nombre reservado con SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A

Puerto Montt, quince de julio de dos mil veintidós.

Vistos.

A folio 1 comparece doña nombre reservado, labores de hogar, con domicilio en Achao rural, s/n. Provincia de Chiloé; quien interpone acción de protección en contra del Ministerio Público, Bio Bio Comunicaciones S.A. y la Sociedad Periodística Araucanía S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en la mantención de las publicaciones de internet respecto de hechos ocurridos en el año 2012, que afectarían su derecho a integridad psicológica y a la honra.

Expone que el 10 de julio de 2012 fue formalizada por el delito de abuso sexual infantil, en el contexto de su trabajo como educadora diferencial y el 6 de abril de 2018 se acogió al beneficio de eliminación de sus antecedentes penales, de conformidad al Decreto Ley N°409 de 1932, mediante la resolución exenta N°000127 de 6 de abril de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Los Lagos.

Señala que, pese a lo anterior, los medios de comunicación social recurridos mantienen en sus motores de búsqueda web la información de dicha noticia, pese a que los hechos ocurrieron el año 2012 y hoy no tienen ninguna trascendencia. Explica que las informaciones siguen apareciendo al colocar su nombre en la web, lo que genera crisis en su salud mental y emocional al pensar que sus hijos van a crecer y al escribir su nombre en la web encontrarán las noticias, pudiendo sufrir bulling por terceros.

Afirma la arbitrariedad e ilegalidad de la mantención de las publicaciones en internet, puesto que no es una persona pública ni autoridad, por lo que su mantención no goza de mayor relevancia ni actualidad; lo que relaciona con el inciso 1° del artículo 6 de la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada sobre la eliminación de los datos personales cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o hayan caducado y con las normas de del derecho internacional de derechos humanos que establecen el derecho a la vida privada y a la honra.

Finalmente, argumenta en torno a la consagración del derecho al olvido en nuestro ordenamiento jurídico, citando doctrina del profesor nombre reservado sobre los derechos implícitos y la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N°22.243-2015 que estima que un plazo de 10 años es más que suficiente para estimar carente de relevancia noticiosa al hecho en cuestión.

Pide se ordene de inmediato la eliminación de las vías digitales que dan acceso a las notas periodísticas señaladas, con costas en caso de oposición. Acompaña copia Resolución Exenta Nº000127 de la Seremi de Justicia de los Lagos. 2.- Copia Certificado Antecedentes y 3.-Imágenes con las noticias aún vigentes.

A folio 2 se tuvo por interpuesto el recurso y se pidió informe a los recurridos.

A folio 13 el Ministerio Público evacua informe, pidiendo el rechazo el recurso de protección, por cuanto no existe una acción u omisión arbitraria o ilegal, ya que la información publicada no es errada, falsa ni incompleta y su publicación fue efectuada en ejercicio de la libertad de informar, sin censura previa, que prevé el N°12 del artículo 19 de la Constitución Política.

Sobre el derecho al olvido sostiene que éste no encuentra consagración legal y la información que se solicita eliminar dice relación con un hecho de interés público, por lo que su publicación no puede ser ilegal o arbitraria conforme al artículo 30 de la Ley N°19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, afirma haber dispuesto la eliminación de la noticia del portal del Ministerio Público, teniendo en consideración que se trata de una única noticia referente a la formalización de la recurrente y por lo preceptuado en la resolución exenta de la Seremi Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Los Lagos.

Pide el rechazo de la acción de protección. Acompaña copia de un correo electrónico, enviado con fecha 30 de mayo de 2022, a la Sra. nombre reservado, Directora de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional, que da cuenta de que la crónica sobre nombre reservado publicada en el sitio web de la Fiscalía Nacional el 10 de julio de 2012, ha sido eliminada.

A folio 15 la Sociedad Periodística Araucanía S.A. evacua informe solicitando el rechazo de la acción de protección, afirmando que la noticia que la recurrente solicita eliminar ya no se encuentra disponible al público, lo que constata al acceder al enlace que la propia recurrente señala.

Por otro lado, sostiene que la acción debe ser dirigida en contra de quien ostenta en forma exclusiva el poder para frenar la eventual afectación de derechos fundamentales, esto es, el motor de búsqueda. Agrega que, el derecho al olvido no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, sino que pudiere ser materia de lege ferenda, existiendo un proyecto de ley al respecto, pero no podría ser creado por vía jurisprudencia por exigencia del principio de legalidad. Afirma que así han fallado los Tribunales Superiores de Justicia, los que se apartaron de manera absoluta del fallo de 2015 que cita el recurrente, incorporando un listado con 14 causas falladas desde 2016 hasta 2019 en tal sentido.

