nombre reservado CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD REP. POR DON nombre reservado Y DIRECCION REGIONAL INJUV REP. POR DON nombre reservado

Puerto Montt, siete de julio de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 37 comparece doña nombre reservado, cientista político, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, y nombre reservado, en su calidad de Director Regional del mismo Instituto, por haber puesto término anticipado a sus servicios en esta repartición de la región de Los Lagos, situación que ha perturbado sus derechos constitucionales. Solicita por esta vía, se deje sin efecto la indicada decisión.

Expone que ingresó a prestar servicios al Instituto a honorarios, el año 2012, para luego el año 2013, ingresar en calidad de contrata como apoyo administrativo asimilado a grado 15 de la EUS, siendo renovada esta última al término de cada año, sucesiva e ininterrumpidamente para los años 2014 y 2015, esta última según Resolución 2465 de 26 de diciembre de 2014. Luego de precisar las funciones desarrolladas en dicho servicio, señalando que no obstante en los tres años fue bien evaluada y calificada en lista 1 y que según el último informe de precalificación de 26 de marzo del presente, emitido por el propio Director Regional recurrido, es una funcionaria responsable, que hace buen uso de la información y atiende bien al público, con fecha 4 de mayo pasado, es notificada de la Resolución 037 de 20 de febrero del mismo año, de la que la Contraloría tomara razón el 11 de marzo siguiente, por la que se pone término anticipado a la contrata, cuyo término se encontraba previsto según la última renovación, para el 31 de diciembre del presente año, sin contener la estipulación de que hasta que sean sus servicios necesarios.

Luego de hacer presente que la notificación de la resolución se le practicó en forma incompleta, al faltar una de sus páginas, puntualiza que sus funciones siempre se desempeñaron en el ámbito técnico profesional, que no está afiliada a partido político alguno, que ingresó al cargo en concurso público de modo que no es de exclusiva confianza, y que el único “pecado” que puede explicar su desvinculación anticipada es el proceso continuo de exonerar funcionarios afiliados a la Asociación de Funcionarios del INJUV, iniciado en marzo de 2014 con el cambio de gobierno. Al respecto, refiere que luego de la exoneración masiva de 15 funcionarios, se interpuso recurso de protección que, acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, fue rechazado por la Excma. Corte Suprema, fundado en la naturaleza transitoria de los funcionarios a contrata.

En cuanto a la relación funcionario público y el Estado, consigna que como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, es de naturaleza laboral, circunstancia que trae aparejada diversas consecuencias jurídicas, como por ejemplo, la aplicabilidad de los tratados internacionales en materia laboral, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como el Convenio 111 referente a discriminación relativo al empleo y ocupación, de la OIT de 1958, cuyos artículos 2 y 3 letras d) y e) obligan al Estado a respetar y a propiciar una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto, obligación ratificada en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 20.609.

Enseguida, defiende la procedencia del recurso en el caso de marras, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, ante la privación de las garantías que su parte invoca, precisando que el acto administrativo que considera arbitrario e ilegal, se encuentra ejecutoriado, y que sin perjuicio de que la Excma. Corte Suprema estima aplicable el procedimiento de tutela laboral, dicha acción no puede ejercerse en la especie, al invocarse garantías no previstas en el artículo 485 del Código del Trabajo, y en cuanto al mecanismo establecido en la Ley 20.609, para proteger la discriminación arbitraria, señala que esta ley es específica para lo discriminación arbitraria que emanada de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dejando fuera el derecho de propiedad.

A continuación, fundamenta la ilegalidad del acto impugnado en su transgresión al artículo 45 de la Ley N°19.880, cuyo inciso 1° señala que los actos administrativos de efectos individuales deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro, teniendo que la resolución 37 le fue notificada en forma incompleta; y su inobservancia al artículo 11 inciso segundo de la misma ley, en cuanto obliga a expresar en todo acto administrativo los hechos y fundamentos de derecho de la decisión, teniendo presente que la Resolución 37 no expresa el fundamento fáctico en que habría incurrido su parte que amerite su desvinculación.

Por su parte, sostiene la arbitrariedad del acto en la circunstancia de que, si bien la Excma. Corte Suprema ha expresado que la administración se encuentra habilitada para poner término anticipado a una contrata dada la naturaleza transitoria de dicho empleo, ello no la habilita para que el empleo de dicha prerrogativa se realice en forma caprichosa o con evidente falta de motivación.

