nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, trece de diciembre de dos mil diecinueve.- VISTOS:

Comparece Sandra Soto Aros, abogada, a nombre y en representación de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, quien recurre de protección en contra del COMITÉ DE nombre reservado PIEDRA AZUL, domiciliado en domicilio reservado, Piedra azul, comuna de nombre reservado, por actos arbitrarios e ilegales que atentan contra la garantía del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada es dueña del inmueble ubicado en el sector de Pichiquillaipe, y socia del APR del Comité de nombre reservado del sector RALIMÓ PIEDRA AZUL, con sus pagos de nombre reservado al día; que en reiteradas ocasiones reclamó que no tenía presión de nombre reservado en su domicilio, sin respuesta por parte del APR, y el día martes 2 de octubre del año 2019 revisó el medidor y arranque que está al lado de su cerco, por la baja presión de agua. Sostiene que en cinco oportunidades concurrió a la oficina de la recurrida para solicitar la revisión del servicio.

También atribuye a la recurrida haber conectado en forma indebida el nombre reservado a su vivienda, con un elemento defectuoso, específicamente con una tapa dentro de una cañería de pvc. Sostiene que la baja presión de agua era tal que no permitía bañarse, encender el calefón o para el correcto llenado y limpieza del inodoro.

Señala que el medidor de agua N° A18AA0119774 fue retirado por la recurrida, con lo que la dejó sin suministro, atribuyéndole una intervención maliciosa que nunca ocurrió y que le fue notificada el 7 de octubre de 2019.- Estima que existe arbitrariedad e ilegalidad en el corte de la tubería de paso de nombre reservado desde la matriz a su medidor ya referido, ubicado dentro de su propiedad y con lo que fue privada del elemento vital sin causa legal alguna, vulnerando su derecho humano.

Agrega que está contemplado en el artículo 9º de los estatutos, obligatorios para la recurrida, que sólo el no pago del consumo del agua por seis meses dará derecho al corte del medidor de agua, situación que no se da en este caso, por lo que de forma arbitraria la recurrida le suspende el suministro de nombre reservado, pese a que se encuentra pagada la instalación del medidor, y siendo de su propiedad, y que además como propietaria se encuentra al día en el pago de sus consumos, conforme a boleta N° 032025 emitida por el comité.

Menciona además que la notificación no tiene fecha y es una carta de tres líneas que señala expresamente la Ley 18.119 y artículo 459 de código penal; y agrega que el 2 de octubre pasado operarios del APR fueron a romper el acceso al nombre reservado al lado de fuera de la propiedad y le entregaron esta hoja de notificación sin fecha, luego de romper el arranque, quedando sin el elemento vital para su sustento.

Agrega que el 7 de octubre de 2019 asiste a oficinas de la recurrida y se le hace entrega de una carta del 27 de septiembre de 2019, antes de ocurrir el hecho del corte del suministro de nombre reservado, sin derecho alguno a realizar alguna vía administrativa en la misma entidad.

Pide en definitiva el restablecimiento del nombre reservado a costa del recurrido y del medidor de su domicilio, con costas.

Informa el recurso doña nombre reservado, abogada, por la parte recurrida, señala que los hechos descritos en el Recurso de Protección y que motivan la presente causa no obedecen a la realidad. Expone que el 24 de septiembre los operadores del Comité recurrido detectaron, en el Sector domicilio reservado, que dos personas se encontraban trabajando en la construcción de una casa e intervinieron una matriz sin solicitar la autorización para ello a la Directiva del Comité. Al llegar a dicho lugar señalan a las personas que no pueden intervenir la matriz, por lo que llaman inmediatamente al Presidente del Comité, don nombre reservado, quien se apersona al lugar y constata que las dos personas se encontraban trabajando en la propiedad de la recurrente y excavaron donde está la matriz, apostada afuera de la propiedad de la recurrente, con el fin de intervenirla, por lo que el Presidente del Comité les señala la irregularidad de la situación y que procederán a tomar las medidas que pertinentes. Que horas después el Presidente el Comité informa por medio del grupo de “whatsapp” del Comité la situación irregular que había ocurrido.

