Protección contra su persona los cuales tuvieron su origen en el año 1998

Puerto Montt, veintiséis de junio de dos mil catorce VISTOS:

A fojas 2 comparece doña nombre reservado, parvularia con domicilio en domicilio reservado quien interpone recurso de protección a su favor, con el objeto que esta Corte adopte las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su persona por los actos arbitrarios e ilegales cometidos por el funcionario público don nombre reservado, Tesorero Provincial de Castro, con domicilio en domicilio reservado, edificio provincial de la Gobernación de Castro.

Señala que por resolución de 7 de mayo de 2014 en causa administrativa 1001-2001 el recurrido en su calidad de Juez sustanciador y Tesorero Provincial de Castro resolvió después de mas de 10 años reactivar una cobranza administrativa por impuestos adeudados en contra de su persona los cuales tuvieron su origen en el año 1998, y decidió ampliar el embargo sobre su remuneración por un monto de mas de $1.500.000 equivalentes a casi el 90% de su remuneración, notificando para tal efecto el día 8 de mayo de 2014 tanto a su empleador como a su persona, indicando al empleador la obligación n de retener dichos montos de su remuneración.

Señala que con su actuar el recurrido ha infringido abiertamente lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos. ya que la tendencia en esta materia según lo sostenido por la Corte Suprema es aplicar la regla general de la prescripción de 3 años ante la paralización en el procedimiento de cobro de impuestos.

Agrega que en la especie ha operado la institución del decaimiento del acto, en la especie, del procedimiento ejecutivo especial de cobro de impuestos, el que se conceptualiza como la extinción de un acto administrativo, en este caso de un procedimiento, provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o derecho que afectan su contenido jurídico tornándolo inútil o abiertamente ilegitimo. Que el elemento de hecho sobreviniente en este caso no es otra cosa que el tiempo excesivo transcurrido desde la notificación y requerimiento de pago en este proceso administrativo, esto es, desde el año 2001 hasta esta nueva gestión ilegal y arbitraria que ocurre con fecha 7 de mayo de 2014, lo cual ha alcanzado un periodo de tiempo de mas de 10 años lo que sin duda ha afectado el contenido jurídico del procedimiento administrativo tornándolo ilegitimo, sin perjuicio que el propio órgano de la administración atenta gravemente contra los intereses patrimoniales del estado llamados precisamente a resguardar.

Que en la búsqueda de un criterio rector para dar por establecido el decaimiento del procedimiento administrativo por el transcurso del tiempo habrá de estarse a los plazos que el Código Tributario contempla para situaciones que pueden asimilarse, así de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 200 y 201 la regla general en materia de prescripción es de tres años por lo que resulta lógico sostener que pasado el plazo sin que el Servicio de Tesorería haya realizado en el procedimiento gestión alguna para proseguir con el cobro de impuestos adeudados se produce el decaimiento del procedimiento administrativo y la extinción del cobro ejecutivo de la obligación tributaria, en este caso, carece de eficacia el procedimiento de cobro siendo estéril para el fin señalado quedando vacío de contenido y sin fundamento jurídico que lo legitime, criterio sustentado por la Corte Suprema en fallos dictados en las causas roles 8938 y 3129, ambas de 2011.

En relación a la afectación de derechos señala que la actuación del recurrido ha afectado gravemente el derecho de propiedad al aplicar una ampliación de embargo después de mas de 10 años sobre casi el total de su remuneración, infringiendo con ello el número 24 del artículo 19, al no solicitar dicha ampliación de embargo en el tribunal correspondiente en el cual se encontraba radicada dicha causa administrativa infringiendo abiertamente el numero 3 del articulo 19 y al impedir que pueda seguir desarrollando el trabajo para que él fue contratad infringiendo de esta manera el numero 16 de articulo 24 esto es a la libertad de trabajo y su protección.

Solicita se acoja el recurso a fin de restaurar el imperio del derecho ordenando al recurrido dejar sin efecto la ampliación de embargo dictada con fecha 7 de mayo de 2014 en causa administrativa 1001-2001.

