Protección contra resolución de fecha 16 de mayo de 2014

nombre reservado, doce de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

Que a fojas 10 comparece Álvaro Varela Walker, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de la Sociedad Empresas Aquachile S.A., persona jurídica del giro acuícola, Rol único Tributario 86.247.400-7, ambos con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la resolución de fecha 16 de mayo de 2014, dictada por don nombre reservado, Juez Sustanciador de la Tesorería Regional de nombre reservado, entidad pública domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad.

Señala el recurrente que con fecha 11 de abril de 2014, Empresas Aquachile S.A. retuvo al prestador de servicios en calidad de contratista de servicios de buceo, don nombre reservado, la suma de $24.771.596, en virtud del derecho de retención contemplado en el artículo 183 –C del Código del Trabajo, por no acreditar el íntegro cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Indica que con fecha 15 de abril de 2014 la Tesorería Regional de nombre reservado ordenó retener los montos adeudados a esa fecha a don nombre reservado, hasta por la suma de $56.561.448, por concepto de deudas fiscales en causa administrativa ROL N° 2966-2010, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”. Agrega que el 17 de abril de 2014 fue notificada de lo resuelto por el Primer Juzgado Civil de nombre reservado, tribunal que dispuso la retención de dineros que fueran de propiedad de nombre reservado, hasta por la suma de $5.000.000, medida decretada en causa Rol C-2790-2014.

Expone que con fecha 16 de mayo de 2014, Empresas Aquachile S. A. fue notificada de lo resuelto por don nombre reservado, Juez Sustanciador, quien dispuso pedirle cuenta respecto del embargo trabado el día 16 de abril de 2014 sobre facturas y prestaciones pecuniarias de nombre reservado, asimismo ordenó tomar un vale vista nominativo a nombre de la Tesorería General de la República por el monto de $19.771.596, cantidad que corresponde a la cantidad no afectada por la medida precautoria decretada en autos rol C-2790-2014 del Primer Juzgado Civil de nombre reservado, dinero que debía entregarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

Expresa que los actos ejecutados por el Juez sustanciador don nombre reservado, representan violación de las siguientes garantías constitucionales:

a) Artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Constitución, que consagra la legalidad del Tribunal. Señala que la resolución recurrida fue dictada por un órgano administrativo absolutamente parcial, toda vez que el Juez Sustanciador actúa en este caso como juez y parte, vulnerando el derecho legal de retención establecido en el artículo 183- C del Código del Trabajo a favor de sus representada y de los trabajadores de nombre reservado, convirtiéndose el señor Tesorero Regional en un Tribunal ad-hoc, al resolver acerca de materias que se encuentran expresamente contempladas en el ordenamiento jurídico laboral dentro de la organización judicial nacional;

b) artículo 19, número 3, inciso quinto de la carta fundamental, que consagra la garantía constitucional del debido proceso, puesto que de conformidad al artículo 420 del Código del Trabajo letras c) y d), corresponde a los tribunales de esa sede el conocimiento de las cuestiones derivadas de la aplicación de normas de previsión o de seguridad social, planteadas por pensionados, trabajadores activos o empleadores, asimismo de los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones laborales y de previsión o seguridad social que otorguen mérito ejecutivo;

c) artículo 19 N° 21 de de la Constitución, que consagra el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Argumenta que dar cumplimiento a la resolución del Juez sustanciador de fecha 16 de mayo de 2014, significaría desconocer el derecho legal de retención establecido a favor de su representada, además de dejar en el más absoluto desamparo a los trabajadores de nombre reservado, agregando que en caso que su representada no hubiere hecho ejercicio del derecho legal de retención que otorga el artículo 183- C del Código del Trabajo, la Tesorería General de la República no habría podido embargar fondos y mucho menos los trabajadores podrían hacer valer sus créditos sociales; y d) artículo 19 N° 24 del mismo texto, que consagra el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Manifiesta que la resolución impide a su representada ejercer los actos y derechos que derivan de su calidad de empresa principal contemplada en el Código del Trabajo en su título VII “Del trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresa de servicios transitorios”, ya que en momentos en que ésta se disponía a ejecutar los pagos por subrogación, la Tesorería General de la República dispuso el embargo de los fondos destinados a estos efectos.

Termina solicitando se tenga por interpuesto el recurso y se le acoja, disponiendo que Empresas Aquachile S.A. está obligada a respetar el derecho legal de retención contemplado en el artículo 183-C del Código del Trabajo, como también el recurrido debe abstenerse de ejecutar cualquier otra conducta al margen de la ley que impida a la recurrente hacer ejercicio de su derecho legal de retención y cancelar los montos adeudados a los trabajadores del contratista individualizados en el texto del recurso, sin perjuicio de las demás providencias que esta Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar a la afectada la debida protección, con costas.

