Protección contra nombre reservado

Puerto Montt, quince de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, en favor de sus hijos menores de edad nombre reservado y nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, por los hechos que expone en su acción.

La parte recurrente sostiene que la recurrida, durante el año 2024, mantuvo a sus hijos matriculados en el jardín infantil de su dependencia y que, a través de la cuenta institucional de Instagram, difundió pública y reiteradamente imágenes y registros audiovisuales de diversos niños —entre ellos, de manera identificable, sus hijos— con fines expresamente promocionales y comerciales, orientados a la captación de matrículas del nivel preescolar 2025, sin haber requerido ni obtenido de su parte autorización previa, específica e informada, ni haberle comunicado el tratamiento de tales imágenes para dichos propósitos.

Sostiene que la utilización de la imagen de niños de tan corta edad, con finalidad publicitaria y con proyección lucrativa, vulnera de modo directo los derechos garantizados en el artículo 19 N°4 de la Constitución, relativos al respeto y protección de la vida privada y de la honra de la persona y su familia, así como la tutela de los datos de carácter personal; y en el artículo 19 N°24, que ampara la propiedad en sus diversas especies sobre bienes incorporales, entre los cuales sitúa la propia imagen como atributo de la personalidad respecto del cual los representantes legales ostentan facultades de disposición y resguardo.

Precisa que tal entendimiento se armoniza con la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, cuyo artículo 34 reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a la honra, la intimidad, la propia imagen y la reputación, y cuyo artículo 10 consagra el interés superior del niño como consideración primordial, imponiendo a padres, madres y cuidadores un deber preferente de protección. Añade que el artículo 64 de la referida ley establece deberes de reserva y confidencialidad para quienes, por razón de su función, acceden a información relativa a niños, lo que, por analogía y finalidad protectora, incide en la prohibición de exponer públicamente su imagen sin consentimiento.

Vincula, además, su pretensión a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 16 exige a las autoridades y a los particulares respetar la vida privada del niño y la de su familia, integrándose dicha normativa al bloque de convencionalidad que inspira la interpretación de las garantías constitucionales.

Califica el comportamiento imputado como ilegal, por contravenir el ordenamiento constitucional y legal citado, y como arbitrario, por cuanto carece de razonabilidad, proporcionalidad y justificación suficiente al instrumentalizar la imagen de los menores para fines de mercadotecnia, prescindiendo de un consentimiento previo y expreso de su representante.

Aduce que la difusión reiterada a través de redes sociales multiplica la potencialidad de intromisión en la esfera privada de los niños, pues facilita la reproducción, almacenamiento y circulación incontrolada de su imagen, incrementando el riesgo de afectación presente y futura a su honra y seguridad.

Releva que la corta edad de los niños intensifica la exigencia de cautela, activando el estándar reforzado de protección que dimana del principio del interés superior del niño, lo que impone a los establecimientos educacionales deberes de prevención y de diligencia calificada en el manejo de imágenes.

Sostiene que concurren los presupuestos de procedencia del recurso de protección establecidos en el Auto Acordado sobre su tramitación y fallo: i) la existencia de un acto actual y efectivo imputable a la recurrida —difusión pública de imágenes de los hijos del recurrente con un propósito comercial—; ii) la afectación concreta de garantías indubitadas —vida privada, honra y derecho de propiedad sobre la propia imagen—; iii) la relación de causalidad entre la conducta y la perturbación denunciada; y iv) la idoneidad de esta vía cautelar, dada la necesidad de tutela urgente para impedir nuevas intromisiones y restablecer de inmediato el imperio del Derecho.

Resalta que la falta de consentimiento informado no puede ser suplida por eventuales prácticas internas del establecimiento ni por supuestos acuerdos tácitos, toda vez que se trata de derechos personalísimos cuya restricción exige habilitación expresa, clara y previa.

En mérito de lo expuesto, el recurrente solicita a la Iltma. Corte acoger la acción y, con el objeto de restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de las garantías afectadas, ordenar a la recurrida: a) eliminar de sus plataformas las publicaciones que contengan imágenes o registros audiovisuales de los niños; y b) abstenerse de efectuar nuevas difusiones de su imagen sin autorización previa, específica e informada del representante legal, todo ello con expresa condena en costas. Para sustentar los hechos, acompaña certificados de nacimiento de los menores y un set de fotografías de las publicaciones cuestionadas en la cuenta institucional, y solicita se oficie a la recurrida para que informe circunstanciadamente sobre los hechos denunciados, la finalidad de las publicaciones y la eventual existencia de consentimientos escritos, con lo cual —a su juicio— quedará acreditada la ilegitimidad y arbitrariedad del actuar reprochado.

