JUNTA DE VECINOS LA TIERRA EN QUE VIVIMOS con nombre reservado

Puerto Montt, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece Sebastián Federico Bórquez Becker, abogado, en representación convencional de la Junta de Vecinos La Tierra en que Vivimos, e interpone acción de protección en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Ministra de Defensa Nacional o quien la subrogue, y en contra de don nombre reservado, o quien lo subrogue, en su calidad de Subsecretario para las Fuerzas Armadas, por la dictación del Decreto Supremo N° 330 de 24 de octubre de 2023, publicado el 15 de febrero de 2024 en el Diario Oficial, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que otorgó a acuícola Milla Chaywa SpA una concesión marítima menor, con vencimiento el día 30 de junio de 2033, sobre sector de terreno de playa, playa y fondo de mar, en el lugar denominado Sector nombre reservado, estero de Compu, comuna de Queilen, con una superficie total de 288,3 metros cuadrados, infringiendo los derechos que invoca en su presentación.

Señala que, en el año 2016, Acuícola Milla Chaywa SpA presentó una Declaración de nombre reservado para hacer una piscicultura en un terreno de su pertenencia ubicado en el sector nombre reservado en el estero de Compu en la comuna de Queilen, la cual fue acogida favorablemente por Resolución Exenta N°120 del 03 de abril de 2017, sin la realización de un estudio de nombre reservado pertinente. Después, el 27 de diciembre de 2018, dicha acuícola solicitó el otorgamiento de una concesión marítima menor sobre un sector de terreno de playa, playa y fondo de mar en el sector nombre reservado, con el objeto de amparar la instalación de una cañería de aducción de agua de mar y cañería de descarga de riles (emisario) por diez años, mediante solicitud SIABC número 42.562, y además, la solicitud SIABC número 42,662 en el mismo sector, pero para amparar la instalación de una tubería de salmo ducto (cañería conductora de pescado), por el mismo período, pero aquellos procesos fueron suspendidos por encontrarse en superposición una ECMPO, según Resolución Exenta N° 9182 de 27 de diciembre de 2019, la que posteriormente se tuvo por abandonada mediante Resolución Exenta N° 950 del año 2021.

Añade que el proceso de concesión se reanudó el 06 de diciembre de 2021, el que siempre tuvo por objeto la realización de una planta de cosecha, matanza y proceso de pescado; y el 24 de octubre de 2023 se acumulan ambas solicitudes de concesión señaladas, sin que exista ninguna medida de publicidad ni participación ciudadana ni indígena, autorizándose aquellas peticiones mediante la publicación de 15 de febrero de 2024.

Da cuenta que el borde costero donde se emplazarán los ductos y fondeaderos es parte del territorio marítimo solicitado como ECMPO por la Comunidad Indígena Coihuin de Compu, la cual en su oportunidad se superpone con aquella efectuada por la Comunidad Indígena Natri, quién hizo abandono del proceso, quedando solo la primera.

Luego, sostiene que las obras importarán un riesgo significativo de contaminación de las aguas marinas y del entorno natural del sector de Compu, afectando con ello su importancia ecológica reconocida por la comunidad y que ha sido reconocido como parte la Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras (RHRAP) y como parte de la Ruta Patrimonial N° 59, Archipiélago Chiloé, Humedales, Aves y Cultura, del programa rutas patrimoniales del Ministerio de Bienes Nacionales, siendo un sitio de importancia para la conservación, según la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, lo que consta a través de Oficio Seremi MM.AA. Región de Los Lagos N° 331 del 29 de agosto de 2014.

Además, afirma que la Acuícola Milla Chaywa solicitó derechos de aguas superficiales, los cuales le fueron denegados y que los vecinos han estado haciendo perforaciones de pozos profundos para encontrar agua de consumo humano, dada la demanda de aquel recurso que importaría la actividad de aquella acuícola, la que se estima en RUT reservado litros diarios y equivalente al consumo de 39.129 personas. Agrega que un día antes de la publicación en el diario oficial del decreto pertinente, la acuícola referida se reunió con la Junta de Vecinos de nombre reservado para explicar el inicio de las obras, dando cuenta que muchos vecinos no estaban al tanto de aquello por la inexistencia de participación ciudadana de la manera establecida por las Leyes 19.880 y 18.575.