A fojas 22 se declara admisible el recurso.

A fojas 23 se concede orden de no innovar.

A fojas 66 la recurrida evacua informe solicitando el rechazo del recurso con costas, toda vez que en ninguna de sus partes el recurrente señala o atribuye al Juez Sustanciador un acto ilegal o arbitrario, así como tampoco fija la manera en que se produce la privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales que se mencionan. Expresa que el acto que se imputa como vulnerador del orden jurídico es una resolución dictada por el Juez Sustanciador de Los Lagos dictada en ejercicio de las facultades que le han sido entregadas por ley y dentro del ámbito de su competencia, lo que armoniza con el artículo 7 de la Constitución Política de la República. Agrega que todo lo obrado en el juicio ejecutivo tributario que se lleva afecto en contra de don nombre reservado ha sido realizado conforme a las reglas establecidas en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario y a la legislación vigente.

Agrega no se trata de una actuación arbitraria, pues teniendo el ejecutado deuda morosa con el Fisco de Chile, habiéndose ampliado el embargo y materializado su traba, el Juez Sustanciador estaba obligado a adoptar todas las medidas necesarias y conducentes para que el dinero embargado ingresara en arcas fiscales, cuestión que en ningún caso podría calificarse de antojadiza ni mucho menos carente de fundamento, pues la deuda tributaria existe y el embargo fue efectivamente trabado, de tal forma que el Juez Sustanciador solamente ha dado cumplimiento a la legislación vigente y a las obligaciones que el Código Tributario, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería y la Ley de Administración Financiera del Estado, la han impuesto para el cobro de los créditos del sector público.

Reitera que el recurso adolece de manifiesta falta de fundamento al no indicar la forma en que la resolución recurrida afecta los derechos que estima vulnerado.

Respecto de la vulneración de garantías indica que ninguna de las mencionadas por el recurrente en su recurso ha sido conculcadas, ya que el tesorero regional es quien según la ley actúa como Juez Sustanciador encargado de llevar adelante los juicios ejecutivos tributarios, utilizando el procedimiento señalado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, por lo que no se advierte como se han conculcado las garantías de legalidad del Tribunal y debido proceso. Manifiesta, asimismo, que el embargo de los dineros de nombre reservado no coarta el derecho que tiene empresas Aquachile para trabajar y generar trabajo, no vulnera el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y tampoco afecta el derecho de propiedad, pues el embargo fue trabado en bienes del ejecutado nombre reservado y no en dineros de la recurrente.

Agrega, además, que el recurrente carece de un derecho indubitado ya que el derecho de retención laboral no lo es, pues debe cumplir una serie de requisitos cuyo cumplimiento no se ha acreditado en la especie. Dichos requisitos dicen relación con la existencia de un contrato entre la empresa principal y el contratista que de por establecida la relación de subcontratación y que la contratista, previo requerimiento de la empresa principal, no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. De esta forma la empresa principal tiene el derecho a exigir ser informada. Derecho de información que si no es ejercido impide retener. Además indica que el derecho del artículo 183-C del Código del Trabajo es para retener y pagar las sumas adeudadas respecto de quienes se verificó el incumplimiento laboral y previsional, sin que el retenedor tenga la facultad de simplemente retener, cuestión que se aviene más al concepto de garantía que a un derecho protector de los trabajadores. Por el contrario la recurrida sí posee un título ejecutivo contra el deudor en cuya virtud ha trabado embargo para hacerse pago de su acreencia.

Por otro lado, el recurrido alude a la falta de oportunidad en alegar el derecho invocado, ya que al momento de efectuarse la traba del embargo no hizo declaración al respecto, en circunstancias que con fecha 11 de abril ya había retenido dichos dineros, asimismo, no recurrió en contra del juzgado Civil de nombre reservado el que también tenía una medida de retención contra dineros retenidos por la recurrente.

Señala además, que lo obrado en el procedimiento de cobro no solo se encuentra ajustado a derecho, sino que cuenta con expresa aprobación del deudor moroso. En efecto, con fecha 17 de abril de 2014 el ejecutado nombre reservado efectúo una presentación en el expediente de cobro solicitando que los dineros embargados el día 16 de abril de 2014 fueran imputados a su deuda con el máximo de condonación.

