nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN

Puerto Montt, dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

Vistos:

Que, con fecha 19 de marzo del presente año, comparece doña Sofía Bohle Pérez, abogada, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la Ilustre Municipalidad de Maullín, representada para estos efectos por su alcalde Jorge Westermeier Estrada, por estimar que la recurrida ha vulnerado las garantías fundamentales de que es titular, siendo aquellas las consagradas en el artículo 19 Nº1, N°2, N°16 y N°24, de la Constitución Política de la República.

Explica que lo anterior, habría ocurrido por cuanto la actora desde el año 1997 trabajó como profesora en la Escuela Rural Hilda Hunquén de la comuna de Maullín, hasta el año 2016.

Agrega que siempre ha vivido en el sector de Quenuir, que es el mismo en el que se encuentra dicha escuela rural.

Expone que la Municipalidad recurrida, todos los años emite un Plan de Educación Municipal, denominado PADEM, que define los planes de acción en esa materia y contempla traslados o destinaciones del profesorado, en su caso. Para efectos de las referidas destinaciones o traslados se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°19.070.

Es del caso que en el PADEM del año 2017, mediante Ordinario N°464, notificado el 29 de diciembre de 2016, se destinó a la recurrente a la Escuela Dorila Águila del sector La Pasada de la misma comuna, señalando que aquello habría vulnerado sus derechos fundamentales, cuestión que fuera ventilado en un recurso de protección precedente, el que se encontraría pendiente de decisión por la Excelentísima Corte Suprema.

Refiere, además, que al concretarse la destinación antes señalada hizo presente la ilegalidad de aquella al Municipio y ante su respuesta negativa, recurrió a la Contraloría Regional a fin que ésta se pronunciara acerca de la legalidad de la destinación, entidad de control que se pronunció en el sentido que aquella no cumplía con los requisitos previstos en el estatuto docente, ordenando a la recurrida el reintegro de la actora a la Escuela Rural Hilda Hunquén.

Al no cumplir el Municipio dentro del plazo que le confirió la Contraloría Regional, la recurrente interpuso acción de protección desestimada por esta Corte por estimarla extemporánea en el sentido que se recurría de la destinación y no de la ilegalidad en no dar cumplimiento a lo ordenado por el ente de control.

Finalmente, aduce que en el PADEM del presente año se ha destinado nuevamente a la docente a un establecimiento distinto, esta vez, la Escuela Encarnación Olivares, según decreto exento N°699 de 19 de febrero de 2018, del que sólo tomó conocimiento el día 1 de marzo.

Por lo anterior, estima que el municipio recurrido insiste en vulnerar sus derechos fundamentales, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto Docente que señala como límite a las destinaciones el que aquellas signifiquen un menoscabo a la situación laboral y profesional, lo que en la especie se configura por el traslado a una nueva escuela, diversa de aquella en que por años prestó servicios y que se encuentra alejada de su domicilio.

En cuanto a la configuración de vulneraciones específicas a sus derechos fundamentales, refiere que se infringe la garantía a la integridad síquica de la actora por cuanto actualmente sufre depresión por no poder desempeñar sus labores como antes; se infringe la garantía de interdicción de la arbitrariedad al carecer la destinación de suficiente y racional justificación; se vulnera su libertad de trabajo y libre elección y su derecho de propiedad porque ha debido incurrir en gastos de traslado a su nuevo lugar de trabajo y gastos médicos producto del padecimiento que la destinación le ha producido.

Pide en definitiva se acoja el recurso y se declare que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria por cuanto le genera menoscabo al trasladarla nuevamente lejos de la escuela en que originalmente prestaba sus servicios; que en consecuencia se le reintegre a la Escuela Hilda Huenquén y que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña a su recurso decreto exento N°699 de 19 de febrero de 2018; asunción N°017 de 1 de marzo del mismo año; carta presentada al Alcalde el día 9 de marzo del presente año; certificados médicos de 12 del mismo mes, que dan cuenta que sufre depresión; y pronunciamiento N°3454 de 22 de junio de 2017, de parte de la Contraloría Regional de Los Lagos.

Evacuando el informe previamente solicitado a la recurrida, esta instó por el rechazo de la acción al no existir acto ilegal o arbitrario de su parte.