Sostiene que la resolución de calificación ambiental no hace mención alguna sobre estudios hidrológicos que cuantifiquen el volumen de agua dulce en el acuífero ni el impacto que tendría en el nivel de las napas del sector, cuestión que afecta a los habitantes de la junta de vecinos recurrente, máxime por lo señalado por la propia acuícola de su intención de instalación de una planta desalinizadora en el sector.

En cuanto a las ilegalidades y arbitrariedades del acto recurrido, sostiene que no existen antecedentes del trámite de toma de razón en el decreto supremo ni en su publicación, la cual, además, estaría incompleta conforme lo establece la ley 19.880 y que rige por jerarquía sobre el Decreto Supremo N°9 del Ministerio de Defensa que contiene el reglamento de concesiones marítimas, dado que no se publicó en el Diario Oficial en su integridad.

Luego, continúa con referencias al marco legal que asiste a las concesiones marítimas, dando cuenta que el reglamento pertinente reconoce su sometimiento a la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, la cual, a su turno, incorpora el deber, entre otros, de incorporar la participación ciudadana en las decisiones administrativas. Afirma que en la decisión impugnada no se efectuó consulta indígena a las comunidades que resultarán afectadas, contraviniendo el Convenio 169 de la OIT, el artículo 34 de la Ley 19.253 -Ley Indígena-, el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba el Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena y los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República que invoca.

Señala como garantías vulneradas las del artículo 19 N° 12 de la Constitución Política, en orden a vulnerar la opinión de los administrados mediante las consultas ciudadanas; N° 8 sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; N° 24 sobre propiedad de las aguas subterráneas de agua dulce; conjuntamente con la normativa internacional referida y el principio de legalidad en los términos que invoca.

Solicita en definitiva que se acoja la acción y se deje sin efecto el Decreto Supremo número 330 de 24 de octubre de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional, retrotrayendo el proceso de otorgamiento de las Concesiones Marítimas otorgadas, al estado de realizar consultas ciudadanas e indígenas, y cualquier otra medida pertinente, con costas.

A folio 3, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 5, se ordenó la acumulación a la presente causa, los ingresos Roles N°303 y 305 todos del año 2024.

Que, en causa Rol Protección N° 303-2024, comparece el abogado Sebastián Federico Bórquez Becker, en representación de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, e interponen acción de protección en contra de los mismos recurridos y respecto de las mismas actuaciones indicadas en la causa Rol Protección 299-2024, bajo las mismas argumentaciones y peticiones en concreto, precisando que los actores son vecinos del Sector nombre reservado, Estero Compu de la Comuna de Queilen.

Por su parte, en causa Rol Protección N° 305-2024 comparece Jaime Javier Mariman Naguelquin, abogado, en representación de la Comunidad Indígena Coihuin de Compu, e interpone acción de protección en contra de los mismos recurridos y respecto de las mismas actuaciones referidas en la causa Protección Rol N° 299-2024, sosteniendo aquella en que el emplazamiento de la concesión marítima menor otorgada por las autoridades pertinentes estará emplazada en un área que constituye el espacio fundamental de la recurrente, por cuanto en aquella se desarrollará de forma efectiva sus prácticas y/o actividades económicas, culturales, ceremoniales y otras derivadas del ejercicio colectivo de sus derechos.