Termina diciendo que quien comete un acto arbitrario e ilegal es Empresas Aquachile S. A, pues rehúsa cumplir con lo decretado por el Juez Sustanciador, en circunstancias que el derecho afectado no le pertenece. El Fisco trabó embargo sobre dineros del ejecutado nombre reservado que están en poder de la empresa Aquachile y el derecho de retención laboral que alude no constituye fundamento válido para incumplir lo decretado en un juicio ejecutivo tributario seguido contra un tercero, por cuanto la naturaleza de esta retención es la de una medida precautoria que tiene por objeto asegurar el resultado de un posible juicio entre partes, en el que siempre existirá la contingencia incierta de ganancia o pérdida.

Por lo demás, agrega el recurrido en su informe, habiéndose trabado embargo en los dineros del ejecutado, tales sumas han salido de toda disposición que pueda hacer Aquachile S.A., ya que el dinero está efecto al pago de la acreencia de un tercero en un procedimiento ejecutivo que se sustenta en un derecho indubitado, recordando que el artículo 1464 del Código Civil atribuye objeto ilícito a los actos de disposición que una persona haga de sus bienes cuando han sido de una medida de embargo, por lo que si el titular de los bienes no puede disponer de ellos, menos aún podrá hacerlo un tercero, como pretende.

Solicita el rechazo del recurso, declarando que el recurrente debe cumplir la resolución dictada por el Juez sustanciador el 16 de mayo de 2014 en autos administrativos 2966-2010, con expresa condenación en costas.

A fojas 29 rola expediente administrativo de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias Rol 2966-2010, respecto de nombre reservado

A fojas 78 se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, este recurso constituye una acción constitucional disponible para todo aquel que se considere privado, perturbado o amagado en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías que expresamente menciona el artículo 20 de la Carta Fundamental, pudiendo ocurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva a fin se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección.

SEGUNDO: Que, siempre resulta indispensable para esta pretensión cautelar que tal privación, perturbación o amenaza, sea motivada por la realización de una conducta o la omisión de otra, arbitraria o ilegal, vale decir, producto del mero capricho, carente de razón, proporción o fundamento, o desapegada de la legalidad vigente.

TERCERO: Que, en este caso se ha fundado la acción de protección en la violación de los derechos consagrados en el artículo 19 Nº3, incisos 4º y 5º, Nº21 y Nº24 de la Constitución Política de Chile, específicamente, y sin perjuicio de los errores de referencia al texto constitucional que presenta el recurso, respecto de las garantías de legalidad del tribunal, debido proceso, libertad de trabajo o derecho a desarrollar cualquier actividad económica y derecho de propiedad, por cuanto el señor Tesorero Regional de nombre reservado, en su calidad de Juez Sustanciador, arbitraria e ilegalmente, por resolución de fecha 16 de mayo de 2014, en Expediente Administrativo Rol 2.966-2010 seguido en contra del deudor nombre reservado, pidió cuenta a Empresas Aquachile S.A., respecto del embargo trabado sobre dineros de deudor el día 16 de abril del mismo año, disponiendo que dicha empresa tomara vale vista a nombre de la Tesorería General de la República por un monto de $19.771.596, debiendo entregar dicho documento en Tesorería dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, dinero retenido por la empresa en virtud de lo establecido en el artículo 183 C del Código del Trabajo, por no haber acreditado el prestador de servicios como contratista don nombre reservado, el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores.

CUARTO: Que de acuerdo a los antecedentes allegados por las partes, se pueden dar por acreditados los siguientes hechos:

1.- Mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2014, dictada por don nombre reservado, Director Regional Tesorero, Juez Sustanciador, Región de Los Lagos, en expediente administrativo Rol 2.966-2010 nombre reservado, se agregó a sus antecedentes resolución del expediente judicial Rol C-2790-2014 del Juzgado Civil de nombre reservado, que decretó la medida prejudicial de retención de dineros que posee la empresa Aquachile S.A., respecto del ejecutado de los autos administrativos don nombre reservado, hasta por la suma de $5.000.000.

2.- En esa misma resolución se dejó constancia que por resolución de 15 de abril de 2014, en dichos autos se amplió el embargo al ejecutado nombre reservado, ordenándose su traba sobre dineros, facturas y toda prestación pecuniaria que empresas Aquachile S.A. le tuviera que pagar. En esa virtud, el 16 de abril de 2014 se trabó embargo sobre dineros del ejecutado que estaban en poder de la citada empresa, por un monto de $24.771.596 y, con fecha 28 de abril de 2014, se ordenó a Aquachile S.A., pusiera a disposición de la Tesorería General de la República la suma embargada.

