nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, treinta de abril de dos mil veintidós.

Vistos.

A folio 1 comparece el abogado Juan Pablo Collao Arenas, en nombre de nombre reservado, Técnico en Turismo; nombre reservado, administrador; nombre reservado, soltera, comerciante; nombre reservado, Vendedor Administrativo; y nombre reservado, bachiller, domiciliados domicilio reservado, km3, Ancud; quien interpone Recurso de Protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones con domicilio en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria el derecho garantizado en el artículo 19 en su número 2 de la Constitución Política debido a la demora en la tramitación.

Expone que los recurrentes ingresaron a Chile de forma legal, por pasos habilitados para, posteriormente someterse al procedimiento de Regularización Migratoria 2021 contemplado en el artículo 8° transitorio de la nueva Ley de Migración y Extranjería N°21.325; el que estaba dirigido a los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, y que encontrándose en situación migratoria irregular, solicitaron en el plazo de 180 días de la publicación de la ley, un visado de residencia temporal.

Agrega que, creyeron someterse a un procedimiento más expedito, pero desde la presentación de sus solicitudes en mayo de 2021, aún no han obtenido una respuesta, infringiéndose los principios de celeridad, inexcusabilidad y conclusivo previstos en la ley 19.880.

Pide se condene al Servicio Nacional de Migraciones a resolver, sin más trámite, las solicitudes de Regularización Migratoria de los recurrentes, en el más breve plazo; con costas. Acompaña el pasaporte, visa anterior, cédula de Identidad y Resolución Exenta de solicitud de regularización respecto de cada uno de los recurrentes.

A folio 8, por el Servicio Nacional de Migraciones comparece la abogada Bárbara Donoso Hernández quien, primeramente, opone excepción de incompetencia.

Entiende que conforme al artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, esta Corte de Apelaciones es incompetente, para su determinación se debe considerar el lugar donde se hubiere incurrido en la omisión arbitraria o ilegal o bien, donde éstos hubieren de producir sus efectos. De esta manera, respecto del lugar donde se hubiere incurrido en la omisión, sostiene que, correspondiendo al ámbito propio del ejercicio de las facultades legales y reglamentarias de la autoridad migratoria recurrida, consta que el domicilio de ésta se encuentra ubicado en la Región Metropolitana. Por otro lado, respecto del lugar donde la omisión haya de producir efectos perniciosos, señala que éstos no podrían ser sino donde los recurrentes tienen su domicilio, que de acuerdo con sus registros, se encuentran ubicados en la Región Metropolitana o en la Región de Valparaíso.

Hace presente que, de acuerdo con el artículo 46 de la ley 21.325, es obligación del extranjero informar al Servicio Nacional de Migraciones el cambio de domicilio, por ello si su domicilio estuviese ubicado en otro lugar incumplen dicho artículo y se hace aplicable el artículo 108 del mismo cuerpo legal que establece sanciones.

Pide, se declare la incompetencia para continuar conociendo de estos autos, abstenerse de pronunciamiento en cuanto al fondo, debiendo remitir los antecedentes para el conocimiento y fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, por las consideraciones expuestas.

En el primer otrosí de su escrito, evacua informe pidiendo el rechazo del recurso en todas sus partes, por cuanto respecto de la presentación de las solicitudes de los recurrentes se emitieron Resoluciones Exentas que acreditan su residencia legal y facultan a los solicitantes a ejercer actividades licitas remuneradas. Agrega que, actualmente, las solicitudes se encuentran en trámite.

En cuanto al tiempo de tramitación cita el art. 27 la Ley 19.880, excusando su demora en el caso fortuito o fuerza mayor consistente en la pandemia por covid 19.

Pide el rechazo de la acción de protección en todas sus partes Acompaña copia de cinco Resoluciones Exentas que otorgan permiso de trabajo.

A folio 14, el recurrente por medio de una presentación escrita pide el rechazo de la excepción de incompetencia, por cuanto no podría el servicio recurrido imponer a los recurrentes la carga procesal de tener que demostrar sus domicilios actuales, privándolos de un acceso directo y expedito a la justicia debiendo, por el contrario, ser preferente la Corte del lugar donde se produce el agravio, y que no debe ser otro que el señalado por los recurrentes.

Agrega que, en nuestra legislación, conforme al artículo 67 del Código Civil es posible la pluralidad de domicilios, por lo que no se vulnera la normativa migratoria por tener la recurrente más de un domicilio. Luego de citar jurisprudencia pide el rechazo de la excepción de incompetencia.

Con lo relacionado y considerando.

Primero. Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo. Que, previo a conocer el fondo del asunto, ha de resolverse la excepción de incompetencia opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones. Ésta se funda en lo dispuesto en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y en el domicilio tanto de la recurrida como de los recurrentes. Respecto de estos últimos, afirma que éste se encuentra ubicado en la Regiones Metropolitana y Valparaíso.

Tercero. Que, el abogado de los recurrentes ha manifestado, tanto por escrito como en sus alegatos, su oposición a la excepción de incompetencia, por cuanto el domicilio indicado en el recurso de protección se encuentra ubicado dentro del territorio de competencia de esta Corte de Apelaciones y, conforme al art. 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, ésta es competente. Por lo demás, añade que el domicilio al que hace referencia el Servicio Nacional de Migraciones fue informado hace más de un año.