Manifiesta que los permisos concedidos se enmarcan dentro de la ejecución del proyecto “Ecopiscicultura Estero Compu” por parte de la Empresa Milla Chaywa SpA, cuya Declaración de nombre reservado fue acogida favorablemente mediante Resolución Ex. N° 120, de 03 de abril de 2017, sin haber sido sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un Estudio de nombre reservado, el cual tiene por objeto la producción de smolt de salmónidos con una producción igual o superior a las 8 toneladas anuales, comprendiendo emisarios submarinos de 100 metros de largo, de los cuales 8 se emplazarán en terreno de playa, 16 en playa y 76 adosados al lecho marino, con una tubería de HDPE de 400 mm de diámetro y un sistema de tratamiento y/o disposición de residuos industriales líquidos. Agrega que, según la Resolución de Calificación Ambiental, el uso de agua puede ir desde los 700 a 1000 1/kg de alimento al día, estimándose que el requerimiento de agua para cada etapa del proyecto será de 6.652 m3/día, obteniéndose la fuente de agua dulce desde pozos profundos.

Refiere que el proyecto citado afectará el ecosistema marino con las implicancias medioambientales que importa aquello, tanto para la flora y fauna como para el consumo humano; como, además, la disponibilidad de agua dulce por la extracción de los volúmenes citados desde pozos profundos. Agrega que la recurrente se encuentra en proceso de recuperación de sus usos y costumbres, que se plasma en la solicitud del Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios efectuada por aquella, todo lo cual se ve truncado por el proyecto señalado y las autorizaciones dadas por las autoridades recurridas.

Agrega que la consulta indígena resulta obligatoria en la medida que se advierta la susceptibilidad de afectación directa a la recurrente, cuestión que ocurre en el caso, cuyo estándar ha sido construido por la jurisprudencia y que consiste en la mera afectación potencial cuya materialización será precisamente analizada en el marco de la señalada consulta.

Previas citas jurisprudenciales, solicita que se acoja la acción y se deje sin efecto Decreto Supremo N°330, de 24 de octubre de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional, retrotrayendo el procedimiento de otorgamiento de la Concesión Marítima Menor, al estado de realizar consultas ciudadanas e indígenas, conjuntamente con las demás resoluciones pertinentes, con costas.

A folio 21, evacua informe nombre reservado, Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dando cuenta de las atribuciones que por ley le están asignadas a dicha repartición pública, encontrándose entre ellas las concesiones marítimas, facultad privativa que ha sido reconocida por la Contraloría General de La República en dictamen N° 58.567 del 2016, quien a su vez, mediante dictamen N° 3.663 de 2017 definió las concesiones de uso privativo de bienes del dominio público marítimo como “un acto unilateral y potestativo de la autoridad pública, que otorga a favor de un particular el derecho de usar de un bien perteneciente al dominio público marítimo, fijando en cada caso las condiciones bajo las cuales se concede ese goce”.

Luego, refiere que el procedimiento de concesiones marítimas se rige por lo dispuesto en el D.F.L. N° 340 de 1960 del Ministerio de Hacienda y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 9 de 2018, el cual contiene normas específicas sobre publicidad y oposición de una solicitud, aplicándose de manera supletoria lo dispuesto en la ley 19.880. Así las cosas, el decreto de otorgamiento cumple con los requisitos establecidos en el artículo 72 del citado reglamento, siendo improcedente la alegación respecto de inobservancia de la ley 19.880 por aplicación del principio de especialidad.

En cuanto a la procedencia de la consulta indígena, y conforme lo indicado tanto en el Convenio 169 de la OIT, como en el Decreto N° 66 del 2014, dictado por el Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 7, señala que las medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y que importen un impacto significativo y específico sobre ellos en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales o su relación con las tierras indígenas, son susceptibles de una consulta al respecto. Por su parte, la concesión marítima responde a un procedimiento altamente reglado que carece del margen de discrecionalidad para llegar a los acuerdos que la normativa exige, no siendo susceptible de la referida consulta.

Agrega que, durante la tramitación de dicha concesión, no se divisaron elementos que permitieran presumir un impacto significativo y específico de las tradiciones y costumbres indígenas, ni tampoco un vínculo causal entre la medida administrativa y algún pueblo originario, existiendo, además, una posibilidad de acuerdo en el proceso administrativo en cuestión y que se activa frente a una oposición formalmente presentada, lo que no ocurrió en la especie. Indica que los dictámenes que citan los recurrentes se refieren a procedimientos específicos como afectación de áreas apropiadas para la acuicultura y la microzonificación del borde costero, hipótesis que no corresponde al presente caso.

