nombre reservado CONTRA nombre reservado

nombre reservado, veintiuno de noviembre de dos mil once.

VISTOS:

A fojas 03, con fecha 02 de noviembre de 2011, comparece don Alfredo Ricardo Calvo Cabezas, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección a favor de nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, toda vez que ésta ha incurrido en un acto y/o omisión arbitrario e ilegal, que ha significado privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en especial el previsto en el numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a fin de que se adopten todas aquellas medidas que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada.

En cuanto a los hechos, menciona que con fecha 25 de mayo de 2011, se celebró entre el recurrente y nombre reservado, un contrato de arrendamiento, respecto de la propiedad ubicada en domicilio reservado, por un año, para que el recurrente como arrendatario, lo destinara a la explotación de un establecimiento comercial.

Refiere que en el referido domicilio, aledaño a la casa de la recurrida, se instaló el establecimiento comercial denominado “Scorpions”, para cuyo funcionamiento, se estableció en el respectivo contrato que dicho local funcionaría con la patente comercial de alcoholes y la documentación tributaria de la arrendadora, esto es, trabajaría con la patente otorgada a la recurrida, y la respectiva documentación del Servicio de Impuestos Internos, para efectos tributarios y contables.

Indica que el establecimiento comercial comenzó a funcionar sin ninguna dificultad, hasta que el día martes 25 de octubre de 2011, día en que siendo aproximadamente las 23:30 horas, la recurrida concurrió al establecimiento, ubicado al lado de su domicilio, parte interior, y sin autorización del recurrente, o alguno de sus empleados, procedió a ingresar al establecimiento y retirar la documentación tributaria, boletas de compraventa, la patente municipal que ampara al local, de suerte que sin dichos documentos el local no puede abrir sus puertas, debiendo en consecuencia, cerrar la atención de público, además de impedir el ingreso de los clientes al establecimiento, al manifestar a los concurrentes que el local se había cerrado y ya no seguiría funcionando, con lo cual el local no abre sus puertas desde el día 26 de octubre de 2011.

En cuanto al Derecho, expone que el actuar de la recurrida constituye una actuación ilegal y arbitraria, atenta contra la garantía del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política, pues no permite el legítimo ejercicio de sus actividades de carácter comercial, siendo su actividad de aquellas que no afectan ni son contrarias a la moral, al orden público, a la seguridad nacional ni contraria a las leyes.

En conclusión, atendido el mérito de lo expuesto y normas legales citadas, solicita a ésta I. Corte de Apelaciones se restablezca el imperio del derecho y se obligue a la recurrida a respetar los derechos conculcados, y se normalice a la brevedad, el ingreso de quienes concurran al establecimiento comercial, ordenándose que se haga entrega al recurrente de la documentación tributaria y municipal retirada y/o apropiada ilegalmente, con costas.

A fojas 1 y siguientes la parte recurrente acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

1.- Copia autorizada de contrato de arrendamiento, celebrado entre actor y recurrida, 26 de mayo de 2011, donde ésta le arrienda el local comercial y casa habitación de domicilio reservado, con renta de $ 1.100.000, para que dicho inmueble sea destinado a Cabaret, cuya vigencia del contrato será por un año, o sea, hasta 25 de mayo de 2012, y si cualquiera de las partes manifestare la voluntad de poner término al contrato, deberá realizarse por escrito con 30 días de anticipación, en cláusula séptima se deja constancia que arrendatario trabajará con los documentos tributarios y municipales del arrendador, haciéndolo responsable de cualquier tipo de infracción y/o multa que en el período se pudiese suscitar, obligándose también a cancelar puntualmente las patentes municipales y en cláusula octava, se indica que el arrendador tendrá la facultad de auditar, si lo estima conveniente, todo lo referente a la parte tributaria, entre otros;

A fojas 8, se declara admisible el recurso, y se solicitó informe a la recurrida.

A fojas 27, doña nombre reservado, informa señalando que no es efectivo que haya un acto arbitrario en contra del actor, a quien actualmente le arrienda el establecimiento comercial de giro Cabaret, ubicado en su propiedad ,con fecha 26 de octubre de 2011 (sic), junto con la documentación tributaria para que el actor trabajara el local, comprometiéndose a ser responsable de los pagos de impuestos, en coordinación con su contador, sin embargo en septiembre de 2011, su contador le comunicó que el actor no había pagado los impuestos de ese mes, y que el recurrente le había entregado la documentación tributaria sólo del libro de compraventa el día 04 de octubre de 2011, sin regresar para pagar los impuestos, quedando en su poder libro de compraventas.

Refiere que el día 05 de octubre de 2011, habló con el recurrente, le llevó el libro de compraventas, informándole que el día 06 de octubre le despacharía carta certificada de aviso de término de contrato, para que así se tomará el plazo de 30 días, conforme a lo pactado en cláusula cuarta del contrato, por existir deudas de rentas, pago de impuestos de mes de septiembre de 2011 y de insumos de luz y agua.

Expone que transcurrió el tiempo, y con fecha 20 de octubre del presente año, se le informó por SAESA, que el medidor de luz del inmueble arrendado al actor, había sido alterado de acuerdo a inspección realizada en septiembre, informándola que para el mes de noviembre se le comunicaría el monto de la multa de la que era responsable por estos hechos.