A folio 16, Bío Bío Comunicaciones S.A. evacua informe, pidiendo el rechazo de la acción de protección alegando, en primer lugar, la extemporaneidad de la acción, por cuanto la noticia data del año 2012, es decir, prácticamente desde hace 10 años y la recurrente no indicó, ni menos comprobó, la fecha en que habría tomado conocimiento cierto de ella.

Enseguida sostiene la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal, porque publicar una noticia se encuentra amparado por el artículo 19 N°12 de la Constitución Política y el artículo 30 de la Ley de Prensa establece que se consideran como hechos de interés público los consistentes en la comisión de delitos o participación culpables en los mismos. Añade que tampoco es ilegal mantener la publicación de una noticia, ya que las limitaciones a la libertad de información, al ser una garantía fundamental, deben ser explícitamente fijadas por ley; lo que no sucede con el denominado “derecho al olvido” que invoca la recurrente. Cita jurisprudencia y doctrina del profesor nombre reservado.

Finalmente, arguye la inexistencia de vulneración a las garantías de integridad psíquica y honra, puesto que se informaron hechos objetivamente ciertos, como lo es la formalización de la recurrente por el delito de abuso sexual. Pide, el rechazo de la acción de protección con costas.

A folio 27 se dispuso como medida para mejor resolver, traer a la vista la causa penal del Juzgado de Garantía de Puerto Montt RIT 6303-2012, RUC 1200405401-4.

A folio 28 consta agregación del expediente penal.

A folio 29 se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver.

Con lo relacionado y considerando:

Primero. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Segundo. Que, la recurrente pide la eliminación de las noticias que dan cuenta de su formalización por un delito respecto del cual ya cumplió condena y accedió al beneficio de eliminación de anotaciones conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley N°409 de 1932. Invoca su derecho al olvido, precisando que la noticia en cuestión carece de actualidad y relevancia, afectando su integridad psíquica y su protección a la honra.

Tercero. Que, los recurridos alegan que no existe consagración legal del derecho al olvido y las publicaciones se efectuaron dentro del marco de la libertad de informar prevista en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política. El Ministerio Público agregó como argumento la falta de oportunidad del recurso de protección, por cuanto la noticia ha sido eliminada. Similar alegación efectuó la Sociedad Periodística Araucanía S.A., quien también indicó que se debió recurrir en contra de los motores de búsqueda de internet y no contra su representada. Finalmente, Bio Bio Comunicaciones S.A. adicionó como defensa, la alegación de extemporaneidad de la acción de protección.

Cuarto. Que, respecto de la extemporaneidad de la acción alegada por Bio Bio Comunicaciones S.A., se argumentó que la noticia data del año 2012 y la recurrente no indicó, ni menos comprobó, la fecha en que habría tomado conocimiento cierto de la misma. Sin embargo, la actora fue clara en señalar que el acto objeto de la acción de protección no consiste en la publicación de la noticia en cuestión, sino en la mantención de ésta, una vez hubo cumplido su condena y accedido al beneficio de la eliminación de antecedentes y haber transcurrido 10 años desde su publicación. Por consiguiente, esta defensa de Bio Bio Comunicaciones habrá de ser desestimada.

Quinto. Que, a partir de las alegaciones de las partes, se puede tener por establecido que las noticias en cuestión dan cuenta de un hecho que efectivamente ocurrió, esto es, la formalización de la investigación seguida contra la imputada por un delito de carácter sexual en contra de un menor de edad.

Específicamente, consta en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2012 que en la causa RIT 6303-2012, RUC 1200405401-4 (ordenada traer a la vista como medida para mejor resolver) doña nombre reservado fue condenada como autora del delito continuado de Abuso Sexual Infantil, cometido en Puerto Montt, desde mayo de 2011 hasta fines de enero de 2012, en la persona del menor de iniciales “B.A.V.R”, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Se la condenó, igualmente, a la accesoria especial del artículo 372 del Código Penal, esto es, la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oídos como parientes en los casos que la ley designa y de sujeción a la vigilancia de la autoridad, durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal; sujeción que consistirá en informar a Carabineros cada tres meses de su domicilio actual.

También consta en la sentencia, que se condenó a pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbito educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, por el término de cinco años y a la pena accesoria especial del artículo 372 ter del Código Penal, esto es, la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional del ofendido; la prohibición de aproximarse al menor de iniciales “B.A.V.R”, o su familia, por el término de cinco años.