Da cuenta que un mecanismo de protección de las comunidades indígenas son las llamadas ECMPO o espacio costero marino de pueblos originarios, establecidos por la ley N°20.249, y tal como se indica en la acción, consta la existencia de una de ellas, denominado Natri, la cual suspendió la tramitación de la concesión y que fuera declarado abandonado por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mediante Resolución Exenta N°950 de 2021.

Finalmente, y en cuanto a la supuesta falta de resolución de calificación ambiental, toda vez que aquella estaría caduca, indica que el artículo 19 del Reglamento de Concesiones Marítimas dispone expresamente que aquellas se otorgarán sin perjuicio de los estudios, declaraciones y permisos o autorizaciones que los concesionarios deban obtener de los organismos públicos para la ejecución de ciertas obras o proyectos, siendo de su exclusiva responsabilidad. Así las cosas, el Decreto N°330 de 2024 señala la imposición de obligaciones al concesionario relativas al inicio de las obras y el ingreso del proyecto o actividad al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que en caso de incumplimiento puede implicar una amonestación, multa y caducidad de la concesión, agregando que la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente contempla mecanismos asociados al proceso de participación ciudadana.

A folio 26, nombre reservado y Lorenzo Andrade Olivares, abogados, se hacen parte en representación de la sociedad comercial Acuícola Milla Chaywa SpA.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste -en concreto- en el Decreto Supremo número 330, de 24 de octubre de 2023, del Ministerio de Defensa Nacional, que otorga una concesión marítima, dado que éste -principalmente- fue emitido, según los actores, sin realizar consultas ciudadanas e indígenas. Se agrega que la zona donde se emplazarán los ductos y fondeaderos es parte del territorio marítimo solicitado como ECMPO por la Comunidad Indígena Coihuin de Compu, la cual, en su oportunidad, se superpone con aquella efectuada por la Comunidad Indígena Natri, quién hizo abandono del proceso, quedando solo la primera.

Asimismo, según los recurrentes, las obras importarán un riesgo significativo de contaminación de las aguas marinas y del entorno natural del sector de Compu, afectando su importancia ecológica como igualmente la obtención de agua para consumo humano de los pobladores, dada la demanda de aquel recurso que importaría para la actividad acuícola. Destaca la omisión de la resolución de calificación ambiental sobre estudios hidrológicos que cuantifiquen el volumen de agua dulce en el acuífero ni el impacto que tendría en el nivel de las napas del sector, así como la inexistencia del trámite de toma de razón en el decreto supremo y en su publicación, la cual, además, estaría incompleta.

Segundo: La recurrida, por su parte, en síntesis, sostiene que el procedimiento de concesiones marítimas, por aplicación del principio de especialidad, se rige por normas específicas sobre publicidad y oposición de una solicitud, a las cuales se sujetó el respectivo decreto. Luego, que la concesión marítima responde a un procedimiento altamente reglado que carece de margen de discrecionalidad para llegar a los acuerdos que exige la consulta indígena, además de no divisar un impacto significativo y específico de las tradiciones y costumbres indígenas. Además, esgrime que un mecanismo de protección de las comunidades indígenas son las ECMPO establecidos por la ley N°20.249, y consta la existencia de una denominada Natri, que suspendió la tramitación de la concesión y fue declarado abandonado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura por Resolución Exenta N°950 de 2021.

Por último, en cuanto a la supuesta falta de resolución de calificación ambiental, indica que el artículo 19 del Reglamento de Concesiones Marítimas dispone expresamente que aquellas se otorgarán sin perjuicio de los estudios, declaraciones y permisos o autorizaciones que los concesionarios deban obtener de los organismos públicos para la ejecución de ciertas obras o proyectos, siendo de su exclusiva responsabilidad.

