nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

Puerto Montt, uno de agosto de dos mil veintidós Vistos Que a folio 1 comparece JOAQUÍN ESTEBAN CÉSAR GONZÁLEZ PLANZER, abogado, correo electrónico correo reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, por cuenta y representación de don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, chileno, soltero, comerciante, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; quien interpone acción constitucional de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legalmente por el Tesorero General de la República don nombre reservado, contador auditor, desconoce cédula de identidad, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado

En cuanto a los hechos señala que, con fecha 22 de abril del año 2003, se inicia un procedimiento administrativo de cobro de obligaciones tributarias, originario de la comuna de Porvenir, Región de Magallanes, en contra del recurrente nombre reservado. Dicho expediente figura bajo el rol N° 1002-2002.

Que, recién con fecha 20 de mayo de 2010 se procedió a notificar al recurrente del requerimiento de pago, es decir, 7 años después de iniciado el procedimiento administrativo. Posterior a esto, con fecha 26 de mayo de 2010, se procedió a trabar embargo sobre los derechos hereditarios que le corresponden sobre una sucesión inscrita a fj. 5248 N° 5049 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2006.

Así las cosas, con fecha 08 de septiembre del año 2020 se solicitó se declarara el abandono del procedimiento y, en subsidio, se declare el decaimiento del procedimiento administrativo. Ambas solicitudes fueron rechazadas por Tesorería con fecha 22 de septiembre de 2020. Su parte apelo solo respecto al abandono del procedimiento, y, con fecha 09 de julio de 2021, la resolución de Tesorería fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en atención a una supuesta gestión útil del año 2018.

Finalmente, presentó una excepción anómala ante Tesorería, solicitando se declarara la prescripción de las deudas en razón al excesivo tiempo transcurrido. Dicha solicitud fue rechazada en razón a que Tesorería resolvió que no existía dicha vía en las normas que regulan el cobro de obligaciones tributarias. La resolución fue confirmada ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en razón a que se estimó que la apelación no era procedente respecto a ese tipo de resoluciones.

En resumen, sostiene, hoy han pasado casi 19 años desde que inició el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias en contra del actor, el cual se mantiene vigente, con un embargo que tiene más de 10 años de existencia. La última gestión de cobro data del año 2018, la que consistió en un intento de embargo en un Banco en el que el recurrente no poseía cuenta. Posterior a esto, y tal como consta en el expediente, no han existido nuevas gestiones.

Sostiene que, el acto arbitrario e ilegal del presente caso es el excesivo transcurso del tiempo en un procedimiento administrativo, situación que en sí misma vulnera diversos Derechos Constitucionales del recurrente.

Afirma que los hechos anteriormente descritos han conculcado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 2, 3 y 24, al existir un procedimiento de cobro de obligaciones tributarias que ya lleva casi 20 años de tramitación Previas citas legales y jurisprudenciales, pide se acoja el recurso en todas sus partes, ordenando a la recurrida concluir de inmediato el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias rol N°1002-2002 originario de la comuna de Porvenir, o las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña copia de expediente administrativo ROL N°1002-2002 originario de la comuna de Porvenir de Tesorería General de la República.

A folio 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

A folio 5 la recurrida evacua informe solicitando el rechazo del recurso., sostiene al efecto que el supuesto acto legal o arbitrario, ocurriría en el marco de un proceso jurisdiccional, específicamente en el procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, el que se encuentra contenido en el Título V del Libro III del Código Tributario, en los artículos 168 a 199.

Sostiene que don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, mantiene una deuda con el fisco derivada de formularios 21, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, que a la fecha, la deuda alcanza la cantidad de $ 953.905.560 y se actualmente se encuentra en proceso de cobro en el Expediente Administrativo Rol N°1002-2002 de la comuna de Porvenir.

Detalla los hitos del proceso ejecutivo en el informe, sostiene que el recurso es inadmisible por improcedente en consideración a que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia.