En similar sentido, consta en el expediente allegado, que el 19 de diciembre de 2012 se certificó que la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2012 se encuentra firme y ejecutoriada y que el 14 de enero de 2016 se tuvo por cumplida la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio impuesta, mediante la sustitutiva de remisión condicional.

Por otro lado, también se ha acreditado que la actora se acogió al beneficio de eliminación de antecedentes penales conforme al Decreto Ley N°409 de 1932. Lo anterior, con el mérito de la resolución exenta N°127 de fecha 6 de abril de 2018 emanada de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Los Lagos.

Sexto. Que, el denominado derecho al olvido que invoca la recurrente, no encuentra consagración expresa en nuestra legislación, por lo que la decisión de otorgar la cautela jurisdiccional que se invoca en autos debe ser analizada bajo el prisma de los derechos que se pueden ver afectados, esto es, la libertad de información y el derecho a la honra o, en su caso, como sostienen algunos autores, el derecho a la vida privada (Corral H., El derecho al olvido en internet: antecedentes y bases para su configuración jurídica, Revista Jurídica Digital UANDES 1 (2017), p. 43 a 66).

Séptimo. Que, cabe descartar -en cuanto tal- una afectación a la integridad psíquica, de carácter independiente al derecho a la honra invocado por la recurrente. En este sentido, la actora precisó que su salud mental y emocional se ve afectada al pensar que sus hijos van a crecer y, al escribir su nombre en la web, encontrarán las noticias en cuestión, pudiendo llegar sufrir bulling por terceros. Sin embargo, no acompañó ningún antecedente a fin de acreditar tal afectación, ni aun certificados de nacimiento de sus hijos, por lo que la afectación a su integridad psíquica, o bien no ha de considerarse o bien ha de reconducirse a la afectación propia de una afectación a su derecho a la protección a la honra.

De esta manera, el problema puede circunscribirse a una colisión de derechos entre el derecho a la honra y el derecho a la libertad de información, cuyos titulares corresponden a la actora y a los recurridos respectivamente.

Octavo. Que, dispone el artículo 19 N°4 que “La Constitución asegura a todas las personas”: “N°4 El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”. En tanto que el N°12 del inciso 1° del artículo 19 de la Carta Magna asegura a todas las personas: “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”.

Noveno. Que, se ha solicitado a esta Corte restringir la libertad de informar de los recurridos, ordenando a éstos la eliminación de las notas de prensa que dan cuenta de la formalización de la investigación en contra de la actora. Sobre el particular, puede estimarse que tal medida es idónea para la protección de la honra, por cuanto no se verá expuesta a información que la relaciona con la comisión de un delito de carácter sexual en contra de un menor de edad mediante una simple búsqueda en los motores destinados al efecto en internet. En similar sentido, puede estimarse que no existe otra medida que sea igualmente efectiva, pero menos gravosa para satisfacer la protección de la honra de la recurrente. En efecto, no se ha ni aun insinuado por ninguna de las partes, otra medida en tal sentido.

Respecto de la proporcionalidad -en sentido estricto- cabe considerar que el artículo 30 de la Ley N°19.733 prevé en su inciso 3° letra f) como hechos de interés público “los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos”. Al respecto, como ya se indicó, ha quedado asentado que doña nombre reservado fue condenada con fecha 13 de diciembre de 2012 por un delito de abuso sexual infantil, a sufrir las penas de 3 años de presidio menor en su grado medio (cumplida mediante remisión condicional por igual período con fecha 14 de enero de 2016). A la pena accesoria del artículo 372 del Código Penal, consistente en la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, entre otras penas, según ya se expuso en el motivo quinto. De este modo, a partir del 14 de enero de 2016 se habría de computar el término de 10 años de la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, por lo que cabe concluir que aún la recurrente no cumple todas las penas impuestas. Por tal razón, en este caso concreto, la eliminación de la nota de prensa en cuestión no es proporcional a la afectación a la libertad de información; no habiéndose diluido el interés público como sostiene la actora.

Décimo. Que, a mayor abundamiento cabe considerar, tal como lo han señalado todos los recurridos, ya de un modo abstracto, que el derecho al olvido no encuentra consagración legal expresa en nuestro ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Ministerio Público, de Bio Bio Comunicaciones S.A. y de la Sociedad Periodística Araucanía S.A.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Patricia Belmar Stumpfoll.

No firma el Ministro don Juan Patricio Rondini Fernández-Dávila, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº2673-2022.