Lo dicho, por cuanto efectivamente la recurrente fue trasladada en diciembre de 2016, en virtud de lo dispuesto en el PADEM 2017. Luego, de ello recurrió a Contraloría Regional la que emitió pronunciamiento al respecto y respecto de lo cual la actora recurrió de protección en autos 1641-2017, acción que fuera rechazada y cuya desestimación fuera confirmada por la Excelentísima Corte Suprema.

Sin embargo, refiere que el Decreto N°699 de 19 de febrero de 2018, que dispuso el traslado de la actora a la Escuela Encarnación Olivares, en cumplimiento del PADEM 2018 que dispone la rotación de todos los docentes por las escuelas de la comuna, no ha sido objetado en su legalidad por el organismo contralor, ni por entidad alguna competente para ello, por lo que se encuentra plenamente vigente y apegado a Derecho.

Agrega, además, que el presente recurso es extemporáneo por cuanto lo que pretende la recurrente es dejar sin efecto el cambio desde el establecimiento educacional Escuela Hilda Huenquén, según se lee del petitorio de su propio recurso, cuestión que ocurrió en marzo de 2017.

Finalmente aduce que la dictación del Decreto N°699 de febrero de 2018 se apega a la legalidad vigente desde que se enmarca en los programas que determinó el PADEM del presente año y el traslado se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de Profesionales de la Educación, por lo que estima no hay vulneración de garantías fundamentales de la recurrente, debiendo rechazarse la acción deducida y en cualquier caso, sin condenar en costas a su parte, por existir motivos plausibles para oponerse a la petición del recurso.

Acompaña a su informe copia del PADEM 2018; copia del Decreto Exento N°699 de 19 de febrero de 2018; y copia de la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol 2327-2018.

Puesta la causa por primera vez en tabla, se ordenó como trámite previo el que se informara por la Superintendencia de Educación y a la Dirección de Educación Municipal de la comuna de Maullín a fin que señalaran la calidad jurídica en la que la recurrente presta sus servicios y si se encuentra adscrita a un establecimiento educacional en particular o a la entidad que administra el servicio de educación comunal.

Se evacúa el informe requerido a la Superintendencia de Educación, señalando que sólo puede revisar si la recurrente se encuentra prestando sus labores en un establecimiento determinado, por lo que revisó la escuela rural Hilda Hunquén y la escuela Dorila Águila, siendo negativa la búsqueda respecto de ambas.

Por su parte, el Departamento de Educación Municipal de Maullín informa que la relacion jurídica con la recurrente se verifica de conformidad a las reglas del Estatuto de Profesionales de la Educación y que actualmente se encuentra adscrita a la planta docente de la comuna, cumpliendo funciones en la escuela Encarnación Olivares.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla de la presente audiencia.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho de haberse dictado por la recurrida el Decreto N°699 de 19 de febrero de 2018, en que se dispuso la destinación de la recurrente a la Escuela Encarnación Olivares de la comuna de Maullín, lo que a juicio de la actora contraviene lo dispuesto en un pronunciamiento de la Contraloría Regional de Los Lagos que declaró ilegal la destinación llevada a efecto en marzo de 2017, que modificó en primer término el lugar en que debía prestar servicios la recurrente, cuestión que le ha traído una serie de afecciones en que funda la vulneración de garantías fundamentales, por lo que insta por el reintegro en la Escuela Hilda Huenquén, de la que fue separada en marzo del año pasado, como se dijo.

TERCERO: Que la recurrida argumenta en el informe evacuado en torno a la extemporaneidad del recurso por cuanto lo que se ataca en definitiva es la destinación ocurrida en marzo de 2017, lo que se desprende del petitorio de la acción constitucional que pretende el reintegro a la Escuela Hilda Huenquén, por lo que se excede latamente el plazo de 30 días desde el acto recurrido.

Por otra parte, si lo que se pretende es atacar el Decreto N°699 de febrero del presente año, refiere que aquel se encuentra vigente, que se apega a lo dispuesto en el PADEM del año en curso y se ha dictado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto Docente.

CUARTO: Que en primer lugar, se debe determinar cuál es el acto atacado por la presente acción cautelar.

En ese sentido, la línea argumentativa del recurso discurre sobre la ilegalidad del decreto de diciembre de 2016 que destinó a la actora a la Escuela Dorila Águila durante el año 2017, en virtud de lo dispuesto en el PADEM del respectivo año.