3.- El Juez Sustanciador considerando la existencia de la medida precautoria ordenada en sede civil hasta por el monto de $5.000.000, determinó la existencia de un monto no litigado de $19.771.596, pidiendo cuenta a la empresa Aquachile S.A., del cumplimiento de la remisión de fondos, ordenando en la resolución de fecha 16 de mayo de 2014 antes aludida, que la empresa Aquachile S.A. tomara vale vista nominativo a nombre de la Tesorería General de la República por un monto de $19.771.596 correspondiente al monto no afectado por la medida precautoria decretada en los autos civiles, y entregara dicho documento dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación, al señor Tesorero Regional de nombre reservado don nombre reservado, o al abogado del Servicio de Tesorerías don nombre reservado. Determinó, asimismo, que respecto de los $5.000.000 embargados y afectados simultáneamente por la medida precautoria citada, se tomara vale vista tan pronto esta medida quedara sin efecto.

4.- Se notificó la referida resolución por carta certificada a don nombre reservado y a específicamente a don nombre reservado, en representación de Aquachile S.A., por cédula, el día 16 de mayo de 2014.

QUINTO: Que, estos sentenciadores estiman que la resolución de fecha 16 de mayo de 2014, dictada por don nombre reservado, Director Regional Tesorero y Juez Sustanciador de la Región de Los Lagos, en autos administrativos de cobro Rol 2.966-2010, no constituye un acto arbitrario o ilegal que conculque los derechos fundamentales que señala la presente acción de protección, toda vez que se encuentra ajustada al marco jurídico constitucional y legal que regula las facultades y las obligaciones del Tesorero Regional y Juez Sustanciador en un determinado procedimiento legal.

SEXTO: Que, efectivamente el aludido acto corresponde a una resolución dictada dentro del procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero que expresamente le entrega al recurrido el artículo 168 y normas que le siguen del Código Tributario y justamente dentro del ámbito de atribuciones conferidas por dicho texto ha actuado el Juez Sustanciador, por lo que no se advierte de que manera arbitraria o ilegal se ha vulnerado la garantía a la legalidad del Tribunal que consagra el artículo 19 Nº 3 inciso quinto de la Constitución Política del Estado.

SEPTIMO: Que, las mismas razones expuestas precedentemente dan cuenta además de la existencia de un debido proceso, legalmente tramitado, garantía establecida en el inciso sexto del Nº 3 del citado artículo 19 de la carta fundamental y la que por lo demás no forma parte de los derechos protegidos por la presente acción cautelar constitucional, por lo que su mención solamente se hace a título referencial.

OCTAVO: Que, en lo concerniente a los derechos a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, prevista en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución, aparte de reafirmar esta Corte lo que se ha venido razonando sobre la legitimidad de la sede y tenor de la resolución impugnada, no se vislumbra de qué forma dicho acto ha podido amagar el ejercicio de esta garantía, ya que la resolución de marras no prohíbe, restringe o limita las relaciones productivas, comerciales o laborales de la empresa Aquachile S.A., sin que el texto del recurso aporte luz alguna sobre este punto.

NOVENO: Que, respecto del derecho de propiedad del Nº 24 del artículo 19 tantas veces mencionado, tampoco estos sentenciadores advierten como la retención de dineros pertenecientes al ejecutado, que a mayor abundamiento ha consentido en la medida, ordenada conforme a un procedimiento tramitado de acuerdo a la ley y dentro de la esfera de competencia del que lo sustancia, pueda amagar la propiedad del recurrente. No aparece suficiente que Aquachile S.A. haya hecho uso del derecho previsto en el artículo 183 letra C del Código del Trabajo, respecto de dineros del ejecutado mencionado como contratista de ella, para posteriormente decidir pagar por subrogación al trabajador o institución previsional que resulte acreedora, ya que no aparece acreditado el régimen de relación laboral entre Aquachile S.A. y el ejecutado nombre reservado y la certificación del incumplimiento de precisas obligaciones laborales y previsionales de éste para con trabajadores que hayan ejecutado obras o servicios para la denominada empresa principal dentro del régimen de subcontratación previsto en el Código del ramo.

DECIMO: Que por las razones anotadas, estos sentenciadores deberán rechazar el presente recurso.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas diez por el abogado don Alvaro Varela Walker, en representación de la sociedad Empresas Aquachile S.A., en contra de la resolución dictada con fecha 16 de mayo de 2014 por don nombre reservado, Director Regional Tesorero, Juez Sustanciador de la Región de Los Lagos, en expediente administrativo de cobro Rol Nº 2.966-2010 nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 322-2014 Redacción del abogado integrante Roberto Henríquez Valenzuela.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por el Presidente don nombre reservado, la Ministra doña Teresa Mora Torres, y por el Abogado Integrante don Roberto Henríquez Valenzuela Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.

nombre reservado, doce de junio de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que precede.