Con fecha 25 de septiembre la recurrente concurre al Comité a cancelar su cuenta de agua, según se acredita mediante copia de boleta número 033835, y en esa oportunidad las secretarias administrativas le señalan que la notificarán del daño ocasionado al Comité de nombre reservado por la intervención de matriz de nombre reservado ocurrida el 24 de septiembre, pero aún tienen pendiente solicitarle la firma al Vice - Presidente del Comité don nombre reservado, por lo que en cuanto él firme la contactarían para entregarle la notificación.

El mismo 25 de septiembre de 2019, el Presidente del Comité recurrido concurre a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Región de Los Lagos, a fin de interponer un reclamo contra el señor nombre reservado, uno de quienes se encontraba realizando trabajos en la propiedad de doña nombre reservado, y que intervino la red matriz del Comité sin autorización, quien se atribuyó facultades para ello, exhibiendo una credencial vigente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El día 27 de septiembre del año en curso, se logra obtener la firma faltante, por lo que se extiende la notificación y se procede a contactar telefónicamente a doña nombre reservado para que concurra al Comité y se le pueda notificar personalmente de la carta que informa que será suspendida del Comité, en ningún término expulsada o privada permanentemente del vital suministro, por la falta gravísima consistente en la intervención de las matrices de agua del Comité. Dicha notificación fue retirada por la pareja de la recurrida, don nombre reservado el día 07 de octubre del presente, reiterando que días antes los operadores del Comité habían entregado en el domicilio de la recurrente una notificación tipo, frente a casos irregulares y eventualmente constitutivos de vulneración a la normativa que regula al Comité.

Finalmente, el 14 de octubre, en circunstancias que la Directiva del Comité APR Ralimó Piedra Azul se encontraba en una reunión de trabajo con la I. Municipalidad de nombre reservado y el Comité de Trabajo de Piedra Azul, la recurrente junto a su pareja se apersonaron informándoseles que se encuentran suspendidos del suministro, pudiendo -con la firma de la carta y el pago de una multa de 11 UTM- ser restablecidos en el servicio de nombre reservado. De lo contrario, sería expulsada de su calidad de socia del Comité de nombre reservado Piedra Azul.

Señala que el Comité se ajustó a la normativa y que, como da cuenta el correo electrónico enviado por la Secretaria Administrativa Denis Soto de 18 de octubre, la carta del día 14 del mismo mes que se le entrega a doña nombre reservado fue editada por instrucción de algunos miembros del Comité. Carta que la recurrida no firmó y que en su versión original señala: "Cabe mencionar que doña nombre reservado debe cancelar la multa mínima de 11 UTM ($530.000) que se fue comunicada por la directiva en la reunión en la cantidad de 8 cuotas de $66.250 mensualmente, a partir del 30 de octubre de presente año, además serán cancelados el corte y reposición por la suma de $14.500 en el mes n° 9. De no cancelar la multa ya mencionada la señora nombre reservado será expulsada de su calidad de socia de Comité de nombre reservado Piedra Azul".

Con lo expuesto, y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: que en este caso la recurrente ha reprochado como acto ilegal y arbitrario de la recurrida, la suspensión del suministro de nombre reservado con que cuenta su vivienda, ocurrido por el retiro del respectivo medidor y arranque.

Que la efectividad de este hecho se ve corroborada con el informe evacuado por Carabineros de Chile en su oficio agregado al folio 5, en especial las fotografías de su anexo, todas las cuales acreditan que al tiempo de la visita del personal policial la recurrente carecía de nombre reservado, por encontrarse interrumpida -deshabilitada- la red de suministro.

Que entre las partes no existe discusión en cuanto a la efectividad del hecho que motiva este recurso, y que consiste en que la recurrida privó del suministro de nombre reservado de la recurrente, que es su afiliada, atribuyéndole una intervención del medidor, que la recurrente también reconoce pero atribuye a la imperiosa necesidad de solucionar los defectos de presión de agua, tras reiterados reclamos que no fueron atendidos por el Comité. La recurrida, en cambio, sostiene que dispuso y ejecutó la suspensión del servicio como sanción frente a la intervención efectuada al medidor, sin su permiso.

Tercero: Que tampoco hay controversia en cuanto a la membresía de la recurrente en relación al Comité. En este punto, y aun cuando la recurrida sostiene que la Dirección de Obras Hidráulicas durante el año 2016 recomendó suspender las factibilidades para conexión de usuarios, reconoce que aceptó y dispuso voluntariamente la conexión a la recurrente, lo que la hizo contraer la obligación de proveerle un servicio adecuado, como a los demás afiliados del referido Comité.