Finalmente, invoca la vulneración de las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja el recurso, dejando sin efecto la resolución impugnada, con costas de la causa.

A fojas 47 se declara admisible el recurso.

A fojas 68 informan los abogados Rodrigo González Chung, Mauro José Díaz Pavez y Cristóbal Montiel Gallardo, en representación del recurrido, nombre reservado, director Nacional del INJUV, domiciliado en domicilio reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Justifica la decisión materializada en la Resolución 37 de 20 de febrero del presente, en la circunstancia de no ser necesarios los servicios prestados por la recurrente, quien, al contrario de lo indicado en el libelo del recurso, no ingresó vía concurso público, estando vinculada al servicio en virtud de una contrata administrativa.

Enseguida, controvierte que la decisión adoptada responda a supuestas prácticas antisindicales y discriminatorias en contra de los asociados de la Asociación de Funcionarios del INJUV, desconociendo incluso la identidad de sus miembros, lo que consta del hecho que, al gestionarse la realización de los descuentos que prevén los artículos 43 y 46 de la Ley N° 19.296, se solicitara un listado de los miembros de las dos asociaciones de funcionarios de la repartición y la asociación a la que pertenece la recurrente, según su parte tomara conocimiento ahora con la interposición de este recurso de protección, no contestara la solicitud.

En cuanto a las desvinculaciones del año 2014, refiere que son consecuencia del ejercicio de la facultad con que cuenta el servicio público de terminar en forma anticipada las contratas de los funcionarios que forman parte del mismo, debido a la necesidad del servicio de reorganizarse y cumplir de mejor manera los fines que le son propios, y que si bien se dedujeron recursos de protección por los funcionarios separados de sus funciones, tales acciones fueron rechazadas, tanto en primera como en segunda instancia.

Hace presente que la recurrente ya no presta servicios para el Instituto, toda vez que la resolución que le puso término a su contrata fue objeto de toma de razón por la Contraloría General de la República.

En cuanto a la fundamentación del acto recurrido, señala en primer lugar que el Instituto es un servicio público que forma parte de la Administración del Estado, y por lo tanto, sus actuaciones deben ser autorizadas por una ley previa, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución y artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que en ese orden, se encuentra regido por la Ley 19.042 cuyo artículo 5 letra e) faculta al Director Nacional a poner término a los funcionarios del instituto, de acuerdo a las normas del Estatuto Administrativo, cuyo artículo 10 prescribe que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, otorgándoles un carácter transitorio, dependiendo de la necesariedad de sus servicios.

Consigna finalmente, que conforme lo expuesto previamente, el acto recurrido se ha dictado dentro de los márgenes legales, y que en armonía con ello, la Contraloría General de la República tomó razón del mismo.

A fojas 73, teniendo presente el tiempo transcurrido, se prescinde del informe requerido al Director Regional del INJUV de Los Lagos.

A fojas 94, encontrándose en estado de ver, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero.- Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Segundo.- Que, ha concurrido a solicitar el amparo constitucional por esta vía, doña nombre reservado en contra del Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud y su Director Regional, por haber dispuesto el término anticipado de su contrata, conculcando las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Califica esta decisión de ilegal, en cuanto transgrede los artículos 45 y 11 de la Ley 19.880, y arbitraria, en cuanto se ha adoptado en forma caprichosa y carente de motivación. Solicita por esta vía, se deje sin efecto esta decisión, que le fuera notificada el 4 de mayo del presente año.

Tercero.- Que, por su parte, el Director Nacional de la institución recurrida, solicita el rechazo del recurso, argumentando haber obrado en el ámbito de sus facultades. El Director Regional recurrido no informa el recurso.