Tercero: Que son hechos que constan en los antecedentes allegados a la causa, y además, no resultan controvertidos:

1.- Que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante Decreto Supremo N° 330, de fecha 24 de octubre de 2023, otorgó a acuícola Milla Chaywa SpA, una concesión marítima menor, con vencimiento el día 30 de junio de 2033, sobre sector de terreno de playa, playa y fondo de mar en el lugar denominado Sector nombre reservado, estero de Compu, comuna de Queilen, con una superficie total de 288,3 metros cuadrados, cuyo objeto consiste en amparar la instalación de una cañería de aducción de agua de mar, una cañería de descarga de riles (emisario) y una tubería de salmo ducto (cañería conductora de pescado). Dicho acto, en extracto fue publicado el 15 de febrero de 2024 en el Diario Oficial.

2.- Que el año 2016 la Acuícola Milla Chaywa SpA presentó una Declaración de nombre reservado para hacer una piscicultura en un terreno de su pertenencia ubicado en el sector nombre reservado, en el estero de Compu, en la comuna de Queilen, la que fue acogida favorablemente mediante Resolución Exenta número 120 el 3 de abril de 2017.

3.- Que por resolución Ministerial Exenta N° 9182 de 27 de diciembre de 2019 se declaró suspendida la tramitación de las solicitudes de concesión por haberse encontrado superpuestas con la solicitud de de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) denominado Natri, y posteriormente se declaró abandonado el procedimiento para el establecimiento de la ECMPO por lo que mediante resolución Ministerial Exenta N° 6884 de 16 de diciembre de 2021, del Ministerio de Defensa Nacional, se deja sin efecto el acto que dio curso a la suspensión.

Cuarto: Que, respecto de la primera alegación, los recurrentes sostienen que se da en la especie la necesidad de que, en la tramitación del otorgamiento de la concesión marítima, se hubiese realizado una consulta indígena, en cumplimiento a lo previsto en el Convenio N° 169 de la OIT.

Cabe sostener que el Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establece para aquellos grupos con especificidad cultural propia, un mecanismo de participación que les asegura el ejercicio del derecho esencial que la Constitución Política consagra en su artículo primero a todos los integrantes de la comunidad nacional, cual es el de intervenir con igualdad de condiciones en su mayor realización espiritual y material posible, de lo que se sigue que cualquier proceso que pueda afectar alguna realidad de los pueblos originarios, supone que sea llevado a cabo desde esa particularidad y en dirección a ella.

Luego, el Decreto N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del Artículo 6 Nº 1 Letra a) y Nº 2 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, establece en su artículo 7º: “Medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4º de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. (...) Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

Quinto: Que, la decisión cuestionada se dicta en virtud de lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 340 sobre Concesiones Marítimas y el Reglamento sobre Concesiones Marítimas, que al efecto disponen que el Ministerio de Defensa Nacional, es el organismo público competente para controlar, fiscalizar y supervigilar toda la costa, mar territorial de la República, y los ríos y lagos que son navegables por buques de más de 100 toneladas, agregando que constituye su facultad privativa, el conceder el uso particular, en cualquier forma, de los terrenos de playa, de las playas, rocas, porciones de agua y fondo de mar, dentro y fuera de las bahías.

Como se expuso en los hachos asentados del motivo tercero, fue durante el año 2016 que la Acuícola Milla Chaywa SpA presentó una Declaración de nombre reservado para hacer una piscicultura en un terreno ubicado en el sector nombre reservado, en el estero de Compu, en la comuna de Queilen, la que fue acogida favorablemente por Resolución Exenta número 120 el 3 de abril de 2017.

Posteriormente en diciembre de 2019 se suspendió la tramitación de las solicitudes de concesión por haberse encontrado superpuestas con la solicitud de de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) denominado Natri.

Luego, ante la declaración de abandono del procedimiento para el establecimiento de la ECMPO, por resolución Ministerial Exenta N° 6884 de 16 de diciembre de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional, se deja sin efecto el acto que dio curso a la suspensión.

