desde el año 2011 y sólo una de demérito relacionada con los hechos del sumario.

Pidió en definitiva que, acogiéndose con costas su acción, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, en especial, la privación de efectos del acto recurrido y, la restitución de su cargo y remuneraciones correspondientes; o bien, la determinación de los hechos y cargos atribuidos en el sumario con revisión administrativa del respectivo superior jerárquico.

Con fecha 11 de marzo de 2019 y en folio N°2, se declaró admisible y por interpuesto el recurso de protección.

Con fecha 14 de marzo de 2019 y en folio N°5, el abogado don Claudio Colivoro Vera por el recurrido SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ, informó peticionando el rechazo del presente recurso de protección. Reconociendo los actos administrativos invocados, en primer lugar, planteó la improcedencia del recurso de protección por no constituir instancia declarativa de derechos. En segundo lugar, negó la concurrencia de acción ilegal o arbitraria lesiva de garantía constitucional alguna, pues hubo obrado razonablemente conforme a Derecho en observancia de los artículos 7 de la Ley 18.575 y, 119, 140, 141 de la Ley 18.834. En efecto, el actor se embriagó desde las 11:30 hasta las 16:00 horas del 03 de octubre de 2019, durante la celebración del “Día del Hospital”, con afectación de la reunión de coordinación de las actividades de la semana del Hospital, acosando sexualmente a tres funcionarias; por lo que, se instruyó sumario en su contra, el cual, concluyó con la sanción de destitución.

Con fecha 15 de marzo de 2019 y en folio N°6, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y tutelables por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la parte recurrente se fundamentó en la afectación ilegal y arbitraria de sus garantías del artículo 19 N°2 y Nº24 de la Constitución Política de la República, ocasionada mediante resolución exenta N°J/0153 de 16 de enero de 2019 que aplicó inmotivada y desproporcionadamente su destitución a consecuencia del sumario administrativo substanciado en su contra en virtud de resolución exenta N°J/4591 de 12 de diciembre de 2017, atribuyéndosele transgresión grave al principio de probidad administrativa por embriaguez y acoso sexual el día 03 de octubre de 2017; no obstante, haberse establecido una responsabilidad administrativa de menor entidad atendida su irreprochable conducta anterior, su colaboración con la investigación y el alcoholismo depresivo padecido en ese entonces.

Al informar el recurrido en primer lugar, planteó la improcedencia del recurso de protección por no constituir instancia declarativa de derechos. En segundo lugar, negó la concurrencia de acción ilegal o arbitraria lesiva de garantía constitucional alguna, pues hubo obrado razonablemente conforme a Derecho en observancia de los artículos 7 de la Ley 18.575 y, 119, 140, 141 de la Ley 18.834.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó los siguientes instrumentos: 1) registro de anotaciones de mérito y demérito del actor; 2) descargos formulados en el sumario administrativo que precedió; 3) vista fiscal evacuada en dicho sumario; 4) resolución exenta N°J/0153; 5) reposición peticionada en el sumario; 6) resolución exenta N°J/0431; 7) impresión de imagen de sobre de Correos de Chile de 06 de febrero de 2019; 8) declaración de nombre reservado; 9) hoja de vida funcionaria del recurrente; 10) certificado médico otorgado el 01 de febrero de 2018; 11) declaración de nombre reservado.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en lo estrictamente pertinente se tiene por acreditado:

