Protección contra la I

Puerto Montt, catorce de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE Que, el nueve de noviembre del presente año, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la I. Municipalidad de Puerto Varas, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su Alcaldesa Subrogante, doña Patricia Andrea Álvarez Álvarez, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que fue contratado como vigilante y encargado de mantención de las instalaciones del cerro Phillipi en Puerto Varas, mediante un contrato de prestación de servicios a honorarios.

Que los contratos celebrados no son aplicables a su persona, pues son contratos de prestación de servicios a honorarios, y la naturaleza del trabajo que realiza está sujeta a horario, tiene funciones y su jefe directo es don nombre reservado, jefe del departamento de aseo y ornato de la Municipalidad. Que para este efecto debiera tener contrato de trabajo por no ser técnico ni profesional.

Solicita se le otorgue protección contra la I. Municipalidad de Puerto Varas por el termino anticipado del contrato del contrato de prestación de servicios.

Acompaña a su presentación Ord. N° 1128 del 07 de noviembre de 2016 de la Municipalidad de Puerto Varas; contratos de fecha 19 de enero de 2015 y 25 de enero de 2016, suscritos entre el recurrente y la I. Municipalidad de Puerto Varas.

Con fecha dos de diciembre la recurrida I. Municipalidad de Puerto Varas evacua informe, señalando que la recurrente no argumenta como el actuar de la Municipalidad afecta sus garantías Constitucionales, ni como este actuar ha sido ilegal, arbitrario o ambas.

Señala que el recurrente efectivamente fue contratado bajo la modalidad jurídica de contrato de prestación de servicios a honorarios por el Municipio de Puerto Varas a fin que realizara funciones correspondientes a vigilancia y seguridad de las instalaciones municipales en el Cerro Phillippi, así como trabajos de reparación y mantención de los bienes municipales que se encuentran en dicho lugar. Las partes suscribieron un primer contrato de prestación de servicios con fecha 19 de enero del 2015 con fecha de término del mismo 31 de diciembre de 2015. A su vez el 25 de enero de 2016 firmaron nuevo convenio de prestación de servicios el cual tendría duración hasta el 31 de diciembre del presente año.

Relata que atendida la naturaleza de los servicios contratados, no tenían vínculo de subordinación o dependencia, no recibía órdenes ni instrucciones, más allá de directrices generales, no cumplía horarios, etc., la contratación era de carácter civil y no de aquellas regidas por el Código del Trabajo.

Señala que con fecha 7 de noviembre del año 2016 y tal como lo autoriza la cláusula Séptima del convenio de prestación de servicios, la Municipalidad puso término al contrato Agrega que en el caso de adeudársele algún tipo de montos por concepto de honorarios, la vía para exigir su cumplimiento es a través del procedimiento especialmente regulado para estos efectos denominado “Cobro de Honorarios”, no resultando ser ésta la vía idónea para exigir el cumplimiento de los mismos. En el mismo sentido indica que se equivoca el recurrente al reclamar en esta sede por la naturaleza jurídica de su contratación, ya que si estima que ésta obedece a un contrato de trabajo regido por las normas laborales, deberá concurrir al Tribunal laboral respectivo a realizar las alegaciones que estime pertinentes, siendo dicho Tribunal el único competente para determinarlo y no a través de este procedimiento urgente y cautelar.

Sigue relatando que el recurrente no señala cuales serían las garantías supuestamente infringidas, por lo que difícilmente pueden pronunciarse al respecto.

Por último, pero no por ello menos importante, indica que deben detenerse en el petitorio de la recurrente, dado que quiere que se determine el carácter de laboral de su contratación lo cual solo puede establecerse en la sede correspondiente y en un juicio de lato conocimiento.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado y se rechace el recurso de protección presentado, con costas.

Con fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, se ha recurrido de protección por cuanto se reclama por el actor que la naturaleza jurídica del contrato que lo unía con la I. Municipalidad del Puerto Varas no era de carácter civil, sino laboral.

TERCERO: Que, informando el recurso, la recurrida I Municipalidad de Puerto Varas señala que no se ha indicado cual es el actuar vulneratorio de la recurrida; que efectivamente se contrató al recurrente como guardia y para mantención bajo la modalidad de contrato de prestación servicios a honorarios; que no existía vínculo de subordinación ni dependencia; que se puso término al contrato el siete de noviembre de 2016; que si estima el recurrente que hay honorarios adeudados puede recurrir bajo la figura del cobro de honorarios y que si se estima que es un contrato de trabajo debe recurrir al Juez Laboral respectivo.

CUARTO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes que constan en el proceso y en mérito del informe de la recurrida, es posible concluir que el recurrente contrató con la I. Municipalidad de Puerto Varas dos contratos de prestación de servicios a honorarios. Que en el primero de ellos se ha cumplido el plazo estipulado de duración y en el segundo de ellos se ha puesto término anticipado al mismo, de acuerdo a la cláusula séptima, siendo notificado el recurrente por medio de oficio N° 1128 de fecha siete de noviembre del año en curso.

SEXTO: Que, la resolución de los conflictos derivados de una relación laboral, según el artículo 420 del Código del Trabajo, corresponde a los Tribunales de Letras del Trabajo, no siendo esta acción la vía idónea para su resolución.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo señalado por el artículo 20 de Constitución Política de la República, en relación con el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 24 de junio de 1992; lo preceptuado en el artículo 420 del Código del Trabajo; se declara que:

1.- Se rechaza el presente recurso de protección, deducido el nueve de noviembre del presente año en contra de la I. Municipalidad de Puerto Varas, por don nombre reservado, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda hacer valer ante otras autoridades civiles o judiciales.

2.- Que, cada parte pagará sus costas.

Redacción del Abogado Integrante don Pedro Campos Latorre.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 2547-2016 PROT