Lo dicho, se funda en la declaración de ilegalidad que habría emitido la Contraloría Regional de Los Lagos, que fuera acompañada en autos, de fecha 22 de junio de 2017, que estimó que la destinación de la recurrente a la Escuela Dorila Águila no se funda en alguna de las causales del artículo 22 del Estatuto Docente en relación con lo que dispone como prerrogativa el artículo 42 de la misma norma.

No obstante, tal como se señaló en el recurso de protección ventilado en autos Rol 1641-2017 ante esta Corte, el reclamo contra aquella decisión resulta extemporánea.

En el mismo sentido se pronunció la Excelentísima Corte Suprema al confirmar dicha sentencia desestimatoria, en autos Rol 2327-2018, sin perjuicio de declarar que la extemporaneidad se verifica en la especie, no obstante que la fecha desde la que se debe contar el plazo de interposición de la acción es el 5 de octubre de 2017, data en que la recurrente tomó conocimiento del dictamen N°5509, de 28 de septiembre del mismo año.

QUINTO: Que, por ende, sólo resulta procedente el reclamo que se deduce contra el Decreto N°699 de 19 de febrero de 2018, ya que toda otra alegación contra actos anteriores resulta extemporánea, como ya se ha dicho.

Luego, el hecho que se contenga en el petitorio del recurso la solicitud de reintegrar a la actora a la Escuela Hilda Huenquén, de la que fuera separada en marzo de 2017, no modifica el objeto de su recurso en cuanto al acto que se impugna, sino que deberá ser analizado por esta Magistratura en el caso que se estime procedente ejercer las facultades conservativas que le asisten en el marco de la presente acción cautelar.

SEXTO: Que por lo anterior, cabe analizar si es que la decisión que se reclama cumple con los requisitos para el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 42, en relación con el artículo 22 de la Ley N°19.070.

En efecto, el artículo 42 del Estatuto de Profesionales de la Educación dispone: “Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación”.

SÉPTIMO: Que por su parte, el artículo 22 de la misma norma refiere que: “La Municipalidad o Corporación que fija la dotación docente de cada comuna, deberá realizar las adecuaciones que procedan por alguna de las siguientes causales: 1.- Variación en el número de alumnos del sector municipal de una comuna; 2.- Modificaciones curriculares; 3.- Cambios en el tipo de educación que se imparte; 4.- Fusión de establecimientos educacionales, y 5.- Reorganización de la entidad de administración educacional.

|Cualquiera variación de la dotación docente de una comuna, regirá a contar del inicio del año escolar siguiente. Todas estas causales para la fijación o la adecuación de la dotación docente deberán estar fundamentadas en el Plan de Desarrollo Educativo Municipal. En todo caso, las modificaciones a la dotación docente que se efectúen de acuerdo a los números 1 a 4 deberán estar basadas en razones de carácter técnico-pedagógico”.

OCTAVO: Que la recurrida ha acompañado en autos el PADEM del año 2018 que sirve de base, según se lee en el mismo Decreto N°699 del presente año, para la adopción de la decisión de destinación que se cuestiona en estos autos.

Así, se aprecia que en la especie, resulta aplicable lo dispuesto en el “Programa de acción N°3”, que entre sus objetivos específicos, en el numeral 5, señala “se rotarán todos los docentes de las Escuelas según la determinación del DAEM”.

Lo anterior, se enmarca en el objetivo general de dicho programa de acción, que dispone: “Dotar a los establecimientos y al DAEM con el personal necesario para atender su matrícula y necesidades”.

Ello, debe engarzarse con el desglose de personal docente contenido en la página 62 de dicho documento, en relación con la proyección de matrícula para el año 2018, contenida en la página 63.

NOVENO: Que sin perjuicio de la información contenida en el documento referido en el basamento precedente, es resorte de la recurrida adoptar una decisión debidamente fundada, que se base en las causales del artículo 22 de la Ley N°19.070 y que encuentre su correlato en el PDEM del año correspondiente, a fin de ejercer debidamente la facultad que contempla el artículo 42 del Estatuto de Profesionales de la Educación, cuestión que en el caso de marras no ha cumplido.

De esta manera, la decisión de destinación que se ha adoptado respecto de la recurrente, adolece de falta de suficiente y racional justificación, lo que deviene necesariamente en un ejercicio arbitrario de las facultades con que consta el ente edilicio, según el artículo 42 ya señalado.

