SECURITY SERVICIOS LTDA. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, dieciocho de abril de dos mil diecinueve.

Visto:

Ante esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 01 de marzo de 2019 y en folio N°1, compareció la abogada doña Jessica Paulina Moreira Godoy por Security Servicios Limitada, del giro de su denominación, ambas con domicilio en domicilio reservado. Recurrió de protección contra la Inspección Provincial Del Trabajo de Puerto Montt, representada por el Inspector Provincial don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado. Sostuvo la afectación ilegal y arbitraria de sus garantías consagradas en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, ocasionada por resolución N°16 de 16 de enero de 2019 que rechazó la reconsideración administrativa presentada en contra la multa N°6227/2018/50 de 16 de noviembre de 2018. Arguyó un error de hecho durante la sorpresiva fiscalización realizada, pues se impuso multa con base en un libro de asistencia obsoleto entregado equivocadamente por el jefe de turno. Además, no fue entregada el acta de inicio de la fiscalización ni el acta de requerimiento de información.

Pidió en definitiva que, acogiéndose con costas su acción, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho y, en especial, se deje sin efecto la multa.

Con fecha 05 de marzo de 2019 y en folio N°4, se declaró admisible el recurso de protección.

Con fecha 18 de marzo de 2019 y en folio N°10, la abogada doña Yoselin Paz Guelet Calisto por la recurrida Inspección Provincial Del Trabajo de Puerto Montt, informó peticionando el rechazo con costas del recurso de protección. En primer lugar, planteó la extemporaneidad en el ejercicio de la acción constitucional, pues el plazo venció el 22 de febrero de 2019, al depositarse la carta certificada correspondiente el día 17 de enero del mismo año en las oficinas de Correos de Chile. En segundo lugar, alegó la improcedencia del recurso de protección, porque el procedimiento administrativo subyacente no resultaría ser tutelable por esta vía, sobre todo, atendido el proceso de lato conocimiento establecido en los artículos 503 o 511 del Código del Trabajo, conllevando la inexistencia de acto arbitrario, ilegal y lesivo de garantías constitucionales indubitadas de la parte recurrente de protección. Finalmente, no fue acreditado el error de hecho invocado durante la tramitación administrativa que antecedió.

Con fecha 20 de marzo de 2019 y en folio N°11, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y tutelables por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, la acción cautelar deducida por la parte recurrente se fundamenta en la afectación ilegal y arbitraria de sus garantías constitucionales, ocasionada por resolución N°16 de 16 de enero de 2019 que rechazó la reconsideración administrativa presentada en contra la multa N°6227/2018/50 de 16 de noviembre de 2018 Arguyó que existió error de hecho durante la sorpresiva fiscalización realizada, pues se impuso la multa en base a un libro de asistencia obsoleto entregado equivocadamente por el jefe de turno. Además, no fue entregada el acta de inicio de la fiscalización ni el acta de requerimiento de información.

Al informar la parte recurrida, en primer lugar, planteó la extemporaneidad en el ejercicio de la acción constitucional. En segundo lugar, alegó la improcedencia del recurso de protección, porque el procedimiento administrativo subyacente no resultaría ser tutelable por esta vía. Finalmente, sostuvo la falta de acreditación del error de hecho invocado durante la tramitación administrativa que antecedió.

Tercero: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó: 1) copia de resolución de multa N°6227/2018/50; 2) copia de resolución N°16 de 16 de enero de 2019.

A su vez, la parte recurrida acompañó: 1) copia de resolución N°16 de 16 de enero de 2019; 2) copia de solicitud de recurso administrativo contra multa N°6227/2018/50; 3) formulario FI-1: notificación de inicio de fiscalización; 4) carátula de informe de fiscalización N°1001/2018/1757; 4) informe de exposición N°1001/2018/1757.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en lo pertinente, se tiene por acreditado: Que, mediante resolución N°16 de 16 de enero de 2019 se rechazó la reconsideración administrativa presentada en contra la multa N°6227/2018/50 de 16 de noviembre de 2018. Que, en la reconsideración administrativa se alegó error de hecho ocurrido durante la fiscalización realizada, limitándose a negar las infracciones constatadas. Que, durante la fiscalización se entregó el acta de inicio de la fiscalización dejándose constancia del requerimiento de información.

