RENDIC HERMANOS S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL CHILOÉ

Puerto Montt, veintidós de abril de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Que, con fecha 10 de enero de 2019, comparece don Juan Cristóbal Dougnac Correa, abogado, en representación de Rendic Hnos S.A., persona jurídica del giro de supermercados, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé-Castro, representada por el Inspector Comuna del Trabajo doña nombre reservado; solicitando que se declare ilegal y arbitraria la Resolución Multa N°1666/18/38 de fecha 6 de diciembre de 2018 dictada por la recurrida, dejándola sin efecto.

Funda lo anterior en que la aludida resolución multa fue notificada por carta certificada depositada en Correos de Chile con fecha 6 de diciembre de 2018, que por aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo se entiende notificada el 15 de diciembre de este año. Con fecha 4 de junio de 2018 se suscribió un contrato colectivo con el Sindicato Establecimiento de Empresas Rendic Hnos. Unimarc Achao, en ese instrumento se establece en su cláusula 19° un bono para quienes realicen tareas de inventario cíclico en horario nocturno entre las 22:00 horas y las 07:00 horas. La recurrida ha interpretado la referida convención indicando que basta que los trabajadores laboren haciendo inventario tan sólo unos minutos pasadas las 22:00 horas para que perciban el bono extraordinario como que esa era la intención de las partes contratantes. Su representada estima que los trabajadores deben realizar el inventario íntegramente en el horario nocturno o al menos una parte mayoritaria del mismo entre las 22:00 horas y las 07:00 horas del día siguiente, ya que esa era la intención de los contratantes en la estipulación. La Dirección del Trabajo cursó la multa que fue objeto de reconsideración administrativa, la cual fue rechazada por Resolución N° 104, motivando a su parte a reclamar judicialmente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro (RIT I-44-2018). Con fecha 9 de noviembre de 2018 el mismo fiscalizador volvió a multar por los mismos hechos que están siendo discutidos en el RIT I-44-2018 mediante Resolución Multa N° 1666/18/33 y posteriormente y estando pendiente el plazo de impugnación administrativa el 5 de diciembre de 2018 el fiscalizador cursó la multa N° 1666/18/38 por los mismos hechos y por su interpretación antojadiza del contrato colectivo. Su representada ha sido multada en tres ocasiones por la interpretación dada por la recurrida al contrato colectivo, habiéndose reclamando judicialmente contra la primera y administrativamente contra la segunda.

Agrega por aplicación del artículo 5 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 dictado por el Ministerio del Trabajo y Prevención Social, no corresponde a la Dirección del Trabajo fijar la interpretación de la ley ni de reglamentación social, ya que esta misma materia ha sido sometida al pronunciamiento de los tribunales de justicia los que aún no se ha pronunciado en forma definitiva. Al haber sancionado el mismo hecho tres veces se ha vulnerado el principio del non bis in ídem, y así lo ha señalado la jurisprudencia. A mayor abundamiento, la Inspección del Trabajo carece de competencia para interpretar el contrato colectivo del trabajo, el cual ha sido entendido en su cláusula 19° que basta con la realización del inventario más allá de las 22:00 horas para que el trabajador sea acreedor del bono reclamado, y la otra que indica que el bono sea pagado cuando el inventario se realiza íntegramente en horario nocturno. Agrega que la recurrida no tiene las facultades para interpretar contratos, arrogándose atribuciones que son propias de los tribunales de justicia vulnerándose con ello el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental en su inciso 4, lo anterior está dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, y de este modo, ha sido recogido por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y las Corte de Apelaciones. La recurrida sólo puede hacer lo que por ley está facultado en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Constitución. El artículo 505 del Código del Trabajo señala que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo.

Señala que, sin perjuicio de lo expuesto, es errada interpretación dada por la Inspección del Trabajo de la cláusula del convenio ya que para la procedencia del bono se requiere que la toma del inventario se realice en horario nocturno y no que se inicie en horario diurno y termine en el nocturno; que el espíritu de las partes siempre ha sido que el derecho al bono es que el inventario deba hacerse en horario nocturno o por lo menos una parte mayoritaria del mismo, toda vez que lo se busca es remunerar de manera adicional la laborar realizada no habitual, si se hubiese querido establecer el criterio de la recurrida en la estipulación se habría redactado de otro modo.

