AMSYS SEGURIDAD Y SERVICIOS LIMITADA con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT

nombre reservado, tres de febrero de dos mil veinte.

Visto:

A folio Nº1, comparece el abogado Pablo Contreras, en representación de AMSYS Seguridad y Servicios Ltda., domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, por estimar que ésta ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en el cobro de una multa por nueve Unidades Tributarias Mensuales, cursada mediante resolución Nº6227/19/36, de 27 de junio de 2019, que fuera conocida por su parte sólo el 11 de noviembre del mismo año al solicitar un certificado de antecedentes laborales y previsionales; alega que dicho acto administrativo le fue notificado de conformidad a lo previsto en el artículo 508 del Código del Trabajo en Valle Volcanes S/Nº de esta ciudad, siendo que su domicilio registrado ante la misma recurrida se ubica en la ciudad de Talca.

Lo anterior se vería refrendado por el hecho que, según le habría informado la empresa de correos, la carta certificada en que se le notificaba de la multa fue devuelta por no encontrar el domicilio señalado en ella.

Agrega que lo dicho implica una vulneración a las garantías del artículo 19 Nº24, al radicarse en su patrimonio una multa que no ha sido notificada legalmente; la del artículo 19 Nº3 -sin señalar a qué inciso se refiere-; y del artículo 19 Nº4, al afectarse su honra mediante la publicación en el boletín de infractores laborales.

Pide que se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución de multa o lo que la Corte estime en derecho, con costas.

Acompaña resolución de multa, certificado de antecedentes laborales de la empresa recurrente, personería y resoluciones citadas en el recurso.

En folio Nº3 se declaró admisible el recurso y se denegó la orden de no innovar solicitada.

A folio Nº8 recurrida informa, señalando que es efectivo que se cursó la multa mediante la resolución referida en el libelo, por exceder la empresa recurrente el máximo de jornada respecto los trabajadores que se indica en ella.

Asimismo, explica que dicha resolución de multa fue ingresada a la oficina de Correos el 5 de agosto de 2019, dirigida a la dirección de domicilio reservado; por lo que se entendió notificada al sexto día hábil de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, no siendo ella objeto de reconsideración administrativa o reclamación judicial.

Alega ausencia de actuación ilegal o arbitraria ya que lo que se denuncia como tal es el cobro e información de una multa sin que se haya notificado válidamente, cuestión que queda descartada con lo señalado por la página web de correos de Chile con el número de seguimiento de la carta certificada, en que consta su entrega en el domicilio indicado de la ciudad de Talca el día 07 de agosto de 2019.

Expone que tampoco ha existido una conducta reprochable en la publicación de la multa en el boletín de infractores, ya que ello responde a una facultad que le otorga la Ley y que persigue como fin la información pública respecto a la observancia de la ley laboral. Asimismo, cita dictamen de Contraloría en cuanto a que los organismos públicos están autorizados para el tratamiento de datos personales en materias de su competencia, sin consentimiento de su titular.

Sin perjuicio de ello, señala que al ser notificada del presente recurso ordenó la eliminación de la información en tanto éste no se resolviera.

Por lo indicado, insta por el rechazo del recurso con costas y acompaña copia de resolución de multa, del acta de notificación, impresión de seguimiento en línea de la carta en la página web de Correos de Chile, historial de notificaciones de multa y del boletín de infractores, en que consta que no se encuentran publicadas respecto de la recurrente multa alguna.

A folio Nº9, encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

A folio Nº10, se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra la Inspección Provincial del Trabajo por haber procedido al cobro y a informar como morosa en el boletín de infractores, la multa cursada mediante resolución Nº6227/19/36, planteando el recurrente que no le fue notificada válidamente, por haberse remitido la carta certificada a un domicilio en esta ciudad, que no se condice con el registrado ante el organismo fiscalizador, de calle 1 Poniente, Nº1258, oficina 413, Talca.

Lo anterior sería vulneratorio de su derecho de propiedad, del debido proceso -reclamo genérico que se entenderá reconducido al de trasgresión al derecho al juez natural, que es la única de esa clase que está garantida por la presente acción-, y a su derecho a la honra por la publicación en el boletín de infractores.

Segundo: Que, la recurrida alega que la resolución de multa fue notificada mediante carta certificada en el domicilio entregado por la misma recurrente, ubicado en domicilio reservado; según consta en datos de seguimiento en línea de la misiva, obtenido de la página web de Correos de Chile y acompañado a su informe.

Asimismo, descarta ilegalidad o arbitrariedad en su actuar por cuanto la publicación en el boletín de infractores se hizo en ejercicio de una facultad legal, sin que por ello se transgredan los derechos, del actor de conformidad a lo previsto en la Ley Nº19.628 sobre datos personales, citando jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República al respecto.

Tercero: Que, del mérito del documento acompañado por la recurrida, consta que la carta certificada que contenía la resolución de multa impugnada, fue entregada con fecha 07 de agosto de 2019 en el domicilio que la misma actora indica como adecuado en su recurso, esto es el de calle 1 Poniente, Nº1258, oficina 413, Talca.

Cuarto: Que, así las cosas, cabe descartar desde ya la alegación de arbitrariedad fundada en la ausencia de notificación, así como la de ilegalidad por infracción al artículo 508 del Código del Trabajo por pretender su notificación en domicilio que no se condice con aquel registrado por la infractora ante el órgano fiscalizador.

Quinto: Que, habiéndose asentado lo anterior, se encuentra también debidamente justificada la publicación en el boletín de infractores que había efectuado la recurrida, toda vez que no se ha alegado el pago de la multa por la actora, ni se ha allegado documento alguno que de cuenta de ello.

A su vez, dicha publicación responde a una facultad de la recurrida, ejercido de forma racional y proporcionada, siendo necesaria e inherente a los fines de fiscalización y observancia de la ley laboral, por lo que tampoco procede la acción en este capítulo.

Sexto: Que, de este modo, al descartarse una conducta ilegal o arbitraria de la recurrida, se torna inoficioso analizar la eventual conculcación de derechos fundamentales, sin perjuicio que a la luz de los antecedentes que obran en el proceso, cualquier afectación a los invocados se encuentra debidamente justificada, haciéndose improcedente el ejercicio de las facultades conservadoras que le asisten a esta magistratura en el marco de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores; y artículo 508 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por AMSYS Seguridad y Servicios Ltda., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado.

II.- Que se condena en costas a la parte recurrente por haber sido totalmente vencida y haberse solicitado de contrario.

Redacción a cargo del abogado integrante Christian Löbel Emhart.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº3431-2019