A fojas 7 se declara admisible el recurso.

A fojas 36 el recurrido evacua informe solicitando el rechazo del recurso- Señala que debido al incumplimiento de las obligaciones tributarias de la recurrente el Servicio de Tesorería inició un procedimiento de cobro especial de acuerdo a las normas del titulo V del libro III del Código Tributario en contra de la recurrente antes mencionada generándose el expediente administrativo 1001 2001 de la comuna de Ancud, procediéndose con fecha 12 de marzo de 2001 a notificar y requerir de pago trabándose embargo sobre un bien inmueble, indica que se interrumpió el plazo de prescripción, que terminada la tramitaciones en sede administrativa los autos ingresaron al Juzgado de Letras de rol 27.796-2002 del Juzgado de Letras de Ancud con el propósito de solicitar se orden el remate del bien raíz embargado el que finalmente fue rematad por un banco.

Añade que la recurrente alcanza una deuda neta de $85.796.706 sumados los reajustes, intereses y multas el monto asciende al mes de mayo del presente año a $561.753.504. Que ante una revisión de los sistemas con que cuenta el servicio se obtiene que la recurrente es dueña de la sociedad educativa San Andrés ubicada en la comuna de Ancud por lo que se procede por el Tesorero Provincial de Castro en su carácter de juez sustanciador a la ampliación del embargo.

Que en cuanto al fondo del recurso señala que es improcedente debido a que se ha dirigido en contra de una resolución judicial, toda vez que el Tesorero en su carácter de Juez Sustanciador ejerce facultades jurisdiccionales en este procedimiento de cobro especial de acuerdo a las normas del titulo V del libro III del Código Tributario, artículos 168 y siguientes. Así por ejemplo en el artículo 170 de dicho cuerpo legal se faculta al Tesorero Regional y/o provincial actuando en su calidad de Juez sustanciador a despachar mandamiento de ejecución y embargo contra los deudores morosos.

Además se indica la existencia de recursos e instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar la cuestión de autos previstas en varias disposiciones del Código Tributario entre las que se indica el articulo 193 inciso 2° que señala expresamente que los contribuyentes podrán reclamar ante el abogado provincial que corresponda de las faltas o abusos cometidos durante el juicio por el Juez sustanciador y sus auxiliares.

Señala que no existe actuación ilegal ni arbitraria por parte del recurrido debido a que se trata de una diligencia en el marco de un procedimiento de cobro especial regulado en el titulo V del libro III del Código Tributario.

Por otro lado indica que el juez Sustanciador es plenamente competente para ordenar la ampliación de embargo tal como lo establece el inciso segundo del artículo 174 del Código Tributario. Dicho artículo no establece que el expediente administrativo deba encontrarse en una determinada situación procesal para que proceda la ampliación de embargo, pues las normas que fijan la competencia del juez sustanciador son siempre de orden público y por ende no admiten prorroga, de tal manera que la ampliación del embargo se circunscribe exclusivamente en la esfera de competencia del juez sustanciador, pretender solicitar esta diligencia ante el Juez Civil atenta de manera flagrante con la improrrogabilidad de la competencia en materia procesal tributaria.

Invoca en su favor una sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique, rol ingreso corte 207-2013 que en su considerando tercero señala que no es obstáculo para que el juez sustanciador obrara de la manera expuesta, el hecho de encontrarse el expediente administrativo en sede judicial, puesto que la competencia otorgada a este Tribunal dice relación solo con el retiro de especies y su posterior realización en la medida de no existir oposición del deudor manteniendo competencia el juez sustanciador.

Señala que la afectación de los derechos constitucionales esgrimidos por la recurrente no lo ha sido, ya que bajo ningún supuesto el recurrido ha siquiera intentado vulnerar alguna de las garantías constitucionales esbozadas en autos.

Termina solicitando se rechace el recurso deducido en su contra.

