HERNAN CENDOYA Y CIA LTDA CON INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE ANCUD

Puerto Montt, veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha 27 de febrero del año en curso comparece el abogado don Alberto Roa Pérez, en representación de sociedad Hernán Cendoya y Cia. Ltda., ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Ancud, representada por su inspector comunal don nombre reservado ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, a fin de que se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N° 31 de fecha 01 de febrero de 2017, notificada con fecha 09 de febrero de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración administrativa planteada por su representada respecto de la resolución de multa N° 6234/16/002-1,2,3,4,5,6,7 y 8, con costas.

Con fecha 20 de enero del año en curso, solicitó reconsideración administrativa de multa cursada por el fiscalizador dependiente de la Inspección del Trabajo de Ancud, mediante resolución N° 6234/16/002-1,2,3,4,5,6,7 y 8, notificada a su representada con fecha 07 de diciembre de 2016. Por medio de Ord. N° 31 de fecha 01 de febrero del año en curso, notificado con fecha 09 de febrero último, se informa por el Inspector Comunal del Trabajo de Ancud que no se dio curso a dicha solicitud de reconsideración, por incumplimiento a los requisitos legales, considerando que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la fecha de su notificación, por lo que no resulta jurídicamente posible admitir a tramitación tal solicitud.

Refiere que el acto denominado Ord. N° 31 es ilegal y arbitrario, en atención a que el plazo de 30 días aludido en el artículo 512 del Código del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene el servicio público recurrido, sino de días hábiles, entendiéndose por tanto inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Al tratarse de un recurso presentado en la etapa administrativa, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley n° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En tal sentido, existiendo regulación expresa sobre el cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, ésta prima por sobre las normas de carácter general comprendidos en el Código Civil.

Por otra parte, según el propio Ord. N° 31 reconoce, la reconsideración fue presentada con fecha 20 de enero del año 2017, esto es, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación practicada con fecha 07 de diciembre de 2016 Argumenta en relación a la afectación de la garantía establecida en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República, reproduciendo extractos de sentencias de esta Corte de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema.

Se acompaña al recurso, copia de Ord. N° 31 de fecha 01 de febrero de 2017, sobre depositado en oficina de Correos de Chile, resolución de multa N° 6234/16/002-1,2,3,4,5,6,7 y 8.

A fojas 28 informa por la recurrida doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta en primer lugar la improcedencia del recurso en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que tenga ser tutelada por el recurso de protección. En este sentido, sostiene que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de un acto administrativo.

El acto que se estima ilegal es un ordinario dictado por el Inspector del Trabajo de Ancud que declara extemporánea la solicitud de reconsideración de la multa cursada a la recurrente, centrándose la cuestión debatida en la interpretación de la naturaleza del plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo y en consecuencia no es ésta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el Ordinario Nº 31 de fecha 01 de febrero de 2017 dado que el recurso de protección no es un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución en caso de actuación ilegal o arbitraria, que no es del caso, si se considera que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicadas, actividad inherente a la administración.

En segundo término trata de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario. Argumenta en este sentido que por regla general, las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a los plazos consigna expresamente que éstos se refieren a días hábiles y como el artículo 512 de dicho cuerpo normativo no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos, interpretación que es corroborada por la regla que establece el artículo 435 conforme a la cual los términos de días que establece el Título I del Libro V del Código del Trabajo se entenderán suspendidos durante los feriados, a contrario sensu, la disposición del artículo 512, pertenece a otro título del mismo Libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que establece no se suspende durante los días feriados.

Así, a juicio de la recurrida se desprende del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512 y por lo tanto no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley Nº 19.880 que se refiere a una materia en especial.

Al respecto la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha sostenido que si existe una norma específica que regula una materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento por tener esta última carácter supletorio.

Recurriendo a una interpretación histórica, afirma que en el mensaje que envió el ejecutivo al Congreso Nacional de la Ley 20.087 se estableció como una de las novedades simplificar las reclamaciones administrativas, señalando que el proceso de reclamación de multa se establecía dentro de un párrafo del mismo Título I del Libro V del Código del Trabajo y así se elimina la confusión de determinar si el plazo es de días corridos o hábiles, sin embargo en la segunda Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se modificó esta situación y se cambió el acápite estableciendo como título diverso la reclamación administrativa de multa, sacándolo del Título I y expresamente haciendo inaplicable el artículo 435 del Código del Trabajo, misma situación ocurrió con la Ley 20.260 que modificó la estructura del Código del Trabajo.