El fiscalizador anota en la multa el término “hasta después de las 22.00 horas” siendo que en ninguna parte se hace referencia a aquello, la estipulación sólo dice que el bono se pagará cuando el inventario se realice en horario nocturno.

Manifiesta que se vulnera la garantía del derecho de propiedad al imponer una multa que en caso de no dejarse sin efecto deberá ser solventada por la recurrente, afectando con ello el patrimonio, y también vulnera el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Acompaña las Resoluciones Multas N° 1666/18/38-33 y 25; la impresión en la página web del seguimiento de la carta certificada; el contrato colectivo; la reconsideración de multa N° 1666/18/33, reclamo contra Resolución N° 104, Resolución dictada RIT I-44-2018.

Que, con fecha 14 de enero del año en curso, se declara admisible el recurso, y se tiene por interpuesto por las garantías constitucionales de los numerales 3 inciso 5 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Que, con fecha 30 de enero de 2019, informa doña nombre reservado, en representación de la Dirección del Trabajo; solicitando su rechazo con costas.

Argumenta que la fiscalización que dio lugar a la resolución multa reclamada tiene su origen en una denuncia presentada con fecha 4 de diciembre de 2018 ante la Unidad de Atención de Público de la Inspección del Trabajo de Chiloé efectuada por el Sindicado del Establecimiento de Empresa Rendic Hermanos contra la actora por no cumplir con las estipulaciones del contrato colectivo; que con fecha 5 del mismo mes se realiza visita inspectiva en dependencias de la denunciada se entrevista a trabajadores y al representante del empleador en virtud del principio de bilateralidad. El resultado de la investigación consta en el Informe de Exposición de la Comisión N° 1005/2018/0717 donde se advierte una infracción al artículo 326 inciso 2 en relación con el inciso 5 del artículo 506 del Código del Trabajo por no cumplir con las estipulaciones del instrumento colectivo, y por ello se aplica la multa en cuestión.

Alega la improcedencia de la acción, aclarando en primer lugar que el acto recurrido emana del fiscalizador don nombre reservado, quien es dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo Chiloé-Castro, éste curso la multa ante la verificación del incumplimiento de la normativa laboral. La Inspectora recurrida no ha tenido participación alguna quien por lo demás no pudo revisar el acto cuestionado, dado que el recurrente no recurrió administrativamente solicitando la reconsideración de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo y que la tesis propuesta ha sido acogida por la jurisprudencia.

Sostiene que el recurso de protección es una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional que no está destinado a reemplazar procedimientos específicos contemplados en la ley para la defensa de los derechos, que se ha resuelto por la Excma. Corte Suprema que la protección no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral existiendo otras acciones para ellos como la vía administrativa dispuesta en el artículo 511 del Código del Trabajo o la acción ordinaria de reclamación ante el Juzgado Laboral del artículo 503 del mismo cuerpo legal.

Afirma la legalidad y racionalidad del acto administrativo contenido en la resolución multa, aludiendo a la facultad de fiscalización de la inspección contenida en el artículo 1° del DFL N° 2 de 1967 y en el artículo 505 inciso 1 del Código del Trabajo; que el funcionario fiscalizador está llamado a constatar en su calidad de ministro de fe el cumplimiento de la normativa laboral vigente, lo que tras analizar antecedentes no le queda sino cumplir con su obligación de evaluar si se aplicaba correctamente la ley laboral por la recurrente, si se negase que la facultad de fiscalizar se encuentra ligada a la de calificar situación de hechos implicaría que la Dirección del Trabajo sólo podría ejercer sus facultades sobre infracciones claras y precisas, y de este modo lo ha recogido la jurisprudencia. El fiscalizador cuando actuó lo hizo de acuerdo a las regulaciones de la Orden de Servicio N° 5 de 28 de julio de 2017 que actualiza la regulación de procedimiento de inspección y establece el Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo versión 2.0, en el caso de autos se cumplió con las instrucciones en la materia. En su labor y para proceder a constatar los hechos que dieron lugar a la multa en la visita inspectiva se incluyó entrevistas a trabajadores y representante del empleador, revisión documental pertinente entre ellos comprobantes de pago de remuneraciones del mes de noviembre de 2018, convenio colectivo vigente y listado de trabajadores que realizan labores de inventario en el mes de octubre. Reconoce la recurrida la aplicación de 2 multas por la misma infracción ambas en tramitación en distintas sedes, dos sanciones anteriores no impide al servicio ejercer las facultades encomendadas en la ley, principalmente porque se ha actuado por denuncia de la organización sindical, y que por las razones expuestas carece asimismo de rasgos arbitrarios , que tampoco es efectivo que se haya vulnerado el principio de non bis ídem porque lo sancionado corresponde a tres veces el mismo hecho pero en periodos diferentes, y que no se ha vulnerado garantía alguna por las razones expuestas en el recurso.