Sostiene que en este procedimiento ejecutivo los ejecutados pueden oponerse a la ejecución y deducir las excepciones que correspondan, y serán, en último término, los Tribunales Ordinarios de Justicia quienes se pronunciarán sobre las excepciones deducidas y ordenarán seguir adelante o no con la ejecución.

De esta forma, y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos cuando para ello existen procedimientos ordinarios La materia debatida por el recurrente se relaciona con lo que él denomina un procedimiento administrativo seguido por la Tesorería General de la República.

Dicha situación es errónea ya que el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias es un procedimiento jurisdiccional que se desarrolla en diversas etapas, lo que se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia.

Que este procedimiento se desarrolle en diversas etapas, incluida aquella en que participa el Director Regional Tesorero en su carácter de Juez Sustanciador, no lo hace un procedimiento de carácter administrativo. Tanto es así, que el propio ejecutado de autos ha tenido la posibilidad de ejercitar diversos incidentes y recursos de carácter jurisdiccional ante el Director Regional Tesorero actuando como Juez Sustanciador y ante esta Corte los que han sido rechazados en diversas ocasiones.

Sostiene que el objetivo mismo que persigue el recurrente a través de la acción de protección, es que exista un pronunciamiento indirecto de la Corte en que se declare la caducidad del Juicio Ejecutivo de Obligaciones Tributarias, situación que no es posible ya que este procedimiento es orden jurisdiccional y no administrativo por lo que esta no constituye la vía idónea para impugnarlo.

Acompaña junto a su informe los siguientes documentos, con citación:

1) Copia Digitales del Expediente Administrativo Rol 1002-2002 de la comuna de Porvenir Que a folio 6 y 7 respectivamente, se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a sus derechos amparados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 2, 3 y 24; por la omisión ilegal y arbitraria consistente en el excesivo transcurso del tiempo en un procedimiento administrativo, señalando que al día de hoy han pasado casi 19 años desde que inició el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias en contra del actor, el cual se mantiene vigente, con un embargo que tiene más de 10 años de existencia.

TERCERO: Que la recurrida por su parte, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para promover las alegaciones del actor, toda vez que los actos supuestamente vulneratorios se enmarcan en la tramitación de un procedimiento ejecutivo seguido ante la justicia ordinaria.

CUARTO: Que, tal y como se adelantó, para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente en la privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

QUINTO: Que ponderados los antecedentes conforme las reglas de la sana crítica, no se aprecia la existencia de alguna conducta ilegal o arbitraria de la recurrida, que atente en contra de los derechos reclamados en el libelo.

En efecto, Tesorería acompaña a su informe Expediente Administrativo Rol 1002-2002 de la comuna de porvenir, sobre cobranza de deudas tributarias, en contra de nombre reservado, iniciado el 4 de mayo de 2022, que entre sus actuaciones da cuenta que aquélla fue notificada por cédula el 16 de mayo de 2022, y a su vez, consta resolución de 22 de abril de 2003 y en cuyo desarrollo se traba el embargo con fecha 26 de mayo de 2010.

SEXTO: Que, en estas condiciones, aparece que lo reclamado en esta acción cautelar no es sino la consecuencia de la existencia de un procedimiento legal llevado adelante por la recurrida, sin que pueda para este caso y conforme a los antecedentes aportados al recurso, apreciarse que el mismo adolezca de alguna ilicitud subsanable por la presente vía cautelar.

SÉPTIMO: Que por otro lado, refuerza la conclusión anterior, lo manifestado por las partes en estrados, quienes refirieron que el actor en esta acción constitucional, ha incidentado el abandono del procedimiento e interpuesto excepción anómala de prescripción extintiva, las cuales fueron promovidas ordinariamente ante la recurrida, cuyas resoluciones han sido objeto de recursos que han sido conocidos por esta Corte, evidenciándose entonces que el asunto de fondo no se compadece con la existencia de un derecho indubitado posible de ser protegido cautelarmente.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no concurriendo los presupuestos necesarios para que la acción cautelar prospere, esto es, que se haya incurrido en un acto ilegal y arbitrario y que se hayan conculcado derechos garantizados por la Constitución, no cabe sino disponer su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-3244-2022.