Y finalmente, 24 de octubre de 2023 la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante Decreto Supremo N° 330, otorgó a acuícola Milla Chaywa SpA, la concesión marítima menor, con el objeto de amparar la instalación de una cañería de aducción de agua de mar, una cañería de descarga de riles (emisario) y una tubería de salmo ducto (cañería conductora de pescado), que corresponde al acto objeto de la acción.

De esta manera, en primer término, tal como puede apreciarse, el decreto cuestionado se trata de un acto administrativo cuya tramitación se encuentra regulada en una disposición legal, que además contempla las herramientas para ser contrarrestada o dejada sin efecto, con lo que, se le confiere un carácter esencialmente transitorio y revocable, y por lo mismo, fue suspendida la tramitación en su oportunidad, y ha ido superando las etapas legalmente establecidas conforme al cumplimiento de las exigencias técnicas necesarias, por lo que es posible desde ya desechar la calificación de ilegal que pudiese atribuírsele.

Sexto: Que, hecho este primer alcance, y ahora frente a la posible calificación de arbitrariedad del acto recurrido, cabe mencionar que no se observa que a través de la dictación del acto recurrido se intente, por parte del órgano recurrido, incumplir o burlar la consulta a los pueblos indígenas, pues, según se advierte de los antecedentes acompañados, durante el proceso de calificación ambiental del proyecto, según resolución N° 120 de 3 de abril de 2017, de la Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos, se calificó favorablemente la declaración de nombre reservado y se certificó (resuelvo 4°) que el proyecto no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300 que dan origen a la necesidad de realizar un Estudio de nombre reservado.

Se concluyó, entre otras aspectos, en dicha resolución: “5°- Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300: La naturaleza del proyecto, su ubicación y sus instalaciones no contemplan afectación significativa, toda vez que este se emplaza en tierra y solo el sistema de aducción de agua, emisario y salmoducto se emplazan en el Estero Compu, las cuales suman un espacio de 672 m2. Por otra parte, la descarga de Riles de la planta no generará impacto significativo, ya que según el cálculo de ubicación, tamaño y dilución de la pluma, sumado al estudio de banco natural indican que no existirá impacto para los pocos recursos que en esa área de influencia existen, especialmente considerando que ninguno de estos (por su baja presencia en el lugar) constituyen banco natural. (...)

Se establece la importancia de brindar acceso a la playa para las familias que actualmente realizan recolección de orilla directamente en la zona del proyecto. Las familias nombradas anteriormente, que bajan a mariscar desde el camino, bajan entre otras por la huella que utilizará el proyecto para llegar a la playa, que corresponde al límite entre predios. En ningún caso se le impedirá el paso por esta vía, para lo cual se le solicitará una lista de recolectores, al recientemente formado, Sindicato de Recolectores de nombre reservado. Se incluirá también a las personas que actualmente acuden a mariscar al sector del proyecto y que no pertenecen a dicho Sindicato. (...) Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto y detallado en el informe mencionado, no se generarán efectos adversos significativos sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos”.

Luego, de acuerdo a la Resolución exenta N°1536 de la Superintendencia del Medio Ambiente, de 8 de septiembre de 2022, se tuvo por acreditado, en los términos del artículo 25 ter de la Ley N°19.300, el inicio de ejecución del Proyecto “Ecopiscicultura Estero Compu”, calificado ambientalmente favorable mediante la Resolución Exenta N°120, de fecha 03 de abril de 2017, de la Comisión de Evaluación de la región de Los Lagos, antes mencionado.

Séptimo: Que, en esas condiciones, al no presentar el proyecto signos o evidencias de generar efectos importantes sobre el medio ambiente, la autoridad no requirió la elaboración de un Estudio de nombre reservado, lo que resulta de vital relevancia dado que la normativa ambiental prevé que la participación ciudadana es obligatoria sólo para los procesos de calificación de los Estudios de nombre reservado.