Adjunta copia del expediente administrativo de la Resolución Multa N° 1666/18/38 de 6 de diciembre de 2018, de las resoluciones multas reclamadas, y de la solicitud de recurso administrativo de fecha 20 de diciembre de 2018.

Que, encontrándose en estado, se ordena traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, en la especie, y según lo expresamente anotado por el recurrente, el acto materia de este recurso dice relación, con la Resolución Multa N° 1666/18/38 de fecha 6 de diciembre de 2018 cursada a Rendic Hermanos S.A. por no cumplir con las estipulaciones del contrato colectivo por el fiscalizador nombre reservado de la Inspección del Trabajo de Castro, imponiendo una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales.

Tercero: Que, en primer lugar, las partes no discuten sobre la existencia del acto, a saber, la resolución singularizada en el considerando anterior, pero si respecto de su carácter de ilegal y/o arbitrario. En efecto, este último calificativo se lo otorga el apoderado del actor a la resolución por lo dispuesto en el artículo 5 del DFL N° 2 de 1967, toda vez que dicha norma impide que el Director del Trabajo fije la interpretación de la legislación y reglamentación social de un asunto que se encuentre sometido al pronunciamiento de los tribunales de justicia, y a su juicio, esto habría ocurrido en este caso.

Sin embargo, de la revisión de los antecedentes relativos al reclamo judicial interpuesto se constata que, efectivamente, el actor dio origen a la causa RIT I-44-2018 al recurrir contra la Resolución Multa N° 1666/18/25 ante el Juzgado del Trabajo de Castro dictada por incurrir en los mismos hechos que sustenta la resolución atacada por esta vía.

Sin necesidad de examinar si la multa recae en las mismas circunstancias, desde ya se desecha la alegación formulada, ya que cuando ésta se cursó el 5 de diciembre de 2018, aún no se había presentado la reclamación en sede judicial, la cual sólo tuvo lugar el 17 de diciembre de dicho año. Por lo anterior cuando se fiscalizó y sancionó aún no se había sometido a conocimiento de los tribunales de justicia la materia que nos convoca.

Cuarto: Que, en cuanto a la infracción al principio “non bis in ídem”, a saber, nadie podrá sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento; de la lectura de las resoluciones agregadas no se configura la transgresión alegada, ya que si bien se menciona en dos de ellas una infracción a las estipulaciones del contrato colectivo, y en una de ellas el no pago de remuneraciones, las multas están cursadas acerca de trabajadores diferentes y en fechas distintas en cada uno de los casos.

Quinto: Que, siguiendo con las alegaciones formuladas que sustentarían la ilegalidad del acto reclamado, sostiene el actor que la Inspección del Trabajo carece de competencia para interpretar el contrato colectivo suscrito entre Rendic Hermanos S.A. con el Sindicato Establecimiento de Empresas Rendic Hermanos Unimarc Achao como lo hizo en este caso, con la cláusula 19° del referido convenio.

Dicha cláusula cuyo enunciado es Bonos por Inventario señala:

“a) Los trabajadores afectos a este contrato colectivo, que deban realizar tareas de inventario cíclico, que se practiquen en horario nocturno, que media entre las 22:00 horas y las 07:00 horas, tendrán derecho a un bono ascendente a $ 10.000 brutos por evento, b) A su vez, aquellos trabajadores afectos al presente instrumento colectivo, que participen en la realización de inventarios generales, que se practiquen en horario nocturno, que media entre las 22:00 horas y las 07:00 horas, tendrán derecho a un bono ascendente a $ 30.000.