Conforme a lo anterior y en consideración al Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009, mediante Circular Nº 73 de fecha 08 de junio de 2010 se establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

En atención al Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009, la Dirección del Trabajo dejó sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular Nº 88 de fecha 05 de julio de 2011, hecho por la Circular Nº 96 de fecha 23 de septiembre de 2009 en la parte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles dictando al efecto la Circular Nº 73, retornando a la interpretación que históricamente había sostenido este Servicio respecto de la naturaleza del plazo para reconsiderar y por ello no fue posible admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de la empresa recurrente pues no se cumplió con el requisito de presentar la solicitud de reconsideración administrativa dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación.

Se transcribe a continuación, extractos del Dictamen de Contraloría General de la República Nº 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009 y jurisprudencia judicial sobre la materia.

Finalmente, y de acuerdo a lo expresado en su informe, afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario en la actuación del recurrido ya que actuó amparado por la ley, que le confiere facultad para actuar como lo hizo, por lo que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional del recurrente. El Ordinario Nº 31 no afecta la igualdad ante la ley, pues la aplicación de la normativa e instrucciones vigentes se hace respecto de todos aquellos usuarios que realizan presentaciones o solicitudes formales ante este Servicio, utilizando criterios ajustados a la normativa vigente y uniformes para todos. La autoridad administrativa ha aplicado la ley vigente con apego a las normas legales y a los procedimientos administrativos que rige la materia.

Se acompaña al informe, copias de Ordinario Nº 31 de 01 de febrero de 2017, resolución de multa Nº 6234/16/2, copia de solicitud de reconsideración administrativa de fecha 20 de enero de 2017, Circular Nº 73 de fecha 08 de junio de 2010 y Anexo Nº 1 y Dictamen Nº 64.985 y N° 17.344 de Contraloría General de la República.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que éste señala.

Segundo: Que se ha recurrido de protección por la conculcación en el ejercicio legítimo del derecho que le asiste a la recurrente garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental con ocasión del acto ilegal y arbitrario contenido en el Ord. N° 31, de fecha 01 de febrero de 2017, que no dio curso a tramitar la Reconsideración Administrativa de la Multa N° 6234/16/2 de fecha 05 de diciembre de 2016, por haber sido ésta presentada en forma extemporánea, transcurridos el plazo de 30 días que al efecto establece el artículo 512 del Código del Trabajo, cuyo cómputo a juicio del Servicio es de días corridos y no de días hábiles como sostiene el recurrente por aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Tercero: Que según aparece de los documentos agregados, la Resolución de Multa N° 6234/16/2 fue cursada al recurrente el día 05 de diciembre de 2016 y notificada con fecha 07 de diciembre de 2016.

Cuarto: Que el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 19.880 establece: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingos y los festivos”, norma que cobra aplicación con carácter de supletoria en los procedimientos administrativos especiales establecidos por la ley, como acontece en la especie con el cómputo del plazo para interponer el recurso de reconsideración de multa administrativa a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, norma supletoria especial que prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, por tratarse de un recurso presentado en la etapa administrativa.

Quinto: Que, según consta de copia de formulario agregado a los autos, el recurso de reconsideración de multa fue presentado el día 20 de enero de 2017.

En consecuencia, la recurrida a negar la tramitación de un recurso de reconsideración por no haber sido presentado dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde su notificación, desconociendo la forma de cómputo del plazo legal en toda su extensión, ha establecido un trato arbitrario lo que constituye una actuación ilegal que afecta la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y vistos además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Alberto Roa Pérez, en representación de sociedad Hernán Cendoya y Cia. Ltda., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Ancud, representada por su inspector comunal don nombre reservado y se deja sin efecto el Ordinario N° 31 de fecha 1 de febrero de 2017 del Inspector Comunal del Trabajo de Ancud, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración solicitado respecto de la Resolución de Multa N° 6237/16/002-1-2-3-4-5-6-7-8 de fecha 05 de diciembre de 2016.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 250-2017.