SOC SIETE INVERSIONES LTDA con DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO , LOS LAGOS

nombre reservado, catorce de mayo de dos mil diecinueve.

Visto:

A folio Nº1, comparece el abogado Eduardo Berríos Valenzuela, en representación de Sociedad Siete Inversiones Limitada, domiciliado en domicilio reservado, Provincia de Osorno, e interpone acción constitucional de protección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra del Director Regional del Trabajo de la Región de Los Lagos y de la Dirección Regional que dirige, por estimar que éste ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Nº26, de 12 de diciembre de 2018, notificada el 08 de febrero del año en curso, que desestimó el recurso jerárquico interpuesto contra el oficio ordinario Nº1506/2018, que le impuso multas administrativas, fundado someramente en que aquellas habrían sido notificadas en un domicilio que no corresponde al de la recurrente, lo que su juicio redunda en una vulneración a las garantías fundamentales de que es titular, consagradas en el artículo 19 Nº2, Nº3 inciso cuarto, que según señala el actor correspondería al debido proceso; y Nº24, todas de la Carta Política, instando por que se acoja el recurso en los términos que se ha solicitado.

Expone que las resoluciones de multa Nº1474/18/3 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Nº8356/18/18 - 1; y Nº 1474/18/31 – 1, 2, y 3; fueron notificadas en domicilio reservado, dirección que no corresponde al domicilio de la actora y habría sido entregada por la dependiente de la empresa que fue a dejar la documentación solicitada en el marco del proceso de fiscalización que decantó en las multas ya señaladas, sin contar con facultades suficientes como para modificar el domicilio social.

Arguye que lo anterior implica una infracción a las normas del artículo 508 del Código del Trabajo en relación con el artículo 59 del Código Civil, lo que se traduce en una infracción a la garantía de interdicción de la arbitrariedad en el actuar de los órganos públicos, al debido proceso y a la garantía que resguarda su propiedad sobre el patrimonio afectado por las multas impuestas.

Pide se deje sin efecto la resolución Nº26 de 12 de diciembre de 2018 y en su lugar se le ordene a la recurrida notificar válidamente las resoluciones de multa.

Acompaña copia del acto impugnado y carpeta tributaria que daría cuenta de los domicilios sociales de la recurrente.

A folio Nº4, se declaró admisible el recurso.

A folio Nº12, se evacúa informe por la recurrida, quien expone que las resoluciones de multa dictadas en los meses de febrero, abril y mayo de 2018, fueron notificadas por carta certificada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo a la dirección de domicilio reservado.

Agrega que en agosto de 2018 la recurrente pidió se dejaran sin efecto las notificaciones por el mismo argumento vertido en el recurso, lo que fue denegado mediante la decisión contenida en el oficio Nº1506/2018 y luego confirmado mediante el rechazo del recurso jerárquico.

Alega en cuanto al fondo que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar de las decisiones adoptadas por la Dirección del Trabajo, citando al efecto jurisprudencia de esta Corte y de la Excelentísima Corte Suprema.

En subsidio alega que las notificaciones se efectuaron de conformidad al tenor literal de lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo y que para ello se tuvo presente que una funcionaria de la recurrente manifestó de su puño y letra el domicilio de domicilio reservado; asimismo, refiere que existe otra comunicación que emana de la actora en que se señala como dirección del remitente el mismo domicilio y finalmente el hecho que ninguna de las cartas despachadas ha sido devuelta a la fecha.

Por lo dicho señala que no se ha configurado en la especie vulneración alguna a las garantías constitucionales de la recurrente y hace presente que el debido proceso no se encuentra amparado por la acción cautelar de marras.

Insta por el rechazo del recurso y acompaña copia de actas de notificación y documentos de los expedientes administrativos a que hace mención en su informe.

A folio Nº13, encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

A folio Nº19, cumpliendo lo ordenado por esta Corte al proveer el recurso, la recurrida acompañó copia de la carta poder otorgada a la trabajadora nombre reservado, que es quien informó el domicilio al que se le notificaron las resoluciones de multa, confiriéndosele amplias facultades contempladas en ambos incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil.