A fojas 50 se hace presente por Tesorería que la recurrente presentó su renuncia a la Sociedad Educativa San Andrés Limitada informando a Tesorería de tal circunstancia con fecha 13 de mayo de 2014.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que por medio de la presente acción cautelar se impugna la resolución del Tesorero Provincial de Castro quien en su rol de Juez sustanciador conforme a las facultades que le entrega el Código Tributario con fecha 7 de mayo de 2014 dictó una resolución de ampliación de embargo en el marco de un procedimiento especial de cobro ejecutivo de obligaciones tributaria, embargo que recaería sobre las remuneraciones de la recurrente.

TERCERO: Que, la recurrente funda el recurso en que el transcurso del tiempo produciría el decaimiento del proceso administrativo y como consecuencia su pérdida de eficacia, que tornaría en ilegal cualquier resolución dictada considerando que el proceso data del año 2001 y que han transcurrido mas de 10 años sin que se haya dictado resolución en la causa administrativa;. Producto de dicho actuar se le habría conculcados una serie de garantías constitucionales de la forma que señala en su libelo.

CUARTO: Que, es un hecho no controvertido por las partes la existencia del expediente administrativo rol 1001-2001 de la Tesorería Provincial de Castro que dispuso el cobro de obligaciones tributarias que datan del año 1998 y que en su oportunidad y a objeto de realizara un inmueble embargado, se incoó la causa rol 27.796 ante el juzgado de Letras de Ancud.

QUINTO: Que, a fin de resolver este recurso cabe mencionar que la resolución recurrida si bien fue dictada por el Tesorero Provincial de Castro este lo hizo en su calidad de Juez sustanciador conforme al titulo V del libro III DEL Código tributario, artículos 168 y siguientes, por lo que en la especie lo que en definitiva lo que se pretende es impugnar y lograr una decisión que la deje sin efecto.

Al respecto, se debe tener presente que el artículo 174 del Código Tributario faculta al Tesorero Comunal para que, actuando en el carácter de Juez sustanciador, pueda ordenar la ampliación del embargo, cuando haya justo motivo para temer que los bienes embargados no basten para cubrir las deudas de impuestos morosos y sus recargos, situación que precisamente acontece en este caso, por lo que se trata de una actuación que se apega a la ley.

SEXTO: Que, atendido lo anterior y en la medida que la presente acción se dirige contra una resolución dictada por el Tesorero Comunal en su carácter de Juez sustanciador, el artículo 193 del Código Tributario permite al contribuyente reclamar ante el Abogado Provincial que corresponda de las faltas o abusos cometidos por éste y sus auxiliares, de lo que se sigue que el presente recurso de protección se ha intentado como uno de carácter subsidiario o supletorio de los que ordinariamente proceden, y desde ese punto de vista no resulta ser una vía idónea, toda vez que éste ha sido concebido como una acción de carácter excepcional, situación que no se divisa en el caso, pues se pretende impugnar una decisión que ha sido tomada en el marco de un procedimiento establecido por la ley.

SÉPTIMO: Que el hecho de encontrarse el expediente administrativo en sede judicial, en este caso tramitándose bajo el Rol 27.796 del Juzgado de Letras de Ancud no es óbice para la dictación de la resolución recurrida toda vez que la competencia de este último se encuentra acotada al proceso de realización de los bienes embargados en la medida de no existir oposición del deudor, manteniéndose incólume el resto de la competencia del Juez sustanciador.

OCTAVO: Que en consecuencia, no concurriendo los presupuestos necesarios para que la acción cautelar prospere, esto es, que se haya incurrido en un acto ilegal y arbitrario y que se hayan conculcado derechos garantidos por la Constitución, no cabe sino disponer su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el deducido a fojas 2 por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministro Titular doña Teresa Mora Torres.

Rol Corte Nº 343-2014.

Resuelto por la Primera Sala integrada por la Ministro Teresa Mora Torres, el Ministro Jorge Ebensperger Brito y el Abogado integrante Mauricio Cárdenas García. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

En Puerto Montt a veintiséis de junio de dos mil catorce notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.