Finalmente, hace presente que en Chile existe la posibilidad de que una misma persona tenga más de un domicilio, conforme a lo dispone el artículo 67 del Código Civil.

Cuarto. Que, para efectos de resolver la excepción de incompetencia opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, es preciso tener presente lo dispuesto por el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales el que dispone: “ El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

A partir de dicha disposición es posible entender que la Corte de Apelaciones competente para conocer de un recurso de protección es aquella en cuya jurisdicción se hubiere incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, o bien, aquella donde se hubieren producido los efectos de dicha omisión. En el primer supuesto, es un hecho no controvertido -y reconocido por el recurrente en su recurso- que el domicilio del Servicio Nacional de Migraciones se ubica en la Región Metropolitana. Asimismo, que es éste el órgano del Estado en el que radica la competencia de regularización de la situación migratoria alegada por los recurrentes y que es éste el que ha incurrido en la omisión denunciada.

Respecto del segundo supuesto, ha de concluirse que los efectos de la omisión ilegal o arbitraria se producen en el domicilio de los recurrentes. Es esta situación discutida en el caso sub lite.

Quinto. Que, se ha cuestionado el domicilio indicado por los recurrentes en su escrito de interposición de recurso. En efecto, son cinco extranjeros -una de nacionalidad argentina y cuatro de nacionalidad venezolana-, todos los que afirman tener domicilio “domicilio reservado, km3, Ancud”. Sin embargo, de los documentos acompañados por la recurrente no consta ningún antecedente que corrobore o dé apunte en el sentido de que aquél fuera, efectivamente el (o un) domicilio de los recurrentes. Por el contrario, existen antecedentes que apuntan justamente en el sentido opuesto.

En este orden de ideas, el Servicio Nacional de Migraciones ha sostenido que el domicilio de los recurrentes no se encuentra ubicado en “domicilio reservado”, sino en diversas comunas de la Región Metropolitana y en Región de Valparaíso incorporando en su informe capturas de pantalla de sus sistemas en apoyo de sus aseveraciones. En concreto, según los datos de contacto informados al Servicio Nacional de Migraciones doña nombre reservado tendría domicilio en domicilio reservado, Región de Valparaíso; don nombre reservado se encontraría domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana; doña nombre reservado registraría domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; don nombre reservado se domiciliaría en Santa Elena N°898, departamento 410-S, Santiago Centro, Región Metropolitana y don nombre reservado registraría domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Tales antecedentes se ven reforzados con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N°21.325 que establece la obligación de los residentes temporales de informar al Servicio sobre cualquier cambio de su domicilio dentro del plazo de 30 días, estableciéndose incluso sanciones ante el incumplimiento de esta obligación conforme lo dispone el artículo 108 del mismo cuerpo legal. Por lo que, no existiendo ningún antecedente en contrario, se ha de concluir que el domicilio de los recurrentes es el indicado por el Servicio Nacional de Migraciones.

Sexto. Que, acerca de lo señalado por los recurrentes en orden a la posibilidad de que una persona tenga más de un domicilio, efectivamente conforme lo dispone el artículo 67 del Código Civil es posible, sin embargo, igualmente es cierto que el domicilio se define por los componentes de residencia y de ánimo de permanencia o, en todo caso, de la residencia conforme a las diversas situaciones reguladas en los artículos 59 y siguientes del Código Civil. Sin embargo, no se ha aportado -ni aun afirmado- ningún antecedente o documentos que dén cuenta de la residencia de los recurrentes o de su ánimo de permanencia, salvo la referencia escueta de que todos ellos, “sólo para efectos del recurso” se encontrarían domiciliados en “domicilio reservado, km3, Ancud”.

Séptimo. Que, la determinación del domicilio de las recurrentes es un elemento que permite determinar el lugar de donde el acto u omisión habrá de producir sus efectos a fin de que el recurrente pueda optar entre los dos Tribunales que pudieren llegar a ser competentes conforme lo indica el artículo 1° del Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección.

Lo anterior reviste la mayor importancia práctica, puesto que de lo contrario bastaría que el recurrente indique cualquier domicilio en una comuna perteneciente al territorio jurisdiccional de una Corte de Apelaciones, haciendo, de este modo, ilusoria la norma del artículo 1 del Auto Acordado en referencia, eligiendo a su arbitrio -en la práctica- cualquier Corte de Apelaciones del país ante la cual ejercer su pretensión.

Octavo. Que, por las consideraciones expuestas se acogerá la excepción de incompetencia, ordenándose la remisión de los antecedentes al Tribunal competente conforme al domicilio de los recurrentes.

Por las mismas razones, se omitirá pronunciamiento respecto del fondo de las peticiones.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º del Acta Nº94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge la excepción de incompetencia opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, deberán remitirse los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones competente conforme al domicilio de los recurrentes a fin de que conocieren de la presente causa.

Para el caso de que se rechazare la competencia declinada por esta Corte de Apelaciones, entiéndase desde ya trabada la contienda respectiva, para efectos de que ésta sea dirimida por la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Redacción a cargo del Ministro Titular Jaime Vicente Meza Sáez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº251-2022.