Quinto: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En la especie, se recurrió de protección contra la resolución N°16 de 16 de enero de 2019 que rechazó la reconsideración administrativa presentada contra la multa N°6227/2018/50 de 16 de noviembre de 2018. Dicha resolución N°16 fue notificada a la recurrente por carta certificada depositada en la oficina de Correos de Chile el 17 de enero de 2019, entendiéndose notificada para todos los efectos legales al sexto día hábil, esto es, el 23 de enero de 2019 de acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo. En consecuencia el plazo vencía el 22 de febrero de 2019 y el recurso de protección se presentó el 1 de marzo de 2019 habiendo trascurrido más de 30 días. Por lo tanto, no se ha ejercido oportunamente la presente acción constitucional.

Al respecto debe considerarse que el ejercicio de la acción constitucional de protección constituye un proceso de naturaleza jurídico-cautelar para la tutela efectiva de garantías y derechos preexistentes e indubitados. Lo anterior, condiciona y determina su procedencia, en tanto sólo resultará justificada la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho ante una amenaza, perturbación o privación cierta de alguna de las garantías y derechos fundamentales tutelados; con lo cual, desaparecerá tal supuesto insoslayable cuando no se accionó en tiempo y forma.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, para resolver la procedencia del presente recurso de protección, en primer lugar, habría debido establecerse la existencia de una conducta ilegal o arbitraria. Una acción u omisión será ilegal si transgrede alguna norma legal, o bien, arbitraria si carece de justificación o razonabilidad.

Para determinar la configuración de la conducta ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si puede efectuarse tal calificación respecto de la resolución N°16 de 16 de enero de 2019 que rechazó la reconsideración administrativa presentada contra la multa N°6227/2018/50.

Al respecto, debe sopesarse que el acto reprochado corresponde a una facultad de la Administración cuya revisión jurisdiccional debe circunscribirse a la concurrencia de los requisitos de validez y eficacia intrínseca del acto administrativo correspondiente. Tales requisitos consisten en: a) investidura o autoridad; b) competencia; c) forma; d) existencia o licitud de motivo y; e) medios y fin ajustado a la ley del fondo según la materia.

En la especie, la recurrente planteó la inexistencia del motivo, es decir, del presupuesto fáctico habilitante del acto administrativo reprochado y de la debida fundamentación del mismo. Consta de los hechos establecidos en el motivo cuarto, que tales motivos han precedido y han sido explicitados en la resolución N°16 y la recurrente no ha rendida prueba alguna que hubiese desvirtuado la presunción de veracidad de los hechos constatados por los inspectores del trabajo durante el desempeño de su cargo.

Con lo cual, la resolución recurrida guarda observancia con lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, conforme a los cuales, los actos administrativos terminales deberán siempre expresar los hechos y fundamentos de Derecho cuando afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, y cuando resuelvan recursos administrativos.

En todo caso, invocada la ocurrencia de presuntos errores de hecho en la dictación del acto administrativo, la actora debió reclamar conforme al procedimiento especial de los artículos 503 o 511 del Código del Trabajo. De tal manera, no se aprecia que haya precedido la acción ilegal o arbitraria denunciada, condición insoslayable para la procedencia de este recurso.

Séptimo: Que, además, no resultó acreditado que la parte recurrente haya sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales denunciadas.

Que, en consecuencia, no aparece de los antecedentes que la recurrida Inspección Provincial Del Trabajo de Puerto Montt haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna respecto de la actora, razón por la que el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Security Servicios Limitada, en contra de la Inspección Provincial Del Trabajo de Puerto Montt.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez.

Rol N° 317-2019 Protección.