1º Que, mediante resolución exenta N°J/0153 de 16 de enero de 2019, el Servicio de Salud del Reloncaví dispuso la destitución de don nombre reservado, respecto del cargo profesional a contrata grado 13 de la escala única de sueldos para desempeñarse como matrón del Hospital de Palena, por haberse acreditado los siguientes cargos: a) “Haber consumido inmoderadamente alcohol en la jornada de trabajo, durante el coctel realizado en el Hospital de Palena, a contar de las 11:30 horas del día 3 de octubre de 2017, con ocasión del día del Hospital, participando, luego, en una reunión de los funcionarios de dicho Nosocomio, para coordinar las actividades de la semana del Hospital (paseo de fin de año), efectuada a las 16:00 horas de la misma data, en manifiesto estado de ebriedad, continuando con el consumo de alcohol luego de finalizar ésta, en el casino del Hospital de Palena, aproximadamente a las 17,15 de la misma fecha”; b) “Haber concurrido, el día 3 de octubre de 2017, a las 19:00 horas aproximadamente, a casa de doña nombre reservado, ubicada en domicilio reservado, de la comuna de Palena, en un vehículo particular, en manifiesto estado de ebriedad, consumiendo en el interior de ésta chicha (bebida embriagante), con el hijo de ésta (de nombre Brian), retirándose en estado de intemperancia de dicha propiedad, conduciendo el mismo vehículo particular.”; c) “Haber tenido una conducta inapropiada con su compañera de trabajo doña nombre reservado, el día 3 de octubre de 2017, entre las 19:00 y 19:10 horas aproximadamente, en casa de doña nombre reservado, ubicada en domicilio reservado, de la comuna de Palena, al hostigarla mientras se probaba un delantal que había mandado a arreglar a doña nombre reservado, vulnerando en dicha oportunidad, la dignidad de su compañera de trabajo y por ende faltándole el debido respeto al realizar actos impropios a la función pública”.

2º Que, don nombre reservado se desempeñó para el Servicio de Salud del Reloncaví desde el 01 de marzo de 2005 como profesional a contrata en grado 17º en el Hospital de Palena, ejerciendo los cargos de jefe del programa de salud de la mujer y jefe de movilización de dicho recinto, registrando tres anotaciones de mérito los días 18 de diciembre de 2011, 22 de marzo de 2013 y el 14 de agosto de 2013 y, dos de demérito los días 05 de septiembre de 2008 y el 16 de octubre de 2017, ésta última como antecedente del sumario que precedió a su destitución.

3º Que, mediante resolución exenta N°J/0431 de 05 de febrero de 2019, el Director del Servicio de Salud del Reloncaví rechazó los recursos de reposición y superior jerárquico interpuestos por don nombre reservado en contra de la antedicha resolución exenta N°J/0153 de 16 de enero de 2019, por no haberse desvirtuado las conclusiones fácticas concurrentes en la decisión administrativa reprochada y adoptada previa ponderación de las atenuantes proporcionalmente en observancia al debido proceso según la entidad de la transgresión grave al principio de probidad administrativa.

En efecto, los hechos precedentemente establecidos no han sido controvertidos y constan concordantemente en los instrumentos acompañados por las partes, no han sido objetados ni observados de manera alguna y gozan de la presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios en tanto actos administrativos conforme al artículo 3 de la Ley 19.880; por lo que, no se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que dan cuenta. Con su confrontación, por su concordancia, coherencia, claridad y precisión, sustentan con razón suficiente las conclusiones fácticas arribadas precedentemente.

QUINTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, para resolver la procedencia del presente recurso de protección, en primer lugar, debe establecerse la existencia de una conducta ilegal o arbitraria. Una acción u omisión será ilegal si transgrede alguna norma legal, o bien, arbitraria si carece de justificación o razonabilidad.

Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la conducta ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si puede efectuarse tal calificación respecto a la destitución subyacente.

Al respecto, debe sopesarse que el acto reprochado corresponde a una facultad discrecional de la Administración cuya revisión jurisdiccional sólo debe circunscribirse a la concurrencia de los requisitos de validez y eficacia intrínseca del acto administrativo correspondiente. Tales requisitos consisten en: a) investidura o autoridad; b) competencia; c) forma; d) existencia o licitud de motivo y; e) medios y fin ajustado a la ley del fondo según la materia.