DÉCIMO: Que no obsta a lo ya dicho, el que la ley contemple mecanismos especiales de reclamo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Código del Trabajo, o por medio de una solicitud de pronunciamiento a Contraloría General de la República, por cuanto, como se ha señalado reiterada y consistentemente por la jurisprudencia, la existencia de otras vías de reclamo judiciales ordinarias o administrativas, no impiden el ejercicio de la acción cautelar de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En la misma línea, el que exista o no una declaración previa de legalidad del acto administrativo impugnado, o que aquel se encuentre vigente a la fecha, no es óbice para el examen de legalidad y arbitrariedad que se realiza en esta sede, máxime si ella deriva de la tutela judicial efectiva de derechos fundamentales de los particulares.

UNDÉCIMO: Que asentada la arbitrariedad del acto recurrido, huelga referirse a la eventual conculcación de garantías fundamentales que se denuncian.

Así, parece lógica una vulneración de la garantía de interdicción de la arbitrariedad que pesa sobre los órganos públicos como es el caso de la recurrida, máxime si aquella debe velar por la satisfacción de los requisitos formales y sustanciales de los actos administrativos por medio de los cuales exterioriza su voluntad orgánica, que le imponen el deber de motivación y justificación, así como de adecuación a los fines de interés general del órgano administrativo y de la preceptiva legal que pretende aplicar.

DUODÉCIMO: Que en cuanto a la eventual vulneración de la integridad física y síquica de la recurrente, si bien se han acompañado antecedentes que dan cuenta que padece de una depresión muy probablemente derivada de las modificaciones en su vida profesional, ello no es efecto de la actuación directa de la recurrida, sino de las consecuencias inherentes a todo cambio de circunstancias en el ámbito laboral, que pueden potencialmente incidir en aspectos conductuales de las personas, como también no hacerlo, excediendo en cualquier caso el marco de protección de la garantía invocada.

DÉCIMO TERCERO: Que la decisión de la recurrida que se impugna en estos autos, no ha afectado la libertad de trabajo o de contratación de la actora, desde que la conducta desplegada actúa en el ámbito de las circunstancias en que el trabajo se desarrolla, esto es, ex post al ejercicio de la libertad de trabajo, de contratación o de elección; y no ex ante, momento en que la garantía que se invoca genera los efectos que el constituyente ha pretendido al momento de su establecimiento.

DÉCIMO CUARTO: Que en cuanto al derecho de propiedad de la recurrente, éste no se vislumbra como vulnerado por cuanto no se le ha privado de su dominio sobre el cargo que detenta, sino sólo se ha ejercido una suerte de ius variandi por la recurrida y las alegaciones vertidas por la actora en cuanto a gastos que ha debido desembolsar, son propias de una litis contencioso-indemnizatoria y no de una acción cautelar constitucional.

DÉCIMO QUINTO: Que, finalmente en cuanto a las actuaciones se pretenden de esta magistratura, la recurrente pide se le devuelva a prestar funciones en la escuela Hilda Hunquén, donde originalmente se desempeñaba y lo hizo hasta el año 2016.

Luego, lo pedido en el recurso resulta a todas luces improcedente por cuanto la denuncia formulada en autos sólo alcanza al decreto exento Nº699 de febrero de 2018, que deja sin efecto su destinación a la escuela Dorila Águila, trasladándola en su ejercicio docente a la escuela Encarnación Olivares para el presente año, por lo que no es posible revisar decisiones anteriores del ente edilicio, por quedar fuera del ámbito temporal en que la presente acción constitucional puede desplegar sus efectos.

Dicho ello, la declaración de dejar sin efecto el acto recurrido, sólo puede retrotraer el estado de las cosas a aquel que existía antes de haberse dictado el decreto exento Nº699, lo que deviene en el traslado de la actora a prestar nuevamente funciones en la escuela Dorila Águila, salvo que se dicte un nuevo acto administrativo de destinación que se apegue a derecho.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se acoge el recurso de protección deducido por doña Sofía Bohle Pérez, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Maullín, representada para estos efectos por su alcalde Jorge Westermeier Estrada, por haber incurrido la recurrida en un acto arbitrario que conculca la garantía fundamental de la actora consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, dejándose sin efecto en consecuencia el decreto exento Nº699 de 19 de febrero de 2018.

II.- Que, no se condena en costas a la recurrida por haber tenido motivo plausible para litigar.

Redacción a cargo del Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 341-2018