A folio 4, se tiene por interpuesto el recurso de protección y se le solicita informe a la recurrida.

A folio 7, consta informe evacuado por la parte recurrida, nombre reservado, quien solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

En cuanto a los hechos, explica el origen y finalidad del proyecto educativo “nombre reservado”, la incorporación del hijo mayor de los recurrentes al playgroup 2023 y la posterior continuidad durante 2024, destacando que ambos apoderados suscribieron el documento “Principios y Acuerdos” y, particularmente, una autorización expresa para el registro de fotografías y videos (marzo de 2023), cuyo tenor avala el tratamiento institucional de imágenes captadas en actividades regulares del establecimiento.

Precisa que las publicaciones invocadas por el actor corresponden a “reels” de agosto y octubre de 2023 difundidos en redes institucionales, en los que deliberadamente no se exhiben rostros identificables —por empleo de ángulos laterales, uso de lentes y gorros, planos generales y apariciones de fracciones de segundo—, y que, lejos de motivar reclamos, generaron reacciones de aprobación y solicitudes de copias por parte de los propios apoderados, circunstancia que, a su entender, da cuenta del conocimiento cierto de tales contenidos desde esa época. Añade que dos de las cuatro capturas acompañadas por el recurrente no corresponden a sus hijos —identifica a los menores nombre reservado y nombre reservado, cuyas madres y/o apoderados habrían consentido la difusión —, de modo que existiría falta de legitimación activa respecto de tales imágenes y, asimismo, respecto del hijo menor, nombre reservado.

Asimismo, expone una secuencia de morosidad del padre durante 2024 y comienzos de 2025 y comunicaciones asociadas, afirmando que el conflicto real deriva de gestiones de cobro y de un intercambio posterior con un tercero (pareja de una de las socias), tras lo cual el recurrente habría saldado la deuda. (iii) Sostiene, además, que conocida la interposición del recurso, las publicaciones fueron retiradas inmediatamente, por lo que, aun en hipótesis de duda, no subsistiría acto u omisión actual y determinada que amerite tutela; en subsidio, plantea carencia sobreviniente del objeto al haber cesado el supuesto agravio.

Sobre el derecho, la recurrida hace valer, en primer término, la extemporaneidad de la acción conforme al Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección: el actor tuvo conocimiento cierto de las publicaciones en 2023 —reacciones y mensajes acreditados—, de manera que el plazo fatal de treinta días corridos se encontraría largamente vencido, siendo improcedente reabrirlo sobre la base de comunicaciones posteriores. Enseguida, postula la falta de legitimación activa en relación con imágenes que no corresponden a los hijos del actor. Luego, niega toda afectación de las garantías del artículo 19 N°4 y N°24, por inexistencia de intromisión ilegítima en la vida privada o propia imagen —hubo consentimiento informado, tratamiento no identificable de menores y ausencia de datos sensibles— y por falta de sustento del alegato de propiedad sobre registros de actividades institucionales.

Agrega que las publicaciones no tuvieron fines publicitarios para el año 2025 ni existió campaña de matrículas ese año, pues la institución modificó su formato hacia talleres itinerantes, por lo que tampoco hay base fáctica para presumir explotación comercial de imágenes. Rechaza, asimismo, la imputación de ilegalidad a la luz de los artículos 34 y 64 de la Ley 21.430: la primera disposición no fue vulnerada al no difundirse antecedentes sensibles ni identificables de niños, y la segunda se inserta en el párrafo referido a deberes de la Administración del Estado, no siéndole exigible a un particular en el contexto alegado; en cualquier caso, la conducta desplegada se ajustó a parámetros de resguardo, finalidad pedagógica y minimización de datos.

Añade que la arbitrariedad tampoco concurre, toda vez que la actuación no fue caprichosa ni irrazonable según el estándar jurisprudencial de la Excma. Corte Suprema (v.gr., Rol 6960-2010) y de Cortes de Apelaciones, puesto que obedeció a un ejercicio razonable y consentido de uso acotado de imágenes, con retiro inmediato ante el conflicto.