A folio Nº21, se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra la Dirección Regional del Trabajo y su Director, por cuanto aquella habría dictado una resolución que rechazó un recurso jerárquico, enderezado contra un oficio que denegó la petición de declarar nulas las actas de notificación de las resoluciones de multa que singulariza en su libelo, por haber sido notificadas en un domicilio diverso a aquel que sería el domicilio legal de la recurrente.

Segundo: Que en cuanto a la improcedencia del recurso de protección para conocer de la materia sometida a conocimiento de esta Magistratura, alegada por la recurrida, cabe señalar que el procedimiento de marras se alza como una herramienta residual a otros mecanismos de solución de conflictos jurídicos y como la vía principal para ejercer una tutela diferenciada de derechos fundamentales, de conformidad a las facultades conservadoras que le asisten a esta Corte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º del Código Orgánico de Tribunales.

De esta suerte, el mismo artículo 20 de la Constitución Política de la República reconoce la facultad de recurrir en esta sede, sin perjuicio de ocurrir por otras vías, por lo que la procedencia de la cautela solicitada es una cuestión de fondo a ser analizada por estos sentenciadores.

Tercero: Que en lo referido al asunto debatido, se incorporaron a la carpeta virtual antecedentes que dan cuenta de la notificación de las resoluciones de multa los días 14 de febrero, 18 de abril y 04 de mayo del año 2018, en el domicilio de domicilio reservado.

Así también se incorporó un documento signado como “carátula de informe de fiscalización”, de 26 de enero de 2018, que señala como casa matriz de la empresa fiscalizada la dirección de domicilio reservado, de la ciudad Osorno.

Lo anterior se ve reafirmado por el documento denominado “acta de constatación de infracciones y compromiso de corrección”, fechado el día 12 de marzo de 2018, en que se señala como domicilio de la empresa fiscalizada el ya referido de la ciudad de Osorno.

En el mismo sentido, se alegó que las respectivas cartas certificadas despachadas a la dirección antes indicadas, no fueron devueltas, sin que se acreditara lo contrario o se controvirtiera dicha aseveración.

Finalmente, se incorporó por la recurrida a petición de la actora, un documento denominado “carta poder” en que consta un mandato especial de la recurrente a la funcionaria nombre reservado que, concurriendo en los actos referidos en párrafos anteriores como “acta de constatación de infracciones y compromiso de corrección”, señaló como domicilio aquel de la ciudad de Osorno.

Cuarto: Que sin perjuicio de lo señalado, se incorporaron otros documentos obtenidos o generados en el marco del proceso de fiscalización, que dan cuenta del domicilio que señala la recurrente en su libelo, así como otro diverso en el Fundo Traiuén S/Nº, de la comuna de Puerto Octay.

De lo anterior, se desprende que la actora tiene más de un domicilio, cuestión que se condice con lo dispuesto en los artículos 62 y 67 del Código Civil, que refieren: “El lugar donde un individuo está de asiento, o ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad” y que: “Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo”.

Quinto: Que así las cosas, constando que la recurrente, debidamente representada, otorgó el dato del domicilio en que se notificaron las resoluciones de multa con antelación a que aquellas se verificaran y que los demás antecedentes dan cuenta que la actora tiene más de un domicilio civil y que las cartas certificadas por las que se notificó las sanciones no fueron devueltas por no corresponder el domicilio, estos sentenciadores estiman que la recurrida no ha incurrido en una actuación ilegal o arbitraria que motive el ejercicio de las facultades cautelares que le asisten a esta Magistratura, por lo que el recurso será rechazado, como se dirá.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza, la acción interpuesta a folio Nº1, por estimar que en la especie no concurren los requisitos de procedencia de la misma, en especial, no se vislumbra actuación ilegal o arbitraria alguna de la recurrida que haya podido amagar el ejercicio de los derechos fundamentales de la actora.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por no haberse solicitado.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Mauricio Cárdenas García.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº331-2019.