En ambos casos, se distribuirá su jornada de trabajo de forma tal que, al término de ésta, ejercerá su derecho al descanso, debiendo reincorporarse a sus labores al día siguiente de efectuado su día de descanso.

Estos turnos de inventario serán designados por la jefatura directa del local respectivo, quien además autorizará la realización de ese inventario a los trabajadores que participen de ésta.

Este bono será pagado en conjunto a las remuneraciones del mes siguiente de realizado el inventario.”

Conforme a lo expuesto en el recurso, el actor considera que su contenido no es otro el que entrega la simple lectura del mismo, esto es, que el bono se paga cuando el inventario se ha realizado integra o a lo menos mayoritariamente en horario nocturno; en cambio la contraria estima que procede el bono por el sólo hecho que se extienda la realización del inventario más allá de las 22:00 horas.

Sexto: Que, sobre el particular, el artículo 505 del Código del Trabajo dispone que le corresponde las facultades de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación a la Dirección del Trabajo, y en paralelo el artículo 420 del mismo cuerpo legal prescribe que son competencia de los Juzgados del Trabajo las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivados de la interpretación y aplicación de los contratos colectivo del trabajo.

En este caso, la recurrida en la labor de fiscalización efectuada se excedió de la constatación de una situación objetiva. De hecho, el inspector impuso una sanción sin revisar toda la documentación requerida para determinar la procedencia del bono, a saber, los antecedentes vinculados con la existencia de un turno, como lo establecía la parte final de la cláusula 19° (la que incluso fue omitida en el informe de exposición cuando se transcribió la disposición); y además adicionó expresiones en la cláusula tales como “hasta las 22:00 horas” que no se inferían de una mera lectura de la misma; lo que significó definir a través de una fiscalización lo que la voluntad de las partes quisieron plasmar cuando suscribieron el convenio con el sólo mérito de una fiscalización, conclusión a la que no es factible arribar a lo menos sin oír a la otra parte que concurrió a la firma del convenio. Lo anterior evidencia que se trata más bien de una cuestión de competencia de un Juzgado del Trabajo en los términos expuestos en el citado artículo 420 del Código del Trabajo .

Séptimo: Que, siguiendo con lo razonado, aparece que el actuar de la recurrida excede sus facultades legales al emitir la Resolución Multa N° 1666/18/38, afectando con ello a la garantía contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República, al haberse atribuido una función propia de un órgano jurisdiccional, esto es, conocer y resolver una controversia sobre cuál era la intención de las partes al momento de convenir la cláusula 19° del contrato colectivo.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, la conclusión anotada no se ve alterada por las alegaciones formuladas por la contraria, en cuanto que este acto no sería atribuible a la Inspectora Provincial del Trabajo de Chiloé-Castro, ya que éste fue dictado por el fiscalizador don nombre reservado. Pues bien, el recurso es claro en señalar que se recurre contra la Inspección indicando quien la representa para estos efectos, y haciendo mención a su vez la identidad de quien cursó la multa; por ende, no se advierte una falta de legitimación pasiva en los términos que se acusa.

Tampoco se acoge la alegación de que ésta no es la vía idónea para recurrir contra una resolución como la de autos, ya que recordemos que el propio artículo 20 de la Carta Fundamental reconociendo la existencia de procedimientos generales y especiales para conocer de ciertos asuntos, permite el ejercicio de esta acción sin perjuicios de otros derechos.

Por tales consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección y demás normas pertinentes a aplicar, se resuelve:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Juan Cristóbal Dougnac Correa, en representación de Rendic Hnos S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé-Castro, representada por la Inspectora Comunal del Trabajo doña nombre reservado, todos ya individualizados y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Multa N°1666/18/38 de fecha 6 de diciembre de 2018 dictada por la recurrida.

Comuníquese, regístrese, y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez Rol N° 29-2019 Protección