Finalmente, y atendida la naturaleza subsidiaria del recurso de protección, sostiene que el debate relativo a eventuales desavenencias contractuales o perjuicios debe quedar reservado a las vías ordinarias pertinentes, sin que la sede cautelar pueda erigirse en instancia para revisar integralmente la política comunicacional del proyecto educativo; que, además, rige la carga argumentativa y probatoria del recurrente para demostrar identificación, daño y amenaza actual, lo que no se verifica en autos; y que la invocación tardía de vulneraciones, incompatibles con el consentimiento prestado, contraría la doctrina de los actos propios.

En mérito de lo expuesto —extemporaneidad, falta de legitimación activa, inexistencia de vulneración de garantías fundamentales, ausencia de arbitrariedad o ilegalidad y carencia sobreviniente del objeto—, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 9, se traen los autos en relación.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que, el recurrente nombre reservado, en representación de sus hijos menores nombre reservado (3) y nombre reservado (2), interpone acción de protección contra nombre reservado, representada por nombre reservado. Sostiene que, en 2024, el jardín infantil difundió por su cuenta institucional de Instagram imágenes y videos de distintos niños —incluidos, de modo identificable, sus hijos— con fines publicitarios para captar matrículas 2025, sin solicitar ni obtener autorización previa, específica e informada del representante legal ni informar sobre el tratamiento de tales datos.

Afirma que la conducta vulnera las garantías del artículo 19 N°4 (vida privada, honra y protección de datos personales) y N°24 (propiedad sobre bienes incorporales, entre ellos la propia imagen). La encuadra, además, en la Ley N°21.430: artículo 34 (honra, intimidad, propia imagen y reputación de niños, niñas y adolescentes) y artículo 10 (interés superior del niño como consideración primordial), así como en los deberes de reserva del artículo 64. Invoca la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 16, que protege la vida privada del niño y su familia.

Califica el acto de ilegal y arbitrario por carecer de consentimiento informado y razonabilidad, destacando que la difusión en redes sociales amplifica la intromisión y el riesgo para la honra y seguridad de los menores, cuya corta edad impone un estándar reforzado de cuidado.

Alega que concurren los requisitos del Auto Acordado: acto actual imputable, afectación de garantías indubitadas, relación causal y necesidad de tutela urgente.

CUARTO: La parte recurrida solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas. Expone, en los hechos, que el proyecto educativo “nombre reservado” incorporó al hijo mayor de los recurrentes en 2023 y continuó en 2024; que ambos apoderados suscribieron “Principios y Acuerdos” con autorización expresa para registro de imágenes (marzo de 2023); y que los “reels” de agosto y octubre de 2023 difundidos en redes institucionales evitaron la identificación de menores (ángulos laterales, planos generales y apariciones breves). Afirma que dos de las cuatro capturas acompañadas no corresponden a los hijos del actor y que, conocida la interposición del recurso, el contenido fue retirado, configurándose carencia sobreviniente del objeto. Añade que el conflicto habría tenido origen en gestiones de cobro por morosidad durante 2024-2025.

En derecho, sostiene: (a) extemporaneidad, pues el actor conoció las publicaciones en 2023, venciendo el plazo fatal de 30 días del Auto Acordado; (b) falta de legitimación activa respecto de imágenes ajenas; (c) inexistencia de vulneración de los arts. 19 N° 4 y 24, por mediar consentimiento informado, tratamiento no identificable y ausencia de datos sensibles; (d) ausencia de fines publicitarios en 2025, dado el cambio a talleres itinerantes; (e) improcedencia de imputar ilegalidad conforme a los arts. 34 y 64 de la Ley 21.430 —esta última referida a deberes de órganos estatales—; (f) falta de arbitrariedad, al tratarse de actuación razonable, proporcionada y con retiro inmediato; y (g) subsidiariedad del recurso de protección, reservándose a la vía ordinaria cualquier desavenencia contractual o indemnizatoria, con carga del actor de acreditar identificación, daño y amenaza actual, resultando además inconsistente con la doctrina de los actos propios.