Indica que el 25 de octubre de 2011, concurrió al establecimiento comercial, en horas de trabajo, encontrándose el local sin movimiento de clientes, con la finalidad de auditar la documentación tributaria, haciendo uso de la facultad estipulada en cláusula octava del contrato de arrendamiento, y constató que boletas de octubre estaban enmendadas en gran parte y que no tenían adjunto pago de impuestos del mes de septiembre en el libro de compras y ventas, y boletas del mes además no estaban ingresadas al libro, para lo cual de buena manera exhibió y entregó copia del recibo de retiro de documentación tributaria, para efectos de confeccionar la declaración de impuestos del mes de septiembre impago y calcular el mes de octubre. Agrega que documentación fue entregada de buena manera, sin actos de presión, ni coerción, informándole que el local no se encontraba trabajando, por lo que no es efectivo que en forma arbitraria, haya retirado toda la documentación tributaria, o que haya retirado copia de la patente como señala el actor.

Señala la recurrida que el conflicto que actualmente los liga, es referente a un incumplimiento de contrato de arrendamiento y término del mismo, por no cumplir lo pactado, y no es un tema de transgresión de garantía constitucional consagrada en artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República, como lo señala el recurrente, pues con el incumplimiento en forma maliciosa por parte del actor, está expuesta al pago de multas e intereses tributarios de dos períodos comerciales, correspondiente a septiembre y octubre de 2011, encontrándose actualmente el local sin agua ni luz por existir deudas. Asimismo, indica que deberá asumir la multa de SAESA por haberse alterado los medidores, además de encontrarse la propiedad deteriorada, con rompimiento de puertas y acumulación de escombros, que impiden desarrollar la actividad comercial en conformidad a las normas sanitarias.

Concluye la recurrida, que por todo lo señalado, solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho, por no efectuarse ningún acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace algún legítimo derecho del recurrente.

A fojas 1 y siguientes la parte recurrente acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

1.- Contrato de arrendamiento entre recurrente y recurrida;

2.- Acta de Notario, don Arcadio Pérez Borquez, de fecha 09 de noviembre de 2011, que acompaña seis fotografías del inmueble;

3.- Declaración jurada ante notario, de don nombre reservado, contador general, quien señala ser contador de la recurrida, dueña del local comercial de domicilio reservado, con giro comercial Cabaret, señalando que le consta que el actor no ha dado cumplimiento a lo pactado en contrato de arriendo, pues no ha pagado el impuesto de IVA de septiembre del presente, girados a nombre de recurrida y actualmente afectos a multas e intereses por mora. Agrega que actor dejó libro de compras y ventas en su estudio contable, los primeros días de octubre, para efectuar cálculo de impuestos de septiembre, sin retirarlo para ingresar las compras y ventas del mes de octubre, y así poder calcular impuestos de IVA de dicho mes, lo cual tuvo que informar a la recurrida, para que ella efectuara el retiro de la documentación necesaria, para poder determinar el impuesto de mes de octubre, documentación que sería devuelta el 02 de noviembre de 2011.

4.- Copia de libro de compras y ventas IVA, de meses de septiembre y octubre de 2011;

5.- Copia de notificación de irregularidad eléctrica de SAESA, señala que en inspección efectuada el día 07 de septiembre de 2011, se constató puente entre fases, el cual no permite el registro de consumo en su totalidad;

6.- Carta de fecha 06 de octubre de 2011, enviada por recurrida al actor comunicándole el término del contrato de arrendamiento, por incumplimiento de renta;

7.- Cuenta de servicio de electricidad SAESA, de 27 de octubre de 2011, con deuda de servicio de $ 236.000, informando de suspensión servicio desde 02 de diciembre de 2011.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que la acción cautelar deducida, se fundamenta por el recurrente, en que se habría afectado gravemente su garantía constitucional, especialmente lo previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numeral 21, por cuanto la recurrida, el día 25 de octubre de 2011, en forma arbitraria e ilegal, concurrió al local que le arrendaba, en el cual el actor desarrolla su actividad, retirando documentación tributaria, boletas de compraventa y patente municipal que ampara al local, además de impedir el ingreso de clientes al establecimiento comercial, con lo cual priva, perturba y amenaza el normal desarrollo de las actividades económicas realizadas por el recurrente.

Tercero: Que de los antecedentes de autos, y analizados conforme a las normas de la sana crítica, especialmente de la copias de contrato de arrendamiento de fecha 26 de mayo de 2011, en sus cláusulas séptima y octava, no se pueden dar por establecidos los hechos señalados en el recurso de protección por el recurrente, en cuanto a que exista un quebrantamiento al imperio del derecho, atendidas las versiones contrapuestas de las partes y a que no se han aportado mayores antecedentes por parte del recurrente para acreditar sus dichos.

Cuarto: Que, atendido lo anterior, estos sentenciadores deberán rechazar el recurso interpuesto.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto a fojas 41, por don Alfredo Ricardo Calvo Cabezas, abogado, a favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Pronunciada por el Señor Presidente don nombre reservado, Fiscal Judicial doña nombre reservado y el abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Rol ingreso corte Nº 298-2011.