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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3038-202222 jul 2022

nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE ANCUD

Fecha
22 de julio de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Puerto Montt
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 3038-2022, sentencia de 22 de julio de 2022

Resumen

Se rechaza la protección contra el alcalde de Ancud por el cambio de nombre de un tramo de calle, al estimarse que el municipio cumplió la participación ciudadana mediante el COSOC y la unidad vecinal, sin actuar ilegal ni arbitrariamente.

Texto íntegro

Puerto Montt, veintidós de julio de dos mil veintidós.

Visto:

A folio N° 1, comparece el abogado Camilo Vargas, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y deducen acción de protección en contra del alcalde de la Municipalidad de Ancud, Sr. Carlos Gómez Miranda, por cuanto aquel incurrió en una actuación ilegal o arbitraria consistente en haber participado en la sesión del Consejo Municipal en que éste adoptó la decisión de llevar a efecto el cambio de nombre a la calle Hueihuen de dicha ciudad que afecta a un tramo que va desde la intersección con calle San Vicente de Paul y hasta el final de la misma, a la altura del número 480, pasando a denominarse en ese tramo calle nombre reservado, lo que habría ocurrido sin las formalidades legales y sin consulta previa de todos los vecinos afectados.

Indica que dicha decisión se adoptó en la sesión de 2 de mayo pasado y que los vecinos se enteraron por una publicación en redes sociales y que la ilegalidad consiste en que en aquella, la ministra de fe manifestó al inicio de la misma que no se había hecho llegar la tabla de asuntos a tratar ni la de las sesiones anteriores, lo que importa una infracción al reglamento de funcionamiento del Consejo y por esa vía a lo previsto en la Ley N° 18.695, ya que se pretende ejercer las funciones del artículo 5° letra c) sin contar con un acuerdo válido de dicho órgano colegiado a la luz del artículo 2° letra X) del Reglamento ya referido.

Por otra parte, arguye que el acto es ilegal y arbitrario porque no se ha cumplido con los estándares para asegurar la participación ciudadana conforme lo exige la Ley N° 20.500, ya que tanto en la decisión de cambio de nombre como en la de elección de la nueva denominación no fueron consultados los vecinos del sector.

Expone que la afectación que le produce la actuación reprochada se sigue del hecho que la calle tiene el nombre de Hueihuén desde hace más de 80 años, que en ella se ubica un colegio y hogar de ancianos y que el cambio de denominación implica enemistad entre vecinos - ya que corresponde al de un antiguo militante y dirigente del Partido Socialista de la ciudad -, además de afectación emocional y en el estado anímico - aunque no explica porqué - y económicos porque deberán actualizar sus datos de dirección ante el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, el Conservador de Bienes Raíces, en permisos de circulación, cuentas bancarias, créditos comerciales, documentación laboral, tributaria, patentes comerciales, seguros de los bienes muebles, entre otros.

Luego, hace referencia a un fallo del Máximo Tribunal que dice citará, pero no lo hace; transcribe los artículos 6, 7, 110 y 118 de la Constitución Política de la República; los artículos 1° y 5° de la Ley N° 18.695 y menciona el derecho a asociación constitucional relacionándolo con los artículos 1 a 7 de la Ley N° 20.500, insistiendo en que debiendo ser consultados sobre la materia, no lo fueron.

Denuncia vulneradas las garantías del artículo 19 N° 1, N° 2, N° 12 y N° 24 de la Carta Política y pide que se acoja la acción y se ordene al recurrido mantener el nombre de la calle Huiehuén en toda su extensión y dejar sin efecto todos los actos posteriores tendientes a concretar y hacer efectivo el cambio de nombre o lo que la Corte estime, con costas; y acompaña publicación en Facebook, Reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal, carta de vecinos en rechazo al cambio de nombre y sentencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia.

A folio N° 7, se evacúa informe por la recurrida y señala que la solicitud de cambio de nombre ingresó en junio de 2019 de parte de un ex concejal, con base en la circunstancia de ser el nombre de nombre reservado un destacado vecino y dirigente sindical, además de contar con el apoyo de agrupaciones comunales, familiares y personas del lugar. Lo anterior motivó un informe favorable de octubre de 2019, del Director de Obras del Municipio que dio cuenta de la factibilidad de acceder a lo pedido porque no existe otra calle con ese nombre.