Cuarto.- Que, de los antecedentes acompañados por las partes, es posible dar por establecidos los siguientes hechos:

a) Que, doña nombre reservado ingresó a prestar servicios a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, en adelante INJUV, según contratación efectuada mediante Resolución Afecta N° 15 de 7 de febrero de 2013, dictada por el Director Nacional de dicho organismo, que contrata a la recurrente en el cargo de contrata administrativa grado 15 EUS, desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del mismo año, y/o mientras sean necesarios sus servicios.

b) Que, por Resolución Exenta N° 2843 de 31 de diciembre de 2013, el Director Nacional del INJUV prorroga la contratación de la actora desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del mismo año.

c) Que, por Resolución Exenta N° 2465 de 31 de diciembre de 2014, el Director Nacional del INJUV prorroga la contratación de la actora desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año, y/o mientras sean necesarios sus servicios.

d) Que, mediante Resolución Afecta N° 37 de 20 de febrero de 2015, el Director Nacional del INJUV pone término a la contrata de la recurrente. La Contraloría General de la República toma razón de esta resolución el 11 de marzo siguiente.

Quinto.- Que, para la acertada resolución del recurso, habrá de consignar en primer lugar que la actora ingresó a prestar servicios para el Instituto Nacional de la Juventud en virtud de una designación a contrata del año 2013, que fue prorrogada para los años 2014 y 2015.

Sexto.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.042, el Instituto Nacional de la Juventud es un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación. Conforme su artículo 2, es un organismo técnico, encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, la planificación y la coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles, de acuerdo con la presente ley.

Séptimo.- Que, en lo pertinente al asunto debatido en autos, el artículo 4° de la Ley 19.042 establece que la dirección superior, técnica y administrativa del Instituto estará a cargo de un funcionario denominado Director Nacional, designado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación judicial y extrajudicial, con las facultades de ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil. Su artículo 5 consagra, entre las funciones y atribuciones del Director Nacional del Instituto, en su letra e), la de designar y poner término a los servicios de los funcionarios del Instituto, de acuerdo con el Estatuto Administrativo.

Octavo.- Que, en ese orden, el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, define en su artículo 3°letra c), el significado legal del empleó a contrata como aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. Es considerado como cargo público, por cuanto la letra a) del mismo precepto indica que tal: “ Es aquel que se contempla en las plantas o como empleos a contrata en las instituciones señaladas en el artículo 1°, a través del cual se realiza una función administrativa”.

Noveno.- Que en relación a la permanencia de esta clase de cargos el inciso 1° del artículo 10° establece: “Los empleos a contrata, durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

Décimo.- Que, así las cosas, resulta de los antecedentes relacionados previamente, que no es posible atribuir ilegalidad o arbitrariedad a la conducta del recurrido Director Nacional del INJUV, como tampoco la vulneración del derecho de propiedad, ni de igualdad ante la ley, teniendo presente que ha observado el procedimiento establecido en la Ley 18.834, en cuanto la designación “a contrata” en la Administración Pública de la recurrente, se verificó bajo la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, siendo dicho cargo de carácter eminentemente transitorio, con una duración máxima, hasta el 31 de diciembre de cada año, circunstancia conocida por la actora, estando facultada la autoridad competente para anticipar su término, atendida la precariedad de dicha calidad de empleo, supeditada a las necesidades de su empleadora.

Décimo primero.- Que, habrá de señalar que si bien del documento corriente a fojas 52, consistente en la Resolución Afecta N° 37 impugnada, no se encuentra íntegramente transcrita, de su texto surge con claridad cual es su contenido y determinación, permitiendo a la recurrente su impugnación por esta vía, decisión que a juicio de estos juzgadores se encuentra debidamente fundada.

Décimo segundo.- Que, en relación a la supuesta existencia de prácticas antisindicales en que incurriría la recurrida al proceder a la desvinculación de una trabajadora afiliada a la Asociación de Funcionarios del INJUV, atendida la naturaleza del asunto, no es ésta la sede idónea para su conocimiento y resolución.

Décimo tercero.- Que, finalmente, habrá de rechazarse el recurso respecto del Director Regional del INJUV, al no haber intervenido en la decisión recurrida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto a fojas 37 por doña nombre reservado, en contra de nombre reservado, Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, y nombre reservado, Director Regional del mismo Instituto. No se condena en costas a la parte recurrente, por estimar que tuvo motivo plausible para recurrir.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministro Titular doña Teresa Mora Torres.

Rol Nº 259-2015 Dictada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Titulares doña Teresa Mora Torres y don nombre reservado, y la Fiscal Judicial doña nombre reservado. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

En Puerto Montt, a siete de julio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.