En este sentido, de acuerdo al artículo 26 de la Ley 19.300, corresponderá a las Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad organizada en el proceso de calificación de los Estudios de nombre reservado, de manera tal que, si en el presente proyecto se hubiere determinado que pudieren producirse alguno de los efectos o consecuencias contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300, aquello habría traído consigo el rechazo a la Declaración de nombre reservado presentada y su sustitución por un Estudio de nombre reservado, procedimiento que obliga a considerar la participación ciudadana, en especial de las organizaciones ciudadanas y personas naturales afectadas (En este sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en sentencia dictada con fecha diecisiete de mayo del año dos mil diez, en causa Rol Nº 1525-2010).

Desde aquí entonces, es posible avizorar que en el evento de existir la afectación que supone la consulta prevista en el Convenio 169, ello hubiese significado que concurrían los efectos ambientales negativos que detalla el artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente y, por tanto, se tornaba indispensable un Estudio de nombre reservado, cuya regulación implica otorgar a la comunidad interesada instancias plenas de participación, cuestión que finalmente no ocurrió.

Octavo: Que, adicionalmente, del examen de los antecedentes reunidos tampoco es posible constatar una afectación a las comunidades que se mencionan en los recursos.

Sobre el tópico, según se aprecia de los antecedentes, el órgano administrativo ha desarrollado actuaciones que se han dirigido a cautelar el mandato antes señalado, por cuanto Acuícola Milla Chaywa SpA ha procedido a recoger la opinión de la Comunidad Indígena Coihuín de Compu y de la Junta de Vecinos La Tierra en que Vivimos, según se desprende del Acta de reunión con grupos pertenecientes a pueblos indígenas, extendida por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos.

A su vez, del Certificado de Concesión Marítima, de fecha 9 de agosto de 2021, de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, se extrae que el sector solicitado por Acuícola Milla Chaywa SpA está ubicado fuera de Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura, y que la solicitud de concesión no se sobrepone a concesiones de acuicultura decretadas, Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos, Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios o Parques y Reservas Marinas.

En la misma línea, conforme a los oficios números 1145 y 1146 de la Capitanía de Puerto de Quellón, ambos de 1 de septiembre de 2021, dirigidos a Acuícola Milla Chaywa SpA, se le comunica a dicha empresa que, hecho el análisis de sobreposición por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en relación con la solicitud de concesión de Espacio Marino Costero de Pueblos Originarios, se ha determinado que no existe sobreposición, de manera que el expediente continuará su tramitación.

Noveno: Que, a idénticas conclusiones a las que se vienen refiriendo se arriba del mérito del Estudio Medio Humano Proyecto Ecopiscicultura Estero Compu, de la recurrida, en cuyas conclusiones -en aquellos pasajes pertinentes- se aprecia:

“Por todo lo anterior, se puede afirmar que el proyecto no afecta negativamente a las poblaciones locales, las que, reconocidas o no, son una buena cantidad de personas protegidas por leyes especiales como el Convenio 169 de la OIT, donde en el caso de Molulco, cuentan con una organización indígena, la comunidad Indígena Coihuin de Compu. En cuanto al sector nombre reservado, se sabe que más de un 70% de los niños que asisten a la escuela de este sector son indígenas, en muchos casos donde sus padres no participan en ninguna organización indígena y sólo se benefician sus hijos de la beca indígena.

(...) En cuanto al ámbito demográfico, los datos muestran que existe una tendencia a la disminución poblacional sobre todo en el sector de nombre reservado. La contratación de vecinos de los sectores del área de influencia de esta operación ayuda a revertir este proceso, contribuyendo a la disminución de la migración forzada que algunas familias jóvenes han sufrido.

(...) En el área de influencia, en términos de la dimensión antropológica, en el sector Díaz-Lira y en el sector de Molulco se dan prácticas y manifestaciones culturales como expresiones religiosas y prácticas productivas que no se ven afectadas por la existencia de este proyecto. Incluso podría haber una afectación positiva en la medida que el proyecto continúe con su estrategia de acercamiento y relaciones con la comunidad, aportando en el desarrollo y fortalecimiento de la cultura y otros aspectos que los propios vecinos releven como importante, de esa parte del Estero de Compu.