En la especie, la parte recurrente de protección planteó la inexistencia del motivo, es decir, del presupuesto fáctico habilitante del acto administrativo reprochado y de la debida fundamentación del mismo. Tal cual consta de los hechos establecidos en el motivo cuarto que antecede, tales motivos han precedido y han sido explicitados en la resolución exenta N°J/0153 de 16 de enero de 2019 y en la resolución exenta N°J/0431 de 05 de febrero de 2019. Estos actos administrativos constan del proceso de autos. Sin embargo, no resulta procedente calificar la suficiencia de las argumentaciones vertidas en cuanto a la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión reprochada por la parte recurrente de protección, atendido lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República debidamente concordado con el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales que imperativamente proscribe: “…Es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos…”.

Con lo cual, la resolución recurrida guarda observancia a lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, conforme a los cuales, los actos administrativos terminales deberán siempre expresar los hechos y fundamentos de Derecho cuando afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, y cuando resuelvan recursos administrativos.

Ahora bien, en cuanto a si tal decisión observó la razonabilidad a que se encuentra sujeta la Administración; consecuentemente con lo concluido y lo establecido en el considerando cuarto anterior, tampoco ha precedido el obrar arbitrario denunciado. Más allá de que la parte recurrente de protección ha pretendido constituir este proceso constitucional de urgencia en una suerte de tercera instancia; corresponde tener presente que no han sido desvirtuados los cargos formulados y que, sustentaron las transgresiones y la medida disciplinaria que le ha sido impuesta tras la substanciación del sumario correspondiente. Por otra parte, el obrar administrativo cuestionado importa obtener una declaración que sólo puede ser pronunciada por los Tribunales de Justicia en un proceso de lato conocimiento, sobre todo, porque ella involucra la afectación de intereses públicos.

De tal manera, no ha precedido la acción ilegal y arbitraria denunciada, condición insoslayable para la procedencia de este recurso.

SÉPTIMO: Que, además, habiendo debido establecerse en segundo término que la parte recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales denunciadas; corresponde considerar que las conclusiones a que se arribó en el motivo anterior permiten, a su vez, dar por establecido que no se ha probado vulneración alguna de los derechos de la parte recurrente por el actuar de la parte recurrida.

Al respecto debe considerarse que por el ejercicio de la acción constitucional de protección se constituye un proceso de naturaleza jurídico-cautelar para la tutela efectiva de garantías y derechos preexistentes e indubitados. Lo anterior, condiciona y determina su procedencia, en tanto en cuanto, sólo resultará justificada la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho ante una amenaza, perturbación o privación cierta de alguna de las garantías y derechos fundamentales tutelados En efecto, no resulta idóneo este procedimiento para la defensa de cualquier interés, sino sólo para defender y garantizar frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales; se aplica cuando concurra una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial indubitado producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de otro. Así, sólo cuando exista la manifestación de dicho obrar que no requiera de un proceso de prueba complejo, ya que la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente atendida la naturaleza cautelar de este proceso y, sin que obste para la procedencia de esta acción constitucional, el hecho de que el conflicto intersubjetivo de interés pueda someterse al conocimiento de procedimientos de lato conocimiento.

OCTAVO: Que, en consecuencia al no preceder acción ilegal o arbitraria alguna y al no aparecer que se ha ocasionado en la parte recurrente, la conculcación de las garantías que esta acción resguarda y que ameriten la intervención excepcional de esta Corte de Apelaciones mediante el otorgamiento de las providencias de emergencias que al efecto se contemplan, a fin de restablecer la juridicidad o legalidad que se alega quebrantada; conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores rechazarán el recurso de protección interpuesto.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo prevenido en los artículos 1, 19 Nº3 y Nº24, 20, 77, 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 121 letra d) y 125 de la Ley 18.834; 11 y 41 de la Ley N°19.880; 4 del Código Orgánico de Tribunales y; en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado don Diego Belmar Ojeda por nombre reservado y contra el SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ.

II. Que, se exime a la parte recurrente del pago de costas, atendida la naturaleza de la presente acción constitucional.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Nelson Ibacache Doddis.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Mesa Sáez, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con permiso.

ROL PROTECCIÓN N°350-2019. –