Así, dicha petición fue tratada en la sesión ordinaria N° 14 del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Ancud, la que se encontraba apoyada por varias organizaciones, el partido socialista de la comuna de Ancud y Junta de Vecinos de Almirante Latorre, instancia en que dicho organismo acordó aprobar la propuesta.

De este modo, en la sesión ordinaria N° 31 del Consejo Municipal se dio cuenta de la aprobación previa por parte del COSOC a la iniciativa y aquella fue aprobada también por ese órgano edilicio, de manera que se dió cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° letra c) de la Ley N° 18.695, en relación al artículo 29 de la Ordenanza Municipal de participación Ciudadana, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2374 de 31 de diciembre de 2021 y del artículo 27 letra c) del Reglamento Municipal N° 18, de agosto de 2011, que regula el funcionamiento y facultades del COSOC.

Por lo dicho, insta por el rechazo de la acción y acompaña acta de sesión del COSOC y su Reglamento, acta de sesión del Consejo Municipal, Ordenanza de Participación Ciudadana, Oficio de la Dirección de Obras, carta de solicitud original de cambio de nombre de la domicilio reservado”.

Y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra el alcalde la comuna de Ancud, por cuanto éste habría participado en la decisión de modificación del nombre de un tramo de la calle Hueihuén de dicha ciudad a la de nombre reservado, sin que se haya verificado un mecanismo de participación ciudadana y sin contar con la autorización de los vecinos afectados, en particular de los recurrentes, quienes señalan verse afectados porque van a tener que cambiar el nombre de su dirección ante entidades públicas y privadas.

Segundo: Que sin perjuicio que del mérito de la acción deducida y del informe evacuado no se aprecia que el recurrido haya dictado un decreto alcaldicio u otro acto administrativo encaminado a materializar la conducta que aparentemente se le imputa, atendida la naturaleza de la acción se emitirá igualmente un pronunciamiento sobre el fondo.

Tercero: Que el recurrido ha incorporado acta de sesión del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Ancud en que se prestó su aprobación conforme a las normas que regulan su funcionamiento, según se desprende del reglamento que fue acompañado por éste y con ello se satisface el requisito de participación ciudadana al tenor de la Ordenanza municipal sobre la materia.

Luego, aun cuando no se les haya consultado directamente a cada uno de los vecinos que habitan en el tramo de la calle que se vio afecta al cambio de denominación, el municipio ha cumplido formalmente con recoger el parecer de la Unidad Vecinal más cercana - en ausencia de una que contemple específicamente el sector - y se ha oído igualmente a vecino que estaban a favor de la modificación de modo, que no existe una conducta que desoiga por completo el parecer de la comunidad, sino que en realidad lo que reprochan los actores es que los canales de participación ciudadana que fueron tenidos en consideración adoptaron una decisión contraria a lo que ellos pretendían, lo que no configura la ilegalidad o arbitrariedad que se denuncia.

Cuarto: Que habiéndose desestimado una actuación ilegal o arbitraria de parte del recurrido, no resulta pertinente pronunciarse sobre la eventual vulneración de derechos que se denuncia, sin perjuicio que la carga de modificar la denominación del domicilio ante entidades públicas o privadas, considerando que en muchos casos resulta innecesario y que en otros, las primeras lo hacen de manera oficiosa, no configuran en un estándar suficiente una afectación que motive la intervención cautelar de esta Corte en esta sede de urgencia.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo previsto en los artículos 6, 7, 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el artículo 5° de la Ley N° 18.695, se declara:

I.- Que se rechaza la acción deducida a folio N° 1, por el abogado Camilo Vargas, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra del alcalde de la Municipalidad de Ancud, Sr. Carlos Gómez Miranda.

II.- Que cada parte pagará sus costas.

Redacción a cargo del Ministro Jorge B. Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 3038-2022