(...) Con respecto a los vestigios arqueológicos ubicados en Isla Chala, conchales y corrales de piedra, estos existen y si bien están protegidos por ley, ya que son monumentos nacionales en la categoría de monumentos históricos, no se verán afectados por la presencia y el desarrollo del proyecto, más bien existe una oportunidad por parte de la comunidad y del proyecto por trabajar para su recuperación, conservación y uso como recurso para el desarrollo del turismo cultural rural por parte de la Comunidad Coihuin de Compu.

(...) Con todo lo anterior y atendiendo al artículo Nº11 del Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se puede afirmar que no se hace necesario que el titular deba presentar un Estudio de nombre reservado debido a que no altera monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural de las localidades del Estero Compu de Chiloé”.

No se puede soslayar en este punto igualmente el acuerdo de colaboración recíproca que obra a folio 25, suscrito por la Comunidad Indígena Coihuin de Compu y la Acuícola recurrida, a propósito del proyecto de marras.

Finalmente, y como ya se ha indicado, el mismo Decreto Supremo N° 330 de 24 de octubre de 2023, establece en lo pertinente, que mediante resolución ministerial exenta N° 9182 de 27.12.2019 se suspendió la tramitación de las solicitudes de concesión por haberse encontrado superpuestas con la solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) denominado Natri, sin embargo, por resolución exenta N° 950 de 2021, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se declaró abandonado el procedimiento para el establecimiento de la ECMPO, por lo que por resolución ministerial exenta N° 6884 del 16 de diciembre de 2021 del Ministerio de defensa nacional se deja sin efecto el acto que dio curso a la suspensión.

De esta manera, conforme a los hitos que se vienen exponiendo, no es posible sino descartar la “afectación directa” que requiere la norma transcrita, por lo que ninguna ilegalidad o arbitrariedad se observa hasta aquí en la actuación de la autoridad cuestionada.

Décimo: Que, por su parte, en lo tocante a que las obras importarán un riesgo de contaminación de las aguas marinas y del entorno natural del sector de Compu, afectando su importancia ecológica, y generando un impacto en el nivel de las napas, afectando el consumo de agua de los habitantes del sector, debe referirse que no explican de manera precisa cómo es que se produce esta afectación directa, recurriendo a afirmaciones generales, y a eventuales afectaciones al medio ambiente, más que a antecedentes concretos o sustentados en informes de carácter técnico, que den cuenta de aquello.

Décimo primero: Que, en lo que respecta a la inexistencia de antecedentes del trámite de toma de razón en el decreto supremo y que la publicación estaría incompleta conforme lo establece la ley 19.880, es preciso señalar que según se advierte del Decreto Supremo N°330 de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, de 24 de octubre de 2023, acompañado a folio 25 por el tercero interesado, se tomó razón del mismo por parte de la Contraloría General de la República con fecha 15 de diciembre de 2023.

Por su parte, el procedimiento de concesiones marítimas se encuentra regulado por el D.F.L. N° 340 de 1960 del Ministerio de Hacienda, y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 9 de 2018, normativa que contiene normas específicas sobre publicidad y oposición de una solicitud, aplicándose conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Código civil, por principio de especialidad, de forma preferente a lo dispuesto en la ley 19.880.

Luego, conforme a este último cuerpo normativo, la publicación del decreto de concesión mayor o menor o destinación marítima sólo debe efectuarse a través de un extracto.

Desde otra perspectiva, no se aprecia de qué forma una publicación en extracto pudiera infringir las garantías fundamentales que se invocan.

Décimo segundo: Que, de esta manera, no se observa una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley de las recurrente por un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida, por lo que la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción interpuesta por Sebastián Federico Bórquez Becker, abogado en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y de la Junta de Vecinos La Tierra En Que Vivimos; y por Jaime Javier Mariman Naguelquin, abogado, en representación de la Comunidad Indígena Coihuin de Compu, en contra de contra de nombre reservado en su calidad de Ministra de Defensa Nacional y del sr. nombre reservado, en su calidad de Subsecretario para las Fuerzas Armadas.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial (S), Rodolfo Maldonado Mansilla.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 299-2024.