QUINTO: Que la acción constitucional de protección, por su naturaleza cautelar, sumaria y urgente, exige a quien la interpone demostrar, siquiera verosímilmente, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos amparados por el artículo 20 de la Carta Fundamental, así como la imputabilidad concreta de dicho acto a la recurrida.

Tal estándar, aún cuando no impone plenitud probatoria propia de un juicio de lato conocimiento, sí demanda una base fáctica suficiente que permita constatar, con la urgencia del caso, la concurrencia de los presupuestos de procedencia. En la especie, el recurrente acompaña capturas de publicaciones de la cuenta de Instagram del establecimiento educacional recurrido, en las que aparecen varios niños y niñas, sin individualización nominal o rasgos inequívocos que permitan identificar, con la necesaria certeza, a los hijos del actor como sujetos retratados.

No se acompañan pericias de identificación, certificaciones, declaraciones juradas de apoderados o educadoras, ni otro elemento técnico idóneo que permita superar la mera conjetura. La sola afirmación del recurrente, desprovista de corroboración mínima, no satisface el estándar de cognición exigible en esta vía cautelar.

En consecuencia, a esta altura no se constata el presupuesto básico de la acción, cual es la existencia de una afectación real, actual o inminente del derecho a la vida privada, honra o imagen de los menores, por falta de acreditación suficiente en el expediente constitucional, razón por la cual la pretensión se presenta, en su base fáctica, insuficiente para habilitar la tutela de protección.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que la tutela del derecho a la vida privada y honra (artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República), en su dimensión de protección de la imagen personal —y con especial deferencia tratándose de niños, niñas y adolescentes a la luz de la Ley N°21.430—, supone que la imagen difundida permita, con un grado razonable de certeza, la identificación del titular afectado. Ello, porque el bien jurídico protegido es la efigie reconocible de la persona y su proyección social; si la fotografía o registro no permite individualizarla, no se verifica, en principio, lesión al atributo personalísimo que se invoca.

En el caso concreto, de la documentación tenida a la vista se aprecia que los registros acompañados exhiben a varios niños y niñas en actividades grupales, sin referencia nominativa, pixelaciones o señas distintivas que vinculen de modo inequívoco las imágenes con los hijos del actor, ni con fechas precisas de captación o difusión que permitan anclar la supuesta afectación a una situación actual.

La ausencia de elementos objetivos de identificabilidad impide predicar, en sede de protección, la concurrencia de una perturbación efectiva o amenaza cierta al derecho invocado.

Tal insuficiencia probatoria —que no puede ser suplida por meras conjeturas ni por la sola subjetividad de quien recurre— conduce a desestimar el presupuesto material de la acción.

SÉPTIMO: Que el actor sostiene que la difusión cuestionada tuvo fines publicitarios o comerciales. Empero, no se acompaña pieza alguna de naturaleza publicitaria (p. ej., campañas de matrícula, indicación de precios, llamados de promoción, anuncios pagados) que permitan inferir, con suficiencia, el propósito mercantil de las publicaciones. Los registros aportados dan cuenta sólo de actividades pedagógicas y expresión artística, propias del quehacer del establecimiento, sin demostración del elemento persuasivo o promocional afirmado.

En ausencia de dicha prueba, y frente a la alegación de vulneración de la honra por eventuales comentarios o exposiciones en redes sociales, lo correcto habría sido activar los mecanismos ordinarios de tutela que permiten debate y prueba extensiva, ajenos a la sumariedad de esta sede.

El recurso de protección no constituye, por su diseño, una vía supletoria para suplir la insuficiencia de antecedentes ni un contencioso general de derechos de la personalidad.

OCTAVO: Que, en mérito de lo razonado, no habiéndose acreditado, en la forma exigible para esta sede, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida que prive, perturbe o amenace el derecho a la vida privada, honra o imagen de los hijos del actor; careciendo las piezas acompañadas de la aptitud demostrativa necesaria para establecer la identificabilidad de los hijos menores.

Lo anterior es sin perjuicio de que el actor pueda ejercer, si lo estima pertinente, las acciones civiles o penales que correspondan por la eventual afectación de sus derechos, de conformidad a las reglas generales y ante los tribunales competentes, donde podrá rendir la prueba idónea y suficiente que la pretensión demanda.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA, sin costas de la instancia, la acción interpuesta a folio Nº1 por nombre reservado, en favor de sus hijos menores de edad nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado. Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº303-2025.