Que, de esta forma, doña nombre reservado es titular de un derecho a ser suministrada de nombre reservado, por medio de la conexión con las tuberías de la recurrida, derecho que se reviste del carácter de indubitado para los efectos de implementar las medidas que propias del presente recurso, en caso que sea afectado en grado de privación, perturbación o amenaza proveniente de un acto u omisión arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que la carta de 27 de septiembre de 2019, acompañada por ambas partes y que contiene la versión de la recurrida en cuanto a los motivos que tuvo para ejecutar el acto contra el que se reclama, sería haber sorprendido a la recurrente interviniendo el medidor y con ello una matriz de nombre reservado del Comité, por lo que suspende dicho servicio en base a que existiría infracción a los estatutos y estimando que se constituiría una falta prevista en el artículo 9 de los estatutos.

Que, sin embargo, las disposiciones estatutarias citadas y que corresponden a las obligaciones “B” y “C”, así como el artículo 9 de los estatutos a que se aluden, no establecen la sanción de suspensión del servicio que ha sido impuesta, ni la multa aplicada. Tampoco regulan la gravedad de esa falta.

En este punto, y aun cuando en su informe invoca el artículo 47 letra “g” de la ley 20998 sobre servicios sanitarios rurales, norma que permite la suspensión del servicio en caso de comprobarse daños a las instalaciones, equipos o bienes del operador, lo cierto es que no se invocó, ni acreditó de manera alguna, que la recurrente o las personas que por ella efectuaron una intervención destinada a reparar el suministro, hubieran provocado en forma efectiva algún daño.

Que en este sentido, ni en aquella carta de fecha 27 de septiembre, ni en el informe presentado por la recurrida en este proceso, se ha señalado si los elementos fueron alterados de alguna manera que hubiese podido mermar su capacidad, calidad o condición; por lo que ese acto que la recurrida reprochó a la recurrente, pareciera responder a la necesidad imperiosa que ésta sufría para solucionar el problema de presión de nombre reservado que relata, ante la omisión que reprocha al Comité en ese aspecto.

Con todo, el presente recurso no tiene por finalidad resolver la controversia que pueda existir entre las partes en relación a la calidad del servicio, sino únicamente la afectación a derechos constitucionales relativos a la privación del suministro de nombre reservado, materia sobre la cual cabe no consta que la recurrida se encuentre efectivamente premunida de la facultad o atribución que invoca en su carta de 27 de septiembre de 2019 y que aplicó contra la recurrente, sin mediar un hecho dañino perpetrado por ésta y cuya gravedad sea proporcional a la suspensión de suministro de nombre reservado.

Quinto: Que de todo lo señalado, no es posible enmarcar la actuación de la recurrida dentro de la legalidad, y tampoco cabe calificarla de razonable y prudente, sino en cambio, se aprecia como arbitraria o atribuible al mero capricho, cuyo resultado fue el de afectar el legítimo ejercicio de la recurrente en relación a su derecho no dubitado, como titular de aquellos derechos que provienen de su calidad de miembro del Comité de nombre reservado, cuyo ejercicio corresponde asegurar por esta vía disponiendo aquellas medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Que sobre esta materia y por haberse restablecido provisoriamente el suministro en cumplimiento a la orden de no innovar que fue decretada durante a sustanciación del presente recurso, corresponderá que la recurrida se abstenga de reiterar o renovar dicha suspensión en relación a los mismos hechos.

Por los motivos expuestos, disposiciones citadas y lo previsto además en los artículos 19 Nº24 y 20 de la Constitución Política de la República, se declara que se acoge el recurso de protección que doña nombre reservado ha planteado a favor de doña nombre reservado, en contra del Comité de nombre reservado Piedra Azul, representado por su Presidente Sr. nombre reservado, o quien lo subrogue o reemplace, quien deberá abstenerse de disponer la suspensión y/o limitación del servicio de nombre reservado de la recurrente, en relación a los hechos materia de autos.

Que no se condena en costas a la recurrida por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado Integrante Christian Löbel Emhart.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en la presente causa por encontrarse con feriado legal.

Rol Corte N° 3140-2019.